Extorsión y más de $100 millones: Un nuevo arrepentido complica más a Milagro Sala
El fiscal general del MPA, Lello Sánchez, confirmó que un nuevo arrepentido aportó documentación con respecto a cuentas bancarias.
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El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, se manifestó sobra la causa que investiga a Milagro Sala por lavado de dinero. El funcionario dio declaraciones tras lo dicho por “Shakira” Guerrero, persona cercana a la piquetera.
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El funcionario judicial indicó que surgieron novedades en la causa: “hay otro arrepentido, que realizó aportes de naturaleza documental e información que tiene cierta precisión de cuentas bancarias o bancos donde se operaba, al igual que todo lo que dijo la señora Guerrero”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.
“Ahora se inicia un periodo donde hay que corroborar estos dichos. Estamos dentro de los plazos procesales como para corroborar esta información y ver si surgen nuevos imputados, nuevas líneas de investigación, nueva información que viene a consolidar, o no, la investigación que ya en su momento se consideró agotada. Esto introduce un giro: con nuevos aportes se dan nuevas hipótesis, nuevos cursos investigación”, agregó.
Sánchez sostuvo que las nuevas declaraciones de arrepentidos, permitirían ahondar en una novedosa modalidad de lavado de dinero, que se sumaría a las ya barajadas en la causa.
“Hay causa madre llamada ‘Pibes Villeros’, que actualmente esta en la Corte Suprema de Justicia, luego esta la causa ‘Sociocomunitario’ que es otro plan de la misma asociación ilícita comandada por Sala. Y este ‘Lavado’ es una etapa más donde se está buscando la ruta del dinero sustraído, saber dónde fue”, precisó el fiscal general.
Sobre los viajes al exterior, mencionó que el nuevo testigo “aporta documentación, tiene mayores precisiones sobre el tema. Ahora se abre la oportunidad de corroborar todo esto y modificar el curso de la investigación en el sentido de ampliarla, porque hasta ahora sabíamos que había habido tres maniobras en la causa de lavado: compras masivas de vehículos, compras masivas de inmuebles y sorteos que hacía entre los adherentes a la asociación Túpac Amaru. Esta hipótesis de depósitos de dinero fuera del país es una novedad que introduce la señora Guerrero y el otro coimputado”.
Sobre la suma de dinero que habría sido lavado, Sanchez explicó: “En la causa ‘Pibes Villeros’ hubo un fraude de 60 millones de pesos, en la ‘Megacausa’ alrededor de 1200 millones de pesos, son distintos planes para la construcción de viviendas y otro tipo de construcciones que tenían que hacer las cooperativas, los municipios”.
“Del lavado se pudo corroborar la cantidad aproximada de 100 millones de pesos y queda muchísimo dinero cuyo destino se intenta esclarecer. Es probable que esto de lugar, en caso de corroborarse la información que aportan estos dos testigos, a un requerimiento complementario de citación a juicio o a nuevas personas que estén involucradas en estos hechos”, agregó.
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Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
El fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, tras concluir que el funcionario ocultó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante el propio organismo fiscal que conduce su vínculo con sociedades offshore que registran tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de US$2,1 millones. El pedido deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
En su dictamen de 54 carillas Rodríguez afirmó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
En paralelo, Rodríguez le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
– Marcelo Martínez de Giorgi
Las tres propiedades señaladas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, en Miami, adquiridas en enero de 2013 por US$710.000 y US$400.000, respectivamente, mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$980.000 a través de Pompeya Group Corp.
Ambas firmas panameñas pasaron en 2016 a manos de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final y único director, según formularios internos del estudio Trident Trust a los que accedieron el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En esos documentos, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
– El acta de la reunión de accionistas en Panamá donde las hijas de Vázquez junto a Galanthus, la empresa creada en Islas Vírgenes Británicas, se quedan con el control de una de las sociedades dueña de un departamento en Miami
La PIA sostuvo que “obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito” de omisión maliciosa, con base en las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la OA y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023. En ninguna de ellas aludió a las sociedades offshore ni a los inmuebles de Miami. Tampoco declaró a Galanthus Capital Limited, pese a figurar como único director y beneficiario final.
