Desde el Frente de Todos se niegan a que Fernanda Raverta sea candidata en Mar del Plata
Desde los círculos íntimos del Partido Justicialista la apodan como "La mariscal de la derrota".
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No es ninguna novedad entender que el Frente de Todos (FdT) se encuentra con diversas divisiones en el interior, haciendo un pasaje por el nivel nacional con el tridente del presidente Alberto Fernández, la vicemandataria Cristina Fernández de Kirchner y el “superministro” Sergio Massa. Ello pareciera replicarse en el Municipio de General Pueyrredón (MGP).
La titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, y el director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, han representado a “La Grieta” peronista en todo su resplandor. Más aún con lo que fueron las elecciones del Partido Justicialista (PJ) en Mar del Plata, con muchos condimentos de por medio.
Rodolfo “Manino” Iriart, director de Correo Argentino y opositor peronista a Fernanda Raverta
A pesar de que el supuesto atentado contra la vicepresidente hizo que la militancia peronista se reuniera (más allá de las grandes discrepancias), hubo grises en lo que fueron las críticas hacia el Gobierno, tanto en la “tibieza” del Presidente como la política financiera. Ahora bien, en “La Feliz” se notó cierta intriga sobre cómo se parará la oposición de cara al 2023.
Según pudo averiguar Data24, actualmente el Frente de Todos es un hervidero entre los “albertistas” y “cristinistas”, en donde quienes se alinean a gremialistas y sindicalistas se encuentran Roberto “Tata” Gandolfi (Movimiento Evita) y Roberto “Chucho” Páez. Por el costado camporista, se fijan su espacio las concejales Marina Santoro y Virginia Sívori.
Raverta es apodada por los círculos internos de Todos en Mar del Plata como “La mariscal de la derrota”
Yendo más en lo profundo, se encuentra la arista del Frente Renovador (FR) con el actual director de Aerolíneas Argentinas, Ariel “Cholito” Ciano, quién comenzaría a sonar como posible precandidato a intendente en el 2023, por la oposición de Todos. El hecho es que, en los círculos de la mesa chica local, se la tiene a Raverta impuesta como “La mariscal de la derrota”, por el mal desempeño del peronismo con ella como punta de lanza.
Por otro lado, “Manino” tampoco sería una cara “favorable” para el núcleo de Todos, debido al currículum de enfrentamientos ocasionados en el peronismo. Con lo cual, no tendría cercanía al Palacio Municipal, más allá de tener personalmente intenciones de ir por la Intendencia en el 2023. Otro más que Raverta.
Ariel Ciano, director de Aerolíneas Argentinas y posible reemplazante de Fernanda Raverta como referente de Todos
Ante todo lo referido, hay 2 aristas disponibles en Mar del Plata, para lo que será la candidatura de Todos en la 2023. Si bien está la posibilidad de unas internas, lo real es que se hablaría demasiado en el radiopasillo del Municipio sobre el desembarco de Ciano, o bien el ingreso de Acción Marplatense a la coalición con el ex intendente Gustavo Pulti a la cabeza. ¿Cómo sigue todo?
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En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.
El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.
Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.
En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.
La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.
— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log
Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.
La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.
*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
El embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, confirmó públicamente que Israel inició las gestiones formales para instalar un consulado honorario en Ushuaia, cuya jurisdicción abarcaría la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La elección de esa demarcación geográfica —que incluye nominalmente las Malvinas— no es inocente. Al reconocer esa jurisdicción, Israel está avalando implícitamente que esas islas pertenecen a la esfera soberana argentina.
El mismo embajador Sela recordó que esta apertura se enmarca en una postura ya expresada por el canciller israelí Gideon Sa’ar, quien durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2026 dijo que“Israel está a favor de una negociación entre Argentina y Reino Unido sobre el futuro de las islas”.
— Embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela
Un consulado honorario es una forma de representación diplomática más liviana que un consulado de carrera. Sus funciones son limitadas, pero cumplen un papel clave en la asistencia a ciudadanos del país que representa en el exterior, la promoción comercial, económica, cultural y turística, y la gestión de trámites consulares básicos. Además, contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y permite ampliar la presencia de la embajada en zonas alejadas o de difícil cobertura.
“En el sillón de Rivadavia gestiona el Departamento de Estados Unidos, y en el Ministerio de Seguridad está el Mossad. Estamos viviendo una intervención similar a la dictadura militar”, afirmó el excombatiente de Malvinas y socio fundador del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), Ernesto Alonso.
