INSÓLITO | Maduro aterroriza a los venezolanos con supuestos ataques terroristas inexistentes
El dictador chavista pone en ejercicio su creatividad inventiva una vez más al acusar al presidente colombiano, Iván Duque, de querer atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
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El dictador venezolano Nicolás Maduroles solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos policiales de su país mantenerse “alerta” ante las “amenazas terroristas” que “se escuchan” desde Bogotá, Colombia. Según el líder chavista, el objetivo de las presuntas ofensivas serían “hacerle daño a la patria”. Sin pruebas alguna, vale la pena destacar.
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“Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada Patria”, sentenció el dictador durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Presidente Iván Duque sobre Nicolás Maduro: “No debí decir que las horas están contadas porque uno debe tener un margen pero me salió del alma”. En la entrevista, para Caracol Radio, Duque sostuvo que, “sigo pensando que uno debe seguir gobernando para defender a la democracia”. pic.twitter.com/RQV31Itko6
Maduro refirió, a su vez, que estos presuntos amedrentamientos desde Colombia, de los que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, aseguró que su régimen está dispuesto a someter a quienes atenten contra la paz.
“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó. El pasado 2 de julio el dictador afirmó que el jefe de Estado colombiano sigue activando planes violentos, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y atentados “terroristas” contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno de Colombia, que en un comunicado de la Cancillería, las calificó de “mentirosas, cínicas e irresponsables”. Durante el acto de este martes, Maduro designó a Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante general de la Aviación Militar y al almirante Aníbal José Brito Hernández como comandante de la Armada Bolivariana.
La semana pasada se había tocado la posibilidad de que el líder del régimen venezolano pudiera asistir a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Esto se debió a una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado, en la cual un ciudadano, identificado como Juan Luis Castellanos, argumentó que la posibilidad de que Maduro no asista al evento le vulnera sus derechos fundamentales.
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El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
Durante tres días, del 30 de septiembre al 2 de octubre, científicos de Brasil, Uruguay, España, China y Corea del Sur se sentaron en Vigo junto a representantes del gobierno de ocupación de las Islas Malvinaspara evaluar el estado del calamar Illex argentinus. La Argentina, principal país ribereño de esa pesquería, quedó afuera del IV Taller Científico Internacional sobre la especie, que sostiene el mayor volumen de desembarques del Atlántico Sur y que lleva en su nombre científico al país ausente.
La reacción más dura llegó desde Panamá. Allí, en la Conferencia de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), tres gremios marítimos argentinos presentaron una nota formal contra el encuentro: el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). “Se está discutiendo el futuro de un recurso argentino sin la Argentina, sin su ciencia y sin sus trabajadores, y con una administración colonial sentada a la mesa. No lo vamos a aceptar”, señalaron los dirigentes durante su exposición.
— El comunicado de la organización de armadores gallegos que convocó al encuentro de Vigo: en la lista de invitados figuran las Islas Malvinas y la Argentina no aparece
El taller fue organizado y financiado por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), la entidad que agrupa a buena parte de la flota congeladora gallega, con el apoyo facilitador de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), una organización que promueve mejoras en las pesquerías y que en este caso colaboró en la coordinación y en la búsqueda de recursos. En el comunicado que difundió el 25 de septiembre, la OPPC-3 explicó que el objetivo era avanzar en una base de datos regional y en la evaluación de la abundancia, la productividad y el estado de explotación del calamar, con información de las flotas que lo capturan desde el sur de Brasil hasta la Patagonia y en aguas internacionales. También asistieron expertos independientes que acompañan el proceso desde su origen.
Sobre el motivo de la silla vacía circulan dos versiones. Los gremios hablaron de exclusión y pusieron el acento en que sí fueron convocadas las autoridades que administran de hecho las islas. Fuentes del ámbito científico consultadas por Revista Puerto atribuyeron la ausencia a una posición de principio: “Argentina no participa porque no reconoce el derecho del pretendido e ilegítimo gobierno de las Islas sobre el manejo del recurso calamar del Atlántico Sudoccidental”. Los trascendidos desembocan en el mismo punto, porque mientras el gobierno de ocupación integre estos talleres la Argentina no tendrá lugar en ellos, y el diseño de la convocatoria garantiza de antemano ese resultado.
