El Congreso se vuelca hacia los caprichos del kirchnerismo: Avances contra el bolsillo del contribuyente y por una Justicia sectaria

El Congreso tendrá a diputados y senadores debatiendo políticas fiscales, mientras el kirchnerismo presiona por la modificación de la Corte Suprema.
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En medio de la crisis financiera por la inflación y el creciente desempleo, el Congreso de la Nación se convierte en un pasquín del kirchnerismo por una semana. A esto hay que sumarle la tensión que se vive en Diputados por la Ley de Alquileres y el alivio fiscal para monotributistas que se tratará el próximo 30 de junio, los legisladores cargan los cartuchos para ir derecho al debate.

La intensión del kirchnerismo está en aplastar con mayores restricciones aquello que se le logra cobrar a los evasores en casos de “fuga de dólares y evasión impositiva”, entre otros ejemplos. El proyecto del oficialismo ya cuenta con media sanción del Senado y logró dictamen. En tanto la oposición tiene otros 2.

Dicho proyecto originado desde los sectores K, se encuentra listo para ser tratado y “ofrece” a los evasores la posibilidad de formalizar esos capitales a cambio de una multa del 20 por ciento de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los 6 meses de la aprobación de la ley, la multa sería del 35. ¡Más poder para la enorme bota del Estado!

REUNIÓN POLÍTICAS FISCALES PARA EL NOA 22-06-22

Reunión “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino” Organiza el senador nacional Pablo Yedlin.

En tanto, la oposición pide detalles para saber el pago de qué deuda aportaría este Fondo Monetario Internacional (FMI). Si a la actual, aquella contraída por el Gobierno de Mauricio Macri o la que se contraiga a futuro, en manos del kirchnerismo.

El kirchnerismo logró doblegar al macrismo para sacar la Ley de Alquileres

El Senado buscará convertir en ley el próximo jueves el proyecto de alivio fiscal, destinado a beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por Diputados y que cuenta con el apoyo uniforme de todos los bloques de la Cámara alta.

La iniciativa obtuvo dictamen el pasado jueves, menos de una semana después de haber sido aprobada en la Cámara baja, durante una breve reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí, tanto el oficialismo como la oposición anunciaron su respaldo a la iniciativa.

No obstante, desde Juntos por el Cambio (JxC) indicaron que votarán de manera favorable en la votación general y que reclamarán algunos cambios en su discusión particular. Lo más probable es que el Frente de Todos (FdT) haga pesar su número, que alcanza la mayoría necesaria con el apoyo de sus aliados. De esa manera, el proyecto sería convertido en ley sin cambios en la noche del 30 de junio, al filo del inicio de julio (mes en el que deberían comenzar a correr los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral).

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El Congreso tendrá las miradas puestas en el Senado para ver si se aprueba finalmente el proyecto de alivio fiscal

“La iniciativa pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140 mil autónomos”, afirman con descaro desde el FdT. El proyecto, presentado originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca, por un lado, actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. Más dinero recaudado hacia las arcas del Estado.

Los cambios suman nuevas desventajas para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60 por ciento el monto tope de las primeras 4 categorías del monotributo, mientras que en las 2 primeras (A y B) se eliminó el pago del componente impositivo. Las reformas implementadas al proyecto original contempla que las categorías más bajas del monotributo (A y B) no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de 288 y 555 pesos por mes, respectivamente.

https://twitter.com/DiputadosAR/status/1539648238961446912

En cuanto al proyecto de alivio fiscal será el corolario de una sesión especial que aún no tiene horario pero había sido anticipada por el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, al momento de firmar el dictamen. “Nuestro bloque apoyará el despacho así como vino de Diputados. Necesitamos celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores. Ha sido una buena propuesta y hubo un consenso importante en Diputados. Nos habíamos comprometido a un tratamiento inmediato. De modo tal que esto salga el próximo treinta de junio”, afirmó el legislador oficialista.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el radical Víctor Zimmermann, adelantó que Juntos por el Cambio apoyará en general el proyecto, pero planteó disidencias en el tratamiento en particular. “Es muy importante que estemos tratando un tema de esta categoría. Pero la media sanción de Diputados solo toma como referencia para categorizar a los monotributistas el impuesto a los Ingresos Brutos. Y nosotros proponemos que también se incluya a los alquileres devengados”, destacó.

El jueves 30, además de tratar el proyecto de ley de alivio fiscal, el temario del Senado contempla también el debate de la ley sobre Oncopediatría y HIV y la creación de 3 parques nacionales, entre otras cuestiones.

