Frigerio apuntó contra Nación y 3 provincias por los incendios en el Delta del Río Paraná
El diputado señaló: "El Estado nacional y las 3 provincias involucradas no están ocupándose de este tema, están pasándose el lazo de la responsabilidad unos a otros, echándose culpas, pasándose facturas y no ocupándose del tema".
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El diputado nacional y precandidato a gobernador de Entre Ríos desde Juntos por el Cambio (JxC), Rogelio Frigerio, apuntó contra las gestiones de Alberto Fernández, Gustavo Bordet (de la misma provincia), Omar Perotti (Santa Fe) y Axel Kicillof (Buenos Aires) por los “trabajos” sobre los incendios que azotan el Delta del Río Paraná desde hace meses.
Asimismo, el diputado se encontró en el Municipio de Victoria con el intendente radical Domingo Maiocco, especialistas del INTA y productores rurales. Después se dirigió a Rosario, en donde se reunió con profesionales del área medioambiental, el subjefe de los brigadistas de bomberos y el legislador provincial de Santa Fe por la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Pullaro.
Frigerio sostuvo que “falta gestión, desde Estado nacional y las 3 provincias involucradas que no están ocupándose de este tema, en lugar de dirigentes políticos pasándose el lazo de la responsabilidad unos a otros, echándose culpas, pasándose facturas y no ocupándose del tema”.
“Acá todos están muy dispuestos y ansiosos para asignar responsabilidades, ya sea a los productores, a los turistas, a los que acampan, a los pescadores, pero la responsabilidad es la ausencia del Estado que, básicamente, tiene que prevenir en una situación climática muy particular por la sequía tan importante que venimos sufriendo hace tantos meses y por la bajante de los ríos“, planteó.
Frigerio recordó que en julio pasado presentó un Proyecto de Resolución (que no ha tenido respuesta) al Poder Ejecutivo para que informe detalles respecto del funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SFMF) en el marco de los nuevos focos de incendio ocurridos en las últimas semanas en la provincia de Entre Ríos.
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El hallazgo de una avioneta abandonada en el monte salteño, en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, a pocos kilómetros del límite con Formosa, encendió las alarmas por su presunta vinculación con el narcotráfico. La aeronave fue encontrada sin ocupantes y con indicios de haber sido acondicionada para transportar estupefacientes.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera” expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Fue hallada abandonada en el monte salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. El juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que la investigación quedó en manos de la Justicia de Salta, aunque su distrito sigue de cerca el caso debido a que las bandas criminales operan en toda esa franja de frontera porosa. La hipótesis principal apunta al uso de pequeñas aeronaves para ingresar cocaína desde Bolivia, aprovechando la gran extensión rural y las falencias en el control del espacio aéreo.
Lo más revelador del hecho es que la carga ya no estaba. La logística terrestre retiró los paquetes de cocaína antes de que llegara la policía, lo que demuestra una operación coordinada y bien planificada. Esta mecánica —aterrizar, descargar en minutos y dispersarse— es una marca registrada de los narcovuelos modernos, ya que en zonas rurales, sin cobertura radar y con pistas clandestinas, toda la operación puede durar menos de diez minutos.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la causa, confirmó que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido, con la participación de las áreas de Drogas Peligrosas e Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad.
El uso de avionetas pequeñas (generalmente Cessna) para transportar cocaína desde Bolivia o Paraguay hacia el interior de Argentina, tiene como objetivo evitar la detección de los radares a muy baja altura. El juez Morán afirmó que vuelan “a ras del suelo o del follaje”. Técnicamente, eso significa volar entre 150 y 300 metros de altitud, lo suficientemente bajo para quedar en el “punto ciego” de los radares, que apuntan en ángulo hacia arriba y no detectan bien los objetos muy pegados al terreno.