A diferencia de un cónsul de carrera —funcionario de Estado con rango diplomático pleno—, el cónsul honorario suele ser un ciudadano del país receptor (en este caso, un argentino de confianza) que actúa de manera honorífica, sin sueldo estatal ni inmunidad diplomática de plena jerarquía. Lo que importa no es la robustez institucional de la sede, sino el mensaje político que envía al mundo al crearse bajo esa jurisdicción.
— El canciller israelí Gideon Sa’ar
El pasado 18 de febrero de 2026, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU presidida por el Reino Unido, Gideon Sa’ar respondió a las críticas británicas sobre la política israelí en Cisjordania con un golpe retórico que sorprendió a todos. En lugar de una respuesta técnica, Sa’ar comparó la situación de Israel en sus territorios históricos con el reclamo británico sobre las Malvinas.
“Es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”, afirmó Sa’ar.
— Reunión bilateral celebrada en el Palacio San Martín, durante la visita oficial del entonces Canciller de Israel a Argentina en noviembre de 2025
La frase fue calculada, ya que en el foro más importante del mundo, con el representante británico presidiendo la sesión, Israel le recordó a Londres que tiene sus propios problemas irresueltos de soberanía a miles de kilómetros de distancia. El argumento central era que quien mantiene disputas territoriales a 13.000 km de su hogar no tiene autoridad moral para dar lecciones sobre territorios propios a otros. La mención fue viral y el presidente Javier Milei agradeció personalmente a Sa’ar por ello, en una reunión bilateral en Washington.
La elección de Ushuaia tampoco es un punto de vista llamativamente estratégico. Ushuaia se presenta como una ciudad con rasgos geográficos y geopolíticos singulares. Es uno de los principales puntos logísticos de acceso a la Antártida, a poco más de 1.000 kilómetros del continente blanco, y cumple además un rol central como plataforma turística y científica hacia esa región.
La elección del presidente Javier Milei fue un doble milagro: para Argentina y para el pueblo judío.Su victoria en las elecciones parlamentarias del mes pasado fue un paso importante para consolidar su gobierno y encaminar a Argentina por la senda correcta.Su amor por el… pic.twitter.com/CumKBK5Koq
Su ubicación estratégica también la vincula con el área de influencia del Estrecho de Magallanes y del Canal de Beagle, dos pasos naturales bioceánicos que funcionan como alternativas al Canal de Panamá y que tienen relevancia para el comercio marítimo internacional. En ese mismo tablero, la Antártida cobra peso por sus recursos potenciales, entre ellos agua dulce, hidrocarburos y minerales estratégicos, en un escenario marcado por las restricciones del Tratado Antártico y por la discusión que se abriría hacia 2041, cuando comience a definirse parte de su futuro.
En ese escenario, el interés de Estados Unidos por una eventual base naval en Ushuaia, impulsado en 2025, se inscribe en una lógica más amplia de alineamiento de la Argentina con Washington.
Israel habla de soberanía… y también perfora
Mientras el gobierno israelí apoya diplomáticamente la posición argentina, la empresa israelí Navitas Petroleum avanza activamente en la extracción de petróleo en las aguas de Malvinas bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
Navitas Petroleum, compañía que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y cuenta con financiamiento parcial de fondos de pensión israelíes, firmó un memorando de entendimiento para adquirir el 65% de la licencia PL001, en la Cuenca Norte de Malvinas, un área con un potencial estimado de 3.100 millones de barriles. La firma también controla el 65% del proyecto Sea Lion, considerado el mayor desarrollo petrolero del Atlántico Sur fuera de Brasil, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares y una producción prevista para 2028. En ese emprendimiento, Navitas tiene como socia a Rockhopper Exploration, una empresa británica sancionada por Argentina desde 2013.A su vez, el Estado argentino sancionó a Navitas en 2022, al declararla “clandestina” e inhabilitarla para operar durante 20 años.
Ante la protesta argentina, el canciller Sa’ar salió a decir que Navitas “es una empresa privada y no una compañía estatal” y que el Estado israelí no tiene vinculación con sus operaciones. Sin embargo, como señala el Observatorio Malvinas, la empresa cotiza bajo la regulación de la Autoridad de Valores de Israel —un organismo estatal— y sus principales inversores son fondos institucionales israelíes, incluyendo fondos previsionales del Estado.
El escándalo fue tan grande que, en diciembre de 2025, el gobierno argentino puso “en pausa” el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén —una de las promesas más simbólicas de Milei— como señal de disgusto. La situación quedó reencauzada meses después, cuando Milei viajó a Israel en abril de 2026 y firmó los Acuerdos de Isaac con su homólogo Benjamín Netanyahu.
