INSÓLITO | Maduro aterroriza a los venezolanos con supuestos ataques terroristas inexistentes
El dictador chavista pone en ejercicio su creatividad inventiva una vez más al acusar al presidente colombiano, Iván Duque, de querer atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
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El dictador venezolano Nicolás Maduroles solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos policiales de su país mantenerse “alerta” ante las “amenazas terroristas” que “se escuchan” desde Bogotá, Colombia. Según el líder chavista, el objetivo de las presuntas ofensivas serían “hacerle daño a la patria”. Sin pruebas alguna, vale la pena destacar.
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“Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada Patria”, sentenció el dictador durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Presidente Iván Duque sobre Nicolás Maduro: “No debí decir que las horas están contadas porque uno debe tener un margen pero me salió del alma”. En la entrevista, para Caracol Radio, Duque sostuvo que, “sigo pensando que uno debe seguir gobernando para defender a la democracia”. pic.twitter.com/RQV31Itko6
Maduro refirió, a su vez, que estos presuntos amedrentamientos desde Colombia, de los que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, aseguró que su régimen está dispuesto a someter a quienes atenten contra la paz.
“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó. El pasado 2 de julio el dictador afirmó que el jefe de Estado colombiano sigue activando planes violentos, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y atentados “terroristas” contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno de Colombia, que en un comunicado de la Cancillería, las calificó de “mentirosas, cínicas e irresponsables”. Durante el acto de este martes, Maduro designó a Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante general de la Aviación Militar y al almirante Aníbal José Brito Hernández como comandante de la Armada Bolivariana.
La semana pasada se había tocado la posibilidad de que el líder del régimen venezolano pudiera asistir a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Esto se debió a una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado, en la cual un ciudadano, identificado como Juan Luis Castellanos, argumentó que la posibilidad de que Maduro no asista al evento le vulnera sus derechos fundamentales.
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La mentira de la autopercepción sufrió una derrota definitiva. En una decisión histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los estados pueden prohibir a mujeres y niñas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos. El fallo ratifica las leyes de Idaho y West Virginia, los distritos que iniciaron la resistencia legal contra las agendas globales, y destruye las cautelares que mantuvieron congeladas estas normas bajo el falso ropaje de la discriminación.
El veredicto puso blanco sobre negro el debate de la igualdad. El juez Brett Kavanaugh, redactor del argumento de la mayoría, rechazó las impugnaciones progresistas y determinó que las restricciones basadas en el sexo biológico no violan la decimocuarta enmienda. La resolución dejó en claro que preservar la seguridad física y la equidad competitiva constituye un interés estatal prioritario para defender a las atletas biológicas.
“Nuestros cuerpos, nuestros deportes”, protestas anteriores al fallo de la Justicia.
Además, el tribunal fijó un criterio unánime respecto al Título IX, ratificando que la ley federal avala la segregación de equipos según el nacimiento. Con este blindaje judicial, la normativa no sólo sepulta los planteos de la izquierda, sino que convalida leyes similares en más de la mitad del territorio norteamericano.
La sentencia generó una reacción inmediata en Washington. El presidente Donald Trump, quien convirtió la defensa de las categorías femeninas en bandera central de su campaña y de sus directivas desde la Casa Blanca, celebró el desenlace en sus redes sociales. El mandatario calificó la resolución como una gran victoria y remarcó que elimina una situación ridícula que atentaba contra el esfuerzo de las competidoras.
Mujeres biológicas celebrando el fallo de la Justicia.
Los rostros del fraude deportivo
Este fallo no es un capricho abstracto, sino la respuesta directa a años de impunidad biológica en las competiciones deportivas. El caso de la nadadora trans Lia Thomas quedó grabado como uno de los ejemplos más escandalosos de esta distorsión. Tras pasar tres temporadas en el equipo masculino de la Universidad de Pensilvania con resultados absolutamente intrascendentes, su transición le permitió irrumpir en el circuito femenino de la NCAA. El resultado fue inmediato y devastador: Thomas pulverizó los cronómetros y se convirtió en la primera mujer trans en ganar un campeonato nacional, desplazando de forma contundente a atletas olímpicas que entrenaron toda su vida en igualdad de condiciones.
