Chubut eliminará los fueros para funcionarios y sindicalistas: “No permitiremos que los corruptos se atrincheren en la política”
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
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La Legislatura de Chubut aprobó el pasado jueves 27 el proyecto número 016/2025, presentado por el Ejecutivo provincial, que planteó la reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial. Estos preceptos otorgaban inmunidad de arresto a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sindicalistas, de modo que no podían ser detenidos salvo en casos de flagrancia.
Con la propuesta, dicha protección quedó eliminada, permitiendo que gobernantes, legisladores, jueces, fiscales y representantes gremiales sean arrestados en caso de ser acusados de delitos, sin la restricción constitucional previa.
El debate en la Cámara de Diputados concluyó con 18 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de algunos legisladores. El bloque oficialista Despierta Chubut respaldó la iniciativa de forma unánime, mientras que apoyaron también los diputados Claudia Williams (Arriba Chubut) y Daniel Casal (Familia Chubutense). Por el contrario, 5 legisladores del bloque “Arriba Chubut”, del Partido Independiente Chubutense y uno del Frente de Izquierda votaron en contra.
La reforma se someterá a la decisión popular el 26 de octubre, durante el plebiscito que tendrá lugar en simultáneo con las elecciones de medio término. En este contexto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, difundió en su cuenta de X.
Torres también señaló: “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.
Remarcó que la enmienda convertiría a Chubut en la “primera provincia de la Argentina sin fueros” y precisó que se amplió la Ficha Limpia “con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”. Incluso agregó: “Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”.
En el mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los impulsores de la medida, afirmó: “El paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.
También resaltó que “ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.
Los detractores de la reforma advirtieron que la eliminación de la inmunidad podría favorecer un clima de persecución política, mientras que los defensores consideraron que significaba un avance hacia mayores niveles de transparencia y responsabilidad pública.
De confirmarse esta reforma en el plebiscito de octubre, Chubut se convertiría en la primera provincia en eliminar los fueros para funcionarios y dirigentes sindicales, un hecho que marcaría un hito jurídico e institucional.
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Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.
El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.
Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.
De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.
La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios.En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.
Un grupo de personas fue imputado por la Fiscalía tucumana tras ingresar de forma coordinada a varios predios rurales de Concepción, destruir cañaverales en producción y comenzar a ocupar tierras dividiéndolas en parcelas y levantando casillas precarias. aún después del recrudecimiento de las “tomas ilegales” en la provincia.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, y el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien formuló los cargos en la audiencia.
Según la hipótesis fiscal, el operativo de ocupación no fue un hecho espontáneo sino una acción organizada con etapas claramente diferenciadas. Primero, entre el 13 y el 17 de julio, un grupo ingresó de manera coordinada a distintos predios ubicados en un amplio sector de Concepción, acompañado por otras personas que la investigación todavía no logró identificar. Luego, ya dentro de las fincas, procedieron a destruir los cañaverales con machetes y palas, causando daños significativos sobre plantaciones de caña de azúcar que se encontraban en plena producción.
El paso siguiente resulta clave para entender la intención detrás del hecho, ya que una vez despejados los sectores, los ocupantes comenzaron a marcar y dividir las parcelas usando palos, estacas, alambres y cintas, y a levantar casillas y construcciones precarias. Para los investigadores, este patrón —despejar, delimitar y construir— no es propio de una ocupación transitoria, sino que evidencia la intención de consolidarse permanentemente en el terreno, un elemento central para la calificación penal del delito de usurpación.
Un dato que la propia Fiscalía destaca es que la escala y altura de las plantaciones de caña jugaron a favor de los ocupantes. La extensión y densidad del cultivo dificultaba el control visual de las fincas por parte de los cuidadores, lo que permitió que el ingreso masivo pasara relativamente inadvertido hasta que el daño ya estaba hecho. Esto es relevante en términos investigativos, porque explica por qué la usurpación pudo avanzar en varias etapas (ingreso, destrucción de cultivo, loteo, construcción) antes de ser detectada y denunciada.
El sector comprometido está delimitado por Vicente López y Planes al este, Campos de las Carreras al oeste, la Acequia Los Méndez al sur y calle Las Palmeras al norte, lo que da una idea de la escala territorial del hecho. No se trata de una sola finca, sino de un sector amplio con varios predios afectados simultáneamente.
