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La Libertad Avanza (LLA) sigue sin hacer pie en la provincia de Buenos Aires, y la imagen del diputado nacional Javier Milei sigue en picada ante las malas decisiones de su armador, Carlos Kikuchi, y su hermana “guía espiritual”, Karina Milei. Ahora se sumó una problemática nueva: el espacio LiberAr (ex Partido Anti Corrupción) afirmó que “no se van a seguir las directivas ‘a dedo’ de Juliana Santillán“.
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Tanto desde el armado bonaerense como el de algunos Municipios (por ejemplo, Mar del Plata y Dolores) de LiberAr, sentenciaron aData24 que “se está armando para que Milei sea Presidente, pero no hay subordinación ante nadie que no sea la rama estructural del partido propio”. “Santillán no es parte directiva del espacio. No tiene voz ni voto”, añadieron de manera tajante.
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“Estamos en contra de cómo se manejó Kikuchi con nosotros”, señaló Eduardo Nicolás Repetto, coordinador de la Quinta Sección Electoral en LiberAr, a este portal. Y agregó: “Quisieron proponer a Juliana Santillán y no. No sé por qué la empoderan tanto y no tiene ningún poder”.
Por otra parte, Repetto aclaró a este medio que “Kikuchi la quiere pegar a LiberAr porque está desesperada y no tiene partido”. Amén de que luego señaló: “Usa el sello municipal de Crear en Mar del Plata, pero en realidad quiere tener entidad en la provincia de Buenos Aires y nadie le quiere extender una mano”.
Eduardo Nicolás Repetto, coordinador de la Quinta Sección Electoral de LiberAr y referente en la ciudad de Mar del Plata
Ahora bien, se le suman mayores conflictos al diputado libertario, ante la injerencia de un nuevo conflicto, en el cual se rechaza la figura de Juliana Santillán en el territorio bonaerense. Sin ir más lejos, en la ciudad de Mar del Plata, los 3 espacios de La Libertad Avanza niegan las directivas a “a dedo” de Carlos Kikuchi y la hermana de Javier Milei. ¿Se terminará cayendo todo?
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El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.
“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.
La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.
La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”
La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo.
Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.
El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.
Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno de Paraná en la que participó la vicegobernadora AliciaAluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y todo el equipo ministerial. El tema principal fue la transferencia del Palacio San José —residencia del general Justo José de Urquiza, ubicada en Caseros, departamento Uruguay— a la órbita provincial, con el fin de garantizar su conservación y restauración.
Al término del encuentro, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, señaló que se trató de “una instancia muy productiva en términos de información y conocimiento que los distintos ministerios pudieron intercambiar sobre las acciones en curso en toda la administración”. Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, informó sobre las gestiones iniciadas para concretar el traspaso del inmueble, declarado museo nacional en 1935.
Frigerio recordó que semanas atrás solicitó formalmente a la Secretaría de Cultura de la Nación que Entre Ríos asuma la gestión del Palacio San José. El pedido fue presentado al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, donde el mandatario expuso su “profunda preocupación” por filtraciones, daños estructurales y el desgaste del mobiliario original, piezas de alto valor patrimonial.
Construido entre 1848 y 1858, el Palacio San José constituye uno de los hitos arquitectónicos e históricos del país y atrae cada año a miles de visitantes. El gobierno provincial proyectó convertirlo en un símbolo cultural que una a los entrerrianos y reafirme su papel en la historia nacional.
La agenda del gabinete también incluyó políticas orientadas a la primera infancia. Frigerio compartió detalles de su reciente reunión con autoridades de UNICEF y repasó los lineamientos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano. Boleas destacó que el proyecto de presupuesto 2025 incorporó dos políticas transversales dedicadas a niñez y adolescencia para monitorear con mayor precisión la inversión pública.
En materia educativa, los ministros evaluaron el avance del Programa de Alfabetización impulsado desde la Región Centro. Boleas precisó: “Nos compartieron cómo se está desarrollando el trabajo en el territorio entrerriano y los resultados preliminares del abordaje”.
Antes de concluir, Frigerio reiteró a su gabinete la consigna de optimizar estructuras estatales, elevar la eficiencia del Gobierno y fortalecer la articulación con organismos descentralizados, con el objetivo de asegurar la ejecución efectiva de los proyectos debatidos, entre ellos la recuperación del emblemático Palacio San José.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.
“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.
El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.
El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.
“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.