Lia Thomas, el lector debe adivinar cuál es.
El patrón de ventajas físicas insalvables se repitió metódicamente en otras disciplinas donde la ideología intentó borrar la realidad. En el atletismo universitario, Cecé Telfer pasó de competir sin éxito en la categoría masculina a coronarse campeona nacional de los 400 metros con vallas, en su categoría femenina, con una superioridad aplastante.
La misma farsa golpeó al levantamiento de pesas, donde Mary Gregory trituró cuatro récords mundiales femeninos en una sola jornada, forzando a la propia federación a revocar las marcas tras constatar la evidente ventaja de su densidad ósea y estructura muscular.
Incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, la participación de la neozelandesa Laurel Hubbard en la categoría de máxima categoría expuso ante los ojos del mundo cómo el desarrollo masculino previo configura un privilegio físico irreversible.
Cecé TeflerMary GregoryLaurel Hubbard
El día que la realidad humilló a la ideología
El debate sobre la inclusión forzada suele omitir uno de los antecedentes históricos más lapidarios que el deporte registra sobre las diferencias biológicas. Ocurrió durante el Abierto de Australia en enero de 1998. En aquel momento, unas jovencísimas tenistas Venus y Serena Williams, que ya mostraban un nivel arrollador en el circuito femenino, declararon públicamente que se sentían capaces de ganarle a cualquier tenista masculino que estuviera por debajo del puesto 200 del ranking mundial.
El alemán Karsten Braasch, quien por entonces ocupaba el puesto 203 de la ATP, no dudó en aceptar el desafío. Braasch tenía 31 años y estaba lejos de ser un ejemplo de disciplina atlética pura: fumaba casi un atado de cigarrillos por día y llegó al encuentro tras jugar al golf y tomar un par de cervezas. Los partidos se disputaron a un solo set. El tenista, jugando a media máquina según sus propias palabras para mantener el desafío entretenido, barrió primero a Serena por 6 a 1 y, de inmediato, despachó a Venus por 6 a 2.
Venus Williams, Karsten Braasch y Serena Williams, año 1998.
Tras la aplastante derrota, con humor, la propia Serena Williams admitióque algunas pelotas que en el circuito femenino habrían sido tiros ganadores, el alemán las devolvía con extrema facilidad debido a su velocidad y potencia.
Aquel episodio en Melbourne Park demostró hace casi tres décadas lo que hoy la Justicia estadounidense y los estudios científicos terminan avalando: la ideología de género no puede borrar por decreto la estructura física, y la competencia desleal termina siempre por destruir el mérito de las mujeres biológicas.
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
Venezuela sufrió el peor desastre sísmico de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, pero la región más devastada fue La Guaira, el estado costero al norte de Caracas. El elemento central de esta tragedia fue el colapso masivo de los edificios residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), puesta en marcha en la gestión del exdictador Hugo Chávez.
“Todos los edificios quedaron iguales, se cayeron de lado. La gente está en las calles a la espera de que lleguen los rescatistas, pero el gobierno no hace nada”, destacaron los rescatistas venezolanos que se encuentran en la zona voluntariamente.
Al momento de la última actualización oficial del Estado venezolano, el saldo asciende a 1.430 muertos y 3.238 heridos, mientras que la ONU estima que más de 50.000 personas están desaparecidas bajo los escombros. Mientras estos edificios relativamente nuevos se derrumbaron, construcciones mucho más antiguas resistieron. Los bloques de Caricuao, El Valle, el complejo del 23 de Enero (construido por Pérez Jiménez antes de 1958) y hasta los históricos bloques de El Silencio, levantados en 1943, permanecieron en pie.
