Desde el Frente de Todos se niegan a que Fernanda Raverta sea candidata en Mar del Plata
Desde los círculos íntimos del Partido Justicialista la apodan como "La mariscal de la derrota".
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No es ninguna novedad entender que el Frente de Todos (FdT) se encuentra con diversas divisiones en el interior, haciendo un pasaje por el nivel nacional con el tridente del presidente Alberto Fernández, la vicemandataria Cristina Fernández de Kirchner y el “superministro” Sergio Massa. Ello pareciera replicarse en el Municipio de General Pueyrredón (MGP).
La titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, y el director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, han representado a “La Grieta” peronista en todo su resplandor. Más aún con lo que fueron las elecciones del Partido Justicialista (PJ) en Mar del Plata, con muchos condimentos de por medio.
Rodolfo “Manino” Iriart, director de Correo Argentino y opositor peronista a Fernanda Raverta
A pesar de que el supuesto atentado contra la vicepresidente hizo que la militancia peronista se reuniera (más allá de las grandes discrepancias), hubo grises en lo que fueron las críticas hacia el Gobierno, tanto en la “tibieza” del Presidente como la política financiera. Ahora bien, en “La Feliz” se notó cierta intriga sobre cómo se parará la oposición de cara al 2023.
Según pudo averiguar Data24, actualmente el Frente de Todos es un hervidero entre los “albertistas” y “cristinistas”, en donde quienes se alinean a gremialistas y sindicalistas se encuentran Roberto “Tata” Gandolfi (Movimiento Evita) y Roberto “Chucho” Páez. Por el costado camporista, se fijan su espacio las concejales Marina Santoro y Virginia Sívori.
Raverta es apodada por los círculos internos de Todos en Mar del Plata como “La mariscal de la derrota”
Yendo más en lo profundo, se encuentra la arista del Frente Renovador (FR) con el actual director de Aerolíneas Argentinas, Ariel “Cholito” Ciano, quién comenzaría a sonar como posible precandidato a intendente en el 2023, por la oposición de Todos. El hecho es que, en los círculos de la mesa chica local, se la tiene a Raverta impuesta como “La mariscal de la derrota”, por el mal desempeño del peronismo con ella como punta de lanza.
Por otro lado, “Manino” tampoco sería una cara “favorable” para el núcleo de Todos, debido al currículum de enfrentamientos ocasionados en el peronismo. Con lo cual, no tendría cercanía al Palacio Municipal, más allá de tener personalmente intenciones de ir por la Intendencia en el 2023. Otro más que Raverta.
Ariel Ciano, director de Aerolíneas Argentinas y posible reemplazante de Fernanda Raverta como referente de Todos
Ante todo lo referido, hay 2 aristas disponibles en Mar del Plata, para lo que será la candidatura de Todos en la 2023. Si bien está la posibilidad de unas internas, lo real es que se hablaría demasiado en el radiopasillo del Municipio sobre el desembarco de Ciano, o bien el ingreso de Acción Marplatense a la coalición con el ex intendente Gustavo Pulti a la cabeza. ¿Cómo sigue todo?
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Cerca de 80 intendentes de la provincia de Córdoba se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para exigir soluciones a la falta de pagos del PAMI, que mantiene una deuda acumulada desde hace más de 13 meses por prestaciones médicas.
“Hace más de un año que PAMI no abona las prestaciones médicas convenidas con los municipios. El pasado 22 de abril presentamos un reclamo formal y posteriormente recibimos el compromiso de las autoridades del organismo de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido pago alguno ni respuesta oficial”, sostuvo el intendente de la localidad de Idiazábal, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia.
Los mandatarios locales denuncian que la reciente reducción del Plan Remediar, que limitó la oferta de 128 a solo 6 medicamentos, impacta gravemente la atención primaria de la salud, obligando a los municipios a cubrir estos servicios con recursos propios.
Respecto del transporte, los intendentes exigen una distribución más equitativa de los subsidios nacionales, proponiendo que, si el Gobierno Nacional elimina el impuesto al combustible, ellos reducirán un 35% el valor del boleto de transporte público.
