INSÓLITO | Maduro aterroriza a los venezolanos con supuestos ataques terroristas inexistentes
El dictador chavista pone en ejercicio su creatividad inventiva una vez más al acusar al presidente colombiano, Iván Duque, de querer atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
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El dictador venezolano Nicolás Maduroles solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos policiales de su país mantenerse “alerta” ante las “amenazas terroristas” que “se escuchan” desde Bogotá, Colombia. Según el líder chavista, el objetivo de las presuntas ofensivas serían “hacerle daño a la patria”. Sin pruebas alguna, vale la pena destacar.
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“Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada Patria”, sentenció el dictador durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Presidente Iván Duque sobre Nicolás Maduro: “No debí decir que las horas están contadas porque uno debe tener un margen pero me salió del alma”. En la entrevista, para Caracol Radio, Duque sostuvo que, “sigo pensando que uno debe seguir gobernando para defender a la democracia”. pic.twitter.com/RQV31Itko6
Maduro refirió, a su vez, que estos presuntos amedrentamientos desde Colombia, de los que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, aseguró que su régimen está dispuesto a someter a quienes atenten contra la paz.
“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó. El pasado 2 de julio el dictador afirmó que el jefe de Estado colombiano sigue activando planes violentos, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y atentados “terroristas” contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno de Colombia, que en un comunicado de la Cancillería, las calificó de “mentirosas, cínicas e irresponsables”. Durante el acto de este martes, Maduro designó a Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante general de la Aviación Militar y al almirante Aníbal José Brito Hernández como comandante de la Armada Bolivariana.
La semana pasada se había tocado la posibilidad de que el líder del régimen venezolano pudiera asistir a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Esto se debió a una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado, en la cual un ciudadano, identificado como Juan Luis Castellanos, argumentó que la posibilidad de que Maduro no asista al evento le vulnera sus derechos fundamentales.
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En una entrevista exclusiva que el medio Breitbart News publicó con un abogado del Cinturón Medio (Middle Belt) de Nigeria que usó el seudónimo “Jabez Musa” para proteger su identidad y la de su familia, describió que los ataques de milicias yihadistas, en su mayoría identificadas con la etnia fulani, son una “ocurrencia diaria” contra fieles cristianos.
“Los asesinatos no han cesado. Ocurren en masa, a veces son solo unos pocos individuos, esa es la situación aquí”, afirmó Musa.
— Testigos presenciales informan del uso de drones, un mayor número de atacantes y asaltos simultáneos contra varias comunidades
En la semana previa a la nota, mataron al hijo de un pastor, y aseguró que la matanza no cesa en estados como Plateau, Benue, Nasarawa, Kaduna del sur y Taraba. Según su relato, las comunidades cristianas sufren secuestros para pedir rescate, destrucción e incendio de aldeas, y el despojo sistemático de tierras ancestrales por parte de estas milicias islamicas armadas.
El “Middle Belt” es la franja central de Nigeria donde el norte de mayoría musulmana se encuentra con el sur de mayoría cristiana, y es allí donde se concentra la violencia contra comunidades agrícolas cristianas. Los estados más golpeados —Plateau, Benue, Kaduna, Nasarawa y Taraba— han registrado ataques casi semanales durante 2026. Solo entre mayo y julio, la asociación juvenil Berom Youth Moulders documentó al menos 121 muertes en localidades de Plateau.
En julio, decenas de personas murieron en incursiones simultáneas en Plateau y Benue, incluyendo un bebé de dos meses, mientras que el ejército nigeriano llegó tarde o ni siquiera respondió pese a alertas previas, en donde los mismos soldados han disparado, arrestado y desarmado a guardias civiles frente a sus casas, incluso durante invasiones armadas de las guerrillas islámicas fulani. A fines de julio, un ataque nocturno en la aldea de Naridon (estado de Kaduna) dejó 30 muertos, entre ellos 11 niños, y varios secuestrados, incluyendo un sacerdote católico.