Las organizaciones narco suelen operar con dos modalidades principales. En una de ellas, la avioneta aterriza en una pista clandestina o en un campo previamente acordado, descarga la droga y vuelve a despegar, mientras la logística terrestre se encarga del traslado del cargamento. La otra, conocida como “bombardeo” o “lluvia blanca”, evita el aterrizaje y consiste en arrojar los bultos de cocaína desde el aire, ya sea con paracaídas o directamente sobre una zona señalada desde tierra, una maniobra que dificulta su detección.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, dos personas armadas habrían salido de la aeronave poco después del impacto. El diputado provincial Gustavo Orozcoaseguró que “no tiene dudas de que transportaba droga” y remarcó que “nadie abandona una aeronave de esas características si no es para ocultar algo”.
Según investigaciones judiciales y periodísticas del NOA, la mayoría de estas aeronaves son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde son recicladas, se les cambia o falsifica la matrícula, y se las acondiciona para cargar hasta 400 o 500 kilos de droga. El juez Morán señaló que también son robadas en Brasil, Bolivia o Paraguay, y se les colocan matrículas falsas. En un caso similar en Salta, se habría encontrado una Cessna 210 con matrícula boliviana intencionalmente rayada.
“Quedan solo el piloto y los instrumentos”, explicó Morán, aclarando cómo son vaciadas al máximo para maximizar la carga.
Las modificaciones más frecuentes incluyen la eliminación de asientos para liberar espacio y reducir peso, la instalación de tanques de combustible adicionales para ampliar la autonomía de vuelo sin escalas, el refuerzo de la estructura para soportar la carga extra de droga y la supresión de sistemas no esenciales con el mismo objetivo de aligerar la aeronave.
Si se considera que el juez Morán mencionó cargamentos que pueden superar los 4 millones de dólares, se entiende la escala del negocio. La cocaína producida en zonas como el Chapare boliviano puede multiplicar su valor por diez al llegar a Europa.
Quizás la parte más sofisticada del esquema no es el vuelo en sí, sino lo que pasa después. Una vez que la avioneta aterriza o “bombardea” el campo, hay equipos en tierra esperando con vehículos 4×4.Estos “receptores” conocen el lugar exacto gracias a GPS o teléfonos satelitales (nunca celulares comunes, que pueden rastrearse).
Los campos elegidos tienen características muy específicas, siendo de difícil acceso por rutas secundarias, sin cobertura de red celular, sin viviendas cercanas, y controlados por un “puestero” —una persona pagada para cuidar el lugar—. En un caso reciente similar en Rosario de la Frontera, se enterraron 228 kilos en un campo a 70 kilómetros del lugar del aterrizaje.
El espacio aéreo argentino
El corredor aéreo del narcotráfico atraviesa todo el Norte Grande. Los pilotos entran desde Bolivia hacia el oeste salteño o formoseño, y luego vuelan hacia el sur por zonas llanas que ofrecen menos obstáculos y menor presencia estatal. El juez Morán argumentó que “estas bandas operan en Formosa”, y el hallazgo en Salta es una señal de actividad en toda la región fronteriza.
“¿Cuántos vuelos logran pasar sin ser detectados?”, preguntó Morán puntualmente.
Argentina tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) creado en 2004, que ha incorporado radares primarios y secundarios. En 2024 se inauguró un nuevo radar 3D en Tostado, Santa Fe, con alcance de 440 kilómetros.
En la Argentina no existe una “Ley de Derribo”, por lo que aun cuando se detecta un vuelo ilegal, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a forzar el aterrizaje ni a derribar la aeronave, lo que reduce de manera significativa las alternativas de respuesta.
La zona oeste de Formosa y este de Salta es especialmente vulnerable por ser territorio bajo, sin serranías que compliquen el vuelo rasante, y con acceso terrestre limitado que favorece la logística de las bandas. El mismo esquema se ha detectado en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y hasta en la provincia de Buenos Aires, donde la cocaína llega para ser embarcada hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, operación que según investigaciones judiciales gestiona el Primer Comando Capital (PCC) brasileño.
Existen estimaciones de que hay entre 270 y 1.500 pistas clandestinas en el norte del país, principalmente en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. La demolición de una no impide que se abra otra a pocos kilómetros.
Un grupo de gremios, usuarios y familiares de víctimas de accidentes en carreteras formaron un espacio multisectorial para denunciar que “las rutas nacionales argentinas atraviesan la peor situación de su historia reciente”. La conferencia de prensa se realizó al público en Chacabuco 243, en Ciudad de Buenos Aires.
