INSÓLITO | Maduro aterroriza a los venezolanos con supuestos ataques terroristas inexistentes
El dictador chavista pone en ejercicio su creatividad inventiva una vez más al acusar al presidente colombiano, Iván Duque, de querer atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
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El dictador venezolano Nicolás Maduroles solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos policiales de su país mantenerse “alerta” ante las “amenazas terroristas” que “se escuchan” desde Bogotá, Colombia. Según el líder chavista, el objetivo de las presuntas ofensivas serían “hacerle daño a la patria”. Sin pruebas alguna, vale la pena destacar.
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“Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada Patria”, sentenció el dictador durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Presidente Iván Duque sobre Nicolás Maduro: “No debí decir que las horas están contadas porque uno debe tener un margen pero me salió del alma”. En la entrevista, para Caracol Radio, Duque sostuvo que, “sigo pensando que uno debe seguir gobernando para defender a la democracia”. pic.twitter.com/RQV31Itko6
Maduro refirió, a su vez, que estos presuntos amedrentamientos desde Colombia, de los que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, aseguró que su régimen está dispuesto a someter a quienes atenten contra la paz.
“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó. El pasado 2 de julio el dictador afirmó que el jefe de Estado colombiano sigue activando planes violentos, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y atentados “terroristas” contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno de Colombia, que en un comunicado de la Cancillería, las calificó de “mentirosas, cínicas e irresponsables”. Durante el acto de este martes, Maduro designó a Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante general de la Aviación Militar y al almirante Aníbal José Brito Hernández como comandante de la Armada Bolivariana.
La semana pasada se había tocado la posibilidad de que el líder del régimen venezolano pudiera asistir a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Esto se debió a una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado, en la cual un ciudadano, identificado como Juan Luis Castellanos, argumentó que la posibilidad de que Maduro no asista al evento le vulnera sus derechos fundamentales.
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Tras una operación secreta, el equipo de la 42ª expedición antártica china perforó exitosamente 3.413 metros de hielo en la Antártida Oriental, bajo las directrices del jefe de investigación Guo Jingxue, accediendo a la zona del lago subglacial Qilin. Esto fue informado oficialmente por el Ministerio de Recursos Naturales de China a través de la agencia Xinhua. La operación batió ampliamente el récord mundial anterior de perforación polar con agua caliente, que era de 2.540 metros, logrado entre 2004 y 2011 por el proyecto IceCube en el Polo Sur.
Se sospecharía de proyectos similares en la Península Antártica, reclamada históricamente por Argentina. La técnica utilizada se conoce como perforación con agua caliente. En lugar de taladros mecánicos con brocas metálicas, se emplean chorros de agua a alta presión y temperatura que derriten el hielo hasta abrir un túnel.
El método ofrece ventajas notables, ya que es más rápido que la perforación tradicional, resulta más limpio porque no incorpora químicos ni sustancias externas que puedan alterar ecosistemas vírgenes y permite construir túneles estables y de gran diámetro para descender instrumentos científicos. Por esas razones, se lo considera el estándar internacional de referencia para acceder a lagos subglaciales.
La actividad fue inicialmente comunicada con bajo perfil. China completó la perforación el 5 de febrero de 2026, pero recién lo anunció oficialmente el 7 de abril de 2026, más de dos meses después. Esto generó cierta controversia, ya que la acción no fue comunicada en tiempo real a la comunidad científica internacional. Además, China bautizó de manera unilateral al lago como “Qilin” en 2022, un gesto que fue interpretado como una forma de apropiación simbólica del territorio. A eso se suma que varios analistas occidentales advierten que muchos proyectos científicos chinos podrían tener un doble propósito, civil y militar.
Esta perforación formaría parte de una expansión sostenida de China en la Antártida que, en los últimos años, incluyó la puesta en funcionamiento de cinco estaciones de investigación, con una sexta en proceso de evaluación ambiental, y la inauguración de la estación Qinling en 2024, que le otorgaría capacidad de monitoreo de comunicaciones en la región. A esto se suma un informe del Pentágono de 2022 que advirtió que la infraestructura antártica china probablemente tiene un componente militar, así como la capacidad demostrada del país para operar en más del 90% del casquete antártico y en todo el Ártico.