Este caso se tramita en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que es una de las dependencias que Tucumán fue reforzando en los últimos años frente al aumento de conflictos por tierras. Vale la pena contextualizar esto, siendo que la provincia también creó, desde la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone, una unidad especial para recuperar tierras fiscales usurpadas, identificando unas 10 zonas críticas (como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier) y habilitando canales de denuncia confidencial para detectar loteos irregulares. Esto muestra que la usurpación de tierras —tanto privadas como fiscales— es un fenómeno con múltiples focos en la provincia, no un hecho aislado.
“Hemos detectado que el patrimonio provincial, en términos de tierras fiscales, ha sido muy vulnerado. Hace mucho tiempo que el Estado perdió la posesión e incluso, en algunos casos, el título de propiedad de muchas tierras fiscales”, afirmó Pedicone.
Hay antecedentes recientes similares que ilustran el patrón de “loteo irregular” en la provincia que administra el gobernador justicialista Osvaldo Jaldo. En El Cadillal se condenó a un expolicía federal por usurpar un terreno fiscal y ocuparlo entre 2023 y 2025, y existe una causa activa por el llamado “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga a un grupo que habría creado una inmobiliaria para vender tierras fiscales con documentación falsificada. El común denominador en estos casos es la ocupación organizada por varias personas, con intención de fraccionar y “vender” o consolidar posesión sobre tierra que no les pertenece.
El informe pertenece al Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por la ONG Argentinos por la Educación de los especialistas Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, en busca de responder no solo cuántos chicos terminan la primaria “a tiempo”, sino cuántos la terminan habiendo aprendido lo esperado.
“Nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos”, afirmó Irene Kit, coautora del relevamiento.
Para eso combina dos fuentes de datos oficiales. El Relevamiento Anual (que mide trayectoria escolar: repitencia, abandono, sobreedad) y las pruebas Aprender (que miden desempeño en Lengua y Matemática). La edición 2025 sigue a la cohorte que ingresó a primer grado en 2020 —en plena pandemia— y llegó a sexto grado en 2025.
Durante años, el indicador que más se usaba para medir la calidad del sistema educativo era la tasa de promoción, siendo cuántos chicos pasan de grado sin repetir ni abandonar. Ese número, en Argentina, es alto y viene mejorando, pasando del 88% en la cohorte 2011-2016 al 94% en la cohorte 2020-2025.
El problema es que ese dato, por sí solo, puede ser engañoso, ya que un chico puede pasar de grado todos los años sin haber adquirido las competencias mínimas de lectura o cálculo. El IRE corrige esta distorsión exigiendo ambas condiciones simultáneamente, como una trayectoria sin retraso y desempeño satisfactorio o avanzado en las dos materias evaluadas.
Al aplicar ese doble filtro, el resultado nacional cae a la mitad. Solo 50 de cada 100 alumnos que empezaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en tiempo y forma, es decir, sin repetir, sin abandonar y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. Dicho de otro modo, aunque el 94% completa la trayectoria escolar sin atrasos, entre ese grupo solo el 54% alcanza el nivel de aprendizaje esperado en ambas materias a la vez.
Al desagregar por materia, la deuda es más marcada en Matemática que en Lengua. Mientras el 79% de los que llegaron a sexto sin sobreedad alcanzó un nivel satisfactorio en Lengua, en Matemática esa proporción cae al 58%. Esto confirma un patrón que se repite en casi todas las provincias, en donde el sistema educativo argentino tiene la brecha de aprendizaje más profunda es con las matemáticas.
La serie histórica muestra que el IRE nacional atraviesa una mejora reciente, aunque el indicador registra antecedentes de retroceso y fluctuaciones a lo largo del período analizado. Los valores permiten observar una evolución que pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y alcanzó el 50% en 2016-2021. Luego, descendió al 45% en 2018-2023, antes de volver a ubicarse en el 50% en 2020-2025. En este contexto, el resultado más reciente recupera el nivel máximo registrado en la serie y evidencia una mejora respecto de la caída observada en la cohorte anterior.
“Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos”, sostuvo al respecto el director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski.
— Cohorte 2020-2025 ordenado por nivel socioeconómico (NSE) promedio de los alumnos de las provincias
La caída a 45% en la cohorte 2018-2023 se explicó por un retroceso en el componente de aprendizajes (posiblemente afectado por la pandemia), y la recuperación a 50% en la medición más reciente indica una mejora de 5 puntos respecto a esa medición previa, aunque todavía sin superar el techo histórico.
Una Argentina desigual
El dato nacional esconde una brecha territorial muy amplia. Considerando solo el componente de aprendizajes (entre quienes llegan a sexto sin sobreedad), CABA lidera con 73% de desempeño satisfactorio simultáneo en Lengua y Matemática, seguida por Córdoba (61%) y Buenos Aires (52%); en el otro extremo aparecen Chaco (33%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (38%).
