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Formosa está última en un ránking que mide el Índice de Desarrollo Democrático en Argentina, esto es, si realmente las instituciones funcionan tanto política, social y económicamente para que una sociedad logre su desarrollo adecuado.
Todo esto está trunco en la tierra de Gildo Insfrán, dónde hay controles hasta en las redes sociales de los “militantes” y los funcionarios, en la policía tiene a sus altos jefes como aportantes afiliados al partido gobernante y, encima de ello, no hay espacio para la crítica sin ser señalado de la peor manera. Instituciones educativas y judiciales, todas están cooptadas por una sola figura.
En Formosa la democracia está vapuleada, con el poder de turno que arrasa y con la complicidad de una fuerza opositora que se pelea para buscar puestos. Todo el engranaje del aparato del gildismo sigue funcionando y perpetuando la figura de un hombre que, valiéndose de las herramientas que da la democracia, increíblemente, se aprovecha para mantener una tiranía disfrazada.
Formosa sacó cero y se ubicó en el último lugar del ranking del Índice de Desarrollo Democrático de Argentina 2021 (IDD-AR 2021) que pretende determinar en qué medida el sistema de Gobierno democrático está evolucionando como herramienta institucional, política, social y económica en el país rioplatense. Así la provincia gobernador por Gildo Insfrán, fue catalogada como de “mínimo desarrollo democrático”.
El estudio fue elaborado por la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina y la Fundación Konrad Adenauer, entre otras instituciones. Se calcula sobre la base de un conjunto de indicadores agrupados para la medición de cuatro dimensiones de desarrollo democrático: democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social y humana, democracia económica.
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El concejal de Propuesta Republicana (PRO) en Mar del Plata, Cristian Beneito, cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la falta de atención en Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). “Los afiliados no están siendo atendidos”, resaltó el edil.
Sin ir más lejos, el hombre que responde al intendente Guillermo Montenegro señaló el gasto del mandatario provincial por unos 12.800.000.000 pesos en los Juegos Bonaerenses, “mientras los afiliados de IOMA no tienen atención médica en la provincia de Buenos Aires”.
Cristian Beneito no solo cruzó por la falta de atención en IOMA al gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que también dialogó acerca de las interminables problemáticas que tiene el Municipio de General Pueyrredón (MGP), en materia de obra pública.
“El gobernador, como siempre a contramano de todo, arreglará La Rambla que está destruida después de la temporada, por no poder cerrar los mismos en tiempo y forma”, resaltó Cristian Beneito. A su vez, cruzó a Axel Kicillof por “tampoco permitir a los privados intervenir”.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.
En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.
El conflicto entre el municipio y Grabois
El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.
La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.
La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres
La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.
Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura MuñózMora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.
Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.
Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.
Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata
El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.
Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.
El auge de las apuestas online encendió las alarmas. Potenciado desde las redes sociales, el fenómeno afecta gravemente a miles de personas, especialmente a los más jóvenes.
Las cifras son contundentes: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 15,5% de los jóvenes de entre 25 y 34 años realizó apuestas online, y en el grupo de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 12,5%. A esta tendencia se le suma otro dato inquietante: el 78% de las apuestas se realizan en plataformas ilegales, lugares incógnitos que exponen a los jugadores a un terreno endeble en cuanto a protecciones legales.
El fútbol, uno de los motores culturales y deportivos más importantes del país, se consolida como el epicentro de las apuestas, con el 41,2% de los apostadores eligiéndolo como su opción principal. El Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, movilizó 35.000 millones de dólares en apuestas, un 68% más que el torneo anterior.
La fuerte presencia de patrocinadores de casas de apuestas en el mundo deportivo, donde el 28% de los equipos de la Primera División lucen sus publicidades en las camisetas, podría explicar gran parte de esta conexión.
Pero el problema va mucho más allá del deporte.En Argentina hay aproximadamente 19,9 millones de personas que apuestan de manera asidua y 7 de cada 100 personas tiene ludopatía. Las plataformas de apuestas —tanto legales como clandestinas— proliferaron exponencialmente y movilizaron cifras extraordinarias.
EL ROL DE LAS REDES SOCIALES
Los influencers juegan un rol fundamental en este fenómeno. A través de las redes sociales, ciertos creadores promocionan sitios de apuestas, a menudo sin hacer distinciones entre los que operan legalmente y aquellos que están fuera del marco regulatorio.
Esta falta de transparencia normalizó el juego entre niños y adolescentes, quienes comienzan a apostar desde los 12 o 13 años, facilitados por el uso de billeteras virtuales y la constante exposición en plataformas digitales. De hecho, una encuesta de Opina Argentina revela que el 16% de los jóvenes realiza apuestas online de forma habitual, y si se suman los adultos, esa cifra se eleva al 24%.