Para la PIA, la hipótesis de enriquecimiento ilícito se apoya en una marcada desproporción patrimonial. Vázquez declaró contar con US$40.000 en activos líquidos al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pero adquirió inmuebles por US$1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$980.000 en julio de 2015.
A esa brecha se suma otro dato señalado por el fiscal. En sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ante ARCA, Vázquez reconoció haber percibido ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por $28,7 millones en 2023 y por $99,4 millones en 2024, montos declarados en pesos ante el fisco argentino. Es decir, declaró en la Argentina los flujos que recibió desde el exterior, pero no los activos que los habrían generado.
– Las firmas de Vázquez y su entonces mujer en un acta de la sociedad Panchy Ventures que forma parte de los Pandora Papers
Rodríguez verificó además que Vázquez y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez, también empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018. También se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre de ambos, mientras que sus hijas residen allí desde 2022, según ellas mismas dejaron asentado como domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Para la PIA estos elementos permiten inferir el “animus domini”, es decir, el control efectivo de los bienes más allá de su titularidad formal.
A la hipótesis de enriquecimiento ilícito la fiscalía sumó la del lavado de activos. El dictamen detalló el uso de sociedades pantalla, autopréstamos, compras y ventas sucesivas de inmuebles y la subvaluación de escrituras.
Entre los casos documentados figura la compra, en diciembre de 2018, de un triplex de 318 metros cuadrados en la calle Juana Manso 1124, en Puerto Madero, ubicado en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties. La operación se realizó mediante la firma Acontec SRL, por un valor escriturado de $8.720.000, equivalentes a apenas US$225.906 al tipo de cambio de entonces, muy por debajo del valor de mercado estimado por la PIA en unos US$2,1 millones, a partir del relevamiento del sitio Reporte Inmobiliario.
– Los edificios de Miami donde están los departamentos adquiridos por las sociedades panameñas vinculadas a Vázquez
La PIA documentó la presunta subvaluación con publicaciones de Zonaprop rescatadas del archivo web. En febrero y noviembre de 2018, unidades del mismo edificio de entre 96 y 98 metros cuadrados se ofrecían entre US$460.000 y US$500.000. Vázquez pagó el equivalente a US$709 por cada uno de los 318 metros cuadrados del triplex. Según el dictamen, la operación habría generado una pérdida de entre US$235.000 y US$551.000 para la vendedora Acontec SRL, que había adquirido el inmueble tres años antes por $7.332.000.
La PIA también detalló el rol de otra firma, Consultora San Andrés SA, a la que describió como una sociedad pantalla por carecer de empleados, tener domicilio en un inmueble del propio Vázquez (quien percibe de ella un canon locativo) y figurar como controlante de cinco automóviles. Según el dictamen esa sociedad también le habría otorgado al funcionario un “préstamo” para comprar el 50% de un departamento en el Chateau de Puerto Madero en 2010, un punto que refuerza la hipótesis de autopréstamos y confusión patrimonial.
– Sergio Rodríguez, fiscal, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
Entre los vehículos vinculados a Consultora San Andrés SA aparece un BMW X6 blindado en julio de 2015, utilizado por el funcionario y su entorno. Entre 2024 y 2025, la firma se desprendió de sus automóviles. La Ford EcoSport quedó a nombre del propio Vázquez; el Volkswagen Vento, a nombre de su expareja Silvia Ivone Rodríguez; y el Mini Cooper John Cooper Works fue adquirido, en septiembre de 2025, por Oscar Mario Abalo, accionista de Acontec SRL, la misma empresa que siete años antes le había vendido a Vázquez el departamento presuntamente subvaluado de Puerto Madero.
