Caso Cecilia: Hallaron rastros de sangre humana en la camioneta de César Sena
Luego de que se confirmara que la sangre hallada en los muebles que donó la familia Sena era de Cecilia Strzyzowski, nuevos resultados del laboratorio complican a César Sena.
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Este viernes se sumaron nuevos resultados al expediente que investiga el asesinato de Cecilia Strzyzowski. Los últimos resultados de laboratorio arrojaron que en la camioneta Toyota Hillux que pertece a César Sena, se hallaron rastros de sangre humana.
Ahora resta realizar un cotejo de ADN para determinar si los restos hemáticos pertenecen a Cecilia. De acuerdo al documento al que pudo acceder el medio Infobae, la sangre fue hallada en la parte trasera de la camioneta: “Ante el resultado positivo (+) en la detección de sangre humana en la MUESTRA N° 2A (consistente en un (1) hisopo con muestra recolectada del sector trasero de pick up Toyota Hilux”, describe el texto.
(Imagen Infobae)
En las últimas semanas de junio, los fiscales recibieron más datos contundentes que complican al hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Una de las fuentes hizo saber que, luego del crimen, la familia Sena había donado varios muebles a la fundación que lleva el nombre del padre difunto de Acuña. Un dudoso movimiento de solidaridad que llamó la atención de los investigadores.
Finalmente, la Policía de Chaco llegó al lugar y la dueña de casa contó que tales donativos habían llegado manchados. Sobre ellos, se realizaron pruebas de luminol para determinar si existía alguna mancha hepática y las hallaron.
Días después de realizarse una prueba de ADN esta confirmó que la sangre pertenecía a Cecilia. Por lo que los investigadores tienen indicios suficientes como para creer que con la camioneta de César ocurrirá lo mismo.
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La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.
El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.
A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.
María Eugenia Capuchetti
Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro SalvadorCosta, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo ArielGuille, secretario privado del Ministro, Alberto AlejandroMaceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y MaríaElena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.
Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.
Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.
Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.
La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo PocielloArgerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.
El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.
Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.
En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.
Los concejales de Santa Rosa han preparado un encendido pedido de informes. Allí piden explicaciones por el crecimiento patrimonial de la intendenta Flor Destéfanis y su grupo familiar. Lo hacen de manera ingeniosa, sacando cuentas de los eventuales ingresos del clan.
Lo fundamentan contrastando la cuestión con la situación económica que viven los ciudadanos de a pie: “Hace años, que a los argentinos, y por ende a los santarrosinos se nos hace más complejo sobrevivir, quizás ahora un poco más, pero es un debate político al cual no es el propósito de este escrito, aunque a veces miran a nuestro alrededor, escuchamos y de ahí empezamos a sacar conclusiones, equivocas o no, pero para eso están los debates, los papeles y los distintos poderes en nuestro país y provincia”.
El documento avanza luego en el mismo sentido: “Sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes, con lo mínimo e indispensable, como pensar en comprar un lote, un vehículo, o ir un poco más allá, construir una vivienda propia, un sueño imposible, o poco probable hoy en día”.
Acto seguido, el paper va al hueso: “Nos pusimos a sacar cuentas, en base a estas deducciones, como para entender un poco la situación a plantear, como para comprender un simple problema matemático, donde 2 más 2 son 4, pero aunque eso en la práctica de la política de algunos no es así. Entonces, primero vamos a las dudas que tenemos, que nos hicieron solicitar este informe, debemos primero plantear el problema matemático, y así tratar de develarlo, que sinceramente a nosotros las cuentas no nos dan”.
Los ediles explican que se trata de una “familia tipo”, de 4 personas, “padre y madre y dos menores, deduciendo que los niños no trabajan, ya que sería un delito”. Hablan de los años que se desempeñaron como funcionarios públicos Diego Foco y Flor Destefanis.
En tal contexto describen el supuesto patrimonio de la pareja. “Decimos supuestamente, ya que no coincidiría con lo informado a la Oficina de Ética Pública de la provincia a través de la declaración jurada presentada por los funcionarios”. Se trata de:
Una mansión en el distrito La Dormida, con un terreno de una superficie de 13.000 metros cuadrados y una superficie cubierta de 500 metros cuadrados aproximadamente, casa y caballerizas, piscina, reservorio de agua, paneles solares de importante envergadura.
Un lote con construcción, ubicado en km 11 distrito de Guaymallén, con un lote con superficie de 589 metros cuadrados, una vivienda de 250 metros cuadrados aproximadamente, más piscina.
Un vehículo Hyundai Tucson modelo 2020.
Declaración de productos bancarios y tenencia de dinero que no sabemos los montos ni el tipo de moneda.
Caballos de carrera, los cuales serían 3, pero sin certeza alguna.
EN EL MISMO PEDIDO DE INFORME, LOS CONCEJALES LE DAN UN VALOR APROXIMADO A LOS BIENES DE REFERENCIA:
Terreno 1300 metros cuadrados. $ 3.000.000. Mansión 500 metros cuadrados aproximadamente precio enero por metro cuadrado según el centro de ingenieros de mendoza de $ 927.721 lo que da un total de $ 463.860.500. Piscina costo por metro cuadrado $ 300.000 por 50 metros cuadrados total $ 15.000.000. Paneles solares aproximadamente $ 2.000.000. Reservorio de agua $3.500.000 lo que da un subtotal del punto de: $483.860.500.