“No hay mejor manera de mostrar la ineficiencia de un organismo que desfinanciarlo”, lo resumió con una frase el dirigente sindical de Vialidad en Entre Ríos, Raúl Meza.
El espacio que se presentó dió a conocer sus objetivos concretos, como lo sería instalar el tema en la agenda pública y empujar al Estado y al Congreso a tratar la situación como una verdadera emergencia. También busca frenar el vaciamiento de distintos organismos del Estado, entre ellos Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que en los últimos meses también sufrieron recortes.
Además, la convocatoria cuestiona el modelo de concesiones por peaje como única respuesta frente a la crisis y propone medidas “en defensa de la vida”, que van desde la declaración formal de emergencia vial hasta la restitución del presupuesto y del personal.
Según los reclamos, es una decisión política deliberada de desfinanciar y desmantelar el organismo que cuida los caminos del país durante la gestión del presidente Javier Milei, provocando un escenario donde “aumentan los accidentes y las muertes en las rutas”, en un contexto en el que la Red Vial Nacional de por sí “atraviesa una emergencia sin precedentes”.
La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones, entre ellas la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que representa a los trabajadores encargados de construir y mantener las rutas; el Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), que defiende los derechos de quienes transitan por ellas; el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA); la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Jerárquico de la DNV, integrada por ingenieros y técnicos de Vialidad; autoconvocados de la Ruta Nacional 3, vecinos y usuarios que advierten el deterioro de esa traza; familiares de víctimas de accidentes viales y organizaciones como Estrellas Amarillas; además de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y el diputado nacional por la provincia de Mendoza, igualmente representante a la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), Martín Aveiro.
El dato más impactante que presentan los gremios es que casi el 75% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo.
Para comprender el alcance de este dato, hay que tener en cuenta que Vialidad Nacional utiliza un Índice de Estado que va de 0 a 10.Los valores del 0 al 5 indican un mal estado de la calzada, entre 5 y 7 se considera un estado regular, y de 7 a 10, un buen estado.
“Antes había crédito externo, pero este gobierno decidió cerrarlos para convertirlos en créditos de libre disponibilidad”, destacó el referente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, ejemplificando con casos como la paralización de obras significativas a nivel nacional como la construcción del segundo puente que conecte la provincia de Chaco con Corrientes.
Un estudio independiente del Instituto Argentina Grande confirma la tendencia, ya que la proporción de rutas en buen estado cayó del 54.9% en 2022 al 47.5% en 2024, mientras que las rutas en mal estado subieron del 23% al 29%. Y eso fue antes de que el deterioro se acelerase aún más en 2025 y 2026.
Hay provincias especialmente golpeadas. En la provincia de Buenos Aires, solo el 36.8% de las rutas nacionales está en buen estado, el 51.7% está directamente en mal estado. En Chaco, Tucumán y Buenos Aires, más de la mitad de las rutas supera el umbral del mal estado.
Para el caso del NEA —la región de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa— el informe de FEPEVINA destaca situaciones críticas, como la Ruta Nacional 121 (que conecta Santo Tomé con Brasil), que presenta “falla estructural completa”, con baches profundos, ahuellamiento severo y pérdida de capacidad portante.
La explicación de fondo es el ajuste fiscal aplicado desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos difundidos por el sector, el presupuesto real de Vialidad Nacional en 2026 es más de 80% inferior al de 2022, mientras que el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% en comparación con 2023. A eso se suma una fuerte reducción de la planta de personal. En diciembre de 2023 el organismo contaba con 5.540 trabajadores, pero entre despidos y retiros voluntarios impulsados desde 2024 la dotación de empleados se redujo de manera drástica, con anuncios de recortes que llegaron a alcanzar a 1.600 agentes.
El deterioro también se refleja en la paralización de las obras en ejecución, sin importar su grado de avance, y en el abandono de tareas básicas de mantenimiento como el bacheo, la señalización, el desmalezado de banquinas y la campaña invernal de conservación. En lugar de resolver los problemas de fondo, sostienen desde el área, solo se realizan bacheos precarios que administran el riesgo de manera temporal. A esto se suma la subejecución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse a las rutas.