— A la derecha, el intendente municipal de Idiazábal, localidad ubicada en el departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia
La Comisión de Asuntos Municipales presidida por Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, reunió a intendentes y representantes de distintos municipios del país para analizar el funcionamiento del Programa Remediar, la situación del transporte público y la implementación de un régimen federal de áreas metropolitanas.
Durante el encuentro participaron los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; y Rosario Romero, de Paraná, junto con otras autoridades municipales de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz. Según informó la Municipalidad de Córdoba, la jornada contó con la participación presencial y virtual de más de 80 representantes de ciudades pertenecientes a siete provincias argentinas.
Para entender mejor la cuestión, el Programa Remediar nació en 2002, en el contexto de la crisis económica y sanitaria, para facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de centros de atención primaria. Su funcionamiento se apoyaba en una compra nacional centralizada y en la distribución de botiquines a establecimientos públicos del primer nivel de atención. Ese primer nivel es el de las salitas y centros de salud donde se atienden problemas frecuentes, se realizan controles y se sostienen tratamientos sin recurrir inicialmente a un hospital de mayor complejidad.
— La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Carolina Basualdo
El programa no consistía en entregar dinero al paciente para comprar cualquier producto en una farmacia, sino que su instrumento principal era proveer medicamentos al sistema público. Como referencia histórica, el informe oficial de gestión de 2021 registraba más de treinta millones de tratamientos distribuidos a 8.109 centros e instituciones.
La modificación relevante es la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario IvánLugones el 14 de octubre y publicada el 15 de octubre de 2026. La norma derogó la Resolución 3424/2021 y aprobó un nuevo listado orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. También estableció que ese listado funciona como referencia para compras centralizadas, planificación logística y provisión a establecimientos públicos de atención primaria.
Los intendentes cuestionaron las modificaciones introducidas en el Programa Remediar, particularmente la sustitución del listado amplio de medicamentos por otro concentrado en seis principios activos destinados a tratamientos de salud vascular. Sin embargo, la modificación normativa no permite determinar por sí sola el alcance del recorte presupuestario ni establecer cuántos tratamientos dejaron efectivamente de distribuirse en los centros de atención primaria.
— Mario Lugones, médico cardiólogo y actual Ministro de Salud de la Nación Argentina
En relación con el PAMI, los jefes comunales denunciaron la falta de pago de prestaciones médicas realizadas por establecimientos municipales que mantienen convenios con el organismo. El reclamo apunta a la cancelación de deudas por servicios que, según sostienen, ya fueron brindados a los afiliados, y no exclusivamente a la asignación de nuevos subsidios o recursos extraordinarios.
“Los municipios continuamos garantizando la atención médica con recursos propios, priorizando la salud de nuestros vecinos y sosteniendo servicios esenciales para nuestras comunidades”, expresó Pablo Vassia sobre los intendentes que no han abandonado a los adultos mayores. En ese contexto, Passerini aseguró que estaría dispuesto a reducir un 35% el precio del boleto del transporte público urbano si el Gobierno nacional eliminara el Impuesto a los Combustibles.
Respecto del transporte público, las autoridades municipales cuestionaron la eliminación de las compensaciones generales destinadas a las empresas del interior del país, mientras continúan vigentes distintos mecanismos de asistencia nacional para servicios bajo jurisdicción federal, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, corresponde diferenciar los subsidios directos a las empresas, los descuentos sociales financiados mediante el sistema SUBE y las obligaciones económicas que asumen las distintas jurisdicciones, dado que responden a esquemas de financiamiento diferentes.
¿Qué cambió en octubre?
El listado de medicamentos contempla seis principios activos destinados principalmente a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellos se encuentra el ácido acetilsalicílico, utilizado para prevenir determinados eventos cardiovasculares en pacientes con indicación médica, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina se emplean para reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares.
Por su parte, el candesartán y el ramipril están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y determinadas enfermedades cardiovasculares. A estos se suma la hidroclorotiazida, un medicamento diurético que contribuye al control de la presión arterial mediante la eliminación de sodio y agua del organismo.