Sin embargo, cuanto más profundo se va, más difícil es controlar el proceso, lo que hace que el récord de 3.413 metros sea un logro técnico notable. China utilizó nieve del propio lugar para evitar contaminantes externos, aplicó materiales anticontaminación y procedimientos estrictos de esterilización.
El objetivo estratégico de fondo es claro. China quiere posicionarse como potencia polar dominante para cuando se renegocie el Protocolo de Madrid en 2048.Ese protocolo, firmado en 1991, prohíbe toda explotación minera en la Antártida hasta esa fecha. Pero los recursos potenciales son colosales, entre ellos se estiman 500.000 millones de toneladas de petróleo y entre 300.000 y 500.000 millones de toneladas de gas natural en el continente, además de minerales como oro, cromo y uranio.
Formalmente, no sería una violación del Tratado Antártico, ya que China es signataria de dicho convenio desde 1959 y del Protocolo de Madrid de 1991, y su actividad se mantiene dentro del marco legal vigente. El propio Ministerio chino insistió en que la operación cumple con los requisitos del tratado de uso pacífico y protección ambiental.
No obstante, el problema de fondo es la intención a largo plazo, expertos como la Dra. Anne-Marie Brady señalan que China está construyendo la mejor posición posible antes de que llegue la revisión del tratado en 2048, y que sus materiales en chino son muy explícitos sobre el interés en los recursos minerales antárticos.
Li Yuansheng, profesor visitante de la Facultad de Ciencias Geográficas de la Universidad Normal del Este de China en Shanghái, califica a este hecho como “revolucionario y pionero, que posiciona a China como líder en la perforación polar con agua caliente”.
Una cápsula del tiempo
El lago Qilin es el segundo lago subterráneo más grande descubierto en la Antártida. Está ubicado en la Tierra de la Princesa Isabel, en la Antártida Oriental, enterrado bajo más de 3.000 metros de hielo y a unos 120 kilómetros de la estación china de Taishan.
Lo que lo hace extraordinario es su aislamiento, llevando al menos 3 millones de años sellado del mundo exterior, en un ambiente de alta presión, oscuridad total, temperaturas extremas y muy bajos nutrientes.
Eso convierte a sus aguas y sedimentos en una verdadera cápsula del tiempo geológica, capaz de conservar registros atmosféricos de épocas anteriores al congelamiento, microorganismos únicos adaptados a condiciones extremas y datos clave para reconstruir el clima del planeta en el pasado. Además, podría ofrecer pistas valiosas sobre la posibilidad de vida en lunas heladas como Europa, el satélite de Júpiter.
En toda la Antártida, en 2025 se identificaron un total de 231 lagos subglaciales activos; antes solo se conocían 146. Son ecosistemas que la ciencia apenas empieza a explorar.
Una fotografía que se viralizó muestra a un soldado israelí armado con un hacha o mazo destruyendo el rostro de una escultura de Jesucristo crucificado en la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano.
“Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esa cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados”, lo describió así el cura de la aldea, Fadi Falfel.
Tras una investigación interna, el Ejército israelí confirmó que el soldado pertenece a sus filas y prometió aplicar “la máxima severidad” en las medidas que correspondan. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó estar “sorprendido y entristecido”, condenó el hecho “en los términos más enérgicos” y lo calificó como contrario a los “valores judíos de tolerancia”.
“Ayer, como la inmensa mayoría de los israelíes, me quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano”, afirmó Netanyahu, añadiendo que “como Estado judío, aprecia los valores basados en la tolerancia y el respeto mutuo entre los seguidores de todas las religiones”.