El fiscal Rodríguez también aludió a una posible simulación de prestaciones y a una confusión patrimonial deliberada, vinculada a la facturación que Consultora San Andrés SA emitió a favor de Casino Buenos Aires SA y Loddin SA, dos empresas donde Vázquez habría intervenido como funcionario de la ex AFIP en 2007. La PIA detectó que ambas “le efectuaron retenciones del impuesto a las ganancias en dichos años, lo que implica que la sociedad [Consultora San Andrés SA] le prestó servicios”.
Además de pedir la citación indagatoria, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi que libre exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y que se reitere el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas. También requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su exesposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
Antes del finde largo, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura provincial del proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.786 de Organizaciones Criminales, popularmente conocida como “Ley Antimafia”, y confirmó la creación por decreto de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo.
La decisión del ejecutivo se produjo luego del megaoperativo realizado durante la madrugada del pasado viernes en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido el 22 de abril, cuyas víctimas fueron Rodrigo Nieves y AgustinaAsencio, una trabajadora del natatorio municipal que, según medios locales, había conocido a Nieves apenas diez días antes y era ajena al conflicto investigado.
El procedimiento incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad. Según la información oficial, la Policía del Chubut logró detener a tres sospechosos, entre ellos dos presuntos coautores vinculados directamente al doble homicidio. Además, se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos armas de fuego, municiones y el vehículo presuntamente utilizado durante el ataque.
Torres destacó el trabajo de la fuerza policial y afirmó: “la semana pasada dijimos que queríamos presos a los Vera y a los Nieves, dos familias que desde hace décadas vienen atemorizando a los comodorenses”. Luego agregó: “hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza policial, detuvimos a los implicados en el doble homicidio ocurrido hace pocos días”.
El mandatario también confirmó la detención del presunto autor del homicidio de Ariel Cardozo, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia. El sospechoso permaneció prófugo desde sucedido el hecho.
De acuerdo con la información difundida, la investigación avanzó a partir de una labor de inteligencia realizada por la División Policial de Investigaciones (DPI), que permitió identificar a los presuntos coautores del doble crimen y localizar el vehículo usado en el ataque. Luego, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos y las detenciones correspondientes.
En ese contexto, Torres sostuvo que las nuevas herramientas apuntaron a fortalecer la capacidad del Estado provincial frente a organizaciones delictivas y evitar que los detenidos recuperen rápidamente la libertad. “No alcanza con detenerlos: necesitamos que sigan presos, que no salgan en pocos meses y que el resto de los implicados y autores intelectuales tampoco”.
La adhesión a la Ley Antimafia fue presentada por el Ejecutivo provincial como una medida para combatir organizaciones criminales complejas, endurecer penas, ampliar herramientas de investigación y abordar estructuras delictivas de manera integral.
Desde el Gobierno de Chubut señalaron que la iniciativa buscó otorgar mayores facultades a fiscales y fuerzas de seguridad frente a bandas vinculadas al narcotráfico, homicidios, extorsiones y otros delitos organizados.
“Son herramientas fundamentales para que estas familias estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”. Torres remarcó además que la adhesión permitió avanzar en una mayor coordinación entre la Justicia federal y provincial, especialmente en causas con conexiones entre el narcomenudeo y hechos de violencia extrema.
La Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo, creada por decreto, tuvo como objetivo coordinar acciones para que la Justicia provincial interviniera de manera más directa en delitos vinculados a la venta minorista de drogas. Según el Ejecutivo la medida buscó “descomprimir el sistema federal” y “agilizar investigaciones” relacionadas con el narcotráfico urbano.
Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la desfederalización permitió acelerar allanamientos, investigaciones y procesos judiciales vinculados con kioscos de droga y estructuras barriales asociadas al delito organizado, una problemática que en los últimos años mostró un fuerte crecimiento en distintas ciudades de la provincia patagónica.
El gobierno de Santa Fe pasó de la advertencia a la acción y entregó la primera intimación de pago a la familia de una persona menor de edad identificada como autora de una amenaza contra su propia escuela. Los padres, en calidad de responsables solidarios, deberán abonar $6.024.944: costo exacto del operativo policial desplegado ante la intimidación.