Ingenieros y especialistas advierten al menos cuatro factores estructurales detrás del problema. Entre ellos mencionan el uso de materiales de baja calidad, como tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla que quedaron expuestos tras la afectación, elementos que no son aptos para una construcción con resistencia sísmica. También señalan el incumplimiento de las normas antisísmicas vigentes en Venezuela desde el terremoto de 1967, disposiciones que, según distintos informes, no habrían sido respetadas en varias obras de la GMVV.
A eso se suma la edificación sobre suelos inadecuados, algo que Transparencia Venezuela ya había documentado al advertir que numerosos urbanismos fueron levantados en zonas de riesgo y con materiales deficientes. Finalmente, remarcan la falta de supervisión técnica, un punto sobre el que el Colegio de Ingenieros de Venezuela ya había alertado en estudios previos, al subrayar sobre la vulnerabilidad de estos edificios y la ausencia de estudios de suelo apropiados.
El “Urbanismo Hugo Chávez” en Catia La Mar, La Guaira —un complejo de 192 edificios y 3.400 apartamentos donde vivían unas 7.000 personas— quedó prácticamente destruido. Según testimonios recogidos de uno de los ocupantes de esas viviendas, “de 193 edificaciones, solo quedaron 3 en pie”. La GMVV fue creada en 2011 por Chávez, originalmente para dar respuesta a los 30.000 damnificados por las lluvias de 2010-2011. Rápidamente se convirtió en el programa social insignia del chavismo, con una inversión declarada de entre 67.000 y 95.000 millones de dólares según distintas estimaciones.
Sin embargo, desde sus inicios el programa estuvo atravesado por irregularidades documentadas por organizaciones como Transparencia Venezuela e IPYS Venezuela. Entre los principales señalamientos figuran los sobreprecios y la presunta corrupción sistemática en su ejecución, que en la primera década superó los 15.500 millones de dólares, en un esquema sobre el que, de acuerdo a las denuncias, “no hay manera de hacer contraloría”.
Cuando el Estado construye viviendas con materiales de segunda categoría —facturados como premium—, sin cumplir normas técnicas, sin supervisión independiente y en zonas de riesgo sísmico conocido, las víctimas no fallecieron solo por el terremoto. Murieron también por la corrupción que les vendieron como “vivienda digna”, lo que en realidad era una trampa mortal.
La comparación más brutal la ofrece el hecho de que edificios de 1943 y 1958 sobrevivieron donde edificios de 2012-2016 se derrumbaron como castillos de arena. No porque en ese entonces los terremotos fueran más débiles, sino porque quienes los construyeron —bajo regímenes anteriores, con todos sus defectos— al menos respetaron las reglas mínimas de ingeniería.
Asimismo aparece el caso de Alex Saab, el empresario colombiano hoy detenido en Estados Unidos, quien participó como contratista de la GMVV desde 2011 e importó materiales prefabricados de baja calidad adquiridos a precios mínimos pero facturados con valores inflados, en medio de presuntos sobornos a funcionarios de CADIVI, el SENIAT y la Guardia Nacional. A eso se suman contratos internacionales fallidos, con convenios firmados con Bielorrusia, Uruguay y Brasil por los que se transfirieron fondos millonarios para obras que nunca llegaron a completarse. En ese contexto, la GMVV fue señalada además por su uso político, al ser concebida más como una herramienta de campaña que como una política habitacional técnica, con adjudicaciones discrecionales y criterios vinculados al control social.
“Quiero felicitar a todos los trabajadores que están levantando esta ciudad aquí en Catia La Mar”, afirmó Chávez en el lugar donde hoy luce derruido, tras exaltar un convenio con Turquía.
— Tabla que enumera a los 10 primeros Ministros de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela, abarcando desde 1999 hasta 2010. Diosdado Cabello aparece dos veces en la lista
En 2013, apenas dos años después de iniciada la misión, ya tuvieron que demoler un edificio del urbanismo El Morro (Petare) por peligro de colapso, porque había sido construido sobre una falla geológica. Era una advertencia que nadie tomó en serio.
