Desde el Frente de Todos se niegan a que Fernanda Raverta sea candidata en Mar del Plata
Desde los círculos íntimos del Partido Justicialista la apodan como "La mariscal de la derrota".
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
No es ninguna novedad entender que el Frente de Todos (FdT) se encuentra con diversas divisiones en el interior, haciendo un pasaje por el nivel nacional con el tridente del presidente Alberto Fernández, la vicemandataria Cristina Fernández de Kirchner y el “superministro” Sergio Massa. Ello pareciera replicarse en el Municipio de General Pueyrredón (MGP).
La titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, y el director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, han representado a “La Grieta” peronista en todo su resplandor. Más aún con lo que fueron las elecciones del Partido Justicialista (PJ) en Mar del Plata, con muchos condimentos de por medio.
Rodolfo “Manino” Iriart, director de Correo Argentino y opositor peronista a Fernanda Raverta
A pesar de que el supuesto atentado contra la vicepresidente hizo que la militancia peronista se reuniera (más allá de las grandes discrepancias), hubo grises en lo que fueron las críticas hacia el Gobierno, tanto en la “tibieza” del Presidente como la política financiera. Ahora bien, en “La Feliz” se notó cierta intriga sobre cómo se parará la oposición de cara al 2023.
Según pudo averiguar Data24, actualmente el Frente de Todos es un hervidero entre los “albertistas” y “cristinistas”, en donde quienes se alinean a gremialistas y sindicalistas se encuentran Roberto “Tata” Gandolfi (Movimiento Evita) y Roberto “Chucho” Páez. Por el costado camporista, se fijan su espacio las concejales Marina Santoro y Virginia Sívori.
Raverta es apodada por los círculos internos de Todos en Mar del Plata como “La mariscal de la derrota”
Yendo más en lo profundo, se encuentra la arista del Frente Renovador (FR) con el actual director de Aerolíneas Argentinas, Ariel “Cholito” Ciano, quién comenzaría a sonar como posible precandidato a intendente en el 2023, por la oposición de Todos. El hecho es que, en los círculos de la mesa chica local, se la tiene a Raverta impuesta como “La mariscal de la derrota”, por el mal desempeño del peronismo con ella como punta de lanza.
Por otro lado, “Manino” tampoco sería una cara “favorable” para el núcleo de Todos, debido al currículum de enfrentamientos ocasionados en el peronismo. Con lo cual, no tendría cercanía al Palacio Municipal, más allá de tener personalmente intenciones de ir por la Intendencia en el 2023. Otro más que Raverta.
Ariel Ciano, director de Aerolíneas Argentinas y posible reemplazante de Fernanda Raverta como referente de Todos
Ante todo lo referido, hay 2 aristas disponibles en Mar del Plata, para lo que será la candidatura de Todos en la 2023. Si bien está la posibilidad de unas internas, lo real es que se hablaría demasiado en el radiopasillo del Municipio sobre el desembarco de Ciano, o bien el ingreso de Acción Marplatense a la coalición con el ex intendente Gustavo Pulti a la cabeza. ¿Cómo sigue todo?
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional.
El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.
Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”.
Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.
Radiografía en tiempo real de cada beneficiario
El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles).
Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados.
También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.
Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.
Los datos descubren lo que el Estado no veía
El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.
También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.
El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.
No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.
Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente
El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias.
La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.
En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital.
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.
El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.
Derivaciones automáticas entre organismos
Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos.
Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso.
“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez.
El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.
“Un Estado que anticipa antes de actuar”
Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.
La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena.
La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.
Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.
Alrededor de casi 30 comunas de la provincia de Córdoba denunciaron que arrastran atrasos en los pagos por más de $303.273.148 en el Programa de Atención Médica Integral para jubilados (PAMI), con demoras que superan los seis meses.
La deuda, según los afectados consultados, se suma a créditos impagos anteriores con farmacias y prestadores, y empieza a afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de prestaciones básicas para jubilados y pensionados.