“Queremos que los cristianos de todo el mundo sepan lo que está sucediendo en Nigeria, que estén al tanto de los acontecimientos diarios y que sepan que los cristianos están siendo severamente perseguidos”, destacó Musa, denunciando que “la persecución incluye asesinatos, discriminación en todas sus formas y, además, a los cristianos se les niegan sus derechos en algunos estados musulmanes de Nigeria”.
— Coronel Victor Asuquo se dirige a los pobladores de la aldea de Gwom Ajang, en el distrito de Foron, Barkin Ladi, tras ataques de terroristas islámicos en una incursión nocturna cerca de la frontera entre Plateau y Bauchi
Estos patrones no son hechos aislados, siendo que organizaciones como Intersociety e International Christian Concern llevan un registro casi semanal de matanzas, secuestros y destrucción de cosechas atribuidos a milicias fulani armadas, con picos de decenas de víctimas por incidente. La agencia de ayuda cristiana internacional e interdenominacional, Barnabas Aid estima que, desde 2009, más de 45.000 cristianos han sido asesinados por islamistas en el norte y el Cinturón Medio de Nigeria.
El eje central de la denuncia de Musa —y de organizaciones como Intersociety— es que el gobierno central, encabezado por el presidente Bola Tinubu, actúa con pasividad o incluso complicidad frente a estos ataques. De acuerdo al letrado, funcionarios nigerianos minimizan el carácter religioso de la violencia atribuyéndola al “cambio climático” (por disputas entre agricultores y pastores ante la escasez de tierras) y han invertido en campañas de relaciones públicas para contrarrestar la cobertura internacional del problema.
Tinubu declaró en 2025 que las denuncias de un “genocidio religioso” eran “infundadas”, insistiendo en que ninguna religión está bajo amenaza en el país. En algunos casos, el propio ejército ha pedido a los civiles que se defiendan solos ante la falta de tropas suficientes, como ocurrió en junio en la frontera entre Plateau y Bauchi.
— Sunday Ezekiel, líder juvenil de Gwom Ajang, apunta con una honda luego de haberse enfrentado con ella de terroristas islámicos armados con fusiles de asalto
“Cuando se les llama ‘gamberros’ o ‘bandidos’, entonces la criminalidad no es tan grave”, describió Musa, “pero lo que vemos aquí es que se trata de gente militante que mata”. “Vienen por cientos en sus motocicletas, acompañados de sus cómplices en moto y armados con fusiles AK-47, atacan una aldea o comunidad, matan a sus habitantes y luego toman el control o los matan de nuevo, regresan y vuelven a tomar el control del lugar”, añadió.
Esta denuncia se inserta en una disputa diplomática que escaló fuertemente desde octubre de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump redesignó a Nigeria como “País de Preocupación Particular” (CPC, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional, alegando que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria”.
Trump llegó a amenazar con llevar tropas norteamericanas “a las armas” y con cortar toda ayuda si el gobierno nigeriano no protegía a los cristianos, y en diciembre habría ordenado ataques con misiles Tomahawk contra objetivos yihadistas. Además, cifras citadas por legisladores republicanos enumeran a más de 7.000 cristianos que habrían sido asesinados solo en los primeros siete meses de 2025, un promedio de 35 por día.
“Hay pelotones de soldados por todas partes, y en la mayoría de los casos, cuando reciben informes de un ataque, tienen excusas”, subrayó Musa sobre la inoperancia por parte del ejército nigeriano. “Podrían decir que tienen que esperar una orden de la autoridad superior para actuar, y cuando llegan —si es que llegan—, llegan cuando ya se ha producido el ataque y los daños, cuando ha habido muertos. Pero a veces, simplemente no llegan”, agregó.
Sin embargo, el propio asesor presidencial de EE.UU. para África, Massad Boulos, cambió de postura. En octubre de 2025, calificó las denuncias de persecución selectiva como “equivocadas”, argumentando que Boko Haram e ISIS-África Occidental matan a más musulmanes que cristianos, pero en julio de 2026 reconoció públicamente que la violencia contra comunidades cristianas en el Cinturón Medio es “intolerable”.