Todo lo anterior ocurre dentro de una alianza bilateral sin precedentes históricos. Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en brindar un apoyo activo total a Israel durante la guerra en Gaza. En ese marco, Milei realizó tres visitas a ese país en menos de tres años y fue distinguido en abril de 2026 con la medalla presidencial del honor israelí.
A su vez, ambos Estados avanzaron en la firma de los Acuerdos de Isaac, un esquema de cooperación estratégica en materia de defensa, democracia y lucha contra el terrorismo. A ello se sumó el anuncio de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv operada por El Al a partir de noviembre de 2026, junto con la apertura de una agregaduría económica israelí en Buenos Aires para promover inversiones en sectores como energía, salud digital y ciberseguridad. En ese contexto, el canciller Sa’ar sostuvo que 2025 había sido “el mejor año” en la relación bilateral entre Israel y Argentina y anticipó que 2026 podría superarlo.
En este marco, el respaldo a Malvinas y el consulado en Ushuaia se inscriben en una lógica de reciprocidad diplomática. Argentina apoya a Israel en los foros internacionales donde está aislado (por Gaza), e Israel apoya a Argentina en la causa Malvinas donde está aislada (por la negativa británica a negociar).
Israel no respaldaría a Argentina por convicción sobre el derecho argentino a las Malvinas —de hecho, su empresa privada más relevante en la región está extrayendo recursos bajo licencia británica—, sino porque ese respaldo le sirve como palanca de presión simbólica contra el Reino Unido en el contexto de la ruptura por el reconocimiento de Palestina. Al mismo tiempo, le permite profundizar su relación estratégica con el gobierno de Milei, que es uno de los poquísimos aliados que Israel tiene en América Latina y en los foros multilaterales.
La fractura Israel-Reino Unido por Palestina
Para entender por qué Israel usó Malvinas como munición diplomática, hay que retroceder a septiembre de 2025, cuando el Reino Unido —junto a Canadá, Australia y Portugal— reconoció formalmente al Estado de Palestina. Israel reaccionó con dureza, y su cancillería calificó la decisión como “una recompensa para Hamás” y la describió como “el fruto de la masacre del 7 de octubre”.
Históricamente, el Reino Unido fue uno de los aliados más confiables de Israel en foros multilaterales. El reconocimiento palestino rompió esa relación y dejó a Israel buscando nuevas cartas en el tablero diplomático. La hipótesis que señala el Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de Río Negro es que Israel estaría utilizando su respaldo a la postura argentina como señal de represalia simbólica hacia Londres.
No se trata de un reconocimiento formal de soberanía argentina —que tendría consecuencias diplomáticas muy costosas con Londres y Washington—, sino de una presión táctica que “juega a la incomodidad” de Gran Bretaña sin cruzar líneas rojas.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, Roque Fleitas, utilizó un salón de la administración PAMI —un espacio destinado a jubilados y pensionados— para realizar un acto partidario en la ciudad de Crespo, donde defendió al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y lanzó la campaña por la reelección del presidente Javier Milei en 2027. El hecho generó reacciones tanto fuera como dentro del propio oficialismo.
“A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes”, afirmó Fleitas, haciendo hincapié en la inocencia de Adorni.
Fleitas es también diputado provincial de LLA. Fue elegido en la asamblea provincial de enero de 2025 como primer presidente partidario en la historia de LLA en esa provincia, tras ganar una disputa interna frente al sector del diputado nacional Beltrán Benedit. Además de su cargo partidario, es padre de Rebeca Fleitas, legisladora porteña que también participa activamente en la política entrerriana.
Al evento asistieron el diputado nacional Andrés Laumann (conocido en los medios como el “Batman libertario”) y la senadora nacional Romina Almeida. También estuvo presente María Celina Ledesma, titular de la delegación de ANSES en Paraná y vocal provincial del partido.
Durante el acto, Fleitas pronunció el llamado a la reelección de Milei y la defensa de Adorni. En ese momento, Adorni ya venía atravesando una grave crisis política y judicial por presunto enriquecimiento ilícito, compra de propiedades sin justificación patrimonial y gastos inconsistentes con su sueldo como funcionario.