De esta manera, los seis principios activos se concentran en la atención de afecciones cardiovasculares, aunque presentan diferentes aplicaciones terapéuticas. La controversia planteada por los intendentes gira en torno a la reducción de la variedad de medicamentos contemplados en el Programa Remediar y sus posibles consecuencias sobre el acceso gratuito a tratamientos para otras enfermedades en los centros de atención primaria de la salud. Por lo tanto, quedaron únicamente medicamentos para la hipertensión. La orientación es vascular y cardiovascular, e incluye tratamientos para el colesterol y prevención de ciertos eventos, además del control de la presión arterial.
El listado anterior contemplaba 128 medicamentos, de acuerdo a las fuentes institucionales. El nuevo concentraría la referencia nacional en seis principios activos. Es una reducción muy pronunciada del alcance terapéutico. La Municipalidad de Córdoba expresa esa contracción como una caída del 95.3% en la variedad contemplada. La resolución no dispondría expresamente la eliminación de Remediar. Lo que hace es derogar el listado anterior y sustituirlo por otro mucho más acotado, preservando además una referencia a otros listados nacionales vigentes, ofreciendo una justificación sanitaria y una justificación sobre la distribución de responsabilidades.
En lo sanitario, el Ministerio sostiene que las enfermedades vasculares representan una carga muy elevada de mortalidad, discapacidad e internaciones, y que corresponde fortalecer la detección y el tratamiento de sus factores de riesgo. Por eso vincula la nueva nómina con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y con criterios de eficacia, seguridad y relación entre costos y resultados.
En lo institucional, plantea que la política nacional de medicamentos tiene un papel estratégico y complementario, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires conservan responsabilidades primarias en la prestación de servicios y provisión de medicamentos para otras condiciones. El desacuerdo no consiste necesariamente en negar la importancia de prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares, sino es si resulta adecuado fortalecer esa prioridad sustituyendo un listado amplio, y cómo se garantiza la continuidad de los demás tratamientos.
Lo que preocupa a los municipios
Entre los medicamentos que son excluidos del nuevo listado están metformina, levotiroxina, amoxicilina y salbutamol, utilizados para condiciones distintas de las contempladas por la nueva nómina vascular. La Municipalidad de Córdoba señala que la modificación desplaza hacia provincias y municipios la necesidad de abastecer tratamientos para diabetes, asma, hipotiroidismo, anemia e infecciones, entre otros.
El problema presupuestario entiende que el centro de salud podría seguir recibiendo al paciente, pero ya no recibe determinados medicamentos desde la Nación, y alguien debe reemplazar esa provisión. Las alternativas son comprar con fondos locales, obtenerlos mediante otro programa o dejar una necesidad sin resolver; cuál de ellas ocurre debe comprobarse en cada localidad.
En Córdoba capital, el municipio informó dos indicadores relevantes. La participación de Remediar en su provisión gratuita de medicamentos pasó del 65.3% al 25.7% entre 2025 y 2026, y la demanda de su sistema público aumentó un 29% desde 2024. “El plan Remediar es un programa que tiene más de 25 años de vigencia que pasó por distintos gobiernos y todo lo han dado continuidad y esta discontinuidad nos generaría un grave perjuicio para la atención primaria de la salud, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención primaria de la salud”, afirmó Pablo Vassia.
Conforme a sus declaraciones, presentaron un reclamo formal y recibieron una promesa de comenzar a regularizar los pagos desde junio y, al momento que se escribe esta información, no habían recibido las transferencias comprometidas. Los intendentes afirman que continuaron atendiendo a los afiliados con recursos municipales. En la documentación pública no aparece una liquidación consolidada que permita establecer cuánto se adeuda a los municipios cordobeses, a cuáles y por qué períodos, ni una respuesta específica del PAMI que permita contrastar cada punto del reclamo.
La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el equipo que atiende la salud del jefe de Estado. La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Rige desde el 1° de octubre. La norma no explicó los motivos de la salida ni designó un reemplazante.
—La Resolución 505/2026, con la firma de Karina Milei, data del 3 de noviembre y recién se publicó dos días después; Hoffmann había sido designado por el Decreto 389 del 7 de mayo de 2024
La firma de la hermana del Presidente respondió al organigrama, ya que la Unidad depende de la Secretaría General. Según los considerandos, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones. Los informes del expediente indicaron que no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, y la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios en trámite. También se ordenó a la Dirección General de Administración el pago de su liquidación final.