Lote en km 11 $ 10.000.000. Casa de 230 metros cuadrados aproximadamente x $ 927.721 el metro de construcción: $213.373.830. Piscina de 30 metros cuadrados aproximadamente por $ 300.000 el metro de construcción: $9.000.000. Subtotal punto dos: $232.373.830.
Camioneta aproximadamente $30.000.000.
Monto desconocido.
Precio estimado de caballos $ 5.000.000.
Todo esto da un total de $751.233.330. “Tenemos un patrimonio, sin saber el punto 4, sin el equipamiento tecnológico y amoblamiento de aproximadamente $ 751.233 330”, sostienen los ediles.
Luego, ponen el foco a una cuestión inquietante:“Según la cuenta oficial de redes sociales de la intendente, un empleado municipal gana $101.000 por mes de promedio, por lo lo desarrollaremos un problema matemático como para un alumno de escuela primaria, preguntándonos ¿cuántos años se demoraría un empleado municipal para poder alcanzar el patrimonio de la intendente?”.
Ello se resuelve de manera matemática de la siguiente manera: “Un empleado necesitaría 619 años para llegar a ese número, esto sin contar que al sueldo hay que descontar lo que se necesita para lo cotidiano, alimentos, indumentaria, servicios, etcétera”, según el comunicado.
Allí mismo se plantea otro problema: “Supongamos que el patrimonio se haya alcanzado en 6 años, serían $751.233.330 en 6 años lo que por mes necesitaron un ingreso mensual de $ 10.433.796,25”. Por todo ello, para evitar suspicacias y dudas, los concejales solicitan que se apruebe el siguiente pedido de informes, con reservas:
Que la Sra. intendenta envié copia de la declaración jurada presentada ante la Oficina de Ética Pública de la provincia de Mendoza.
Que se solicite a A.T.M los montos pagados en impuestos por facturación como profesiones del doctor Diego Foco y de la doctora Flor Destéfanis.
Que se solicite a la A.F.I.P lo facturado como profesionales por el doctor Diego Foco y la doctora Flor Destéfanis.
A su vez, se deja reserva de iniciar la correspondiente comisión investigadora a la Sra. intendenta Flor Destéfanis y al concejal Diego Foco.
Finalmente, piden que se deje reserva de denuncia penal, “por mal desempeño como funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza”.
Este lunes, el gobierno reglamentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 652 que los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La medida generó una rápida reacción del gremio bancario, liderado por SergioPalazzo, quien presentó una demanda judicial.
Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, afirmó en una entrevista radial que el impuesto es “confiscatorio” y representa una “rebaja salarial encubierta”. Según sus cálculos, la medida afectará al 95% de los empleados bancarios, quienes verán cómo hasta el 16% de sus salarios es absorbido por el tributo, superando el 20% permitido para retenciones legales y no legales.
Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria
En su intervención, Palazzo ejemplificó la situación diciendo: “Imagínese una persona que, como tantas otras en Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria. Si su salario neto es de 1.200.000 pesos y debe pagar una cuota de 300.000 o 400.000 pesos, pagará impuestos sobre 800.000 pesos, lo que es menos de la canasta básica para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”.
El decreto establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Además, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente a partir de 2025, en los meses de enero y julio, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El líder de La Bancaria recordó que la denuncia estaba preparada desde la semana pasada, a la espera de la ratificación de los números sobre el piso para no pagar. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”, subrayó.
Palazzo concluyó resaltando la disposición del gremio para defender los derechos de sus afiliados ante lo que consideran una medida injusta y perjudicial para los trabajadores bancarios.
Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.
El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.
¿Qué irregularidades consideró Vera?
El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.
Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.
Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.
La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.
En una movida estratégica que marca su regreso a la escena política, el expresidente, Mauricio Macri, participará en dos eventos cruciales organizados por el PRO, uno de los cuales tendrá lugar en Paraná a fines de agosto. El gobernador Rogelio Frigerio será el anfitrión de esta cumbre, que se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones y que contará con la presencia de destacados mandatarios del partido.
Después de meses de relativo silencio, Mauricio Macri decidió elevar su perfil y asumir un rol activo en la conducción del PRO. Su primer acto público está programado para el 1 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebrará su regreso a la presidencia del partido. Este evento, más que un simple acto de asunción, se presenta como un “relanzamiento” del PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025.
Previo a la cumbre en Paraná, Macri participará en un acto en Vicente López dentro de unos 15 días. Gobernado por Soledad Martínez, vicepresidenta primera del PRO, este distrito de la Provincia de Buenos Aires será escenario de una celebración por el regreso de Macri a la conducción del partido.
La actividad en Paraná, programada para fines de agosto, se enmarca en la formalización de la vuelta de Macri a la conducción partidaria, oficializada en abril en medio de controversias sobre una posible fusión con La Libertad Avanza, promovida por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Organizado por la Fundación Pensar, presidida por la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el evento contará con la asistencia de figuras prominentes del PRO.
Pese a las diferencias internas, Macri decidió decidido invitar a todos los referentes del PRO, incluyendo a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, las tensiones persisten, y algunos dirigentes vinculados a Bullrich han sido excluidos de la mesa ejecutiva del partido.