— Roque Fleitas, junto a autoridades partidarias de Concordia, tras ser elegido titular del Comité Ejecutivo Provincial de LLA en 2025
Para entender el discurso de Fleitas es clave saber qué estaba pasando con Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo investigaba por enriquecimiento ilícito desde que asumió como funcionario, Adorni compró al menos dos propiedades —un departamento en Caballito y una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz— financiadas con préstamos privados de jubiladas y policías, y realizó obras suntuosas pagadas en efectivo y sin factura.
A su vez, se investigó si viajó a Aruba y Punta del Este en vuelos privados con costos no declarados. Ante todo esto, Adorni insistió en que no cometió delitos, pero finalmente presentó su renuncia el 27 de junio de 2026.
La imagen negativa de Adorni había llegado al 80% según encuestas internas del propio oficialismo, por lo que la conducción nacional de LLA había pedido expresamente que se dejara de usarlo como “activo” político.
— Joaquín Benegas Lynch en un acto político de la conducción de Roque Fleitas en 2025
El episodio provocó dos críticas simultáneas desde Buenos Aires, ambas dirigidas al sector de Fleitas. Por un lado, le reprocharon haber salido en defensa de Adorni, cuando desde el área de comunicación del Gobierno ya se había dado la bajada de línea de no insistir con su imágen, considerado un lastre para el oficialismo. Fleitas desoyó esa directiva.
Por otro, quien salió a desmentir parte de la información fue la propia ministra Sandra Pettovello: “PAMI no está bajo la órbita del Ministerio de Capital humano sino del Ministerio de salud. Aunque mientan los pasquines vale la pena informar”.
En su entorno aseguran que existe una instrucción expresa de no mezclar la gestión de organismos públicos con actos de carácter partidario. Incluso, de acuerdo a lo trascendido, en el Gobierno comenzaron a hablar de “cortar cabezas”.
La reacción local
Lo paradójico del caso es que todos los involucrados en el acto —Fleitas, la directora de la delegación de PAMI de Crespo, Lorena Werner y Ledesma de ANSES— responden al operador político cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Esto abre una disputa interna entre distintas facciones del propio oficialismo.
En Crespo —una ciudad conocida como la Capital Nacional de la Avicultura— vecinos y referentes locales expresaron su indignación por que se haya usado el salón de jubilados para un acto político, especialmente en un contexto de recortes y ajuste en los haberes previsionales. Ledesma, lejos de bajar el tono, salió a defender el evento en redes sociales calificando las críticas de “fake New Opereta KK”, lo que profundizó la polémica.
“En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones”, subrayaron fuentes de la localidad de Crespo, al medio La Política Online.
La Ley 19.032 que creó el PAMI establece que el organismo tiene por objeto prestar servicios a jubilados y pensionados. El uso de sus instalaciones para actos proselitistas no está contemplado en ese marco y entraría en contradicción con el principio de neutralidad política que deben mantener los organismos del Estado. Adicionalmente, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) prohíbe a los funcionarios usar recursos del Estado en beneficio de partidos políticos. Si la directora de la delegación de PAMI en Crespo autorizó el uso del salón para el acto, podría ser pasible de sanciones administrativas e incluso penales.
El PAMI es la obra social más grande de Argentina, creada en 1971. Cubre a más de 3.8 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Sus instalaciones —delegaciones, salones, centros de jubilados— son espacios públicos financiados con aportes de trabajadores y jubilados, destinados exclusivamente a prestaciones de salud, recreación y bienestar de los adultos mayores
El organismo tiene presencia territorial mediante delegaciones locales. En Crespo, Entre Ríos, existe una oficina del PAMI con un salón que habitualmente se usa para actividades de los jubilados afiliados. Usar ese espacio para un acto político implica convertir un recurso estatal de los jubilados en una herramienta de clientelismo partidario.
Un registro filmado dentro del Hospital Interzonal “Dr. Alejandro Korn”, en la localidad de Melchor Romero (partido de La Plata), exhibió filtraciones de agua, humedad, moho en paredes y techos, y mobiliario roto en distintos sectores del establecimiento en claros signos de deterioro estructural.
“El hospital “Dr. Alejandro Korn” agoniza. Los trabajadores ya no damos más”, destacaron los integrantes asalariados, cuestionando que en lugar de dar respuestas a los problemas denunciados, la dirección haya optado por amenazar con sanciones a quienes documenten la situación, preguntándose “¿Qué es lo que quieren ocultar?”. El reclamo apunta en tres niveles de responsabilidad, empezando por la conducción local de la directora ejecutiva Belén Maruelli, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, y el gobierno provincial del gobernador Axel Kicillof.