En cuanto a la trayectoria escolar (llegar a sexto sin repetir ni abandonar), también hay disparidades, aunque menores. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy prácticamente todos los alumnos llegan a tiempo, mientras que en Corrientes, Misiones y Entre Ríos la proporción no alcanza el 90%.
“Consolidar y profundizar la mejora que muestra este informe requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Que la enorme mayoría de los niños ingrese y complete la escuela primaria en el tiempo esperado demuestra el enorme valor que las familias argentinas le asignan a la educación”, destacó Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.
Por un lado, Corrientes está entre las jurisdicciones con mayor rezago escolar, con la proporción de chicos que llega a sexto grado a tiempo, sin repetir ni abandonar, quedando por debajo del 90% nacional. Por otro lado, en el componente de aprendizajes hay una mejora reciente. De acuerdo las Pruebas Aprender 2025 difundidas por la ministra de Educación provincial, Ana Miño, en Lengua el porcentaje de alumnos en los niveles más altos de desempeño pasó del 61.2% al 74.2% (un salto de 23 puntos), mientras que los que quedaron por debajo del nivel básico bajaron del 13.4% al 5.6%.
En Matemática la mejora fue más moderada. Los niveles satisfactorios subieron del 47.2% al 51.4%, y los estudiantes por debajo del nivel básico bajaron del 26.2% al 22.4%. Es decir, Corrientes mejora en aprendizajes pero sigue arrastrando un problema de trayectoria escolar (retraso, repitencia o abandono) que la aleja del promedio nacional.
El propio informe de Argentinos por la Educación advierte que Argentina es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de información educativa nominalizado a nivel nacional, lo que dificulta el seguimiento longitudinal de cohortes reales de estudiantes y obliga a construir estos índices con datos agregados de distintas fuentes.
El Gobierno de las Islas Malvinas, administradas ilegalmente por el Reino Unido, abrió una consulta pública que se extenderá hasta el 30 de octubre del corriente año para decidir si autoriza una industria de salmonicultura marina a gran escala en el archipiélago.
La medida señala la contradicción en la que el grupo ambientalista Greenpeace impulsó durante años a favor de la prohibición de esta misma actividad en Tierra del Fuego (territorio argentino), pero que guarda silencio ante un proyecto de magnitud similar —o mayor— en un territorio usurpado que Argentina reclama como propio.
La consulta falklandesa no es una simple encuesta de opinión, ya que incluye seis documentos técnicos elaborados por consultoras contratadas por el gobierno isleño, entre ellos un estudio de capacidad ambiental, una revisión legislativa comparada (Chile, Noruega, Escocia e Islas Feroe) y una evaluación de impacto socioeconómico. El proceso plantea cuatro escenarios posibles desde una prohibición total, producción hasta el límite de capacidad ambiental, producción con límites considerablemente menores, o solo producción de nicho bajo estándares específicos como el orgánico.
El proyecto de referencia usado para modelar estos escenarios es el de Unity Marine, una empresa conjunta entre la firma pesquera local Fortuna y la consultora danesa F-land ApS, que apunta a producir 50.000 toneladas anuales de salmón atlántico en 16 sitios marinos alrededor de East Falkland (Isla Soledad), cada uno con diez jaulas y una barcaza de alimentación, apoyados por una flota de 25 embarcaciones de trabajo, un well boat y un buque de abastecimiento. El gobierno isleño aclaró expresamente que este plan “no constituye una solicitud formal” y que se usa solo como ejemplo ilustrativo para el análisis.
“Resulta extraordinario que el gobierno de las Islas Malvinas se encuentre en una situación en la que presente informes al público durante esta consulta que no utilizan datos primarios verificados de forma independiente. Los informes están plagados de aclaraciones sobre las fuentes de información, hasta el punto de carecer de sentido”, afirmó el Dr. Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la ONG Blue Marine Foundation.
Este proceso no nació de buena voluntad administrativa, sino de una batalla judicial. En marzo de 2022 el Gobierno de las islas había decidido directamente impedir el avance de la salmonicultura a gran escala, sin consulta previa. Unity Marine llevó el caso a la Justicia mediante una revisión judicial, alegando que se había prometido una consulta pública que nunca se hizo. En mayo de 2024 ambas partes acordaron anular esa decisión de 2022 y poner en marcha el proceso de consulta que hoy está en curso. Es decir, la industria salmonera llegó a esta instancia no porque el gobierno isleño lo promoviera espontáneamente, sino porque una empresa privada forzó legalmente la reapertura del debate.