En la misma línea, el canciller Gideon Sa’ar lo destacó como un acto “grave y vergonzoso” y pidió disculpas a todos los cristianos que se hayan sentido ofendidos. Además, Israel prometió reparar el santuario y colaborar con la comunidad para recolocar la estatua de Cristo.
El viceprimer ministro polaco Radosław Sikorski elogió a Sa’ar por disculparse, lo que desató un intercambio tenso en X entre funcionarios israelíes y el gobierno polaco.
“Los propios soldados de las FDI admiten haber cometido crímenes de guerra. No solo mataron a civiles palestinos, sino incluso a sus propios rehenes”, expresó Sikorski, agregando que “Israel debería de aprender del incidente”, en aparente referencia a la extensa ofensiva israelí en Gaza, que dejó más de 70.000 palestinos muertos, además de rehenes israelíes, como resultado de ataques aéreos y terrestres.
La campaña, que se prolongó durante dos años, fue lanzada en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sa’ar replicó acusando a Sikorski de difundir “declaraciones difamatorias” contra las FDI.
El hecho ocurre en un momento geopolíticamente delicado. El alto el fuego entre Israel y el Líbano —mediado por Estados Unidos y anunciado por el presidente norteamericano Donald Trump— entró en vigor en abril de 2026, pero Israel ha mantenido tropas desplegadas en el sur del país, y el ejército libanés ya denunció violaciones del acuerdo. Israel justificó su presencia en posiciones clave incluso después del cese al fuego, lo que mantiene a comunidades como Debel bajo ocupación de facto mientras se negocia la paz.
Esto significa que la profanación ocurrió en territorio libanés que Israel sigue controlando militarmente, no en el fragor de un combate activo, lo que agrava la percepción del acto como un comportamiento deliberado e innecesario.
Patrón sistemático
El diario libanés L’Orient-Le Jour y la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (que incluye al cardenal Pierbattista Pizzaballa) señalaron que no se trata de un caso aislado.
Entre los antecedentes documentados figura la profanación, en el otoño de 2024, de un monasterio y de una estatua de San Jorge en el sur del Líbano por parte de soldados israelíes, según fotografías difundidas como evidencia.
En octubre de ese mismo año, un ataque aéreo destruyó la iglesia greco-católica de Derdghaya, construida en 1911 y considerada patrimonio histórico, y provocó la muerte de ocho personas. Meses antes, en noviembre de 2023, la Fuerza Aérea israelí había dañado parcialmente la iglesia greco-católica de San Jorge, en Yaroun. Según el medio libanés, “mezquitas e iglesias son blancos frecuente de ataques israelíes”.
La Asamblea Católica de Tierra Santa fue contundente al señalar que el acto “revela una preocupante falla en la formación moral y humana” del Ejército israelí y exigió “acción disciplinaria inmediata y determinante”.
La BBC calificó el caso como uno que “desató indignación” a nivel mundial, mientras que organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada recordaron que “ninguna circunstancia puede justificar actos que hieren la dignidad religiosa de las comunidades”.
En otro caso polémico en el que se vio implicada la Iglesia Católica, el padre Pierre al Rahi murió el 9 de marzo cuando un tanque israelí disparó contra una casa situada en el pueblo de Qlayaa, en la frontera sur del Líbano. El papa León XIV reaccionó expresando su “profundo dolor por todas las víctimas de los atentados de los últimos días en Oriente Próximo”, incluido “el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa”.
Se estima que alrededor del 30% de la población libanesa es cristiana, en un país que además constituye el único de Oriente Próximo donde el poder se reparte formalmente entre musulmanes chiíes y suníes, por un lado, y cristianos, por el otro, en el marco del llamado Pacto Nacional.
Líbano reúne diversas minorías cristianas, entre ellas los católicos maronitas, que alguna vez fueron mayoría y hoy son minoría, los greco-ortodoxos, los greco-católicos melquitas y los armenios apostólicos. Como ocurre con otras comunidades religiosas del país, muchos cristianos han quedado atrapados en medio del conflicto entre Israel y el grupo chií Hezbolá.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.