— El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak junto a Belén Maruelli
“Los pacientes no pueden esperar y los trabajadores no pueden seguir sosteniendo solos un hospital que se cae a pedazos”, expresaron desde el personal, quienes en numerosas ocasiones aportan recursos propios para garantizar la atención de los pacientes.
El material fue difundido por trabajadores del nosocomio que denunciaron que la institución “atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años” debido a problemas de infraestructura, falta de servicios esenciales y carencia de insumos.
Las fotografías e imágenes recientes revelan una serie de riesgos concretos y actuales dentro del predio sanitario. En distintos sectores se observan tubos de gas envasado conectados mediante mangueras y reguladores a cocinas industriales encendidas, en un momento en el que el hospital no contaría con suministro regular de gas natural. También circuló la versión de una presunta pérdida de gas en las cercanías de la central de abastecimiento de oxígeno, un dato que no pudo ser verificado de manera independiente, pero cuya sola posibilidad ameritaría una inspección urgente.
A ello se suman fallas de climatización en áreas críticas como Terapia Intensiva, Guardia, Quirófanos y Enfermería, mientras que una caldera funcionaría apenas al mínimo en Clínica Médica, Cirugía y Partos. En Salud Mental, pacientes habrían debido cubrirse con hasta cinco frazadas para soportar el frío extremo en las salas. El cuadro se completa con alimentos en estado de descomposición, como tomates aplastados y repollo podrido, además de reiteradas denuncias por la presencia de cucarachas en Guardia. También persisten filtraciones crónicas en el techo de la sala Charcot, que obligaron a trasladar pacientes pese a reparaciones que habrían demandado varios millones de pesos.
En otro sector del predio se acumulan cartones vinculados a la cooperativa de Cartoneros Platense en la exsala Cabred, así como ramas, escombros y basura detrás de la exsala F, material altamente combustible dentro de una institución médica. A esto se añade el caso de un paciente externado que vivió durante cuatro años en una sala abandonada del complejo y que, tras ser desalojado, hoy duerme en la garita de una parada de colectivo, asistido por los propios trabajadores.
Estos hallazgos se suman a fallas recientes de infraestructura, como un generador que dejó al hospital sin luz y una rotura de llave maestra que cortó agua y gas, forzando traslados de pacientes de noche y bajo lluvia con bajas temperaturas.
Hacinamiento y falta de psiquiatras
El sector de salud mental, con capacidad para 22 personas, alojaba 29 pacientes al momento de la denuncia, un hacinamiento que se agrava por la falta de médicos psiquiatras. Este déficit no es momentáneo. En 2019 el gremio de la Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia (CICOP) advertía sobre la falta de psiquiatras para cubrir las guardias de salud mental en ese mismo hospital. En la denuncia actual, parte de la atención la sostienen médicos jubilados que regresan a cubrir vacantes sin reemplazo, lo que refleja una escasez estructural de personal que se arrastra desde hace años.
El lugar no es un centro hospitalario cualquiera, ya que viene siendo objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos desde hace más de una década. Ya en 2014 y 2015 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria documentaron 53 muertes en nueve meses sobre una población de 750 personas internadas, además de prácticas como sujeción física, aislamiento y sobremedicación que calificaron de trato cruel, inhumano o degradante. Ese informe derivó en una intimación judicial que obligó a la provincia a mejorar las condiciones edilicias y sanitarias de la institución.
En 2017, un nuevo informe conjunto sobre la situación de las mujeres internadas —217 de las 526 personas alojadas entonces, con un promedio de 25 años de encierro— volvió a señalar la falta de privacidad, el hacinamiento y la ausencia de políticas de externación sustentable. En 2017 también el gremio médico de la CICOP denunció la falta de pediatras y “un desinterés tremendo de las autoridades”. Es decir, la crisis actual no es un hecho puntual, sino la continuación de un patrón de abandono institucional perpetuo que atraviesa distintas gestiones provinciales.
El 19 de julio de 2026 el hospital quedó sin suministro eléctrico luego de que fallara un generador y a esa situación se sumó la interrupción de agua y gas por la rotura de una llave maestra, problemas que —según el personal— seguían sin resolverse días después. Pacientes internados debieron soportar frío extremo y, durante una noche de lluvia, algunos fueron trasladados entre distintos pabellones para resguardarlos por las malas condiciones edilicias.
Días antes, el 16 de julio, un paciente pediátrico no pudo ser derivado porque la ambulancia disponible no tenía combustible, y otra persona sufrió una intoxicación por gases que ingresaron desde el caño de escape de un móvil sanitario durante un traslado. En cuanto a la guardia, los trabajadores señalaron faltantes de sueros, monitores, camillas y sillas de ruedas, y remarcaron que el hospital no cuenta actualmente con tomógrafo en funcionamiento.