El doble terremoto que destruyó Venezuela
Lo que sacudió Venezuela no fue un terremoto seguido de réplicas menores. Los especialistas lo clasifican como un “doblete sísmico”. ya que se dieron dos eventos principales de magnitudes casi idénticas ocurridos de forma casi simultánea. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue el terremoto más potente registrado en Venezuela desde el año 1900. El segundo sismo, de 7.5, se produjo a solo 10 km de profundidad —un factor que lo hace especialmente destructivo, ya que la energía viaja más concentrada hacia la superficie.
Después de los dos sismos principales se registraron más de 214 réplicas, incluyendo una de magnitud 4.9 el domingo siguiente que obligó a interrumpir momentáneamente las tareas de rescate. Venezuela ya tenía un antecedente traumático, cuando el terremoto de Caracas de 1967 (magnitud 6.5) había dejado 283 muertos y derrumbado edificios de más de 10 pisos, especialmente en el litoral central —la misma zona que hoy vuelve a ser la más afectada.
La tragedia ocurrió en un contexto político excepcional. El 3 de enero de 2026, en una operación militar sin precedentes, Estados Unidos detuvo al exdictador Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, Delcy Rodríguez —la exvicepresidenta y hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— ejerce como presidenta encargada.
Es este gobierno de transición bajo tutela estadounidense el que enfrenta los estragos del terremoto. Rodríguez anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares proveniente de reservas venezolanas en el FMI para la reconstrucción. Por su parte, Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a través de organizaciones como World Vision, Catholic Relief Services y la OIM. Las pérdidas materiales totales son estimadas por la ONU en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
Más de 1.600 rescatistas internacionales de México, El Salvador, España, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Suiza, Países Bajos y EE.UU. trabajan en el terreno. La OIM estima que 6.76 millones de personas pueden verse afectadas, incluyendo 2 millones en Caracas. Cientos de venezolanos se refugian en parques con carpas, mientras equipos de búsqueda trabajan sin descanso entre escombros que podrían contener decenas de miles de víctimas.
La plataforma digital “Desaparecidos en Venezuela” registró más de 43.000 reportes individuales de personas cuyo paradero se desconoce, mientras el gobierno oficial reconocía apenas 188 muertos en las primeras horas —una diferencia que refleja, según críticos, la histórica subestimación oficial de las tragedias en Venezuela.
En una entrevista emitida en el segmento Perdón por la Vehemencia, por Canal EY! a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto), el cofundador y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó el fracaso de la sesión que buscaba interpelar al exvocero presidencial, Manuel Adorni por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.
“Acá siempre la culpa es del otro. Sí por lo menos tuvieran los huevos de decir ‘me equivoqué, no lo analicé’ o algo. Dijeron una cosa e hicieron otra, nadie paga el costo, solo los argentinos”, afirmó Casielles, uno de los pocos que quiso hablar del tema públicamente.
La iniciativa no consiguió el quórum necesario y quedó frenada en el recinto legislativo de la Nación, dónde solo participaron 117 diputados, 12 menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. El rechazo al avance de la sesión contó con el apoyo del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, en una jugada articulada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem que terminó por bloquear la ofensiva opositora.
“Esto no tiene nada que ver con ningún partido estrictamente. Esto tiene que ver con un sistema que se rompió hace años y que está totalmente corroído y con pocos signos de recomponerse”, destacó Casielles, aclarando que en el gobierno “cada uno busca su propio interés”.
Adorni fue el vocero estrella del gobierno del presidente Javier Milei y luego ascendió a Jefe de Gabinete de Ministros. El escándalo se acumuló en capas sucesivas a lo largo de 2026, esperando cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 a Nueva York para la “Argentina Week”, sin que la mujer tuviera función pública o estatal alguna. Adorni justificó el episodio con la célebre frase: “Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”.