El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.
El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores,invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.
En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.
A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.
Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.
Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.
La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.
En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión.
La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.
En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.
Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”.
De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto.
La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.
Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores.
En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.
La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.
El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.
La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.
Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.
La Justicia boliviana dio un paso en el proceso judicial más resonante de los últimos años. Hoy lunes, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el presunto delito de trata agravada de personas. Como consecuencia directa el juez Carlos Oblitas suspendió la audiencia y ratificó una orden de aprehensión y arraigo en su contra que le impide salir del país.
La audiencia se instaló a las 8:30 de la hora local en la ciudad sureña de Tarija. Morales no asistió. Tampoco lo hicieron sus abogados.
“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados” fue la categórica respuesta de Luis Gutiérrez, el fiscal del caso. Gutiérrez también aclaró que la ejecución de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía Boliviana y “no es una atribución” del Ministerio Público.
Desde la Fiscalía Departamental de Tarija se precisó que los abogados de Morales no presentaron “ninguna clase de justificativo” por su ausencia.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, subrayó el peso del expediente acumulado por la acusación: más de 170 pruebas de cargo y 39 testigos.
La causa tiene su origen en la presunta vinculación del exmandatario con una adolescente durante su presidencia. Según la acusación formal Morales mantuvo una relación con la menor de edad en 2016. Ese año tuvo con ella una hija y habría otorgado beneficios a la familia de la joven.
La mujer (ya es mayor de edad) declaró ante algunos medios locales que reside actualmente en Argentina junto a la niña.
La defensa de Morales respondió con una lectura completamente distinta. Wilfredo Chávez, uno de sus abogados, sostuvo en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para concurrir al inicio del juicio, sino mediante un “edicto” judicial, lo que, a su juicio, constituye un “vicio causal de fondo”. Chávez también calificó el proceso como un asunto político, al señalar que el juicio fue “desempolvado” en un momento en el que existen varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Por su parte, el abogado Nelson Cox había adelantado la semana pasada que Morales no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó.
No es la primera vez que Morales desafía una convocatoria judicial. La acusación formal fue presentada en octubre de 2024. Durante la fase preliminar de investigación, a principios de 2025, el juez NelsonRocabado ya lo había declarado en rebeldía luego de que no compareciera en dos oportunidades a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, con el argumento de problemas de salud. En esa misma instancia se le dictó arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.
La orden de aprehensión emitida hoy es la segunda que pesa sobre el exgobernante. La primera nunca se ejecutó. Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (región cocalera del centro del país considerada su bastión político y sindical) bajo la custodia permanente de cientos de sus seguidores.
– Lauca Ñ, el lugar en el que se refugia Evo Morales
En los alrededores de su domicilio, esos militantes montaron una guardia que lo vigila las 24 horas del día y levantaron barricadas para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad. En octubre y noviembre de 2024, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días consecutivos para impedir el ingreso de agentes policiales a la zona.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó el avance del trabajo del Ministerio Público, que, según el fiscal Mogro, “ha actuado con transparencia y celeridad dentro de este proceso”, al cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos por la norma.
Morales denunció en múltiples oportunidades que el proceso judicial en su contra buscaba impedir su candidatura en las elecciones de noviembre de 2025, comicios a los que pretendía presentarse por primera vez después de romper con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó y lideró durante casi treinta años. Sin embargo, y pese a sus alegatos de persecución política, nunca negó la vinculación con la menor.
El Reino Unido acaba de aprobar una de las leyes antitabaco más ambiciosas de la historia moderna. El Parlamento británico dio luz verde al Tobacco and Vapes Bill, una legislación generacional que prohíbe de forma permanente la venta de tabaco a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Solo queda pendiente la firma del rey Carlos III para que sea ley oficial, con entrada en vigor prevista para 2027.
“Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos toda una vida de adicción y daño”, aseguró el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, y agregó que se trata de un momento “histórico” para el país.