– El proyecto de Vivona
Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.
Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.
El gobernador Gildo Insfrán aprovechó la apertura de una modesta sala de primeros auxilios en General Mansilla para arremeter contra la política económica nacional y dictar su propia lección de finanzas públicas al presidente Javier Milei. Con 36 años ininterrumpidos en la cúpula provincial —28 como gobernador y 8 como vice—, el dirigente peronista aseguró que Formosa “consiguió el déficit cero hace muchos años”.
“Nosotros conseguimos el déficit cero hace muchos años”, afirmó sin titubeos. La provincia, sin embargo, financió el 92% de su presupuesto 2024 con transferencias de la Coparticipación Federal, es decir, con impuestos recaudados en distritos que sí generan producción y empleo privado.
Insfrán sostuvo que en Formosa “al contrario tenemos superávit, superávit” y redobló la apuesta: “Es fácil conseguir el déficit cero suspendiendo obras… En Formosa tenemos déficit cero y superávit fiscal porque somos formoseños y somos peronistas”.También preguntó “¿Dónde está el proyecto productivo de ese Estado?” y criticó la venta de minerales sin valor agregado.
A lo largo de su intervención, el mandatario acusó al gobierno libertario de “regocijarse” cerrando hospitales y de limitar la atención médica a extranjeros: “Cuando vemos que a nivel nacional se regocija o se regocijan sus funcionarios haciendo anuncios que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia limitando las asistencias médicas para los extranjeros, es una vergüenza”. Sentenció que “lo que el gobierno libertario le niega a nuestros abuelos… los formoseños con nuestro sistema de salud le vamos a seguir otorgando”.
Formosa exhibió, según datos oficiales, el mayor peso de empleo público y el menor número de trabajadores privados registrados del país, junto a salarios promedio más bajos, altos índices de desnutrición infantil y mortalidad evitable, un aparato productivo prácticamente ausente y escasa diversificación industrial.
Insfrán cerró su arenga con un llamado identitario: “El formoseño nace donde quiere, pero para ser formoseño se necesita amar a Formosa. Y quien ama a Formosa, defiende sus intereses y los de la Nación”.
La tarde del miércoles explotó en el Parque Mitre de Recoleta. Manuel Adorni —candidato a legislador porteño— y el presidente Javier Milei encabezaron el cierre de campaña de La Libertad Avanza.
Sin embargo, un sospechoso suceso de episodios molestó la jornada cuando supuestos militantes pagos reclamaron el dinero supuestamente prometido para llenar el Parque. Jóvenes llegados en micros desde el Conurbano aseguraron que viajaron “bajo el compromiso de cobrar $25.000” y que, una vez allí, les ofrecieron menos.
Una mujer que se presentó como Danila y dijo ser oriunda de Lanús afirmó ante los medios que “no les querían abonar lo acordado” y que les retuvieron el DNI. Otro de los asistentes gritó: “¡Nos quieren dar 20 lucas! ¡Nos vinimos acá por 25!”. La confusión escaló cuando un tercer participante protestó: “Dijeron que nos iban a pagar $10 000 y ahora quieren pagarnos $20 000”, sin advertir que se quejaba por una cifra superior a la inicial.
Los testimonios apuntaron a un reclutamiento organizado por Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei, quien habría delegado la tarea en Ramón “Nene” Vera. Ambos, de pasado kirchnerista, quedaron bajo la lupa luego de que fuentes libertarias confesaran al periodista Lautaro Maislin: “Estoy sorprendido con el papelón de Pareja pagándole a gente. Nosotros siempre llevamos a gente genuina y este se manda esta cagada. Es Pareja queriendo subirse el precio de que lleva gente”.
Desde el círculo de Pareja rechazaron las acusaciones: “Hay que preguntarle a la gente que dice eso, si no es la prueba imposible, nadie de nosotros hace eso, hay que cambiar las cosas y esto es parte de lo que hay que cambiar”.
En redes, militantes orgánicos de LLA diferenciaron a los “infiltrados” de los seguidores que creen sin cobrar un peso.
El periodista Manuel Jove añadió otra pieza al rompecabezas desde X: “Ante testimonios de participantes del acto que aseguraron que les prometieron plata para ir, desde LLA lo desmintieron rotundamente. La pregunta será entonces por qué había filas de gente con remeras violetas cuando terminó el acto. ¿Era para cobrar o solo para tomar lista?”.
Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
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