Conforme a los reclamos gremiales, Vialidad ejecutó apenas la mitad de esos recursos durante 2024 y 2025, motivo por el cual FEPEVINA llegó incluso a presentar una denuncia penal. El proceso, además, provocó la pérdida de personal técnico clave, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados, con el consecuente vaciamiento de capacidades técnicas del organismo.
El deterioro físico de las rutas tiene un impacto directo en vidas humanas. En base a FEPEVINA, el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes. La asociación civil Luchemos por la Vida registró 6.248 muertes en calles y rutas durante 2025.
El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) reportó que en 2025 la mortalidad vial subió un 22% respecto a 2024, y que cada muerte por siniestro representó un costo social promedio de USD$38.650. Significativamente, el 25% de las muertes viales del país ocurrieron en la región del NEA (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).
El general de brigada retirado Sergio Maldonado renunció a la presidencia del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva entidad creada apenas en febrero de 2026. Lo llamativo es que su renuncia se produce con apenas un mes de gestión desde que la nueva estructura entró en funcionamiento el 1 de abril de 2026. Maldonado adelantó su decisión al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien ahora buscaría designar a un oficial superior en actividad para reemplazarlo.
Desde la Fuerza Aérea habrían denunciado que la estructura militar se había “teñido de verde”, en referencia a la fuerte presencia de oficiales del Ejército en los puestos clave del Ministerio de Defensa y en la nueva OSFA. Esta tensión entre las distintas fuerzas complica aún más la gestión de una entidad que ya enfrenta problemas estructurales gravísimos.
El Ministerio de Defensa proyecta designar a un oficial superior en actividad en lugar de un retirado, lo que podría marcar un cambio en el perfil de la conducción. La deuda que acarrea con los prestadores privados sigue sin resolver, las fuerzas de seguridad aún no habrían pagado su parte correspondiente, y miles de afiliados siguen esperando una cobertura que legalmente están obligados a recibir.
En este contexto, el punto de inflexión se dio el 1 de mayo de 2026, luego del fallecimiento en San Juan del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, tras ingerir un frasco entero de pastillas. Ya había protagonizado un primer intento, cuando se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín. En una carta encontrada en su mochila, Vázquez explicaba que llevaba más de seis décadas pagando la obra social desde que ingresó al Ejército a los 16 años, y que estaba atravesando un cáncer y otras enfermedades graves sin recibir atención.
“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, subrayó en la nota.
El caso generó impacto dentro de la estructura castrense y, según versiones internas, habría influido en la salida de Maldonado. Desde OSFA rechazan esa interpretación. Sostienen que el general retirado había sido convocado para encabezar la primera etapa de creación del nuevo organismo y que esa instancia ya estaba cumplida. También remarcan que Maldonado continuaba la línea de gestión iniciada por Betina Surballe, designada durante la administración de Luis Petri como gerente general.
La cobertura médica de los militares, retirados y sus familias estaba a cargo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), considerada la tercera obra social más grande del país con más de 550.000 beneficiarios. Esta entidad venía acumulando una deuda millonaria que, según estimaciones, creció de $44.000 millones al inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) hasta superar los $300.000 millones durante la gestión de Petri.
Las consecuencias concretas de esa deuda fueron devastadoras para los afiliados, con suspensión de prestaciones médicas en múltiples provincias, falta de medicamentos para tratamientos de alta complejidad como cáncer, VIH y diabetes, y cancelación de internaciones y cirugías programadas. En Mar del Plata, el único hospital de referencia llegó a suspender la atención de cerca de 20.000 afiliados por deudas impagas que superaban los $800 millones solo con ese centro.
— Militares llevando urnas por montañas a pueblos alejados en las lecciones presidenciales 2023
En febrero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, mediante el cual disolvió el IOSFA y lo reemplazó por dos organismos separados. Por un lado quedó la OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa y destinada a militares en actividad, civiles y retirados. Por el otro, estaría la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para Gendarmería y Prefectura Naval.
El gobierno argumentó que las fuerzas armadas y las de seguridad tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” que justificaban la separación. También estableció que el 80% de los ingresos debía destinarse a prestaciones médicas, con solo un 8% para gastos administrativos.