Una silla para la administración colonial; ninguna para el dueño del recurso
Para los sindicatos, ninguna evaluación del Illex puede considerarse válida sin la Argentina y sin el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el organismo que reúne la serie científica más completa sobre la especie. El planteo se apoyó en la Ley N° 24.922, que regula la pesca en el país, y en la posición argentina sobre los recursos del Atlántico Sur. Los gremios recordaron además que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce los derechos del Estado ribereño sobre las poblaciones que se extienden más allá de su zona económica exclusiva.
El rechazo a la presencia isleña sumó otros fundamentos: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La advertencia de fondo fue que incorporar a esas autoridades a una instancia internacional sobre la gestión del calamar puede contribuir a legitimar un sistema de licencias de pesca otorgado de manera unilateral.
Los representantes argentinos remarcaron que las decisiones sobre el calamar impactan de forma directa en los trabajadores del sector y formularon cuatro pedidos. A la conducción de la ITF le solicitaron un pronunciamiento en rechazo al taller y que lo comunique a todas sus organizaciones afiliadas. Reclamaron que las conclusiones de Vigo no se presenten como un consenso científico regional y que las autoridades de las Islas Malvinas no sean convocadas en futuras instancias. Exigieron, por último, que cualquier ámbito internacional sobre la gestión del recurso incluya a la República Argentina, a su ciencia y a los representantes de sus trabajadores.
La milla 201, el borde donde las vedas argentinas dejan de valer
El Illex es un recurso migratorio y su distribución excede los límites jurisdiccionales. Nuestro país administra la pesquería con planes de manejo, avanza en un proceso de certificación y aplica un sistema de alerta temprana orientado a garantizar el escape de reproductores. En la milla 201, la franja de aguas internacionales que empieza donde termina la Zona Económica Exclusiva y donde opera la flota potera extranjera, esos cierres no rigen. La presión pesquera en ese sector diezma los esfuerzos de conservación que se hacen puertas adentro.
Esa falta de reglas en alta mar ya tuvo costo. Durante la feria Conxemar 2025 se advirtió que el calamar sigue sin consenso científico regional y sin medidas de gestión internacionales, lo que complica su certificación pese a la buena administración de los stocks en aguas argentinas.
Los promotores presentaron el taller como una respuesta a ese vacío. Edelmiro Ulloa, director gerente de la OPPC-3, planteó que ante la ausencia de un marco regional de gobernanza plenamente operativo la cooperación entre las propias flotas puede contribuir a construir una base común de conocimiento, mediante el intercambio de información agregada y con las garantías de confidencialidad que acuerden las partes. “Reducir la incertidumbre beneficia a todos”, sostuvo, en una idea que también expuso ante el medio español Industrias Pesqueras, y agregó que la colaboración científica “no debe entenderse como una amenaza para ninguna flota”.
— El afiche oficial del taller de Vigo: seis banderas para debatir el calamar argentino, entre ellas la del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, y ninguna de la Argentina
La conducción científica estuvo a cargo de Rubén Roa-Ureta, experto en modelización estadística y evaluación de poblaciones pesqueras, quien se definió como un científico independiente “que no pertenece ni representa a ninguna de las naciones que participan en esta pesquería”. A su juicio, la responsabilidad de generar el mejor conocimiento posible sobre el calamar “debe mantenerse al margen de los conflictos políticos o jurisdiccionales que puedan existir entre los países que comparten el ecosistema”. El grupo que presidió se propuso consolidar una base técnica común para futuras evaluaciones, comprender mejor la dinámica de la población e identificar las principales incertidumbres pendientes.
Desde SFP, su director de Gobernanza Pesquera y Medios de Vida, Pedro Ferreiro, valoró que la iniciativa “no pretende sustituir a los Estados ni interferir en sus competencias, responsabilidades o derechos conforme al marco jurídico internacional”, y admitió que cualquier avance hacia una gestión regional “deberá contar con la participación y el respaldo de los Estados”. Los organizadores convocaron además a armadores, empresas transformadoras y comercializadoras, trabajadores y demás actores de la cadena de valor, que abarca actividades portuarias, logísticas e industriales, a involucrarse de forma activa y continuada.