Al recibir la carta, el padre reaccionó con una frase contundente: “Cara la jodita”.
La intimación forma parte del reclamo global que la provincia ya calcula en más de $250 millones, a partir de los hechos identificados hasta el momento. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el cobro fue definido como una deuda civil destinada a recuperar el dinero del Estado.
El procedimiento judicial “se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó el funcionario.
El monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas en explosivos y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, subrayó Cococcioni.
Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar voluntariamente. Vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
– El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni
Hasta el momento, el gobierno santafesino identificó a los responsables de 58 hechos, lo que involucra a “más de 70 personas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable.
El gobierno también trascendió que cuenta con “más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades” de la Santa Fé.“A medida que la Fiscalía valida las identidades —sean mayores o menores, punibles o no— se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, atribuyó a estas medidas la fuerte caída en el número de amenazas registradas: de entre 70 y 80 casos diarios, ayer lunes se contabilizaron apenas 15.
“La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, afirmó.
El hallazgo de una avioneta abandonada en el monte salteño, en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, a pocos kilómetros del límite con Formosa, encendió las alarmas por su presunta vinculación con el narcotráfico. La aeronave fue encontrada sin ocupantes y con indicios de haber sido acondicionada para transportar estupefacientes.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera” expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Fue hallada abandonada en el monte salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. El juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que la investigación quedó en manos de la Justicia de Salta, aunque su distrito sigue de cerca el caso debido a que las bandas criminales operan en toda esa franja de frontera porosa. La hipótesis principal apunta al uso de pequeñas aeronaves para ingresar cocaína desde Bolivia, aprovechando la gran extensión rural y las falencias en el control del espacio aéreo.
Lo más revelador del hecho es que la carga ya no estaba. La logística terrestre retiró los paquetes de cocaína antes de que llegara la policía, lo que demuestra una operación coordinada y bien planificada. Esta mecánica —aterrizar, descargar en minutos y dispersarse— es una marca registrada de los narcovuelos modernos, ya que en zonas rurales, sin cobertura radar y con pistas clandestinas, toda la operación puede durar menos de diez minutos.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la causa, confirmó que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido, con la participación de las áreas de Drogas Peligrosas e Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad.
El uso de avionetas pequeñas (generalmente Cessna) para transportar cocaína desde Bolivia o Paraguay hacia el interior de Argentina, tiene como objetivo evitar la detección de los radares a muy baja altura. El juez Morán afirmó que vuelan “a ras del suelo o del follaje”. Técnicamente, eso significa volar entre 150 y 300 metros de altitud, lo suficientemente bajo para quedar en el “punto ciego” de los radares, que apuntan en ángulo hacia arriba y no detectan bien los objetos muy pegados al terreno.
Las organizaciones narco suelen operar con dos modalidades principales. En una de ellas, la avioneta aterriza en una pista clandestina o en un campo previamente acordado, descarga la droga y vuelve a despegar, mientras la logística terrestre se encarga del traslado del cargamento. La otra, conocida como “bombardeo” o “lluvia blanca”, evita el aterrizaje y consiste en arrojar los bultos de cocaína desde el aire, ya sea con paracaídas o directamente sobre una zona señalada desde tierra, una maniobra que dificulta su detección.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, dos personas armadas habrían salido de la aeronave poco después del impacto. El diputado provincial Gustavo Orozcoaseguró que “no tiene dudas de que transportaba droga” y remarcó que “nadie abandona una aeronave de esas características si no es para ocultar algo”.
Según investigaciones judiciales y periodísticas del NOA, la mayoría de estas aeronaves son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde son recicladas, se les cambia o falsifica la matrícula, y se las acondiciona para cargar hasta 400 o 500 kilos de droga. El juez Morán señaló que también son robadas en Brasil, Bolivia o Paraguay, y se les colocan matrículas falsas. En un caso similar en Salta, se habría encontrado una Cessna 210 con matrícula boliviana intencionalmente rayada.