— Donald Trump junto a Massad Boulos, empresario de ascendencia libanesa y asesor principal para asuntos árabes y de Oriente Medio
Analistas de centros como CSIS advierten que, si bien la crisis de seguridad es real y grave, el término “genocidio” tiene una definición legal exigente y que caracterizar el conflicto únicamente como persecución religiosa simplifica causas más complejas como las disputas por tierra y agua, criminalidad armada y colapso del control estatal en zonas rurales. El Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, también relativizó la etiqueta de “guerra religiosa”, atribuyendo los ataques a causas sociales.
Aún así las víctimas, lamentó Musa, “sufren traumas graves” y necesitan un largo proceso de asistencia para poder reconstruir su vida cotidiana tras sobrevivir al secuestro. Para dimensionar la gravedad de la situación, relató el caso de una familia conocida que permaneció cautiva. Uno de los sobrevivientes le contó que tanto él como su esposa fueron sometidos a abusos sexuales y que, en ocasiones, los hechos ocurrieron frente a sus hijos. “Nos secuestraron, se acuestan con ella cuando les da la gana, a veces mientras los niños miran. Si protesto, me disparan”, detalló el hombre.
“Existe la historia de un niño de siete años que fue secuestrado y, debido a la falta de alimentos en el lugar donde los secuestradores lo mantuvieron cautivo, en el monte, tuvo que comer carne humana para sobrevivir”, señaló Musa.
Otra sobreviviente, una mujer que quedó embarazada durante su cautiverio, sufrió complicaciones al momento del parto. Musa indicó que, ante la ausencia de asistencia médica, otra mujer fue obligada por los militantes a cortar el cordón umbilical con los dientes.
El pedido de las comunidades afectadas
Musa sostuvo además que los cristianos no representan una amenaza para los fulani ni para otros grupos militantes islamistas que operan en Nigeria y remarcó que “en el mejor de los casos, pueden defenderse”. Por ello, reclamó al Gobierno un compromiso efectivo para proteger a las comunidades afectadas y garantizar su seguridad.
“Que los cristianos de todo el mundo oren por los cristianos de Nigeria. La Biblia dice que hay que velar y orar. Además de la oración, la vigilancia implica que los cristianos de otras jurisdicciones insten a sus representantes a presionar al gobierno nigeriano para que actúe y ponga fin a la violencia”, consideró Musa.
De los 36 estados que posee Nigeria, quienes viven en 12 del país están sujetos a la sharia, o ley islámica, en contra de la constitución del Estado. Musa ratificó que a los cristianos se les suele negar la documentación legal para construir iglesias y lugares de culto en estados gobernados por líderes musulmanes, y que sufren otras formas de discriminación incluso cuando no son atacados directamente.
“Lo que queremos, lo que quieren los cristianos y todo nigeriano sensato, es paz, menos ataques o ninguno, ya sea contra cristianos o cualquier otro grupo religioso en Nigeria”, manifestó Musa a la opinión pública.
Asimismo, otras voces del Cinturón Medio piden que el gobierno nigeriano cumpla su deber constitucional de proteger a los civiles, que haya presión internacional concreta (no solo declaratoria) sobre Abuja, y que se reconozca oficialmente el carácter de “limpieza étnica” de los ataques, en lugar de atribuirlos genéricamente a “bandidismo”. En enero de 2026, EE.UU. y Nigeria formaron un Grupo de Trabajo Conjunto para reducir la violencia contra grupos vulnerables, aunque hasta ahora los resultados sobre el terreno han sido nulos, con los ataques documentados que continúan mes tras mes en lo que va del 2026.
El 8 de junio de 2026, expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por la situación de mujeres y niñas cristianas en el norte de Nigeria y el Middle Belt. Señalaron que habían recibido informes creíbles de asesinatos, secuestros, violencia sexual, conversiones forzadas y matrimonios forzados, más no intervinieron.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
El ajuste fiscal sobre los ingresos de la población contrasta con la vigencia ininterrumpida de un esquema de excepción diseñado por y para la clase política. Las asignaciones vitalicias no constituyen un beneficio previsional ordinario, sino un régimen regulado por la Ley 24.018 que no exige años de aportes ni una edad mínima para su cobro. Concebidas formalmente como un reconocimiento al mérito y al honor, estas liquidaciones garantizan haberes equivalentes a las remuneraciones de la cúpula del Poder Judicial de la Nación.