¿Protección de pacientes o mordaza a los trabajadores?
El 14 de julio de 2026, Maruelli firmó un memorándum dirigido a todo el personal que invoca la necesidad de garantizar ambientes laborales “cuidados, saludables y libres de violencias”. El documento advierte sobre “deslinde de responsabilidad y sanciones” ante ciertas conductas en redes sociales.
Esto sería clave, junto con obligaciones legítimas —confidencialidad de pacientes, secreto profesional, prohibición de difundir imágenes de usuarios sin consentimiento— incluye también la difusión de fotos, vídeos o audios tomados en el ámbito laboral sin autorización institucional, e incluso el uso de imágenes de las propias instalaciones del hospital. A su vez, prohíbe filmar dentro del establecimiento, dentro o fuera del horario laboral, sin autorización.
Esta última parte es la que generó el escándalo, siendo que mientras existe un marco legal legítimo para proteger la intimidad clínica de los pacientes (el cuidado de datos personales), extender esa protección a las imágenes de las instalaciones del hospital —cocinas, techos, depósitos de residuos— no protege a nadie en particular, sino que impide que se documenten problemas de infraestructura, higiene y seguridad que no involucran identidad de pacientes. Casos similares de esta institución ya habían llegado a medios locales, con empleados denunciando amenazas para “ocultar la crisis sanitaria”.
Vale contextualizar que Kreplak y Kicillof ya enfrentaron otras denuncias sobre gestión sanitaria provincial este año, incluyendo un caso de ambulancias sin entregar en otro hospital bonaerense, y que Kreplak es hermano del juez federal que investiga el caso del fentanilo contaminado, lo que en 2025 generó tensión política adicional con la Casa Rosada.
Esto muestra que la cartera de Salud bonaerense atraviesa un momento de controversia pública alta, en el que hechos como el de Melchor Romero se vuelven parte de un patrón más amplio de cuestionamientos a la administración bonaerense.
La disputa entre Nación y Provincia por el financiamiento de la salud
Para entender por qué esta crisis se atribuye a la “gestión de Kicillof” hay que ubicarla dentro de la disputa política y presupuestaria entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional del presidente Javier Milei en torno al financiamiento del sistema sanitario. Nicolás Kreplak, expuso en 2026 que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional se redujo un 40% respecto de 2023, y que un ajuste adicional de $63.000 millones afectó partidas de vacunas, medicamentos e insumos. De acuerdo a esos datos, la ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales del conurbano bonaerense se ubica entre el 80% y el 90%, y las internaciones totales en hospitales públicos aumentaron un 35% entre 2023 y 2025.
Durante mayo de 2026, la Provincia denunció un nuevo recorte de fondos nacionales para salud, incluyendo partidas para fortalecimiento de sistemas provinciales, medicamentos e insumos médicos, en un contexto de crecimiento del 12% en la demanda hospitalaria desde que asumió Milei. Kicillof, por su parte, ha responsabilizado reiteradamente al gobierno nacional por lo que calificó de “catástrofe sanitaria”, señalando la caída de la coparticipación y el recorte de transferencias como causas centrales de la falta de recursos en los hospitales provinciales.
Al mismo tiempo, la Provincia le reclama a la Nación deudas millonarias vinculadas a hospitales de gestión compartida, mientras Nación responde que es la Provincia la que mantiene deudas con esos mismos hospitales por más de $507.000 millones.
Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, arrastra un tendal judicial tras su caída en el Yategate y la posterior aparición de fajos de dólares en el vestidor de su casa de San Vicente, hechos que lo mantienen imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Por su parte, Juan Nápoli es el presidente del Banco de Valores, ex candidato a senador de La Libertad Avanza y un hombre de extrema cercanía con Javier Milei. La entidad financiera de Nápoli se encuentra bajo la lupa de la jueza federal María Servini por sospechas de haber sido el canal principal parael lavado de activos y maniobras con el dólar bluede la financiera Sur Finanzas, ligada directamente al entorno de Insaurralde y a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Los lazos económicos entre la cúpula oficialista y los operadores kirchneristas exponen un entramado de negocios cruzados de larga data. El propio Javier Milei arrastra un antecedente comercial directo en este ecosistema, habiendo sido contratado en el pasado para hacer la publicidad de CoinX World, una firma cripto cuyo dueño era socio de los mismos financistas que hoy manejan la red de lavado vinculada a Insaurralde. Esta red de vínculos previos y favores económicos cruzados fundamenta las sospechas sobre la connivencia entre el dinero negro de la política tradicional y la nueva elite financiera del mileísmo.