— Adorni junto a su esposa durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York
Sin embargo, previamente en febrero de este año, Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo —estimado en unos 10.000 dólares— fue pagado por un periodista amigo que además era contratista de la TV Pública. Esto abrió una causa por supuesto cobro de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Al final, el PRO le echó la culpa a (Martín) Insaurralde tanto tiempo y ahora que aparece a Adorni lo perdonan, ¿Cuál es la excusa?”, subrayó Casielles, haciendo referencia al exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien renunció en 2023 tras el escándalo mediático del yategate.
— la Justicia allanó las propiedades de Insaurralde para buscar información sobre bienes y el origen del dinero utilizado para ese viaje en yate a las costas de Marbella
La consiguiente investigación judicial detectó una disparidad alarmante entre el patrimonio declarado de Adorni y sus ingresos como funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó formalmente en marzo de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias “incontrastables”, incluyendo un presunto incremento del 500% en su patrimonio en un solo período fiscal.
La interpelación especial al Jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según ese artículo, el Congreso puede citar al funcionario para que brinde explicaciones mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Lo que hace a este mecanismo potencialmente devastador es su continuación lógica, ya que si en algún futuro la Cámara considera insatisfactorias las explicaciones de Adorni, puede avanzar con una moción de censura donde, si ambas Cámaras votan a favor, pueden remover al Jefe de Gabinete del cargo. La constitucionalista Lorena González Tocci subrayó que “este mecanismo nunca fue utilizado desde la reforma constitucional de 1994”, por lo que su activación sería un hecho inédito en la historia argentina.
“Al final terminan siendo socios. Hoy no veo la diferencia entre el kirchnerismo y LLA, el PRO y todos los demás”, dijo Casielles, añadiendo que “no tienen una mínima cuota de patriotismo, se pasan hablando de republicanismo y defensa de valores, pero cuando llega la hora de responder, no hacen ni lo básico”.
Ese mismo día, el foco de Adorni se trasladó al Senado, donde la oposición peronista había impulsado un proyecto de interpelación con moción de censura firmado por JoséMayans, Juliana Di Tullio, MarianoRecalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jugada del oficialismo en la Cámara alta fue aún más teatral, con el bloque de LLA conducido por Patricia Bullrich, que ingresó al recinto pero solo se quedó parado al costado de las bancas sin sentarse, esperando que vencieran los 30 minutos reglamentarios. El peronismo hizo lo mismo. Así, sin que nadie se sentara, nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y el presidente provisional Bartolomé Abdala la dio por caída.
Ante el fracaso de la sesión del 23 de junio, Cristian Ritondo salió a decir que su partido logró “imponer su posición sin tener que votar con los K” y que la sesión “era un show mediático” porque la comisión ya estaba convocada. En otras palabras, el PRO usó el argumento de que el canal institucional (la comisión) hacía innecesaria la sesión forzada.
La UCR, por su parte, respondió en gran medida a los gobernadores radicales, quienes —incluso algunos enojados con el gobierno por los recortes de subsidios de Zonas Frías, como los de Córdoba y Santa Fe— tienen “un enojo controlado, hay temas y temas” y supuestamente no quieren terminar de pelearse totalmente con la Casa Rosada.
En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo códigoregula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.
La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.
Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.
Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.
Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.
La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.
Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.
No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.
El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.
La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David Jacoby. Pese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.
El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.
— David René Jacoby
La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.
Una auditoría incompleta
El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.
El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.
La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.
El HTC aplicó un llamado de atención a exautoridades de la compañía tras detectar irregularidades. Los trabajadores apuntaron contra funcionarios de la actual conducción por “repartirse el dinero” de manera discrecional.
El tirón vino por la luz, que aumentó 12,5% en el mes, seguida por el gas y el transporte, en una canasta donde los subsidios estatales cubren casi la mitad de la factura.
El derrumbe del poder de compra de los hogares, el fuerte encarecimiento del corte vacuno frente al resto de los alimentos y una porción cada vez mayor de la producción volcada al exterior dejaron menos carne en la mesa argentina.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