El acceso ilimitado a las apuestas online es solo una parte del flagelo. Datos recientes muestran que el 10,1% de los apostadores juega todos los días, y un 11,3% lo hace entre cuatro y seis veces por semana. Esta frecuencia, sumada a la vulnerabilidad emocional y cognitiva de los adolescentes, desató una ola de ludopatía que sigue afectando a cada vez más jóvenes.
Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a influencers y famosos a cesar la publicidad de sitios de apuestas ilegales. Las sanciones a las que se enfrentan se enmarcan en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que penaliza la explotación y promoción de juegos de azar sin la debida autorización.
En diálogo con los medios, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la publicidad que realizan los famosos “está prohibida”. A inicios de junio, el funcionario señaló que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.
A pesar de los esfuerzos locales, como las medidas adoptadas por el gobierno de CABA, que bloqueó casi dos mil sitios ilegales, cerró nuevas licencias para operadores, realizó 30 allanamientos y notificó a una veintena de influencers, la situación sigue siendo preocupante. Incluso en provincias como Santa Fe, donde se amplió una denuncia contra 385 sitios ilegales, la proliferación de plataformas clandestinas y la falta de una regulación nacional uniforme continúan facilitando el acceso indiscriminado al “juego”.
La Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos (CASCBA) define como juego clandestino a toda actividad relacionada a los juegos de azar no autorizada por la autoridad de aplicación. Los sitios de apuestas ilegales que operan sin licencia y sin pagar impuestos, permiten el acceso de menores de edad, lo que provoca un grave daño social. Además, representan un riesgo para los demás consumidores, ya que carecen de controles de seguridad adecuados, y generan una competencia desleal para las plataformas que sí cumplen con las regulaciones y enfrentan elevadas cargas impositivas.
CASCBA también advierte que “el juego clandestino está asociado a otros delitos”, destacando la gravedad del problema. Para muestras basta un botón…
El pasado 9 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense y la Dirección Nacional de Investigación Criminal allanó dos propiedades de Mariela Andrea C., a quien se le acusa de ser “la reina del juego clandestino en internet”. En los procedimientos se encontraron siete armas de fuego, más de 200 millones de pesos en efectivo y una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Las autoridades que investigan el caso cree que los movimiento de los casinos virtuales de la banda es de 2500 millones de pesos.
El debate en el Congreso
Ante este panorama, los proyectos de ley para regular la publicidad de las casas de apuestas comenzaron a proponerse desde la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa causó un especial debate en las redes.
“Lo que se propuso no tiene nada que ver con crear un registro para perseguir influencers, a lo kirchnerista. Tampoco se trata de limitar la actividad publicitaria de los creadores de contenido. Creo que los malentendidos se dieron porque no leyeron el proyecto”, explicó en diálogo con DATA24.COM.AR, Florencia De Sensi, la diputada del PRO que presentó el proyecto que pretende “establecer un marco jurídico para las personas influencers”.
La iniciativa aborda con especial atención el contenido promocional relacionado a sitios de juegos de azar, salas de juego, apuestas deportivas y juegos en línea. También carga contra la revisión de productos elaborados con tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios o medicamentos que no sean de venta libre o no posean autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, finalmente, actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética vinculados al ejercicio profesional en el área de la salud.
Todo ello, explica De Sensi, se enmarca dentro de lo estipulado por las leyes de Defensa del Consumidor, por el decreto sobre la Lealtad Comercial y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, contempla las autorizaciones correspondientes con las que eventualmente dispone cada influencer. Sobre los juegos de azar se especifica, por ejemplo, que la publicidad o promoción queda prohibida “salvo que sea producida para difusión exclusiva dentro de las salas de juegos de azar, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea, y los lugares de venta de lotería habilitados”.
De esta manera, el proyecto “no está en contra de que puedan hacer publicidad en ese sector”, aclaró la legisladora, y agregó que es imposible, considerando las problemáticas que genera la ludopatía, “seguir mirando para un costado como si el avance en la manera de comunicar no hubiese cambiado”.
En este sentido, explicó que la iniciativa nace tras los cambios comunicacionales producidos por la pandemia de coronavirus, que trajo “nuevas formas de vincularse, y todo empezó a cambiar y a modificarse producto de las nuevas tecnologías. También cambió la manera en la que se hace publicidad. Antes se hacía publicidad en la televisión. Hoy la mayoría de la gente en lugar de mirar televisión está con el celular en la mano”.
En lo que respecta a los influencers, la diputada sostuvo que el “espíritu” del proyecto de ley es promover la transparencia y la responsabilidad en la actividad publicitaria, evitando “la promoción de productos que son perjudiciales para la salud de los consumidores”.
Según un informe de la Universidad de San Andrés, en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales —según la herramienta Influencity— más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, sólo entre el 1% y el 4% de estos emprendedores logra monetizar su trabajo de manera sostenible.