Juan Nápoli junto a Javier Milei en una charla.
El video de la impunidad
Un registro audiovisual filmado a la medianoche del sábado 11 de julio en Puerto Madero expuso la convivencia entre ambos mundos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. En la grabación se observa a Insaurralde relajado, fumando un habano y cantando temas de cancha a escasos centímetros de Juan Nápoli, quien comparte la celebración entre copas de alcohol.
El dato que oscurece la escena es que, como se adelantaba, la Justicia federal ya allanó el banco de Nápoli en una causa por lavado directamente vinculada al entorno del exintendente, un entramado que se profundizará más adelante.
Martín Insaurralde fumando un habano y festejando junto a Juan Nápoli.
Tras la difusión, la respuesta de Nápoli consistió en un descargo cínico donde exigió el derecho a la intimidad, asegurando ante la prensa que no tiene nada que ocultar. La defensa del banquero se centró en sugerir que esto no tendría que haberse sabido, instalando la lógica de que el problema radica simplemente en haber sido grabado.
Esta postura choca de frente con el archivo de sus propios aliados: fue el exjefe de gabinete de Nación, Manuel Adorni, quien sentenció en sus redes que los funcionarios públicos no tienen privacidad y que su vida privada es automática y totalmente pública. Alegar un asunto privado resulta un absurdo insostenible cuando el video es la evidencia explícita de un vínculo estrecho de amistad y celebración compartida.
El tuit de Juan Nápoli: “tengo derecho a la intimidad”.
La doble vara de los auto-percibidos libertarios queda expuesta al imaginar cómo reaccionaría el arco oficialista si una figura opositora, como por ejemplo Elisa “Lilita” Carrió, apareciera de fiesta con la corrupción kirchnerista; el ataque mediático habría sido inmediato. El escenario del encuentro fue el departamento deRodrigo Fernández Prieto, un empresario conocido como el Príncipe de Puerto Madero, amigo histórico de Insaurralde y ex pareja de Jésica Cirio.
La “defensa” de Nápoli también la predijo Homero Simpson.
La punta del iceberg
La recurrencia de estos encuentros deja en claro una hipótesis sistémica: las relaciones promiscuas entre los diferentes estratos del poder son constantes y el secreto ciudadano sólo depende de que no haya una cámara encendidaen el momento justo. El entramado político y financiero opera habitualmente en las sombras, blindado por pactos de silencio mutuo que únicamente se resquebrajan cuando un protagonista comete el error de dejarse registrar o cuando las internas sectoriales derivan en traiciones y filtraciones interesadas.
El antecedente histórico y fundacional de esta matriz se remonta al video de Néstor Kirchner frente a una caja fuerte exclamando “cuando veo estas… éxtasis”, seguido de un revelador “no me habrás filmado, ¿no?”. El registro fílmico conecta directamente con la causa Cuadernos, donde diversos testigos detallaron la obsesión física del expresidente por acumular, tocar y oler billetes en efectivo; una patología delictiva que la opinión pública podría haber considerado una exageración si no existiera ese preciso documento audiovisual que lo dejó en evidencia.
Néstor Kirchner grabado por su propio camarógrafo y expuesto en 2013 en Periodismo para Todos.
El paralelismo con los escándalos de la gestión actual es directo. La sociedad civil terminaría de confirmar el retorno del 3% en los contratos de la ANDIS debido a los audios filtrados del desplazado funcionario Diego Spagnuolo, amigo de José Luis Espert y de Javier Milei. De igual manera, las investigaciones judiciales sobre el patrimonio, los fondos y las propiedades de Manuel Adorni se activaron únicamente después de la viralización de los videos que lo mostraban utilizando un jet privado rumbo a Punta del Este y otro vacacionando en el Caribe, forzando la revisión de sus declaraciones juradas.
La impunidad del conurbano replica el mismo patrón. El recordado Yategateen el Mediterráneo y el posterior hallazgo de los fajos de dólares en el vestidor de San Vicente salieron a la luz exclusivamente porque los propios protagonistas cometieron el descuido de registrarlo. Incluso el paradigmático caso de los bolsos de José López en el convento se conoció por el llamado fortuito de un vecino al 911 que permitió capturar al funcionario infraganti y acceder a las cámaras de seguridad, ¿cuántos más bolsos habrán volado durante tantas madrugadas, pero nadie llamó al 911 y no nos enteramos? Incluso nunca nos hubiéramos enterado de que Alberto Fernández violó sus propias restricciones anti-constitucionalessi no fuera por la foto filtrada, en lo que se conoció como el “Olivosgate”.