— El presidente británico, Keir Starmer
La edad legal para comprar tabaco (actualmente 18 años) aumentará un año por cada año calendario que pase. Esto significa que quienes nacieron en 2009 nunca llegarán a una edad en que puedan comprarlo legalmente, sin importar cuántos años tengan en el futuro.
La lógica es simple, ya que la barra siempre estará un año por delante de ellos. Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad. En 2027, si la edad mínima subiera a 19 años, quienes nacieron en 2009 tendrían 18 y no podrían comprar. En 2030, con un piso de 22 años, esos mismos nacidos en 2009 tendrían 21 y seguirían sin poder hacerlo. Y en 2060, cuando la edad mínima llegara a 52 años, tendrían 51, por lo que tampoco estarían habilitados para comprar.
La ley alcanza a todas las personas nacidas el 1 de enero de 2009 o después, es decir, a quienes hoy tienen 17 años o menos. Se aplicará en todo el territorio del Reino Unido, incluidos Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La sanción recae sobre comercios y empresas, no sobre los individuos que intenten comprar. Es el vendedor el que comete una infracción legal.
“Esta legislación pionera transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera no será capaz de causar estragos en los pulmones de la próxima generación”, destacó Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma + Lung UK.
La ley no se limita al cigarrillo tradicional. La medida incorpora además un conjunto de restricciones específicas sobre el vapeo, entre ellas la prohibición de vender vapeadores a menores de 18 años y de comercializarlos en máquinas expendedoras, la veda a su distribución gratuita y la facultad del gobierno para regular sabores especialmente atractivos para adolescentes, como los de frutas o dulces, así como el diseño de envases llamativos. También establece límites para su uso, al prohibir vapear dentro de vehículos en los que viajen menores, en parques infantiles y en los alrededores de hospitales y escuelas.
Sin embargo, el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, prometió el mes pasado en una columna de opinión que, si su fuerza gana las elecciones generales de 2029, derogará la norma, a la que calificó de “idiota”.
“¿Cómo se supone que va a funcionar la prohibición?”, preguntó Farage en The Telegraph. “Dentro de diez años, una persona de 27 años no podrá comprar cigarrillos legalmente, pero una de 28 sí podrá hacerlo”, argumentó.
Según Daily Mail, se permitirá la excepción de vapear en las zonas exteriores de los hospitales como herramienta de apoyo para aquellas personas que estén intentando dejar de fumar.
Motivaciones de la prohibición
Esta iniciativa fue lanzada originalmente por el gobierno conservador de Rishi Sunak y continuada por el actual gobierno laborista de Keir Starmer, un dato que refleja un consenso político inusual en el Reino Unido.
El Reino Unido se inspira en Nueva Zelanda, que intentó una medida similar aunque luego la revirtió. Si esta ley se sostiene, el Reino Unido se convertiría en el primer país de gran escala del mundo en avanzar de forma real hacia una generación no adicta de tabaco.
Desde Cancer Research UK también señalaron que la ley representa un logro histórico y que, además, podría contribuir a poner fin a los cánceres provocados por el tabaquismo.
Solo en Inglaterra, fumar causa aproximadamente 400.000 hospitalizaciones anuales y se atribuye a 64.000 muertes cada año. De acuerdo con el NHS, el sistema público de salud británico, los gastos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco como el cáncer y afecciones cardiovasculares rondan los USD 3.750 millones al año. Las estimaciones del periódico sitúan el coste social total entre USD 26.600 millones y USD 34.500 millones anuales, destacando como factor principal la pérdida de productividad.
El Gobierno y las instituciones de salud británicas impulsan la prohibición asegurando que contribuirá a salvar vidas y reducir los efectos negativos del tabaquismo, con el respaldo de asociaciones médicas y entidades de salud pública.
El núcleo de este escándalo no reside sólo en una disputa de cargos, sino en la institucionalización de una práctica que el liberalismo denunció como el punto más bajo del autoritarismo estatal: el armado de listas negras. Lo que comenzó como una supuesta reunión de diálogo con la base militante terminaría en un empadronamiento de “traidores” con nombre, apellido y DNI, listados que hoy serían utilizados como munición para amedrentar a quienes cuestionan la gestión de Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires.