“Quedan solo el piloto y los instrumentos”, explicó Morán, aclarando cómo son vaciadas al máximo para maximizar la carga.
Las modificaciones más frecuentes incluyen la eliminación de asientos para liberar espacio y reducir peso, la instalación de tanques de combustible adicionales para ampliar la autonomía de vuelo sin escalas, el refuerzo de la estructura para soportar la carga extra de droga y la supresión de sistemas no esenciales con el mismo objetivo de aligerar la aeronave.
Si se considera que el juez Morán mencionó cargamentos que pueden superar los 4 millones de dólares, se entiende la escala del negocio. La cocaína producida en zonas como el Chapare boliviano puede multiplicar su valor por diez al llegar a Europa.
Quizás la parte más sofisticada del esquema no es el vuelo en sí, sino lo que pasa después. Una vez que la avioneta aterriza o “bombardea” el campo, hay equipos en tierra esperando con vehículos 4×4.Estos “receptores” conocen el lugar exacto gracias a GPS o teléfonos satelitales (nunca celulares comunes, que pueden rastrearse).
Los campos elegidos tienen características muy específicas, siendo de difícil acceso por rutas secundarias, sin cobertura de red celular, sin viviendas cercanas, y controlados por un “puestero” —una persona pagada para cuidar el lugar—. En un caso reciente similar en Rosario de la Frontera, se enterraron 228 kilos en un campo a 70 kilómetros del lugar del aterrizaje.
El espacio aéreo argentino
El corredor aéreo del narcotráfico atraviesa todo el Norte Grande. Los pilotos entran desde Bolivia hacia el oeste salteño o formoseño, y luego vuelan hacia el sur por zonas llanas que ofrecen menos obstáculos y menor presencia estatal. El juez Morán argumentó que “estas bandas operan en Formosa”, y el hallazgo en Salta es una señal de actividad en toda la región fronteriza.
“¿Cuántos vuelos logran pasar sin ser detectados?”, preguntó Morán puntualmente.
Argentina tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) creado en 2004, que ha incorporado radares primarios y secundarios. En 2024 se inauguró un nuevo radar 3D en Tostado, Santa Fe, con alcance de 440 kilómetros.
En la Argentina no existe una “Ley de Derribo”, por lo que aun cuando se detecta un vuelo ilegal, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a forzar el aterrizaje ni a derribar la aeronave, lo que reduce de manera significativa las alternativas de respuesta.
La zona oeste de Formosa y este de Salta es especialmente vulnerable por ser territorio bajo, sin serranías que compliquen el vuelo rasante, y con acceso terrestre limitado que favorece la logística de las bandas. El mismo esquema se ha detectado en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y hasta en la provincia de Buenos Aires, donde la cocaína llega para ser embarcada hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, operación que según investigaciones judiciales gestiona el Primer Comando Capital (PCC) brasileño.
Existen estimaciones de que hay entre 270 y 1.500 pistas clandestinas en el norte del país, principalmente en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. La demolición de una no impide que se abra otra a pocos kilómetros.
La legisladora porteña Rocío Figueroa, del PRO, responsabilizó al gobernador bonaerense por la cantidad de indigentes que duermen en las calles porteñas, una población que creció con fuerza en el último año.
Cayeron 27 personas, se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana y pasta base, armas de fuego, 14 motos y cinco autos. En la Villa 31, Zavaleta, Fraga y el Barrio 15 clausuraron búnkeres narcos y levantaron paredes para impedir que vuelvan a operar.
Mientras Javier Milei y el Ministerio de Defensa priorizan la compra de aviones caza F-16, una ola de suicidios y muertes de miembros de las Fuerzas por falta de cobertura médica desnudó el vaciamiento de la obra social militar. Nombres, apellidos y las pruebas de un sistema que hoy trata a los uniformados como material de descarte.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