El problema central es que disolver el IOSFA no hizo desaparecer su deuda. Al 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa informó ante el Congreso que la deuda del IOSFA ascendía a $248.600.811.333. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, habría rechazado hacerse cargo de esa deuda acumulada, dejando al Ministerio de Defensa en la difícil situación de tener que usar recursos de su propio presupuesto operativo para sostener el sistema.
Mientras tanto, los afiliados quedaron en un “limbo sanitario”, donde continúan pagando sus aportes mensuales pero sin recibir cobertura real. La situación fue particularmente grave en el interior del país —Formosa, Trelew, Tucumán, Bahía Blanca— donde la cobertura era, de acuerdo con los propios afectados, prácticamente inexistente.
En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, lanzó duras críticas contra el oficialismo libertario. Acusó a La Libertad Avanza dehaber roto un acuerdo político en torno a la presidencia de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un órgano parlamentario clave porque tiene a su cargo el control del accionar y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
“A mí me lo ofrecieron”, aseguró en una entrevista en TN. “Pero cambiaron de opinión”, ironizó sobre la decisión final del Gobierno, que terminó por imponer al diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Ritondo precisó que el ofrecimiento databa de varios meses atrás. “El 10 de diciembre yo había pedido estar en la Comisión Bicameral como parte del PRO”. Aclaró que ese pedido inicial no apuntaba a la presidencia sino a un asiento en el cuerpo. “No es que lo pedimos: me lo ofrecieron. Que es peor”, remarcó.
“Les dije que sentía que me habían mentido. No sólo en la política, en la vida cuando uno le miente a otro pierde la confianza”, agregó, y respondió que “sin duda” los libertarios rompieron un acuerdo: “Como cualquier relación, cuando se miente, cuando no se cumple con lo que uno dice u ofrece, falla en la palabra. Y cuando falla en la palabra, falta en la confianza. En general el más afectado es el que miente”, lamentó el legislador.
Ritondo dejó entrever, además, que la pelea por la conducción podría haber tenido otro desenlace. Sostuvo que tenía votos suficientes de la oposición y del Senado para imponerse, pero descartó esa vía con un argumento de principios: “Yo no voy a robar una presidencia, el PRO no va a robar una presidencia”. La interna libertaria que rodea la designación, en cambio, no le quitó el sueño. “Es un problema de ellos”, zanjó.
La controversia se inscribe en la disputa de poder que mantienen Karina Milei y el asesor Santiago Caputo (quien tiene buena relación con Ritondo) y había impulsado su nombre para conducir la bicameral. Fue la propia hermana del Presidente quien rompió el acuerdo e impuso a Pareja como una manera de controlar la SIDE (organismo que maneja Caputo a través del contador Cristian Auguadra).
Con este panorama, Pareja, una persona de extrema confianza de la Hermanísima pasó a tener en sus manos la lupa sobre las acciones y los gastos reservados de la central de inteligencia.
La promesa incumplida había sido formulada, según la reconstrucción de los hechos, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habría asegurado que la silla principal de la bicameral sería para Ritondo. Esa palabra fue presenciada por dirigentes como Diego Santilli y (el hoy díscolo) Oscar Zago. Menem mantiene un lazo estrecho con Karina, al igual que su primo “Lule” Menem. Ambos son artífices políticos de la secretaria general.
Detrás de los ataques opera una filial del Estado Islámico que ya acumuló 1.749 víctimas en 2025 y busca erradicar la presencia cristiana en la región. Amnistía Internacional denunció crímenes de guerra y de lesa humanidad, y responsabilizó al “desinterés de la política internacional” por la escalada.
El legislador del PRO reveló que el propio oficialismo le había ofrecido ese lugar, pero, a último momento, Karina Milei lo dejó en manos de su armador bonaerense. Detrás del cortocircuito asoma la pulseada de la hermana presidencial con Santiago Caputo.
Sin hablar todavía de candidaturas, la vicepresidenta empieza a ordenar una construcción propia en territorio bonaerense, con base en Junín, conversaciones con concejales y el respaldo de dirigentes que quedaron heridos por el manejo de las listas libertarias.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