Para entender cómo el movimiento que llegó para romper las cadenas terminó construyendo sus propios cepos digitales, es necesario desarmar el entramado de amenazas y judicialización que hoy fractura al oficialismo. Pero para comprender la magnitud de este “lawfare” interno, hay que empezar por el principio y ponerle nombre a los ejecutores de la vigilancia.
Martín Menem, Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich.
El “lawfare” interno y las amenazas de Seivane
La interna de La Libertad Avanza ha cruzado el límite de la disputa política para adentrarse en el terreno de la persecución penal. El brazo ejecutor de esta táctica es el abogado de Lilia Lemoine, quien actúa bajo su venia, Hernán Emilio Seivane, beneficiario de subsidios por parte del gobierno de Alberto Fernández, como se demuestra en esta investigación.
Además, luego de expresar textualmente “necesitamos más abogados como Hernán”, Lemoine ha admitido que su abogado también representa a la diputada María Celeste Ponce, y a los influencers Lourdes Palavecino, del canal de streaming oficialista Carajo a “Marilongui” (Mariela Marilú Medina), y del canal de streaming oficialista Ánima Digital a “Mate con mote” (Christopher Marchesini), a “En el ojo del poder” (Lucas Apollonio) y a “Herrero Liberal” (Matías Bernal).
El tuit del abogado de Lemoine confirmando las listas negras.
A través de la red social X (ex Twitter), Seivane ha lanzado advertencias explícitas sobre el inicio de denuncias penales contra aquellos integrantes del espacio que manifiesten disidencia frente a las directivas de la dirigencia nacional; aunque luego borró la publicación y se justificó diciendo que “era click bait“. Esta utilización del sistema judicial para inhibir la crítica interna ha sido diseñada para silenciar las voces que cuestionan el armado territorial en la provincia.
Seivane amenazando con incorporar a la causa a una militante disidente y admitiendo sumar críticas provenientes de conversaciones privadas.
La legisladora ex cosplayer no sólo ha respaldado estas acciones, sino que ha validado públicamente laexistencia de un sistema de vigilancia sobre la propia militancia. En diversas intervenciones, la diputada admitió poseer los listadosde quienes, según su óptica, “operan” contra la conducción de Sebastián Pareja. Lo que para la base electoral representaba una fuerza basada en el mérito ideológico y la libertad de expresión, hoy se traduce en un régimen de ultimátums donde la lealtad al armador político se impone bajo la amenaza de la justicia penal.
La diputada nacional Lilia Lemoine junto a Hernan Seivane, su abogado.
La fragilidad de los argumentos para judicializar la política quedó expuesta por el propio Hernán Seivane, quien intentó disfrazar de “asociación ilícita” lo que en realidad son un par de militantes quejándose de su representada. El abogado de la diputada justificó su amenaza de denuncia penal alegando que un grupo de militantes había “organizado un ataque en manada” contra Lemoine.Sin embargo, la captura de pantalla de WhatsApp que él mismo adjuntó como supuesta prueba incriminatoria sólo muestra a un puñado de jóvenes proponiendo redactar un tuit crítico hacia la legisladora. Seivane lo justificó diciendo que estos hechos organizados terminan en que le tiren piedras a Lemoine en su casa.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Este hecho no sólo confirma que lo más “fuerte” que tiene la cúpula para perseguir a su base es la libre expresión de ideas, sino que además constituye una prueba irrefutable de que el oficialismo accede y monitorea conversaciones privadas para alimentar sus listados de persecución. Lo que para el entorno de Lemoine es una “manada”, para cualquier sociedad democrática es el ejercicio básico de la disidencia política en un entorno privado.
Seivane, el abogado de Lemoine que elabora las listas negras.