La conocidísima secuencia capturada en 2016: José López en un convento, de madrugada, con millones de dólares y una carabina sin registrar.
Este esquema de cooperativas subterráneas se remonta al origen mismo del armado político actual. Durante la campaña electoral de 2023, sucesivas filtraciones revelaron queel massismo, a través de Malena Galmarini, le estructuraba las listas de candidatos a La Libertad Avanza en Tigre, sumado a la militancia compartida y el cuidado mutuo de boletas en los cuartos oscuros.
Todo esto demuestra que la filtración es la excepción y la complicidad la regla.El video de Puerto Madero es la confirmación de que, detrás del escenario de confrontación mediática, los hilos del poder real se siguen tejiendo entre los mismos actores de siempre.
La famosa foto del “Olivosgate”, que habría sucedido aunque no nos hubiéramos enterado.
La ruta del rulo financiero
El escenario del encuentro fue el departamento de Puerto Madero de Rodrigo Fernández Prieto, ex de Jésica Cirio y amigo histórico de Insaurralde(claro: también ex de Cirio). El dato no es menor si se sigue la ruta de vínculos: el otro gran protagonista del entramado es Elías David Piccirillo, también exesposo de Cirio y dueño de Sur Finanzas. En este círculo cerrado, donde los actores comparten hasta las relaciones personales, se tejen los verdaderos negocios ocultos.
Cuando ocurrió el “Yategate”, ni Insaurralde invocó el “derecho a la intimidad”.
Sur Finanzas es, precisamente, la cueva investigada por la Justicia federal por lavar la plata negra de la política de Lomas de Zamora, municipio donde Insaurralde fue intendente durante varias gestiones. La hipótesis de la jueza María Servini es que el Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, era la estructura formal que usaba Piccirillo para blanquear esas operaciones ilegales. Por este motivo, la Justicia ya allanó el banco del financista mileísta. Resumiendo: la hipótesis judicial es que Insaurralde lavaba dinero mediante una financiera que usaba la estructura cedida por Juan Nápoli.
En los pasillos de tribunales se sospecha que la filtración de este nuevo video es un vuelto mafioso del propio entorno de Piccirillo por el control del negocio cambiario. El festejo de copas y habanos confirma que el banquero de Milei y el exintendente procesado no eran desconocidos: operaban bajo el mismo techo económico y social.Ah
Elías Piccirillo y Jésica Cirio en su casamiento.
El silencio de las redes aliadas
La filtración provocó un apagón informativo inmediato en las terminales de comunicación de la militancia oficialista.Inicialmente el ecosistema mileísta difundió el video criticando a Insaurralde por aparecer de fiesta, sin notar que el de al lado era Nápoli. Acostumbrados a viralizar en red cualquier desliz opositor, los creadores de contenido de La Libertad Avanza y las cuentas que responden a la Jefatura de Gabinete optaron por un mutismo absoluto tras notar a Nápoli en la fiesta.
Este bloqueo coordinado desnuda el funcionamiento de las granjas de trollsque operan bajo el amparo de la estructura estatal. El silencio selectivo demuestra que las campañas de indignación moral no buscan transparencia, sino la demolición de opositores y el blindaje de propios. La orden implícita de no replicar al banquero mileísta evidencia el temor a que la sociedad asimile la existencia de una cooperativa transversal, donde el discurso contra la casta se disuelve en las noches de Puerto Madero.
Esta conducta contrasta con la ferocidad con la que exponen los gastos y reuniones de cualquier dirigente opositor. La doble vara comunicacional deja al descubierto que, al igual que en las gestiones anteriores, el acceso a los despachos del poder actual incluye un pacto implícito de protección mediática para los financistas del modelo.
La comisión creada para ordenar la liquidación de la anterior obra social fracasó y quedó sin salida técnica. El conflicto quedaría en definirse por medio del propio Javier Milei.
En el Hospital Korn, en Melchor Romero, un memorándum interno prohíbe filmar las instalaciones con el argumento de proteger a los pacientes, pero los trabajadores denuncian que solo busca ocultar el deterioro edilicio.
La red captaba civiles y exmilitares a través de plataformas digitales y funcionaba como parte de un circuito internacional que ya envió a miles de latinoamericanos a la guerra.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