La distancia entre estos ingresos y la realidad del ciudadano común expone una brecha insalvable. Un solo haber mensual de la nómina de exmandatarios equivale a varias decenas de jubilaciones mínimas del sistema general y supera por multiplicadores de dos dígitos al Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador formal. Se trata de un nivel de ingresos blindado ante la inflación que se financia de manera directa con los recursos del Tesoro Nacional.
A esta asimetría se suma la paradoja que atraviesa a la propia administración pública en funciones. Mientras los salarios del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentran congelados en torno a los 4 y 5 millones de pesos brutos por decisión política, los exmandatarios percibientes de este régimen duplican, triplican y hasta quintuplican esos montos sin ejercer función alguna.
La nómina de la abundancia
El Estado nacional liquida un total bruto de $219.926.637 mensuales para sostener 12 asignaciones vitalicias vigentes. La cifra equivale a más de 387 jubilaciones mínimas abonadas en un solo mes a este reducido grupo de 12 personas.
Expresidentes
· Alberto Fernández: $26.092.447 (46 jubilaciones mínimas).
· Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido): $12.691.238 (22 jubilaciones mínimas).
Daniel Scioli como vicepresidente de Néstor Kirchner.
Expedientes bajo la lupa
Detrás de la nómina millonaria se esconden particularidades operativas y giros judiciales que pintan la discrecionalidad del sistema. En el caso de Alberto Fernández, ANSES le retiene mensualmente el 30% de su haber bruto por una orden judicial destinada al pago de la cuota alimentaria de su hijo menor, Francisco. Por su parte, Mauricio Macri sostiene públicamente la donación parcial de su asignación a la fundación Margarita Barrientos, mientras que Adolfo Rodríguez Saá cobra varios millones de pesos al mes por un mandato interino de apenas siete días en diciembre de 2001, a diferencia de sus sucesores Ramón Puerta y Eduardo Camaño, quienes renunciaron formalmente a tramitar el beneficio.
El apartado de los exvicepresidentes expone irregularidades institucionales y amparos de largo alcance. Daniel Scioli percibe su jubilación como exvicepresidente mientras ejerce simultáneamente como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, una acumulación permitida únicamente por desempeñarse en el cargo actual de forma ad honorem, por el que cobraría mucho menos si no hubiera renunciado a ese sueldo. A su vez, María Estela Martínez de Perón (95 años) radica en Madrid desde hace décadas y continúa percibiendo su asignación desde el exterior sin condicionamiento alguno.
“Isabelita” junto a Carlos Menem.
El listado consolida también anacronismos históricos y concesiones extraordinarias. Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Marcelo Levingston, cobra su pensión por un presidente de facto designado por la junta militar de la dictadura de 1970. El caso más insólito lo protagoniza Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido —quien no fue electo por voto popular—, que cobra su haber tras una transferencia excepcional del beneficio efectuada en la década de 1990 que extendió la pensión a una hija mayor de edad por fuera de las reglas del régimen general.
El panorama previsional se completa con la reciente actualización del frente judicial. Tras las resoluciones de la ANSES dictadas en noviembre de 2024 que revocaron los beneficios de Cristina Kirchner y Amado Boudou por “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, la justicia previsional otorgó una medida cautelar a favor de la expresidenta. Con ese fallo se ordenó la restitución inmediata de la pensión derivativa por Néstor Kirchner, manteniendo a Boudou como el único exmandatario con la asignación completamente dada de baja.
Amado Boudou como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.
El pacto con el menemismo
La embestida contra estas asignaciones constituye una de las banderas centrales del discurso oficialista. La Libertad Avanza promueve la eliminación de las jubilaciones de privilegio como un eje de su política de ajuste a la “casta”, respaldándose en informes técnicos como el de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, la cruzada moral del Gobierno encuentra un límite difuso al chocar con sus propias alianzas y simpatías políticas.