Del NODIO kirchnerista a las listas negras del mileísmo
La mayor contradicción de este proceso de vigilancia reside en el espejo histórico que refleja. En 2020, el arco liberal y la derecha argentina reaccionaron con unánime rechazo ante la creación del NODIO, el observatorio de la desinformación impulsado por el kirchnerismo que fue denunciado como un esquema de persecución a opositores y una amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, lo que hoy ocurre en las entrañas de La Libertad Avanza guarda una similitud alarmante con aquel organismo de control. La recolección de datos personales de militantes bajo el pretexto de “ordenar el espacio” se ha transformado en un mecanismo de empadronamiento de la disidencia.
Sergio “Tronco” Figliuolo junto a las diputadas Karen Reichardt y Virginia Gallardo, frente a Casa Rosada.
El caso del diputado nacional de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, resultaría paradigmático en esta metamorfosis. Quien fuera una figura de confianza para la militancia joven debido a su perfil mediático en Neura, según señala la militancia mileísta en redes sociales, ha sido el encargado de organizar una reunión con el supuesto fin de escuchar las críticassobre la gestión de Sebastián Pareja junto a Lilia Lemoine.
El abogado de Lemoine, Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (izq.) y Sebastián Pareja (der.).
No obstante, los testimonios y capturas de pantalla posteriores revelarían, según la base de La Libertad Avanza, que el encuentro fue una trampa logística para identificar activamente a los focos de resistencia interna. Durante la jornada, se procedió a recolectar nombres, apellidos y números de DNI de los asistentes disconformes, información que luego terminó en manos de la cúpula legislativa para su posterior uso punitivo.
La paradoja es total: las mismas banderas que se alzaron contra el control estatal de la palabra hoy se utilizan para justificar archivos de “traidores” internos.
El obsesivo pasado anti-Milei de Seivane, antes de notar la veta de derecha.
Guerra abierta en X
El conflicto alcanzó su punto de ebullición pública en las redes sociales, donde se produjo un quiebre definitivo en la vanguardia comunicacional del movimiento.El enfrentamiento entre la diputada Lilia Lemoine y Daniel Parisini(alias “Gordo Dan”) simboliza la fractura entre los arquitectos de la narrativa desde la campaña de 2023y la estructura institucional que hoy busca blindar a sus armadores. Parisini —vinculado al asesor presidencial, Santiago Caputo— hizo eco de las denuncias sobre la “limpieza” de militantes propios en la provincia, encontrando como respuesta un ultimátum defensivo de Lemoine hacia la figura de Pareja.
Parte del cruce en redes entre Lemoine y Parisini.
La situación se tornó aún más opaca para la militancia disidente tras el acto oficial en Suipacha. Allí, Karina Milei, flanqueada por Sebastián Pareja y el ex-dirigente del PRO, Diego Santilli(ex vicejefe de gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, apodado “El Siniestro” por el propio Milei), confirmó que uno de los dos sería el candidato a gobernador para el 2027. Esta revelación fue interpretada como la claudicación final ante la “casta amarilla”, desplazando cualquier posibilidad de una opción puramente libertaria en el distrito electoral más grande del país y confirmando que la estructura verticalista prefiere la alianza con el establishment tradicional antes que el sostenimiento de sus bases fundacionales.
Sebastián Pareja, Karina Milei y Diego Santilli.
El factor Pareja y el desplazamiento de la base
La raíz de esta paranoia institucional y la consecuente persecución tiene un nombre propio: Sebastián Pareja. El diputado nacional y armador territorial de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido, recientemente, en el epicentro de una crisis de identidad que amenaza con devorar los cimientos de La Libertad Avanza.
Si bien Pareja se encarga del armado bonaerense desde 2022 —y, desde entonces, comenzó a incorporar a “ex” kirchneristas en lugares estratégicos—, las revelaciones sobre su trayectoria política han herido la sensibilidad de la militancia más doctrinaria. Esto ocurrió, en parte, al documentarse sus vínculos estrechos con las estructuras que el movimiento mileísta prometió desmantelar, incluyendo su rol como financista en la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
El registro del aporte de Sebastián Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou.