— Diego Hoffmann
Cerca del Gobierno aclararon que la salida no alcanzó a la conducción del área: “renunció un coordinador que depende del jefe (Martelletti). Lo sabíamos hace unos días“, deslizó una fuente oficial a Infobae. El titular de la Unidad desde agosto de 2025, Cristian Luis Martelletti, sigue en funciones y, en este momento, acompaña a Milei en España. En el oficialismo definieron el puesto vacante como de menor jerarquía y señalaron que podría ocuparlo alguien del equipo de Martelletti.
Según la versión oficial, hace algunas semanas, en su visita anterior a Madrid, Milei sufrió un “accidente doméstico” al salir de la bañadera y el golpe le dejó un hematoma en el cuello que debió cubrir con un vendaje.
Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, Hoffmann integró la Unidad desde 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri lo designó médico asistente, y continuó en el equipo durante la presidencia de Alberto Fernández. Cubrió además guardias de Cardiología en el Hospital Fernández y acumuló más de una década en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Con Milei en el poder, el Decreto 389/2024 lo designó coordinador desde el 8 de marzo de ese año.
Para la administración colonial de las Islas Malvinas, el nombre del archipiélago constituye una ofensa suficiente para profanar la memoria de los caídos. Así lo confirmó al aire el periodista chileno Samuel Rojas durante una cobertura del ciclo Reportajes Teletrece en el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982. Las cámaras captaron cómo las placas, ofrendas y recuerdos que dejan familiares y visitantes fueron retirados del cenotafio y lanzados fuera del perímetro como material de descarte.
Apostado junto al vallado blanco que rodea las tumbas, el cronista expuso sin rodeos la razón de semejante ultraje: “Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.
A espaldas de la cruz mayor, lejos de la solemnidad que exige un camposanto militar, las imágenes revelaron un basural improvisado entre los pastizales. Allí yacían placas de pueblos patagónicos, mensajes familiares, rosarios, cintas votivas y figuras religiosas. La saña quedó a la vista en un primer plano: una placa acrílica colocada poco antes por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la leyenda “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, apareció arrancada de su sitio y tirada en el barro, junto a listones rotos, pulseras elásticas y cerámicas partidas.
El informe dejó al descubierto además una intervención física sobre el predio. Una retroexcavadora amarilla operó con su brazo mecánico desplegado sobre el límite exacto del cementerio, en la parte posterior del cenotafio, y removió suelo a escasos metros de la cruz mayor, mientras un grupo de operarios trabajaba con palas en el terreno lindero. Esa franja de tierra limita de forma directa con el vertedero de los homenajes censurados.
La recorrida por Darwin formó parte de un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago, en el marco de la controversia por una futura ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. Ante los mismos micrófonos, los isleños reclamaron que el Gobierno argentino abandone su reclamo de soberanía y defendieron la ocupación británica. Uno de los veteranos del Reino Unido apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien exigió dejar en paz el proyecto del buque chileno que abarataría el costo de las frutas y víveres llegados del continente: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”.
La misma tranquilidad que pidieron para sí les fue negada a los muertos argentinos. El Cementerio de Darwin recibe con frecuencia a familiares, excombatientes y delegaciones que viajan miles de kilómetros para dejar flores, cartas, banderas y placas junto a las tumbas. Lo que las cámaras mostraron fue una decisión deliberada de la colonia que impide el luto y la memoria, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de los mandatos de la Cruz Roja Internacional, que garantizan la integridad de los cementerios militares y de los recuerdos que acompañan a los caídos.
La imagen de “comunidad civilizada y respetuosa del derecho internacional” que Londres proyecta ante los foros multilaterales se derrumbó frente a una cámara extranjera.
La Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa el manejo de los fondos nacionales destinados a la urbanización de barrios populares y encontró una extensa serie de deficiencias en la administración, seguimiento y control de una política pública que durante los últimos años movilizó importantes recursos del Estado nacional.
El organismo aprobó el 20 de agosto de 2026 el informe 169/2026, correspondiente a la actuación 214/2023, denominado “Gestión de fondos nacionales transferidos en el marco del programa 53 – Integración Socio Urbana, Actividad 42 – Abordaje Integral de Barrios Populares”. La auditoría comprende el período que va desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024.