La de Vigo fue la cuarta reunión de un proceso que empezó con talleres en Chile y Panamá y siguió en Bangkok. Aun no trascendieron documentos, resultados ni conclusiones de ninguna de esas ediciones. Tampoco se identificaron medidas de manejo que den continuidad a las normas que aplica la Argentina para cuidar la especie.
Los propios organizadores definieron la meta como “convertir el conocimiento científico compartido en un punto de encuentro entre flotas que compiten por el mismo recurso” y “garantizar la conservación de Illex argentinus y la continuidad económica y social de una de las principales pesquerías del Atlántico Sur”.
El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
Patricia Bullrich llegó al 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, con dos reclamos para el Gobierno que integra. Pidió que los cambios de tres años de gestión se verifiquen “en cada familia” y resumió la urgencia con una fórmula repetida a propósito: “Velocidad, velocidad en los cambios”. Además, cuestionó que la Casa Rosada llevara al Congreso la Ley de Tierras mientras el capítulo correspondiente del DNU 70/2023 seguía en la Justicia.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue la figura oficialista de mayor peso del encuentro, con Javier Milei y buena parte de su gabinete en París.
En la conferencia de prensa previa a su exposición, explicó que el objetivo es que las reformas muestren rápidamente un horizonte para las empresas y terminen por reflejarse en “una economía familiar mucho más amable”. También describió una economía a dos ritmos: “No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y, por otro lado, algunas economías del país, como pueden ser los hidrocarburos, la pesca, el agro y la minería, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar”.
Parte del problema, dice, está en el costo argentino, con un comercio que soporta una carga impositiva tres veces más alta que la de Chile o Brasil. Sobre la advertencia de J.P. Morgan por una posible recesión, fue cauta y dijo que todavía no están los números para evaluarla.
El reproche por la Ley de Tierras tuvo dos escenarios. En un acto por los 30 años de la Constitución porteña en la Facultad de Derecho de la UBA, calificó de “apresurado” el envío de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía ese capítulo. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, admitió. Como el fallo llegó después de que la ley no pudiera votarse, reconoció que la oposición podría voltear el DNU.
Ya en IDEA, sumó un argumento técnico. Si mientras un decreto atraviesa la Justicia se discute una ley que no se aprueba, el Gobierno termina “tapando su propio instrumento legal”. “¿Para qué vas a mandar una ley si todavía estás en la Justicia con la constitucionalidad o no de ese capítulo de la Ley de Tierras?”, se preguntó, antes de reivindicar “el principio de la continuidad de los actos”.
El martes pasado, la Corte Suprema revocó un fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras y repuso el artículo 154 del DNU, que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aclararon después que solo resolvieron una cuestión procesal, la legitimación de una asociación para obtener una cautelar, sin pronunciarse sobre la validez del régimen. Bullrich se apoyó en esa aclaración para sostener su postura.
La Ley de Tierras se sumó a otros contrapuntos recientes. La senadora criticó los recortes en Discapacidad del Presupuesto 2027, rechazó impulsar el juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis por el régimen penal juvenil y marcó diferencias por el manejo del caso de Manuel Adorni, por el freno al pliego de una jueza y por su exclusión de debates de la reforma política.
Consultada por esas posiciones, rechazó leerlas como un choque con el Presidente. “No lo miraría en contradicción con, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico, en que me paro”, sostuvo, y aseguró que busca representar las preocupaciones de empresas, trabajadores, estudiantes, pymes y comercios.
— El Presidente fue recibido por Emmanuel Macron (Francia) en el Palacio del Elíseo
En un panel moderado por Martín Galdeano, director de IDEA, propuso extender a toda la economía la estabilidad de 30 años del RIGI y premiar o castigar a provincias y municipios según bajen o no sus tributos. También apuntó al sistema previsional, con seis millones de trabajadores formales que sostienen a 20 millones de beneficiarios. “El sistema no va más”, sentenció, y planteó dejar de cobrar impuestos al trabajo para combinar una base financiada con impuestos generales y un ahorro que podría canalizarse por convenios colectivos.
