Revés para Cristóbal López: Deberá pagar más de $150 millones
El juez no dio lugar a los pedidos del empresario para eludir obligaciones fiscales alegando una “persecución política”.
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El juez federal de Ejecuciones Fiscales, Carlos Faggi, desestimó un pedido del empresario Cristóbal López, por lo tanto, deberá pagar a la AFIP $154,4 millones de pesos, correspondientes a deudas por el impuesto sobre los Bienes Personales de 2019 y 2020.
Hace un tiempo, el dueño del Grupo Indalo había realizado una presentación a la justicia en la cual reconocía sus deudas, pero pedía excusarse por ser víctima de una grave persecución política, y que a partir de los distintos embargos que cayeron sobre él, se le “hace imposible el pago de los tributos que se pretende ejecutar”.
“Resulta inadmisible que la misma Justicia pretenda por un lado privarme del pago mediante el decreto de medidas de carácter preventivo y por el otro, mande a llevar adelante su ejecución cuando justamente el incumplimiento se deriva de otra manda judicial”, manifestó la defensa del empresario.
De acuerdo a lo publicado por La Nación, la Justicia dictaminó en contra. “Tanto la defensa de excepción de inhabilidad de título basada en la imposibilidad de pago, como el pedido de suspensión de las actuaciones deben ser desestimados por completo”.
El juez argumentó que la legislación vigente no habilitaba a López a suspender o extinguir el cobro de una deuda líquida y exigible.
Recordemos que, a finales del año pasado, la AFIP intimó a López a través de un expediente de ejecución fiscal para que pague $397.033.078 en concepto del impuesto solidario, más 59,5 millones de intereses y costas. En aquel entonces, y mediante un escrito, pidió que se rechace la presente ejecución con expresa imposición de costas al Organismo Recaudador.
“He sido blanco de una serie de acciones realizadas con anterioridad a la actual administración de AFIP, materializada mediante un conjunto de actos administrativos y vías de hecho realizados con total intencionalidad y en violación a la ley, que afectaron gravemente a mi persona en forma directa (estuve dos años injustamente privado de mi libertad), a mi patrimonio, y que también afectaron directamente a las Sociedades del Grupo Indalo, de las que resulto uno de sus beneficiarios finales”, señala el expediente.
“Esta medida afectó desde entonces, y lo sigue haciendo hasta la fecha, todo mi patrimonio y bienes, siendo los mismos absolutamente indisponibles, incluso para el pago de los tributos que se pretende ejecutar”.
Para pagar su deuda, el empresario K señaló que la única opción que tiene “es a través de la autorización pertinente de la justicia penal que dispuso el embargo detallado”, “de momento me encuentro jurídica y fácticamente impedido de cancelar los tributos que por el presente se pretenden ejecutar, lo que torna la exigencia del organismo recaudador irrealizable”.
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La “batalla cultural” parece ser el refugio predilecto de quienes no tienen mucho que mostrar en los registros oficiales. En las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de una patada a la sien que dejó en evidencia la nula gestión de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. El encargado de propinar el golpe fue Emiliano Sordi, el campeón mundial de la PFL de 2019, quien no tuvo piedad al cuestionar la labor de la cordobesa.
Misticismo vs. realidad: El sermón de Ponce
Todo comenzó cuando Ponce publicó un video con una encendida defensa de Israel, mezclando interpretaciones bíblicas y afirmando que“defender a Israel es entender la civilización”. La diputada, en un tono místico, llegó a decir: “Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el imperio romano… El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos”.
La respuesta de Sordi fue corta y al hueso: “Hola celeste, cuál es el próximo proyecto que vas a presentar? Supongo lo tenes listo, ya que estás perdiendo tiempo en estas pelotudeces”.
Ponce, lejos de responderle mostrando su agenda legislativa, y por atreverse a cuestionar la labor parlamentaria de la mileísta, ésta redobló la apuesta con un video grabado desde el asiento de atrás de un auto, calificando a Sordi como un mediocre: “sólo el mediocre cree que una cosa anula a la otra. Defender a Israel… no es perder el tiempo. Es hacer política en serio“, disparó. Además, intentó ligar al luchador con el discurso de la “entrega de la cultura”, una chicana para intentar asociar al deportista con el kirchnerismo y la tibieza política.
Ante la insistencia de Ponce por justificar su batalla cultural, Sordi no se quedó callado y la remató con una respuesta directa: “¿Y pero los proyectos? Está ahí hace 2 años señora”.
No conforme con eso, el luchador lanzó un RT lapidario para sentenciar la discusión: “Y sigue pelotudeando… Se cree que es influencer, no sabe el puesto que ocupa”.
La gran hipocresía: del plan social a la banca millonaria
El intento de Ponce por dar lecciones de “batalla cultural” choca de frente con el archivo. La diputada intentó desacreditar a Sordi, cuando la realidad es que He-Man (como se lo apoda) ya se enfrentaba a la intervención estatal cuando Ponce era una beneficiaria de subsidios.