Se trata de un dato relevante para interpretar sus conclusiones: el período analizado incluye casi dos años completos de la administración de Alberto Fernández y los primeros nueve meses de la gestión de JavierMilei.
Durante la administración de Alberto Fernández, el área estuvo encabezada por Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente del espacio de Juan Grabois, bajo las sucesivas conducciones de Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz en el ministerio de Desarrollo Social. Con la llegada de Javier Milei, pasó a tener rango de subsecretaría y quedó a cargo de Sebastián Pareja, referente del armado bonaerense de Karina Milei, designado desde el 28 de diciembre de 2023. Inicialmente dependió del ministerio de Infraestructura y luego pasó a la órbita del ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
Según surgió durante el tratamiento del informe en el Colegio de Auditores, el trabajo identificó 18 hallazgos, entre ellos problemas vinculados con la selección de cooperativas, desembolsos realizados pese al vencimiento de pólizas de seguro y importantes atrasos en la ejecución de las obras.
Cooperativas y criterios bajo la lupa
Uno de los aspectos más sensibles de la auditoría se relaciona con los mecanismos utilizados para distribuir recursos entre las organizaciones encargadas de llevar adelante parte de los proyectos.
La AGN observó la existencia de discrecionalidad en la asignación de fondos a cooperativas ante la ausencia o insuficiencia de criterios de elegibilidad claramente establecidos, una cuestión particularmente sensible teniendo en cuenta el peso que estas organizaciones adquirieron dentro del esquema de integración socio urbana.
El modelo adoptado durante aquellos años otorgó precisamente un rol central a las entidades de la economía popular.
La propia normativa de integración socio urbana promovió la participación de cooperativas y organizaciones comunitarias en la ejecución de los proyectos. Distintos documentos del programa daban cuenta de que más de la mitad de las intervenciones llegaron a ser ejecutadas por este tipo de entidades, mientras que en los convenios implementados por provincias o municipios también existían obligaciones de participación de cooperativas de trabajo.
La discusión planteada por la auditoría, por lo tanto, no pasa necesariamente por la utilización de cooperativas como herramienta de ejecución, sino por una pregunta más delicada: con qué mecanismos se seleccionaba a las organizaciones que recibían los recursos del Estado y qué controles existían sobre ellas.
Dinero transferido pese a pólizas vencidas
Otro de los hallazgos señalados por la auditoría resulta especialmente llamativo desde el punto de vista administrativo.
De acuerdo con las conclusiones difundidas tras la aprobación del trabajo, la AGN verificó casos en los cuales se realizaron desembolsos de fondos mientras las pólizas de seguro correspondientes se encontraban vencidas.
— Fernanda Miño
Las pólizas constituyen una herramienta básica de resguardo para el Estado ante incumplimientos o contingencias relacionadas con las obras financiadas.
Sin embargo, los problemas no terminaron allí.
Más de la mitad de los convenios, demorados
La auditoría determinó además que aproximadamente el 56 por ciento de los convenios examinados presentaba demoras en la ejecución de las obras.
El número adquiere otra dimensión considerando que la finalidad del programa era intervenir sobre algunas de las zonas con mayores necesidades habitacionales y de infraestructura del país.
El régimen de integración socio urbana tiene como objetivo mejorar las condiciones de los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con intervenciones relacionadas con vivienda, infraestructura, servicios básicos, saneamiento, regularización dominial y mejoramiento del hábitat.
Es decir, detrás de las demoras administrativas aparecen obras destinadas a poblaciones que, en numerosos casos, carecen de infraestructura básica.
Del 97 por ciento de ejecución al cero
Pero la auditoría encontró también una segunda cara del problema.
Si durante los años anteriores el programa había alcanzado niveles de ejecución cercanos al 97 por ciento, durante 2024 la situación cambió radicalmente.
Según los datos presentados por la AGN, ese año registró apenas 6 por ciento de ejecución presupuestaria y 0 por ciento de ejecución física, una virtual paralización de la política pública durante los primeros meses de la administración libertaria.