La pregunta que circulaba entre los empresarios apuntaba a 2027. Bullrich recordó que acaba de ser elegida senadora por seis años y evitó proyectarse: “No sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas”. Remarcó que el objetivo es “no ir para atrás”, aclaró que las alianzas “aún están en veremos” y deslizó: “Ojalá que sea todo, ojalá que sean todos los argentinos”. Los empresarios, que la esperaban en un almuerzo reservado en el Costa Galana, querían saber si se perfila como candidata propia o como compañera de fórmula de Milei.
La subordinación ideológica y los homenajes automáticos hacia el Estado de Israel se convirtieron en el eje central de la política exterior de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato a fines de 2023, el Presidente consolidó una alianza ciega caracterizada por repetidos viajes a Jerusalén, visitas al Muro de los Lamentos y promesas de traslado diplomático, priorizando la agenda geopolítica extranjera por encima de los intereses soberanos de la Argentina. Esta bajada de línea importada desde la Casa Rosada encontró rápidamente eco en gobernadores y administraciones provinciales ansiosos por congraciarse con el poder central.
La pantomima de esta cercanía artificial tuvo uno de sus puntos más grotescos el 6 de octubre de 2025. En plena presentación de su libro en el Movistar Arena, y con la excusa de conmemorar el aniversario de los ataques en Medio Oriente, Milei entonó públicamente el tradicional canto festivo “Hava Nagila” —cuya letra celebra la alegría, la felicidad y convoca a bailar— frente a miles de personas. Lejos de guardar un respetuoso luto, el mandatario convirtió la tragedia en un show, coreando torpemente frases festivas para conmemorar un atentado, exponiendo la farsa de un fervor religioso y cultural construido exclusivamente para la tribuna.
Javier Milei y Lilia Lemoine cantando una celebración por el atentado del 7 de octubre de 2023.
Importación de homenajes
La lógica de la sumisión geopolítica bajada desde la Casa Rosada encontró un correlato directo en el interior del país. La Policía de Córdoba y la Legislatura provincial decidieron bautizar oficialmente una de las dependencias estratégicas del sistema de emergencias con el nombre de Roni Eshel, una joven militar extranjera de 19 años que integraba las Fuerzas de Defensa de Israel y resultó asesinada el 7 de octubre de 2023. El acto, llevado a cabo con la participación del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, incluyó la visita especial de la familia de la soldado, que viajaron desde Israel.
La familia Eshel recibiendo un homenaje.
La homenajeada no tenía ninguna relación con la Argentina ni con la provincia de Córdoba. Se desempeñaba en tareas de observación en la frontera de su país de origen, un conflicto geopolítico ajeno a las problemáticas locales. A través de este nombramiento, el poder político cordobés adoptó un símbolo internacional en una dependencia de seguridad pública local, replicando gestos de pleitesía hacia la agenda exterior impulsada por el Ejecutivo nacional.
Los padres de Roni Eshel en el centro de monitoreo que lleva el nombre de su hija.
La decisión responde al denominado “Proyecto Oz”, una iniciativa de alcance global impulsada por instituciones de la comunidad judía que busca replicar el nombre de la soldado en dieciocho centrales de monitoreo de distintos países. Así, una bajada de línea internacional importada por la DAIA se incrustó directamente en la estructura de seguridad cordobesa, con un aval legislativo exprés que condecoró a los familiares con un beneplácito oficial.
La familia Eshel junto a la placa que homenajea a su hija a casi 13.000 km de donde perdió la vida.
El contraste y el abandono propio
El homenaje oficial a una militar extranjera choca de manera violenta con la realidad diaria que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Mientras el poder político cordobés desfila junto a funcionarios y familiares llegados desde Medio Oriente, los policías provinciales y federales arriesgan y pierden la vida en las calles del país enfrentando al delito cotidiano, sepultados bajo el desinterés institucional y sueldos de miseria.