En 2019, Sordi saltó a la fama no sólo por su título mundial, sino por su postura frontal contra el Estado argentino que quería pesificarle sus premios y retenerle una fortuna en impuestos. En contraste, como ya reveló Data 24, en 2018 Ponce cobraba el plan social “Hacemos Futuro”. Es decir: mientras el deportista triunfaba producto de su esfuerzo personal y combatía el saqueo estatal, la hoy Diputada vivía del dinero de los contribuyentes.
7 millones mensuales por defender a Bolsonaro + retornos
Para los trabajadores que pagan su dieta de 7 millones de pesos, el aporte de Ponce es inexistente. Según los registros oficiales, en sus dos años de mandato, la legisladora sólo presentó dos proyectos, y ambos son meras declaraciones de repudio sobre la situación política en Brasil (defendiendo a Bolsonaro y criticando a un juez).
El punto máximo de confusión llegó cuando un usuario le recordó a Ponce un polémico tuit de su colega de bloque, Sabrina Ajmechet, en el que afirmaba ser “primero judía, después argentina”.
Lejos de brindar una respuesta coherente con la identidad nacional, Ponce redobló la apuesta con una declaración que desafía toda lógica religiosa: “Yo soy judía, soy cristiana. Un abrazo”.
Esta afirmación es un oxímoron teológico y una contradicción insalvable: no se puede aceptar y rechazar la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Mientras el judaísmo sostiene que el Mesías aún no ha llegado, el cristianismo se funda en que ya vino; por ende, esta “neo-teología” de conveniencia demuestra que Ponce no entiende las raíces de la civilización que dice defender. En su afán por dar cátedra de religión en redes, la Diputada terminó confirmando lo peor: ni siquiera ella sabe definir en qué cree, mientras los argentinos le pagan 7 millones de pesos para que juegue a ser una influencer iluminada que no legisla porque se ocupa de “dar la batalla cultural” con sus videos.
A pesar de que el reconocido periodista mantiene históricamente una postura mediática anti-peronista, a Luis Majul no parece molestarle recibir dinero de los gobiernos que, en los papeles, dice criticar. Para no extendernos demasiado en el tiempo, analizamos lo que el conductor de televisión ha facturado en el último lustro, donde se observa un flujo constante de fondos públicos provenientes de las arcas cordobesas.
A partir de una publicación realizada por el periodista Lázaro Llorens, Data 24 investigó esta situación de la pauta oficial cordobesa, y más puntualmente de la destinada al famoso periodista.
Durante la gestión de Juan Schiaretti, y según los registros de transparencia.cba.gov.ar, la empresa La Cornisa Producciones S.A. recibió transferencias millonarias bajo el amparo de la pauta oficial. Al contrastar los montos nominales con su valor real ajustado por inflación a enero de 2026, la magnitud del gasto es evidente.
Mientras los cordobeses sufrían una de las cuarentenas más estrictas y prolongadas, con comercios asfixiados, el Estado destinaba millones a la productora del periodista.
· Ejercicio 2020: Cobró $1.863.400 (ajustado por inflación: $66.023.158).
· Ejercicio 2021: Cobró $2.539.700 (ajustado por inflación: $66.097.494).
· Ejercicio 2022: Cobró $3.420.200 (ajustado por inflación: $58.971.888).
· Ejercicio 2023: Cobró $11.428.000 (ajustado por inflación: $101.155.619).
Es fundamental destacar que, en todos los casos, el objeto del gasto fue “Publicidad y difusión de actos de gobierno“. En términos llanos: la provincia le paga a Majul para que difunda y promocione las acciones de la gestión de turno, convirtiendo al periodista en un engranaje más de la propaganda oficial.
Tras el pico de facturación en el año electoral 2023, se observa una particularidad: durante el año 2024, Luis Majul no recibió pauta oficial de Córdoba (al menos no a través de su productora La Cornisa Producciones S.A.). Sin embargo, esta austeridad fue sólo un paréntesis.
Desde que comenzó el ejercicio 2025, Majul retomó su red de negocios con el gobierno de Martín Llaryora, llevándose $12.000.000 adicionales. A pesar de que el gobernador cordobés mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno nacional de Javier Milei —círculo donde Majul se mueve con comodidad—, los intereses económicos parecen primar sobre las diferencias políticas.
El gasto de Córdoba en pauta oficial
La gestión de Martín Llaryora se ha consolidado como una de las que más recursos destina a la propaganda en todo el país. Al analizar los dos años de su mandato, los números reflejan una política de gasto en imagen que no conoce de crisis.
· 2024: El presupuesto vigente fue de $25.121.976.705 (ajustado: $71.429.845.795), con un monto devengado (gasto ya comprometido y por pagar) de $9.820.754.220 (ajustado: $27.923.558.222).
· 2025: El presupuesto pasó a $37.291.969.000, con un devengado de $27.868.718.043.
Un dato revelador para los contribuyentes: al ajustar por inflación, se observa que en 2024 y 2025 se devengó prácticamente la misma cifra (cerca de 28 mil millones de pesos actuales). La pauta oficial es, para el mandatario, un gasto blindado contra cualquier ajuste.