La fotografía que deja el organismo de control resulta así particularmente incómoda para las dos administraciones comprendidas dentro del período auditado.
Por un lado, durante el funcionamiento intensivo del programa aparecieron falencias en los mecanismos de selección, controles administrativos insuficientes, desembolsos con garantías vencidas y obras demoradas.
Por el otro, el cambio de gobierno no derivó en una corrección y continuidad del programa bajo nuevas reglas, sino en una caída prácticamente total de su ejecución durante 2024.
El caso “Mi Pieza”
El informe también abordó uno de los programas más conocidos vinculados con la política de barrios populares: Mi Pieza, destinado a financiar mejoras, ampliaciones y refacciones habitacionales.
Allí apareció una paradoja significativa.
El esquema requería que las beneficiarias acreditaran los avances mediante una aplicación móvil con herramientas de geolocalización. Sin embargo, el mecanismo de control terminó chocando con las propias características sociales de la población alcanzada: brecha digital, dificultades de conectividad y problemas para utilizar las herramientas tecnológicas exigidas para validar las obras.
En otras palabras, parte del sistema diseñado para controlar una política destinada a los sectores más vulnerables dependía precisamente de recursos tecnológicos que una porción de esos mismos sectores no tenía garantizados.
Una política millonaria que terminó bajo auditoría
El programa 53 de Integración Socio Urbana había adquirido durante los años anteriores un peso creciente dentro del presupuesto nacional.
Ya en auditorías previas de la propia AGN puede observarse la magnitud que había alcanzado el área. En uno de los ejercicios analizados, el crédito destinado al programa 53 pasó de aproximadamente 3.171 millones a más de 10.324 millones de pesos, una ampliación superior al 225 por ciento.
El esquema se encontraba además vinculado con una estructura mucho más amplia de políticas de urbanización, fondos fiduciarios, transferencias a gobiernos locales y participación de organizaciones de la economía popular.
La integración socio urbana había sido concebida para intervenir sobre una de las caras más dramáticas de la pobreza argentina: familias que viven sin títulos de propiedad, cloacas, agua corriente, infraestructura vial o conexiones seguras de servicios.
Precisamente por esa sensibilidad, las conclusiones de la AGN cobran mayor importancia. No se trata solamente de expedientes incompletos o fallas formales.
La auditoría describe una política pública en la cual convivieron una enorme demanda social, importantes recursos económicos, organizaciones encargadas de ejecutar proyectos, deficiencias en los mecanismos de control y numerosos convenios que no avanzaron según lo previsto.
Y la respuesta posterior tampoco solucionó el problema: para 2024, la ejecución física había caído directamente a cero. El resultado es una fotografía difícil de ignorar.
Durante los años de expansión, el Estado no logró garantizar controles suficientemente robustos sobre todo el circuito de asignación y ejecución de recursos. Cuando llegó el ajuste, en lugar de corregir esas deficiencias y continuar las obras bajo mecanismos más transparentes, buena parte del programa quedó paralizada.
En el medio quedaron los barrios populares, los fondos públicos ya comprometidos y una auditoría que, varios años después, comenzó a reconstruir qué ocurrió con una de las políticas sociales más importantes de la última década.
La visita del papa León XIV a la Argentina generó un reclamo en la provincia de Buenos Aires, después de que familiares y efectivos de la Policía Bonaerense denunciaran hacinamiento, falta de higiene, condiciones deficientes de descanso, jornadas laborales extensas y presuntas presiones de sus superiores durante el operativo de seguridad.
Las denuncias también incluyen el supuesto traslado de policías sin sus armas reglamentarias, la obligación de firmar actas de desarme y el pago de aproximadamente 60.000 pesos por jornada.
Según la información difundida por el gobernador Axel Kicillof junto con el ministro de Seguridad Javier Alonso y el intendente Leonardo Boto, el dispositivo movilizó aproximadamente 12.000 efectivos de fuerzas de seguridad, además de unos 1.200 trabajadores sanitarios, 10.000 voluntarios, 45 ambulancias y cuatro hospitales de campaña, incluyendo controles de acceso, recorridos de seguridad, puestos sanitarios y espacios para atender a los peregrinos.