Congreso
Diputados ya dio media sanción al proyecto de alivio fiscal y tendrá un nuevo debate acerca de lo que es la imposición de una Justicia K

El kirchnerismo presiona por una Justicia propia

Luego de la inclusión en el debate de un proyecto que supuestamente cuenta con el apoyo de los gobernadores y establece una ampliación drástica del Tribunal Supremo, los senadores retomarán esta semana la discusión de los proyectos relacionados con la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una obsesión de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que ve cómo avanzan las causas por corrupción y en un año en el que podría concretarse la primera condena en su contra, por la Causa Vialidad.

Según publicó Parlamentario, será en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que encabezan los kirchneristas Guillermo Snopek (Jujuy) y Oscar Parrilli (Neuquén), respectivamente, donde se reanudará así la discusión del tema que impulsa el kirchnerismo en el Senado. La reforma de la Corte Suprema, como intento de licuar el poder de los actuales 4 ministros, entró en cuarto intermedio. Están en consideración 5 proyectos.

No Title

Orden del Día 19. Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos. (2634-D-22). H. Cámara de Diputados de la Nación.

Los proyectos en tratamiento

Uno es el presentado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces. El oficialista puntano también impulsa federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), un habitual aliado de la Casa Rosada. Su proyecto establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT). Esta senadora K también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número de ministros, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Vale recordar que desde entonces el máximo tribunal está conformado por 4 hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos MaquedaCarlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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“HAY QUE EXTERMINAR LAS VILLAS” | Ramiro Marra propone medidas urgentes para evitar en Argentina lo que pasó en Río de Janeiro

“En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en villas. En la 1-11-14, el 85% son inmigrantes, en su mayoría ilegales. Si no queremos terminar como Río de Janeiro, hay que erradicarlas y recuperar a los argentinos laburantes que están ahí. ARGENTINA PARA ARGENTINOS, escribió Marra el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X, en el marco del megaoperativo que se llevó a cabo en la ciudad carioca.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro pic.twitter.com/bDivfR3Hrd / X”

EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto.


Para respaldar sus dichos, el legislador compartió un informe del Conicet donde se detalla en porcentaje cuántos hogares migrantes hay en cada una de las villas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.

“El 69% de los migrantes viven en las villas”, remarcó Marra y desarrolló: “Un informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros.

“Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro”, expresó.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue / X”

Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue

“¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Para que no pase lo que estamos viendo en Río de Janeiro, que los narcos tenían tomados a todos los ciudadanos con su delincuencia”, analizó el legislador.

“Te voy a dar un dato de cómo solucionarlo”, siguió en un efusivo video. “La mayoría de los que viven en la villa son inmigrantes ilegales. Hay un informe del Conicet que muestra que hasta el 85% en villas como la 1-11-14 son inmigrantes y en su mayoría ilegales”.

En ese sentido, propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen además la inmigración ilegal y el narcotráfico como ejes centrales dentro de las villas.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU / X”

¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU

“Por eso tenemos que solucionar el tema de las villas junto al tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, porque no queremos ser Río de Janeiro, no queremos sufrir lo que está pasando en Brasil”, insistió.

En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de CABA para combatir narcos y delincuencia.

El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.

Los robos violentos en el conurbano aumentaron 500% durante la última década

El informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) revelado recientemente en noviembre de 2025 documenta un fenómeno delictivo sin precedentes en el área metropolitana. Los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registraron un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024. Esta cifra representa no solo un incremento estadístico, sino una transformación radical en el panorama de seguridad deficiente del conurbano bonaerense antes y después que asumió el actual gobernador Axel Kicillof.

Para contextualizar esta magnitud, los números específicos evidencian la gravedad, revelando cómo la tasa pasó de 3.9 hechos cada 100.000 habitantes en 2015 (411 casos) a 26.8 en 2024 (2.917 casos). Es decir, actualmente se registra aproximadamente uno de cada 3.700 habitantes del GBA como víctima de robo violento anualmente. En términos más cotidianos, esto equivale a un robo violento cada 5 minutos en el conurbano.

El fenómeno no se distribuye de manera uniforme. Los datos recopilados por los expertos Guido Brunetti, Nicolás Vergara y Sebastián Martinenco muestran una concentración clara en los municipios del oeste y sur del GBA, con tasas que duplican o triplican los registros nacionales. En 2024, Quilmes registró la tasa más alta con 44.9 hechos por 100.000 habitantes (311 casos), seguida por Esteban Echeverría (42.4), Merlo (41.0), Malvinas Argentinas (37.0) y Lanús (36.5).