Cómo acceder a la información
Todos los datos vertidos en esta nota son públicos y se pueden chequear en el portal oficial transparencia.cba.gov.ar, sección “Ejecución presupuestaria”, seleccionando el año de ejercicio. Para hallar la información puntual sobre el periodista, se debe buscar por beneficiario bajo el nombre “La Cornisa Producciones”.
Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
Crece el escándalo por el uso del padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer “territorio” durante campaña legislativa 2025 por parte de armadores que responden a Sebastián Pareja en el sur de la provincia de Buenos Aires
Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección.
Es por la filtración de chats del grupo de WhatsApp de LLA en la Sexta donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”. Eso, dos meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.
En esos mensajes, Grippo reconoció que el material que tenía en manos era información reservada que le habían dado en papel y que tenía previsto entregar en mano a quienes vayan a la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, días más tarde . “No quieren que ande circulando”, admitió.
Frente a esas filtraciones, en el municipio de Tres Arroyos a cargo del massista Pablo Garate formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de LLA.
Una de las denunciantes, la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, dijo que, mientras eso sucedía con Grippo y su gente, “más de 1.100 personas en la Sexta sección estaban siendo sometidos a las auditorías de la Nación, que es un proceso cruel por las pensiones”.
Al denunciar una “agenda de la crueldad” por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Elgart sostuvo: “Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo”.
Grippo, que encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, es una de las personas más cercanas a Sebastián Pareja en el sur de la provincia.
De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Incluso, fue quien armó la visita de Nicolás Pino a Bahía en medio de la campaña.
Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.
Como armadora de Pareja en la Sexta, Grippo Harrington mantiene el control de oficinas de Pami y Anses en Bahía y la región, donde, desde 2024, se multiplicaron los reclamos por delegaciones cerradas y problemas en la atención.
En ese marco, además de poner a disposición el padrón de uso confidencial de la Andis, Grippo Harrigton les propuso a los referentes locales bajo su mando colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora en las filtraciones.
La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública.
A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldán, puso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego.
El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes.
La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.
En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas,el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas.
Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.
Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales.
Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos.
La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña.
Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos.
Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre.
Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.
Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest.
El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral.
Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.
Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticascomo el mantenimiento de los aviones hidrantes.
Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.
En otras palabras,el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado.
Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.
El martes en Mar del Plata se celebró la Derecha Fest, el evento en donde los libertarios se reúnen para celebrar su propia ideología. Para esta edición, nuevamente, la gran estrella invitada fue Javier Milei, líder del movimiento, pero antes hubo otros que se subieron al escenario para hablar y arengar al público. El único que la pasó mal allí arriba fue Sebastián Pareja.
Están terminados. Lilia Lemoine, Martín Menem y Sebastián Pareja son profundamente odiados por el pueblo argentino y nadie podrá protegerlos. ¡Celebremos, bailemos y cantemos! pic.twitter.com/dAZX9BhdzQ
El armador de la provincia de Buenos Aires, de raíces kirchnerista, se ha convertido en un miembro resistido por las Fuerzas del Cieloy esto quedó bastante claro cuando la polémica Lilia Lemoine, una de las conductoras del show, lo presentó ante el público. El diputado bonaerense, con micrófono en mano, arrancó con energía su arenga, pidiendo al público que cante por Milei, quien estaba por subirse, pero la multitud le devolvió silencio.
En los videos viralizados por los propios militantes, primero hubo un vacío notorio para el dirigente y después un grupo empezó a insultarlo: “Pareja, compadre, la concha de tu madre”.
https://twitter.com/i/status/2016371921378505043
Muchos sostienen que el dirigente peronista es necesario para el armado bonaerense, algo que sostiene, entre otros, Karina Milei, y otros que entienden que es perjudicial para el partido. Esto no es ajeno al presidente y por eso los organizadores buscaron que sea Pareja quien presente en el escenario al mandatario, para mostrarlos juntos y evitar que haya insultos o silbidos.
La estrategia no funcionó y hubo militantes que aprovecharon para insultarlo.
al hijo de mil puta de sebastian Pareja no lo queremos en buenos aires pic.twitter.com/pbraij9hnN
Antes de esto, Milei había estado en el teatro Roxy-Radio City en de Mar del Plata, visitando a su ex novia, Fátima Florez. Junto a ella, se subió al escenario y cantó “El Rock del Gato” de Los Ratones Paranóicos para la alegría de sus militantes. Esta vez no hubo beso con su ex, pero sí un baile sensual.
Con un nuevo protocolo que ya está en vigencia, el Estado refuerza la vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva y establece presunciones claras de pesca ilegal para proteger los recursos marinos y la soberanía nacional.
La restricción entrará en vigencia en mayo y alcanzará a vallas y marquesinas en la vía pública. Las autoridades aseguraron que “no afectará a los comerciantes”, pero sí a los anuncios de productos cárnicos, catalogados como “de alto impacto climático”.
La viuda y la hija menor del máximo referente del heavy metal argentino rompieron el silencio para desmentir las acusaciones de Daiana Iorio, su hija mayor. Denuncian operaciones mediáticas, oportunismo económico y una ausencia total de Daiana en el último tiempo de vida del músico.
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