La visita apostólica de León XIV se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ese miércoles 11 de noviembre estuvo prevista una misa a las 10 de la mañana frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Para cubrir estas tareas, se convocó a personal policial de distintas localidades bonaerenses. Algunos efectivos debieron desplazarse fuera de sus destinos habituales y permanecer durante varios días en alojamientos temporales.
Entre las unidades mencionadas aparece el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), una unidad policial especializada en tareas operativas y de apoyo a otras dependencias. La controversia comenzó cuando familiares de los agentes difundieron fotografías de los lugares donde se alojaría parte del personal movilizado.
De acuerdo a los testimonios recabados, los agentes estaban siendo alojados en instalaciones improvisadas que presentaban importantes deficiencias. Los familiares señalaron que los efectivos tenían que dormir en carpas instaladas entre árboles, utilizar catres agrupados y compartir baños químicos, sin contar con suficientes frazadas ni espacios adecuados para bañarse.
Uno de los allegados cuestionó que se anunciaran importantes gastos para ofrecer comodidades al personal cuando, conforme a su relato, esas condiciones no se estaban cumpliendo, a la vez de existir incertidumbre sobre la cantidad de días que los policías estarían allí y las condiciones en que desarrollarían sus jornadas. Destaca la declaración de una agente, de que los baños químicos carecían de elementos de limpieza y mantenimiento adecuados.
“Para que se enteren todos cómo llevan a los policías a acampar a Luján por la llegada del Papa. El lugar donde van a dormir es abierto, no les dan frazadas ni nada, no tienen dónde bañarse ni las comodidades que están diciendo”, confirmó un familiar de uno de los agentes que prestaron servicio en La Plata, añadiendo que “no parece justo que estén diciendo que gastaron un montón para que ellos tengan todas las comodidades para estar bien allá, cuando no es así”.
Los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental que descansaban en el barrio Don Orione, partido de Almirante Brown, ya no disponían de catres y se vieron en la necesidad de dormir directamente en el suelo, así como la utilización de duchas improvisadas, el hacinamiento y la acumulación de horas de servicio.
“Son de Caballería y les dan solo 60 mil pesos, y están sin baño”, sostuvieron familias autoconvocadas de los agentes de seguridad.
Las condiciones de los jefes
Otro aspecto de la controversia surgió cuando se revelaron imágenes de un salón cerrado que habría sido destinado a superiores policiales. Los denunciantes sostuvieron que mientras numerosos agentes descansaban en carpas sobre terrenos embarrados, algunos jefes disponían de instalaciones con piso de madera, ventanales y aire acondicionado.
Trascendió a la par una comunicación atribuida a la organización del operativo, en la cual los policías debían costearse y presentarse en servicio con capas de lluvia, botas de goma, sábanas de una plaza, almohada, pijama y artículos de higiene personal.
La acusación más delicada tiene que ver con el personal policial de especialidades, que fue enviado a cubrir servicios sin su armamento reglamentario y sin elementos visibles de identificación institucional. Estos se trasladaron desde Quilmes hasta Luján utilizando vehículos particulares, provistos únicamente de su credencial policial y documento de identidad. Asimismo, los policías afirmaron que sus superiores les exigían firmar un acta de “desarme voluntario”, bajo advertencia de posibles sanciones disciplinarias si se negaban.
Una mujer, identificada como esposa de un efectivo de Infantería procedente de Azul, afirmó que su marido llevaba cuatro días movilizado y que, al no contar con un lugar asignado para descansar, algunos integrantes de la unidad habían tenido que dormir al costado de una ruta en Luján. Hasta en Córdoba, los efectivos habían dormido en el suelo y con otros reclamos por falta de comida, agua e instalaciones sanitarias.
“Después del Papa no saben en dónde van a dormir”, afirmó la mujer, agregando que “lo tienen así durmiendo afuera hasta que llegue el Papa, sin agua, sin comida. Es inhumano, insalubre”.