“Los influencers en Argentina, producto de la crisis económica en la que vivimos, ganan muchísima menos plata que cualquier influencer en cualquier otra parte del mundo. Lo que termina pasando es que, cuando un influencer acepta promocionar una empresa de apuesta online o de casino, ponele que por una publicación le pagan cien dólares. Las plataformas ilegales, por otra parte, te ofrecen dos o tres mil dólares. Obvio que cualquier creador agarra viaje”, detalló De Sensi.
Esta iniciativa, presentada sobre agosto en la Cámara Baja, considera modelos de regulación de otros países: “Es hacia donde están teniendo las legislaciones del mundo. Es algo que se empezó a regular en España. Está bien que Europa sea vista, y esto lo entiendo, como mucho más zurda. Pero perseguir no forma parte del espíritu de esta propuesta. Después, si quieren transgiversar, si quieren decir que yo soy zurda, y bueno… que lo digan”.
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Para ayudar a personas con adicción al juego en Argentina, existen varios recursos disponibles:
Jugadores Anónimos ofrece apoyo las 24 horas a través de su línea telefónica 114328-0019 y también están disponibles en Instagram bajo la cuenta @jugadoresanónimosargentina. En su sitio, además, se pueden encontrar el detalle de contacto para todas las provincias argentinas en las que tienen presencia: https://jugadoresanonimos.org.ar/
En todo el país: el Ministerio de Salud ofrece la línea 141 para adicciones generales. Las denuncias se pueden canalizar a través del correo electrónico de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.
Provincia de Buenos Aires: el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece ayuda a través del número gratuito 0800-444-4000, y la Lotería provincial facilita un enlace para denunciar sitios de apuestas ilegales.
Ciudad de Buenos Aires: se puede acceder a orientación específica sobre juego problemático llamando al 0800-666-6006. Además, el sitio “Saber Jugar” de la Lotería de la Ciudad promueve el juego responsable.
La crisis de combustible en Bolivia se agudiza mientras cientos de camiones cisterna permanecen detenidos en Argentina, a la espera de cargar combustible barato. Desde el pasado viernes, aproximadamente 100 vehículos de carga se encuentran varados en la Ruta 9 —en el tramo entre Rosario y Buenos Aires— luego de que la refinería Vitco-Zárate suspendiera el abastecimiento por la falta de pago de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según denunciaron los propios transportistas.
A través de un video difundido en redes, los conductores relataron que el gobierno boliviano no realizó los pagos correspondientes, lo que los dejó en una situación desesperante, sin acceso a servicios básicos como agua o baños, y sin poder acercarse a la refinería.“Nosotros, como cisterneros, venimos para llevarnos el combustible y al no pagar el gobierno boliviano, nos botan a nosotros acá a orillas de la ruta”, expresó uno de los transportistas bolivianos.
La refinería emitió una instrucción que les prohíbe terminantemente acercarse al área de carguío, bajo advertencia de multas y posibles sanciones. DATA24.COM.AR se contactó, sin demasiado éxito, con la refinería Vitco: “No estamos autorizados a dar información”, expresó uno de los trabajadores.
Mientras tanto, el país andino enfrenta una escasez generalizada de combustible, agravada en parte por los bloqueos en carreteras que sectores afines al expresidente, Evo Morales, mantienen desde mediados de octubre. Esta situación provocó una disminución en los volúmenes de carburantes, afectando principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se registran largas filas en las estaciones de servicio.
Lucio Gómez, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, demandó una pronta solución a su gobierno, subrayando que esta escasez compromete el servicio de transporte en Bolivia, especialmente con la cercanía de las fiestas de fin de año. “Se está trabajando a media máquina. Tenemos responsabilidad con nuestro pueblo”, dijo, aludiendo a los compromisos incumplidos por las autoridades de Hidrocarburos.
Sectores de la oposición boliviana y analistas argumentan que la escasez de dólares limitó la capacidad de pago de YPFB a sus proveedores internacionales, generando tensiones y demoras en el suministro de combustibles desde países como Argentina, Paraguay y Perú. Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que la incapacidad de YPFB para cumplir sus obligaciones responde a una crisis de gestión en la estatal, y advirtió que Bolivia podría enfrentar mayores restricciones si Paraguay o Perú también suspenden sus envíos.
Esta versión de la falta de pago de YPFB choca contra las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Alejandro Gallardo Baldiviezo, quien señaló ayer que “fue un tema de una sanción a la planta de almacenaje de Zárate”.
Para hoy, miércoles 6 de noviembre, el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Joel Callaú, afirmó que hubo problemas en la importación de diésel porque la Municipalidad de Zárate inició una acción legal.