La ironía de que la mano derecha de Pareja, Ramón “Nene” Vera, cargue con denuncias por irregularidades en la gestión de suministros escolares —específicamente la distribución de alimentos en mal estado en escuelas, como ya explicamos en Data 24— ha generado una fractura simbólica imposible de ignorar.
Para sostener esta estructura cuestionada, la estrategia de Pareja ha consistido en la cooptación sistemática de dirigentes provenientes del kirchnerismo y el peronismo tradicional, bajo una supuesta premisa de “gobernabilidad”. Este proceso ha derivado en el desplazamiento de los cuadros jóvenes que, de manera orgánica y sin recursos públicos, sostuvieron la narrativa del partido en sus inicios.
La implementación de las listas negras y las amenazas judiciales aparecen, entonces, como la única herramienta capaz de contener el descontento de una base que ve cómo los espacios de gestión en ANSES, PAMI y ministerios provinciales son ocupados por los mismos actores de la “vieja política” que Milei denunció durante años.
Ramón “Nene” Vera, el candidato de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Vigilancia orwelliana y el espejo de los regímenes autoritarios
La justificación de Seivane para esta persecución alcanza niveles propios de la ciencia ficción distópica al alegar que estos “hechos organizados” —en referencia a la coordinación de tuits— son el preludio necesario para agresiones físicas, como el lanzamiento de piedras al domicilio de la diputada. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente al “sistema penal” de la conocida novela 1984 de George Orwell donde el cuestionamiento a la infalibilidad de la cúpula ya no se debate, sino que se procesa como un “crimen de pensamiento” que debe ser neutralizado mediante el monitoreo y la amenaza judicial. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente a la sociedad de Minority Report, donde el sistema penal no castiga hechos consumados, sino que persigue el “pre-crimen”, sancionando a ciudadanos por acciones que todavía no han ocurrido pero que el poder imagina como inevitables.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Al vincular un mensaje de WhatsApp con un potencial ataque físico, el entorno de Lemoine abandona el derecho penal liberal para abrazar un modelo de castigo basado en la suposición y el miedo, donde cualquier disidencia es etiquetada como una amenaza a la integridad física de la dirigencia con el único fin de justificar la censura previa y el disciplinamiento de la militancia.
Cuando un partido que nació bajo la premisa de la libertad individual recurre a las “listas negras” y al “doxeo” (publicación de datos personales) institucionalizado para disciplinar a sus bases, cruza un punto de no retorno; algo que se ha visto en los años ’70, cuando el diario argentino “El Caudillo” —vinculado a la Triple A— publicaba la información privada de los considerados “enemigos del gobierno”.
Pasado trosko: Seivane junto a Manuela Castañeira, política feminista y troskista.
El riesgo de que La Libertad Avanza implosione bajo el peso de sus propias contradicciones es real; si la cúpula prefiere la vigilancia interna y la cooptación de la vieja política sobre la integridad de su proyecto fundacional, el movimiento continua siendo una cáscara vacía, habitada por los mismos actores que Milei prometió desterrar.
Detrás de los ataques opera una filial del Estado Islámico que ya acumuló 1.749 víctimas en 2025 y busca erradicar la presencia cristiana en la región. Amnistía Internacional denunció crímenes de guerra y de lesa humanidad, y responsabilizó al “desinterés de la política internacional” por la escalada.
El legislador del PRO reveló que el propio oficialismo le había ofrecido ese lugar, pero, a último momento, Karina Milei lo dejó en manos de su armador bonaerense. Detrás del cortocircuito asoma la pulseada de la hermana presidencial con Santiago Caputo.
Sin hablar todavía de candidaturas, la vicepresidenta empieza a ordenar una construcción propia en territorio bonaerense, con base en Junín, conversaciones con concejales y el respaldo de dirigentes que quedaron heridos por el manejo de las listas libertarias.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