La bochornosa “carpa VIP”
A diferencia de cómo pasaron las autoridades involucradas en la conocida como la “carpa VIP”, convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El escándalo comenzó cuando se difundieron fotografías y videos de políticos, empresarios y celebridades que disfrutaban de un espacio exclusivo de 1.200 m² con aire acondicionado, catering y ubicaciones preferenciales durante la misa multitudinaria celebrada el lunes 9 de noviembre en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
Una investigación periodística por Mariana Escalada y Agustín Ronconi en el portal El Disenso reveló que el Estado nacional adjudicó contrataciones millonarias a ocho empresas para la organización y el desarrollo de las actividades oficiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el relevamiento, las adjudicaciones alcanzaron un monto conjunto superior a los 20.477 millones de pesos, distribuidos entre servicios de producción, infraestructura, transmisión televisiva, iluminación, sonido y abastecimiento eléctrico.
Entre las otras contrataciones, se mencionaron empresas vinculadas a familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La diputada Marcela Pagano señaló a Tech Security SRL, vinculada a servicios de seguridad, y a Purgato S.A., dedicada a tareas de limpieza; no está confirmado documentalmente el servicio de limpieza atribuido a Purgato, y tampoco se ha podido establecer el monto de Tech Security. De acuerdo con los registros societarios, Fernando Nicolás Menem, Eduardo Adrián Menem y Pablo Ariel Vázquez aparecen vinculados a esas firmas.
Mientras una gran cantidad de asistentes permanecía al aire libre y esperaba durante horas para acercarse al pontífice, con una capacidad para albergar a 250 personas que tenían acceso a instalaciones especialmente acondicionadas frente al Monumento de los Españoles. La contratación más elevada correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió una adjudicación de 8.690 millones de pesos para la producción general del evento. Le siguió Nuevos Aires Producciones SRL, con 4.547.7 millones de pesos destinados a la instalación de estructuras y vallados, mientras que Recordvision S.A. obtuvo 3.090 millones de pesos para los servicios de transmisión televisiva.
Los espacios reservados contaban con 3.500 sillas preferenciales próximas al altar, protección contra las condiciones climáticas, servicios gastronómicos y comodidades adicionales. Entre las personas que asistieron al sector preferencial estuvieron figuras del espectáculo y la moda, como Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain y Yanina Latorre, además de autoridades y otros invitados. Por su parte, PRG Argentina SRL fue adjudicataria de 1.979.3 millones de pesos para el montaje de sonido e iluminación, mientras que Fidias Energía SRL recibió 1.736 millones de pesos para garantizar el abastecimiento eléctrico. A estas contrataciones se sumaron los 225 millones de pesos asignados a VMG Video Tech S.A. para la instalación de pantallas LED.
Finalmente, los servicios de alfombras y cortinas quedaron distribuidos entre Alfombra Mágica SRL y Tetramon, que recibieron adjudicaciones por 128.08 millones y 81.21 millones de pesos, respectivamente. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri reconoció que algunos aspectos del servicio gastronómico fueron excesivos. En declaraciones al medio de Radio La Red, expresó que las medialunas y los budines estuvieron de más, aunque rechazó la idea de que se hubiera tratado de un lujo descomunal.
La diferencia fue notaría en el trato entre invitados seleccionados y fieles comunes en una ceremonia que buscaba transmitir un mensaje de humildad, fraternidad e igualdad. El contrato incluía pisos nivelados, alfombra beige, revestimientos interiores, climatización de frío y calor, mobiliario, mesas, arreglos florales y sanitarios especiales.
Contemplaba un servicio de catering diferenciado. Para la misa se habían previsto 250 prestaciones de café y alimentos destinadas a particulares especiales, además de servicios separados para Presidencia, las sacristías, el coro y el encuentro juvenil.
Camioneros exige un 15% extra para los choferes que trasladan ganado en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, el más grande del país, o un segundo empleado en cada camión. “Si no aceptamos nos van a obligar. La personalidad de Moyano la conocemos todos”, se quejaron los transportistas, que anticiparon fletes hasta un 20% más caros.
Su gobierno habría pagado de más por caños que vendía una empresa representada por su primo y que, según un informe técnico, sirven para cloacas y pueden ser tóxicos.
Agentes de distintas dependencias bonaerenses denunciaron que fueron trasladados sin condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación e higiene. También señalaron presuntas presiones de sus superiores y cuestionaron la organización del operativo.
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