Los locales describen la situación como “insostenible”, luego de haber hecho reclamos formales y pedidos de intervención han quedado sin respuesta. La ausencia de respuestas públicas de quien es el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III de PAMI en Córdoba desde febrero de 2024, Marcos Patiño Brizuela, representando a La Libertad Avanza (LLA) y reemplazando a Olga Riutort. Es el responsable de la gestión de la obra social local junto al integrante del mismo bloque que maneja el sistema de medicinas por medio del poder judicial, Gabriel Bornoroni.
Los municipios cordobeses actúan como prestadores temporales del PAMI en zonas sin médicos de cabecera, atendiendo consultas médicas a jubilados en sus centros de salud. Por cada consulta, el PAMI paga unos $3.000. Esta espiral se agrava por problemas similares con farmacias en Córdoba, donde las deudas alcanzan miles de millones y amenazan cierres.
Desde el PAMI ya habían afirmado que “tanto la dispensa como la provisión de medicamentos” para sus afiliados “no corre ningún riesgo”. Según explicaron, el conflicto se originó a partir de un supuesto “malentendido” derivado de una comunicación interna del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dirigido por Germán Daniele, en la que se señalaba que no estaban llegando las notas de crédito emitidas por los laboratorios.
Desde el PAMI aseguraron que el cronograma de pagos se viene cumpliendo con normalidad y precisaron que las liquidaciones se realizan regularmente durante la última semana de cada mes.
Un relevamiento preliminar sobre la situación financiera revela que, al menos en 29 comunas, la deuda acumulada asciende a $303 millones. Especialistas advierten que el monto podría duplicarse una vez que se incorporen los datos de más de un centenar de localidades que aún no han presentado o consolidado sus cifras.
Entre los casos más significativos aparece el municipio de Inriville, que encabeza el listado con una deuda estimada en $94.048.540. Le sigue Capilla del Monte, con compromisos impagos por $32.811.083. También figuran Serrano, con alrededor de $25 millones de adeudados; Pincén, con $22.472.231; y Charras, donde el monto pendiente alcanza los $11.349.049.
El rol de Bornoroni
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y referente de LLA en Córdoba, es acusado por “no atender llamadas” de intendentes. Su estudio jurídico (Bornoroni y Asociados) influye en la gestión del PAMI provincial, con su socio Marcos Brizuela como titular local, lo que genera reclamos directos.
Su otro confidente es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo Bauzá, el exprimer jefe de Gabinete del expresidente Carlos Menem. Andrés es hoy el delegado provincial de la ANSES, pero no es el único cargo que Bornoroni obtuvo. A Cargo del PAMI local puso a Brizuela.
“Nos dicen que van a pagar a fin de mes, pero ya se acumulan seis vencimientos impagos. Si esto no cambia, cientos de farmacias podrían dejar de atender a los afiliados”, subrayó Germán Daniele, agregando que “el sistema está colapsado”.
Sin pagos, municipios podrían cortar atención a jubilados, rompiendo la red de salud primaria en pueblos remotos y afectando a los más vulnerables. Esto refleja un “descalabro” nacional de deudas del PAMI bajo el gobierno del presidente Javier Milei, con riesgos de quiebre en servicios esenciales.
La deuda
Anteriormente, en agosto del 2024, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dió a conocer que el PAMI mantenía una deuda cercana a los $12.000 millones con las farmacias de la provincia.
Según Germán Daniele, la suma afectaba ya a casi 1.800 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio provincial. “Esa deuda es real”, afirmó en su momento, y advirtió que la mora compromete la sustentabilidad de muchos prestadores locales.
“El que la está padeciendo es el jubilado, que va a su farmacia de barrio, de cercanía, y no encuentra la medicación porque la farmacia no puede reponer su stock porque la droguería le cortó la cuenta por falta de pago”, demandó Germán Daniele.
Aunque la deuda disminuyó $11.697 millones, el monto a saldar aún persiste, sobre todo para quienes son “PAMI dependientes”.