El origen de este régimen excepcional se remonta a la Ley 24.018, sancionada en 1991 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. El proyecto original en el Senado llevó la firma de un entendimiento bipartidista entre el menemismo —con Juan Carlos Romero, Oraldo Norvel Britos y Felipe Ernesto Ludueña— y el radicalismo —a través de Adolfo Gass, Luis Agustín Brasesco y Eduardo Pósleman—. La norma llevó además la firma de Eduardo Menem —hermano de Carlos Saúl— como presidente del Senado en ejercicio del Poder Legislativo, el mismo dirimiente político que promovió y blindó la norma de privilegio que hoy, tres décadas después, aparentemente cuestiona su propio hijo, Martín Menem, desde la presidencia de la Cámara de Diputados.
Javier Milei, “Lule” Menem y Eduardo Menem —firmante de la promulgación de las jubilaciones de privilegio—.
Es la misma normativa que hoy sostiene la caja millonaria de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem. La vigencia de este privilegio contrasta con la prédica anticasta del Ejecutivo, que al mismo tiempo reivindica la figura del expresidente riojano y cobija a su entorno directo en los puestos de mayor jerarquía del Estado, con Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados y Eduardo “Lule” Menem instalado en la cúpula del Poder Ejecutivo.
Esta convivencia política expone una marcada selectividad en la aplicación de los criterios éticos del Estado. Dependiente del poder Ejecutivo, ANSES actuó con celeridad para disponer la quita de beneficios a Cristina Kirchner y Amado Boudou invocando la “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, pero no aplicó la misma vara con el beneficio derivado de Carlos Menem, quien falleció con condenas firmes ratificadas por la Justicia por delitos contra la administración pública, como el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La cercanía y la afinidad personal de la conducción oficial con la familia Menem dejó intacto el haber que mensualmente se liquida a su viuda.
Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— junto a Carlos Menem —quien falleció condenado—.
El blindaje en el Congreso
Pese al impacto mediático del discurso oficial y los intentos legislativos por dar de baja estas asignaciones, la eliminación del régimen se encuentra trabada en el laberinto parlamentario. En junio de 2024, durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso, la Cámara de Diputados votó por mantener las jubilaciones de privilegio tras una ajustada definición donde sectores de la oposición colaboraron para sostener el esquema.
Ante ese revés, los diputados nacionales del MID,Oscar Zago y Eduardo Falcone, redactaron un proyecto específico para desmantelar este entramado. La iniciativa propone derogar no sólo la Ley 24.018 de expresidentes y exvices, sino también la 21.540 de dignatarios eclesiásticos, la 22.430 de legisladores mandato cumplido y la 22.731 del servicio exterior (embajadores, cónsules, etc.), sumando además un mecanismo para que el Ejecutivo invite formalmente a los exmandatarios a renunciar voluntariamente a sus cobranzas. Sin embargo, si bien tuvo un apoyo inicial del gobierno, el por entonces presidente de la Comisión de Previsión y Presupuesto, José Luis Espert, optó por cajonear el proyecto.
José Luis Espert cuando presidía la Comisión de Previsión y Presupuesto.
A la falta de consenso político se le suma una infranqueable valla jurídica: el principio de irretroactividad de las leyes. Diversos constitucionalistas y especialistas en derecho previsional coinciden en que, incluso si el Congreso lograra sancionar la derogación de la Ley 24.018 para los futuros mandatarios, la medida difícilmente pueda aplicarse a los 12 beneficiarios actuales. Al tratarse de derechos adquiridos bajo el amparo de una legislación vigente al momento de su otorgamiento, cualquier intento de quitar el haber por vía administrativa choca de frente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Esta combinación de cálculo político y cerrojo judicial garantiza que la erogación mensual superior a los $219 millones continúe saliendo de las arcas del Estado. De este modo, mientras la sociedad asimila la pauta de austeridad y las jubilaciones del régimen general se actualizan a ritmo goteado, el ecosistema de privilegio de la política argentina mantiene intacto su blindaje, exponiendo la distancia entre la narrativa electoral y la dura realidad de las cajas del poder.