Los estudios independientes contratados por el propio gobierno de las islas estiman que una industria de aproximadamente 30.000 toneladas anuales podría aportar entre 30 y 35 millones de libras (entre USD$40 y 47 millones) por año a la economía, equivalente a aproximadamente el 11% del PBI del archipiélago, además de generar unos 133 empleos directos. Para una población de apenas 3.500 habitantes, esa cifra es enorme en términos relativos, lo que explica por qué la gestión isleña avanza pese al riesgo ambiental, en un contexto donde ya dependen fuertemente de la pesca y esperan sumar ingresos del proyecto petrolero offshore Sea Lion.
— Vista aérea de Stanley, Islas Malvinas
Sin embargo, la sociedad isleña estaría dividida al revelarse que habrían vecinos que están pidiendo directamente un referéndum, porque desconfían de un proceso de consulta que consideran sesgado a favor de la industria, ya que los informes se basan en datos dudosos aportados por la propia Unity Marine.
“Será entonces el pueblo quien decida qué sucede en su propio país”, sostuvo Sally Poncet, una de las principales referentes de Salmon Free Falklands (SFF).
— Unity Marine subraya que las aguas de las Islas Malvinas, a 300 millas al noreste de Argentina, son idóneas para el cultivo de salmón
En 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó por unanimidad la Ley 1355, que prohibía toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas marítimas y lacustres de la provincia, para proteger los ecosistemas. Greenpeace Argentina celebró esa ley como un hito histórico, calificando a la Argentina como “el primer país del mundo que elige proteger sus ecosistemas diciendo No a la salmonicultura antes de que empiece a funcionar en su territorio”.
Pero en diciembre de 2025, la Legislatura fueguina —impulsada por el Ejecutivo provincial del gobernador kirchnerista Gustavo Melella— derogó parcialmente esa prohibición, habilitando la salmonicultura industrial en lagos, lagunas, ríos y arroyos provinciales, manteniendo la veda únicamente en el Canal Beagle. La reforma reemplazó la ley original por un marco de “acuicultura sustentable” votado con 8 votos a favor y 7 en contra.
Greenpeace y su falso activismo
Matías Kulfas, quien fue ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia de Alberto Fernández, señaló en julio de 2026 que mientras Greenpeace se movilizó con fuerza contra la exploración petrolera offshore frente a Mar del Plata en 2021, ahora no reclama ante el avance de una explotación petrolera mucho más avanzada y controvertida en las Islas Malvinas.
— Una piscifactoría de salmón en Hordaland, Noruega. Activistas estarían preocupados por los efectos de los residuos de salmón en el medio ambiente
Esta comparación reabrió una discusión sobre los criterios detrás del activismo ambiental y, al mismo tiempo, pone sobre la mesa una vez más el tema geopolítico de fondo. El avance británico-israelí sobre recursos que la Argentina legítima bajo su estandarte
A fines de 2021, el gobierno de Fernández autorizó la exploración petrolera en bloques marinos ubicados entre 300 y 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata. La medida generó una reacción inmediata, con Greenpeace lanzando lo que Kulfas describió como una “campaña de boicot”, con presentaciones judiciales, movilizaciones masivas y acciones de protesta simbólicas, como una intervención en la playa donde activistas simularon un derrame de petróleo usando pintura negra. El propio intendente marplatense que hoy forma parte del bloque libertario, Guillermo Montenegro, se sumó inicialmente a los reclamos, lo que convirtió a la ciudad en el epicentro nacional del debate ambiental-energético de esos años.
— A la izquierda Matías Kulfas, junto con el exmandatario Alberto Fernández
Lo que Kulfas plantea como contradicción es que, mientras esa exploración en Mar del Plata nunca llegó a la etapa de extracción comercial, el proyecto petrolífero de Sea Lion en Malvinas sí avanzó hasta el punto de recibir la decisión final de inversión (FID) en diciembre de 2025sin una sola objeción, lo que habilitó formalmente el inicio de la fase de desarrollo y extracción comercial.
El yacimiento Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum (65% de participación) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%), y prevé una primera fase de unos 55.000 barriles diarios, con un plan de expansión en fases sucesivas que podría llevar la producción a 150.000 barriles diarios. La inversión total hasta la finalización del proyecto se estima en 2.100 millones de dólares, y el primer petróleo está previsto para 2028.