Esta subordinación selectiva y desconectada de las urgencias reales también ignora conflictos bélicos de magnitud global que llevan años cobrándose vidas a escala masiva, como la guerra en Ucrania. Al final, el despliegue de pleitesía en Córdoba demuestra que la obediencia a la agenda exterior importa más que honrar a los caídos propios.
Más de 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio y desataron el caos en la ciudad autónoma española. El 90% de los irregulares retornó voluntariamente en los días posteriores, pero se calcula que unos 10.000 permanecen hasta hoy en sus calles, ocupan sus espacios públicos y ocasionan problemas de seguridad ciudadana.
El dato lo aportó José Daniel Mendoza, propietario de Deportes Mendoza, un establecimiento de referencia del sector en la ciudad, en declaraciones al medio español Libertad Digital. Las cifras, dijo, hablan por sí solas: las ventas de los aerosoles de autoprotección “se han incrementado en un 500%”.
— José Daniel Mendoza lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual
El comerciante describió una escena que explica mejor que cualquier estadística el clima que se vivió en la ciudad durante aquellas semanas. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos y cúteres en el bolsillo. Te lo puedo decir porque han entrado en mi tienda y me lo han contado ellas mismas”, aseguró.
La demanda fue tan repentina que agarró desprevenidas a las armerías y a los demás comercios especializados. “Era desorbitada”, resumió Mendoza. En su local, el mecanismo habitual de venta directa se volvió imposible y hubo que anotar a los clientes: “Tuvimos hasta listas de espera”. El problema se agravó por una cuestión de calendario. La mayoría de los grandes distribuidores españoles cerraron por vacaciones durante agosto, justo el mes en que se disparó la necesidad, y eso derivó en problemas de abastecimiento. Recién con el inicio de septiembre, explicó el comerciante, el stock volvió prácticamente a la normalidad.
También cambió el perfil del comprador. Mendoza, que lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual, detalló el orden en que se acercaron los clientes: “Los primeros que lo compraron fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo guardias civiles y militares que los adquirían para sus familiares. Y después los, digamos, ciudadanos normales”.
Consultado sobre qué elemento conviene llevar encima, el comerciante, especialista en deportes al aire libre y en artículos de defensa personal, se inclinó por una variante concreta del producto. “Lo que se aconseja es el spray de pimienta, sobre todo el modelo de gel”, señaló, porque a diferencia del aerosol tradicional no se dispersa en el aire ni vuelve sobre quien lo usa. “No te afecta a ti en nada y ayuda a la policía a identificar al agresor”, explicó, ya que el gel deja una marca visible sobre el atacante: “En cuanto le quema, se toca y se mancha. Y tiene un alcance operativo de cuatro metros”.
El fenómeno excedió a Ceuta. La empresa SHOKE, especializada en defensa personal, registró un incremento superior al 50% en la venta de espráis de pimienta homologados durante el último mes, en coincidencia con la repercusión mediática de la crisis migratoria. En su caso, la medición abarca a toda la Península y a un solo tipo de producto, el aprobado por la normativa española. Los pedidos llegaron desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, entre otras ciudades. Según la firma, “el perfil mayoritario corresponde a particulares que buscan reforzar su protección ante una creciente sensación de inseguridad, aunque también se ha detectado interés entre los profesionales del sector”. La compañía advirtió además que recibió cientos de consultas, en su local y por internet, sobre la legalidad de estos dispositivos y las condiciones para usarlos.
El repunte de las ventas no fue el único indicador del clima que se vive en Ceuta. El Partido Popular difundió en rueda de prensa las cifras de llamadas a la Policía durante agosto y las comparó con las del mismo mes del año anterior, como prueba, sostuvo el partido, de que la inseguridad en la ciudad es real y “no una percepción”, tal como intenta presentarla el Gobierno español. Los expedientes de seguridad ciudadana pasaron de 568 a 5.233; los allanamientos de morada, de 10 a 600; los intentos de intromisión en el Puerto, de 57 a 1.163; y las alteraciones del orden público, de 32 a 326.
“Los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por siete en un año, las alteraciones de orden público por diez, los intentos de entrar en el Puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60″, sintetizó el portavoz Borja Sémper. Y remató: “Esto es lo que están sufriendo los ceutíes”.
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