Javier Negre dejó atrás el periodismo convencional en España tras una condena judicial por vulnerar la intimidad de una víctima, episodio que derivó en su despido del diario El Mundo. Lejos de retirarse, reconvirtió su perfil hacia un modelo de negocio que prioriza la monetización de la polarización extrema por sobre cualquier estándar de verificación o ética profesional.
Su desembarco en Argentina se consolidó al adquirir La Derecha Diario, portal fundado por el consultor político Fernando Cerimedo, recientemente noticia a nivel regional por su detención en Bolivia. Negre compró las acciones del portal de noticias para hacerse del control de este aparato de agitación. Así, Negre tomó el relevo de una estructura que funciona con una lógica corporativa propia: el uso de cuentas falsas en las redes sociales, el hostigamiento sistemático a opositores y la venta de acceso a círculos de poder, consolidándose como un operador que busca expandir su influencia mediante agendas que nada tienen que ver con el ejercicio informativo.
Javier Negre junto a Javier Milei.
Quién es Camila Rojas
La denunciante se consolidó en la escena pública como una activista conservadora en Colombia, desde donde ha impulsado causas alineadas con los sectores tradicionales de la derecha regional. Su perfil cobró notoriedad al posicionarse como una voz crítica frente a los equilibrios de poder actuales en su país.
Lejos de sumarse a las estrategias de alianzas incondicionales con actores extranjeros, Rojas adoptó una postura de rechazo frontal ante la injerencia de figuras internacionales en la política local. A través de sus intervenciones públicas, ha cuestionado duramente a quienes pretenden instrumentalizar las banderas ideológicas con fines meramente transaccionales, advirtiendo sobre los riesgos de subordinar la soberanía nacional a intereses ajenos.
Foto de perfil de Camila Rojas.
La denuncia y la moneda de cambio
El conflicto escaló cuando Camila Rojas decidió exponer públicamente las maniobras del operador español. A través de sus redes sociales, la activista publicó un video y tuiteó duras advertencias sobre las verdaderas intenciones detrás de la llegada del entorno de Negre a la región, sintetizando su postura con una frase contundente: “la política exige principios, no mercenarios”.
Lejos de tratarse de un respaldo ideológico genuino, la denuncia puso de relieve que el objetivo de estas redes es fracturar a la oposición local y negociar intereses económicos y políticos ajenos a las necesidades de Colombia. En esa línea, Rojas cuestionó abiertamente la legitimidad de sus interlocutores al señalar que “nadie va a instrumentalizar las banderas de la familia, los niños y la fe, mucho menos personas que jamás han tomado una Biblia en sus manos”.
El video de Rojas revelando la propuesta de Negre.
El punto más álgido de la revelación radica en la contraprestación exigida para estructurar una plataforma electoral con aspiraciones presidenciales. Según lo expuesto, Negre no sólo le garantizaba convertirla en candidata a la presidencia, sino también elevarla como un referente intelectual de peso, equiparable a la figura del politólogo argentino Agustín Laje, presidente de Fundación Faro. Sin embargo, todo este despliegue venía supeditado a una condición geopolítica inflexible: blindar diplomáticamente y cesar toda crítica hacia el Estado de Israel, subordinando cualquier soberanía discursiva a los intereses de la red internacional.
El creador de contenido hispano-estadounidense y uruguayo Adrián Maximiliano Nario Pérez, conocido popularmente en la cultura digital como “El Bananero”, construyó durante más de dos décadas una de las figuras más longevas e influyentes del entretenimiento en internet. Con una trayectoria centrada en el humor escatológico, la sátira y la parodia cinematográfica, su personaje se mantuvo históricamente al margen de las discusiones ideológicas o partidarias. Sin embargo, la consolidación de formatos de transmisión en vivo como “Radio Garka” y sus recientes intervenciones mediáticas marcaron un punto de quiebre en su perfil público, acumulando opiniones sobre la realidad sociopolítica y geopolítica global.