En una publicación en su cuenta oficial de X, Kulfas remarcó que “ya no se trata de exploración para ver si hay petróleo, sino del inicio de una etapa de extracción de hidrocarburos” en Malvinas, y se preguntó si “cierto activismo e indignación posee una tendenciosa selectividad”.Sin acusar directamente a Greenpeace de motivaciones ocultas o de recibir financiamiento condicionado, dejó la pregunta abierta y cerró con la frase: “Se me ocurren muchas respuestas. Mejor saquen sus propias conclusiones”.
A fines de 2021 el gobierno argentino anunció la autorización de un proceso de exploración de petróleo y gas en el mar argentino, en un caso a 300 km y en otro a 400 km de las costas de Mar del Plata. La organización @GreenpeaceArg anunció una campaña de boicot, contrató 3…
Es importante notar que su reflexión no se limitó a Greenpeace. En un texto más extenso publicado en su newsletter, Kulfas fue más allá y cuestionó también la tibieza del propio gobierno de actual presidente Javier Milei frente al avance de Sea Lion, dado que Navitas es una empresa israelí y Milei ha convertido a Israel en uno de sus socios estratégicos prioritarios, lo que —según su argumento— hace aún más incómoda la falta de una reacción diplomática más contundente.
Asimismo, y a través de la Cancillería, Argentina rechazó formalmente el avance del proyecto por considerarlo una decisión unilateral del Reino Unido y de las empresas licenciatarias, sin autorización de la autoridad argentina competente, y en violación de las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben cualquier actividad de exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin ese permiso.
El rol de Chile como socio logístico
Un detalle no menor, es que el proyecto de Unity Marine contempla importar buena parte del alimento para los salmones desde Chile, y los reguladores isleños tomaron como modelo de referencia justamente la experiencia chilena, uno de los mayores productores mundiales de salmón, junto con Noruega, Escocia y las Islas Feroe. Esto convertiría a Chile en un eslabón comercial de la futura industria malvinense, mientras Argentina permanece fuera de ese negocio regional.
Curiosamente, la documentación oficial de la consulta reconoce exactamente los mismos riesgos que motivaron la ley argentina de 2021, como la escapes de salmones, transmisión de enfermedades, piojos de mar, uso de antibióticos, acumulación de materia orgánica en el fondo marino e interacciones negativas con mamíferos marinos.
Las recomendaciones técnicas incluyen exigir salmones triploides estériles, establecer zonas de producción marina, imponer períodos de descanso entre generaciones y fijar un peso mínimo de esmoltificación de 400 gramos antes de trasladar los peces a las jaulas marinas.
Hasta el momento, no se registran comunicados o campañas específicas de Greenpeace sobre el proyecto de Unity Marine en Malvinas, a diferencia de la campaña sostenida que la organización mantuvo en Argentina entre 2018 y 2021.
Solo pudieron trascender las declaraciones de un representante del gobierno británico de las Islas Malvinas, que afirmó que la administración “ni abogaba por la cría de salmón ni se oponía a ella”. De acuerdo a este, los informes que encargaron tienen como objetivo “informar el debate público examinando los posibles resultados e impactos bajo diferentes supuestos, en lugar de proporcionar aprobaciones finales para ningún proyecto específico”.
A su vez, rechazó las insinuaciones de que los impactos ambientales de la acuicultura del salmón no se habían presentado con claridad. El estudio sobre la capacidad de carga, conforme indicó, se había encargado “únicamente para demostrar cómo se aplicaría el proceso de modelización a un posible proyecto”, y no constituía una determinación de la capacidad de carga de las Islas Malvinas. Un tercer relevamiento, sobre los impactos socioeconómicos, no cuantificaba los futuros costos regulatorios, ya que “no pueden estimarse con precisión” en esta etapa.
El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.
La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.
Las razones corporativas del cierre
Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.
En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.
El espejo nacional
El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.
Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.
Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólaresen concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.
A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.
Florencia De Sensi acusó al gobernador de tener a mano las herramientas contra el delito y elegir no usarlas, y reclamó una oposición unida para pelearle la provincia al peronismo en 2027.
Mientras la Provincia se declara en déficit y ajusta por el lado de las vacantes y los beneficios impositivos, la plata que el Estado se gira a sí mismo supera al rojo por más del doble.
Apartaban los ladrillos en pleno operativo y prepararon panes de yeso para disimular el faltante. La droga iba a la venta clandestina y un descuadre en la balanza destapó la maniobra.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