El conductor Tomás Dente lanzó una andanada al aire contra Juan Pablo Luque, diputado nacional por Unión por la Patria, al que señaló como responsable político de la muerte del pequeño Ángel, el niño de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia. El detonante fue la viralización de una publicación en la plataforma X, donde la usuaria Nancy Aleuy difundió recortes del Boletín Oficial municipal de noviembre de 2022 con la Resolución 4.330-22, mediante la cual se oficializó el ingreso de la psicóloga Jennifer Leyva al equipo técnico del Servicio de Protección de Derechos local durante la gestión de Luque al frente de la intendencia.
En tal sentido, el conductor incluyó a Luque dentro de la cadena de responsabilidades que derivó en la muerte del niño: “A ese tipo le pagás un sueldo vos, como actual diputado, pero en su momento la designó a esta mina, que es también la responsable dentro de la cadena de responsabilidades de la muerte de Ángel, y está como si nada, va a apoyar el culo ahí al recinto tres, cuatro veces por semana, cobran millones, regurgitan cuatro o cinco pelotudeces y se vuelven a su casa”.
Dente también apuntó contra la madre biológica del menor y describió lo que consideró un patrón de conducta: “Lo había denunciado falsamente al papá de su otra hija en Misiones, es su modus operandi. Sinvergüenza, esta mujer. Tiene otra hija que era la hermana de este angelito, que ahora está, gracias a Dios, tiene la tenencia de su papá biológico allá en Misiones, pero lo había denunciado falsamente también, el mismo modus operandi, el mismo”. El conductor cuestionó además a la Justicia por haber forzado la revinculación.
Luque, por su parte, rechazó las acusaciones y las calificó de “campaña sucia”. Sostuvo que en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia los nombramientos se realizan por concurso y que el servicio de protección “depende del gobierno provincial y la Defensoría forma parte del Poder Judicial”.
En el plano judicial, la causa avanzó de forma contundente. Tras conocerse el informe forense que confirmó que Ángel murió como consecuencia de múltiples traumatismos dirigidos, detuvieron a la madre biológica y a su pareja. Ambos permanecen privados de su libertad a la espera del proceso judicial, mientras la investigación continúa para reconstruir el derrotero de inacciones que derivó en el trágico final.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
La exdiputada nacional Soledad Carrizo quedó posicionada como una de las piezas políticas que La Libertad Avanza eligió para ampliar su estructura en Córdoba. Tras haber cuestionado con dureza a Javier Milei en 2025, la dirigente radical fue designada como vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y pasó a desempeñar un rol central en el esquema de construcción territorial que encabezó Gabriel Bornoroni, con la mira puesta en la disputa por la Gobernación de 2027.
La incorporación de Carrizo al organismo nacional fue oficializada por el decreto 212/2026, que confirmó su llegada en representación del Poder Ejecutivo Nacional dentro de un ente que dependió del Ministerio de Capital Humano y que tuvo injerencia directa en la articulación con cooperativas, mutuales y municipios del interior. Su arribo al directorio se esperaba desde diciembre, cuando concluyó su mandato en la Cámara de Diputados.
En términos políticos, el movimiento consolidó un vínculo que ya se venía aceitando entre Carrizo y el armado libertario cordobés. Bornoroni exhibió su acuerdo con la exdiputada radical y le encomendó una tarea específica: salir a buscar intendentes radicales dispuestos a integrarse al espacio opositor que La Libertad Avanza buscó consolidar hacia 2027, cuando Martín Llaryora pusiera en juego su reelección.
De ese modo, se hizo explícito que Carrizo fue la elegida para conducir la llamada pata radical del armado libertario en la provincia. El objetivo fue tender puentes con jefes comunales boina blanca desencantados con la dinámica interna de la UCR o abiertos a cambiar de rumbo político. Esa movida apuntó, además, a disputar uno de los activos más importantes de Rodrigo de Loredo, que hasta ahora fueron los intendentes radicales sobre los que apoyó su propia proyección a gobernador.
El giro político de Carrizo contrastó con sus propias declaraciones de un año antes. Cuando Milei abrió el período de sesiones ordinarias de 2025, la entonces diputada marcó fuertes cuestionamientos al Presidente. “Las promesas mesiánicas no son el camino”, escribió en sus redes sociales al finalizar el discurso presidencial. También sostuvo: “No tuvo eufemismos en promover la intervención en el Poder Judicial. Redujo la obra pública en un mero negociado cuando sabemos que es un motor de la economía real”.