Lo alarmante es que once de los 24 municipios del GBA superan en más del doble la tasa nacional de robos violentos, según señaló el abogado, especialista en criminalidad económica y presidente de FININT, Juan Félix Marteau. Algunos municipios experimentaron incrementos especialmente preocupantes, siendo Merlo que acumuló un aumento del 190% en los últimos dos años, mientras que Lanús registró el mayor crecimiento interanual, con un 80% más de hechos respecto al año anterior.

La evolución temporal revela un patrón bien definido. La tendencia ascendente se mantiene desde 2017, con un crecimiento sostenido hasta 2020, cuando la pandemia de COVID-19 generó una caída brusca de la delincuencia. Durante el confinamiento, los robos cayeron aproximadamente 52.5% en términos de denuncias de delitos contra la propiedad. Sin embargo, tras la flexibilización de las restricciones, se produjo una fuerte reactivación delictiva. Entre 2023 y 2024, los robos violentos crecieron un 37%, pasando de 1.839 a 2.917 casos.

El informe de FININT, junto con análisis de seguridad gubernamentales, identifica tres factores centrales que explican la escalada de robos violentos. En primer lugar, la circulación ilícita de armas de fuego es identificada como un detonante crucial para el incremento de la violencia. Estas armas provienen principalmente de robos en dependencias policiales, de la comercialización de armas decomisadas que no fueron destruidas, y del reciclado de arsenales declarados en desuso por las fuerzas policiales. La disponibilidad de armamento aumenta significativamente la capacidad letal de los delincuentes y, consecuentemente, la violencia empleada en los robos.

El segundo lugar, está el consumo de sustancias y el narcotráfico. Conforme a las encuestas del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires, el 63% de los encuestados identificó la drogadicción y el narcomenudeo como la segunda causa principal de inseguridad, apenas por debajo de la pobreza y marginalidad. No obstante, FININT advierte que no existe necesariamente una relación directa entre la presencia del narcotráfico y la violencia expresada en robos. Ambos fenómenos pueden evolucionar de manera divergente, ya que el narcotráfico opera frecuentemente de forma silenciosa, fuera del radar de las políticas de seguridad, mientras que los robos violentos se concentran territorialmente en municipios específicos.

Finalmente, el último factor son los problemas institucionales en la Policía Bonaerense. La fuerza tiene 100.000 efectivos pero enfrenta cuestionamientos significativos sobre su funcionamiento, capacitación y reformas internas. Fuentes de seguridad advierten que la falta de reformas profundas y la persistencia de problemas internos afectan la capacidad de respuesta ante el delito.

La ola delictiva actual se caracteriza porque no hay más delincuentes, sino que son los mismos pero cometen más delito. Las principales modalidades incluyen entraderas (robos a viviendas), implicando inteligencia previa sobre las viviendas. En el conurbano, los delincuentes rompen puertas, en Capital Federal, trepan en altura. El horario principal es entre las 8 y las 21 horas, cuando los propietarios no están en casa.

Los robos de celulares representa una de las modalidades más preocupantes, con estimaciones de 10.000 arrebatos diarios en la Ciudad de Buenos Aires y 5.000 en el conurbano. El Robo de autopartes y vehículos, donde los delincuentes se llevan ruedas, patentes y estéreos. Esta modalidad cobró especial relevancia en 2024, pues registró 128.477 robos totales en la provincia, con crecimiento del 18% respecto a 2023.

“La provincia está en una de las mejores situaciones de tasa de homicidios de la historia”, afirmó en su momento Kicillof, durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno dada en mayo, en La Plata, donde buscó ligar la problemática por falta de inversión estatal.

EL INFORME COMPLETO

FININT.-Resumen-Ejecutivo.-Homicidios-Robos-y-Suicidios-en-GBA-y-CBA.-20251022

Un aspecto crucial del informe, y que revela la complejidad de la actualidad delictiva, es que mientras los robos violentos explotan sin precedentes, los homicidios dolosos muestran una baja sostenida. La tasa nacional de homicidios pasó de 6.6 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 3.8 en 2024, una caída del 42%. En el GBA, descendió de 8.0 a 5.6 en el mismo período, con 607 víctimas en 2024 frente a 857 en 2015.

De acuerdo con la encuesta del OPSA, la percepción de inseguridad alcanza 6.3 puntos en CABA, pero sube a 8.1 en el GBA Oeste y 7.9 en el GBA Sur, en una escala de 1 (‘muy seguro’) a 10 (‘muy inseguro’). A su vez, existe un problema significativo de cifras negras (delitos no denunciados). Según FININT, cuando un agresor se apodera ilegítimamente de un bien mediante violencia, las víctimas no siempre denuncian, incluso en casos de lesiones. Esto genera un importante subregistro en las estadísticas criminales. Estudios sugieren que los datos oficiales de robos representan solo una fracción de los hechos reales.