— “El bananero” contra el Estado de Israel
En ese marco, Nario emitió declaraciones categóricas referidas a las operaciones militares en la Franja de Gaza. Durante una intervención difundida en plataformas digitales, el comediante lanzó una frase de alto impacto referida al Estado de Israel: “hijos de mil p*ta, asesinos de niños que los impusieron ahí, nunca fue su tierra”. La afirmación condensó la denuncia por el saldo de víctimas infantiles y cuestionó la legitimidad territorial de la presencia israelí en el área.
A través de un lenguaje directo, expresó su agotamiento respecto a la narrativa sionista, aprovechando su condición de creador autofinanciado para fijar postura sin la cautela corporativa de otros comunicadores de internet.
Las críticas al alineamiento de Milei
Su postura también alcanzó a la política interna argentina. En sus transmisiones en vivo, Nario cuestionó directamente al gobierno de Javier Milei, apuntando contra la dirección de su política exterior. En particular, el comediante repudió el alineamiento diplomático irrestricto de la gestión libertaria con el Estado de Israel, rechazando que las decisiones internacionales del país queden subordinadas a alianzas ideológicas o religiosas.
— Javier Milei en la “Yeshiva University”, cuando afirmó ser “el presidente más sionista del mundo”.
A su vez, las reflexiones económicas de Nario en Radio Garka provocaron un fuerte contrapunto con la base de seguidores que simpatiza con el proyecto oficialista. Al señalar las limitaciones de la desregulación absoluta y advertir sobre las dificultades estructurales para salir de la pobreza en el modelo de supuesto libre-mercado que promueve el Gobierno, sus palabras generaron un inmediato desencanto entre los sectores libertarios que consumían su contenido asumiendo una afinidad ideológica que el propio humorista se encargó de desmentir.
— Javier Milei junto a Eduardo Elsztain, el empresario beneficiado por el Estado que le financió la campaña de 2023.
La raíz de un conflicto milenario
Las declaraciones de Nario reabrieron el debate sobre el trasfondo histórico que rodea la disputa territorial en la región. Quienes sostienen la legitimidad del Estado de Israel argumentan la continuidad del vínculo ancestral con esa tierra, recordando que hace más de dos milenios existieron allí los reinos de Israel y Judea. Tras la rebelión de Bar Kojba en el siglo II d. C., el Imperio Romano reprimió a la población judía, la expulsó de Jerusalén y renombró la provincia como “Syria Palaestina” para borrar la conexión identitaria con el territorio.
Sin embargo, el derecho internacional y la geopolítica moderna enfrentan dos principios contrapuestos. Por un lado, la creación de Israel en 1948 respondió a la necesidad vital de consolidar un refugio nacional soberano e inexpugnable para el pueblo judío tras milenios de persecuciones y el exterminio del Holocausto. Por el otro, la postura palestina denuncia el desplazamiento de la población árabe que habitaba la zona de forma ininterrumpida durante siglos, reclamando su derecho a la autodeterminación en el territorio.
— En el centro de este mapa: la franja de Gaza.
En definitiva, las definiciones de “El Bananero” exponen la fractura de un consenso previo entre las figuras del entretenimiento digital y la política contemporánea. Al irrumpir en una controversia que combina dramas humanitarios, alianzas diplomáticas y reclamos históricos milenarios, la postura del comediante refleja cómo el conflicto en el Medio Oriente sigue enfrentando dos demandas éticas irreconciliables: la necesidad de un hogar seguro para un pueblo perseguido y el reclamo de autodeterminación de la población desplazada.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
Murió a los 82 años. Firmó su propia alta para volver al aire, condujo en silla de ruedas y dejó dos valijas hechas para viajar al Mundial. La despedida de Crónica al periodista que le enseñó a preguntar.
La Fiscalía santafesina acusó a Mariano Ríos Artacho de liderar un esquema destinado a retirar fondos de causas penales mediante prestanombres y reposiciones temporales para evitar que los faltantes fueran detectados.
Se trata de Ángel Rossi, cardenal desde 2023 y elector en el cónclave que eligió a León XIV. El arzobispo también ironizó sobre los millones que el Gobierno dice haber sacado de la pobreza.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