Sin embargo, con el correr de los meses, Carrizo comenzó a acercarse al oficialismo nacional. Ese viraje se produjo desde una construcción política cuya terminal fue Alfredo Cornejo, un dato que también ayudó a explicar su nuevo posicionamiento dentro del radicalismo y su sintonía con el armado libertario. Desde el tramo final de su banca acompañó casi todas las leyes clave del Gobierno y en octubre respaldó la lista libertaria que encabezó Gonzalo Roca, mano derecha de Bornoroni. Ante los suyos, repitió una definición que buscó explicar ese viraje: “Yo no me hice libertaria, pero aporto mi experiencia a un Gobierno que está cambiando al país”.
Ese reposicionamiento quedó confirmado también en una entrevista que Carrizo concedió a Perfil el 21 de febrero de 2026, donde asumió abiertamente su papel como articuladora radical dentro de una alianza encabezada por La Libertad Avanza. “Me animé a “salir del clóset”: soy una radical que no se oculta para decir que quiere una alianza con LLA, con el PRO, con el Frente Cívico y seguramente más actores”, afirmó.
En esa misma entrevista, explicó que su decisión respondió a una construcción política más amplia y confirmó su trabajo conjunto con Bornoroni y otros referentes del oficialismo. “Gabriel (Bornoroni) me invitó y ya estamos trabajando con otras figuras como Laura (Rodríguez Machado) y Patricia Bullrich. Tenemos campañas al hombro con Laura. Me tildaron de traidora, pero cuando me decían que el candidato radical no movía el amperímetro, entendí que esta es una confluencia lógica”, señaló.
Frente a las acusaciones internas por su acercamiento a Milei, Carrizo rechazó haber traicionado al radicalismo. “No me considero traidora. Muchos radicales hicieron sociedades con anterioridad sin preguntarle al partido. Soy una dirigente con más de 20 años en política y nadie puede dudar de mi radicalismo; nunca transé con el peronismo”. Y agregó: “Hay mucha hipocresía de quienes no quieren hablar sobre la mesa de cuestiones lógicas mientras esconden arreglos con el peronismo”.
Carrizo también definió cuál sería su función concreta dentro del nuevo esquema. “Mi rol es ser nexo con las generaciones nuevas y la articuladora entre los dirigentes del radicalismo que se quieran sumar a la mesa provincial de LLA. Gabriel ve esa posibilidad en mí, de explicar qué queremos de cara al futuro”. En paralelo, remarcó que buscó construir un camino propio dentro de la UCR. “Hace mucho decidí tomar un camino propio y abrirme de Confluencia (mestrismo). Sentía que mi ciclo ahí había culminado”.
La apuesta territorial de Carrizo no quedó limitada al plano partidario. Su desembarco en el INAES le dio una plataforma con volumen propio para intervenir en el interior provincial. En Córdoba funcionaron más de 250 cooperativas de servicios públicos distribuidas en distintos municipios, estructuras con peso político y capacidad de gestión local. En muchos casos, sus presidentes tuvieron tanta influencia como los propios intendentes. Allí se concentró una parte central de la estrategia libertaria.
Con ese giro, la exdiputada que en 2025 condenó el “mesianismo” de Milei pasó a ocupar un lugar dentro del Gobierno nacional y a convertirse en una de las armadoras del proyecto libertario en Córdoba, con la tarea de atraer radicales, disputar territorio y fortalecer la candidatura provincial de Bornoroni.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
En la segunda audiencia del juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ramón “Tito” López vinculó al exgobernador K a la causa que lo tiene como principal imputado junto a su familia.
El organismo antilavado retiró del buscador principal las resoluciones de multas firmes con más de cinco años de antigüedad. La decisión fue justificada como una forma de evitar futuros reclamos por “derecho al olvido”.
Las contrataciones incluyeron panificados para la Casa Rosada y Olivos, cortes premium para la residencia presidencial y servicios de catering y cafetería para la Cámara de Diputados, pese al discurso oficial de austeridad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