Tras la salida de siete diputados, Ritondo reorganiza el bloque PRO y refuerza su liderazgo

El diputado Diego Santilli, fortalecido por su victoria en la provincia de Buenos Aires, planteó su objetivo de mantener la alianza con el Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae, aseguró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza debe “consolidarse y preservarse”, no solo para acompañar la gestión de Javier Milei, sino también para garantizar estabilidad política en el Congreso.

Pérdida de bancas y movimientos internos

Con el recambio legislativo, el PRO pasará de tener 35 a 25 diputados. Este retroceso no solo implica una pérdida numérica, sino también un cambio en la correlación de fuerzas internas. Uno de los casos más resonantes es el de Damián Arabia, expulsado del partido por su cercanía con los libertarios, quien evalúa sumarse a La Libertad Avanza o formar un interbloque afín al oficialismo.

“Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, confió el legislador cercano a Patricia Bullrich. Su salida expone las tensiones que atraviesa la fuerza fundada por Mauricio Macri y acelera los debates sobre el rumbo político del espacio.

Bullrich, entre el respaldo electoral y la interna macrista

La ministra de Seguridad fue una de las figuras más votadas en los comicios del domingo y se posiciona como posible candidata a gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en su entorno reconocen malestar con Mauricio y Jorge Macri por lo que consideró una falta de apoyo en la campaña porteña.

En privado, Bullrich calificó de “maldad” la decisión del expresidente de respaldar solo a Fernando De Andreis, quien resultó electo diputado y es uno de los dirigentes más cercanos al fundador del PRO. En el macrismo consideran que De Andreis será una pieza central en la etapa de reorganización interna.

Reconfiguración del bloque y alineamientos

La conducción de Ritondo y Santilli buscará mantener la alianza parlamentaria con los libertarios, a la vez que reorganiza el bloque propio. Desde ese sector reconocen que “el frente formalizó un trabajo que ya venía ocurriendo desde diciembre de 2023, con el PRO colaborando con el Gobierno desde el primer día”.

Entre los diputados que mantienen esa línea se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, todos reelegidos. La estrategia es sostener un bloque con identidad propia, pero funcional a los proyectos de Milei en materia económica y de reforma institucional.

El rol de Macri y el diálogo con Milei

El expresidente retomó el contacto con el jefe de Estado tras las elecciones. Según trascendió, conversaron sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea presentar el 15 de diciembre. Dirigentes del PRO, como Sergio Capozzi, Diana Fernández Molero y Finocchiaro, participan en la redacción técnica de esos proyectos dentro del llamado Consejo de Mayo.

En paralelo, el entorno de Macri busca consolidar un proceso de renovación interna, con De Andreis como figura emergente y un mensaje dirigido al propio Jorge Macri: “Recuperar los valores originales del PRO y adaptarse a los tiempos actuales”.

El reacomodamiento no solo definirá el futuro del bloque, sino también la relación del macrismo con el poder libertario. En un Congreso fragmentado, el PRO podría convertirse en el aliado indispensable para el oficialismo, o en un actor autónomo que busque reposicionarse de cara a 2027.

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles: todos los requisitos

El gobierno de Javier Milei oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.

La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC, y reglamenta el Decreto 397/25, que había levantado la prohibición para este tipo de armamento.

Para acceder a la tenencia, los solicitantes deberán tener al menos cinco años de antigüedad como usuarios de armas de uso civil condicional, no registrar sanciones ni actuaciones administrativas, disponer de un sector de guarda tipo G2, y presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud, junto a la identificación del material y fotografías.

El requisito central será acreditar “probados usos deportivos”, mediante una certificación de entidad de tiro habilitada o participación en competencias nacionales o internacionales.

Las entidades deportivas también podrán gestionar estas armas para sus socios o con fines didácticos. El costo del trámite será equivalente al de una Tenencia Express más una Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

El nuevo Código Penal de Milei castiga los insultos con hasta 12 años de cárcel

*Por Augusto Grinner

El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.

Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.

Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista

La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.

El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.

Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor

La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.

Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.

La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.

Censura a gente común, a periodistas y a empleadores

El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.

A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.

El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.

Luis D’Elía reconoció haber recibido fondos del régimen venezolano para organizar marchas K

Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.

El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.

D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.

– La contramarcha

Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.

Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.

El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.

La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.

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