“Toda esta sanción ya fue subsanada y ya se han cargado 47 cisternas que ya se encuentran en tránsito hacia Bolivia”, explicó.
En las últimas horas, Patricio SalvadorZain, hijo del analista político JorgeAsís, ha vuelto a ser el centro de la atención pública, esta vez por un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, Zain expresa de manera violenta su postura sobre los recientes enfrentamientos entre libertarios y militantes kirchneristas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde referentes de La Libertad Avanza intentaron realizar una actividad que terminó trasladándose a otro sitio tras escraches y agresiones.
En el video publicado en su cuenta de Instagram, Zain lanzó declaraciones incendiarias, diciendo: “Ojalá los caguen decapitando en el patio del rectorado… hijos de re mil puta, no deberían poder salir a la calle nunca más”. Además, respondió provocativamente a las amenazas recibidas por parte de seguidores libertarios: “Entre ayer y hoy recibí un montón de mensajes de liberpijis diciendo que me cuide. Estuve todo el día en la calle y todavía no vino nadie a cagarme a trompadas”.
Contexto: La visita frustrada de libertarios a la UNLP
El video se enmarca en los incidentes ocurridos en la Universidad Nacional de La Plata, donde una charla organizada por La Libertad Avanza fue suspendida y trasladada fuera de la casa de estudios debido a un escrache de militantes kirchneristas. El evento, que contaba con la presencia de figuras como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los diputados Agustín Romo y Santiago Santurio, generó tensiones que rápidamente se trasladaron a las calles de La Plata.
La manifestación consideró la actividad como una provocación, especialmente luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de Financiamiento Universitario. La suspensión del acto no evitó que los ánimos se desbordaran, llevando a enfrentamientos verbales y físicos entre militantes libertarios y manifestantes en pleno centro de la ciudad.
Reacciones de Zain y su polémico historial
No es la primera vez que Zain, astrónomo de 33 años y docente en la UNLP, protagoniza un escándalo. En marzo de 2021, fue duramente criticado tras recibir la vacuna contra el COVID-19 en medio del escándalo de las vacunas VIP, que beneficiaron a personas cercanas al poder mientras médicos y ancianos seguían esperando su turno.
En aquel entonces, Zain, becario del CONICET y profesor en una de las carreras con menos alumnos de la universidad, fue acusado de utilizar sus contactos para acceder a la vacuna de forma privilegiada, lo que generó indignación en las redes sociales. Las críticas no tardaron en lloverle, y nuevamente, su figura quedó envuelta en la polémica.
A los recientes 1.500 millones de pesos asignados al canal estatal RTS Televisión Santafesina, ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe suma una nueva resolución que adjudica una suma millonaria a la empresa Amplify SA, propiedad de Juan ManuelAngelini, Federico María Di Benedetto y Marina Hernández. Estos tres empresarios comparten un elemento común: todos ellos fueron funcionarios de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, durante su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de Angelini, quien ocupó el cargo de director General de Comunicación Participativa, el 1 de octubre de 2023 ingresó como planta de gabinete de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CACRMP), según se desprende de la resolución SAGYP Nro. 473/23. Durante los últimos años, actuó como aportante en las campañas electorales de Juntos por el Cambio y llegó a administrar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Por su parte, DiBenedetto viene desarrollándose en diferentes cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2008: fue coordinador del departamento de Comunicación y Prensa del jefe de Gabinete de Ministros, subsecretario de Comunicación y secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana. Además, al igual que Angelini, realizó en diversas oportunidades aportes de campaña al Pro durante los últimos años.
Finalmente, Marina Hernández se desempeñó como subsecretaria de Gestión Comunal de la Ciudad y supo mantener, en numerosas oportunidades, actividades con Larreta principalmente durante la última gestión.
El beneficio fue otorgado por Luis Persello, el secretario de Comunicación de la provincia de Santa Fe que mantuvo trabajos cruzados en la administración pública durante varios años, tanto en el ministerio de Justicia y Seguridad como en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
A través de una resolución, Persello adjudicó la suma total de 18.600.000 a la empresa Amplify SA, con el objetivo de realizar capacitaciones en técnicas de opinión pública, estrategias de focus group, y relevamientos de datos a través de medios digitales y redes sociales.
La resolución explica que el contrato incluye: “La prestación del servicio realización de capacitaciones en técnicas y metodologías para la opinión pública, estrategias de focus group y relevamiento de datos e información y servicio de realización de capacitaciones sobre uso, alcances y manejo de redes sociales”. Sin embargo, el documento no especifica cómo se implementarán estas actividades ni los resultados esperados.
Según pudo saber REALPOLITIK, Persello prometió al gobernador Pullaro que estos estudios constituirán herramientas útiles para ajustar estrategias políticas y medir el estado de ánimo social, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Y, en paralelo, devolver los favores recibidos en épocas electorales.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.