INSÓLITO | Maduro aterroriza a los venezolanos con supuestos ataques terroristas inexistentes
El dictador chavista pone en ejercicio su creatividad inventiva una vez más al acusar al presidente colombiano, Iván Duque, de querer atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
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El dictador venezolano Nicolás Maduroles solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos policiales de su país mantenerse “alerta” ante las “amenazas terroristas” que “se escuchan” desde Bogotá, Colombia. Según el líder chavista, el objetivo de las presuntas ofensivas serían “hacerle daño a la patria”. Sin pruebas alguna, vale la pena destacar.
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“Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada Patria”, sentenció el dictador durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Presidente Iván Duque sobre Nicolás Maduro: “No debí decir que las horas están contadas porque uno debe tener un margen pero me salió del alma”. En la entrevista, para Caracol Radio, Duque sostuvo que, “sigo pensando que uno debe seguir gobernando para defender a la democracia”. pic.twitter.com/RQV31Itko6
Maduro refirió, a su vez, que estos presuntos amedrentamientos desde Colombia, de los que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, aseguró que su régimen está dispuesto a someter a quienes atenten contra la paz.
“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó. El pasado 2 de julio el dictador afirmó que el jefe de Estado colombiano sigue activando planes violentos, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y atentados “terroristas” contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno de Colombia, que en un comunicado de la Cancillería, las calificó de “mentirosas, cínicas e irresponsables”. Durante el acto de este martes, Maduro designó a Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante general de la Aviación Militar y al almirante Aníbal José Brito Hernández como comandante de la Armada Bolivariana.
La semana pasada se había tocado la posibilidad de que el líder del régimen venezolano pudiera asistir a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Esto se debió a una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado, en la cual un ciudadano, identificado como Juan Luis Castellanos, argumentó que la posibilidad de que Maduro no asista al evento le vulnera sus derechos fundamentales.
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La mentira de la autopercepción sufrió una derrota definitiva. En una decisión histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los estados pueden prohibir a mujeres y niñas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos. El fallo ratifica las leyes de Idaho y West Virginia, los distritos que iniciaron la resistencia legal contra las agendas globales, y destruye las cautelares que mantuvieron congeladas estas normas bajo el falso ropaje de la discriminación.
El veredicto puso blanco sobre negro el debate de la igualdad. El juez Brett Kavanaugh, redactor del argumento de la mayoría, rechazó las impugnaciones progresistas y determinó que las restricciones basadas en el sexo biológico no violan la decimocuarta enmienda. La resolución dejó en claro que preservar la seguridad física y la equidad competitiva constituye un interés estatal prioritario para defender a las atletas biológicas.
“Nuestros cuerpos, nuestros deportes”, protestas anteriores al fallo de la Justicia.
Además, el tribunal fijó un criterio unánime respecto al Título IX, ratificando que la ley federal avala la segregación de equipos según el nacimiento. Con este blindaje judicial, la normativa no sólo sepulta los planteos de la izquierda, sino que convalida leyes similares en más de la mitad del territorio norteamericano.
La sentencia generó una reacción inmediata en Washington. El presidente Donald Trump, quien convirtió la defensa de las categorías femeninas en bandera central de su campaña y de sus directivas desde la Casa Blanca, celebró el desenlace en sus redes sociales. El mandatario calificó la resolución como una gran victoria y remarcó que elimina una situación ridícula que atentaba contra el esfuerzo de las competidoras.
Mujeres biológicas celebrando el fallo de la Justicia.
Los rostros del fraude deportivo
Este fallo no es un capricho abstracto, sino la respuesta directa a años de impunidad biológica en las competiciones deportivas. El caso de la nadadora trans Lia Thomas quedó grabado como uno de los ejemplos más escandalosos de esta distorsión. Tras pasar tres temporadas en el equipo masculino de la Universidad de Pensilvania con resultados absolutamente intrascendentes, su transición le permitió irrumpir en el circuito femenino de la NCAA. El resultado fue inmediato y devastador: Thomas pulverizó los cronómetros y se convirtió en la primera mujer trans en ganar un campeonato nacional, desplazando de forma contundente a atletas olímpicas que entrenaron toda su vida en igualdad de condiciones.
Lia Thomas, el lector debe adivinar cuál es.
El patrón de ventajas físicas insalvables se repitió metódicamente en otras disciplinas donde la ideología intentó borrar la realidad. En el atletismo universitario, Cecé Telfer pasó de competir sin éxito en la categoría masculina a coronarse campeona nacional de los 400 metros con vallas, en su categoría femenina, con una superioridad aplastante.
La misma farsa golpeó al levantamiento de pesas, donde Mary Gregory trituró cuatro récords mundiales femeninos en una sola jornada, forzando a la propia federación a revocar las marcas tras constatar la evidente ventaja de su densidad ósea y estructura muscular.
Incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, la participación de la neozelandesa Laurel Hubbard en la categoría de máxima categoría expuso ante los ojos del mundo cómo el desarrollo masculino previo configura un privilegio físico irreversible.
Cecé TeflerMary GregoryLaurel Hubbard
El día que la realidad humilló a la ideología
El debate sobre la inclusión forzada suele omitir uno de los antecedentes históricos más lapidarios que el deporte registra sobre las diferencias biológicas. Ocurrió durante el Abierto de Australia en enero de 1998. En aquel momento, unas jovencísimas tenistas Venus y Serena Williams, que ya mostraban un nivel arrollador en el circuito femenino, declararon públicamente que se sentían capaces de ganarle a cualquier tenista masculino que estuviera por debajo del puesto 200 del ranking mundial.
El alemán Karsten Braasch, quien por entonces ocupaba el puesto 203 de la ATP, no dudó en aceptar el desafío. Braasch tenía 31 años y estaba lejos de ser un ejemplo de disciplina atlética pura: fumaba casi un atado de cigarrillos por día y llegó al encuentro tras jugar al golf y tomar un par de cervezas. Los partidos se disputaron a un solo set. El tenista, jugando a media máquina según sus propias palabras para mantener el desafío entretenido, barrió primero a Serena por 6 a 1 y, de inmediato, despachó a Venus por 6 a 2.
Venus Williams, Karsten Braasch y Serena Williams, año 1998.
Tras la aplastante derrota, con humor, la propia Serena Williams admitióque algunas pelotas que en el circuito femenino habrían sido tiros ganadores, el alemán las devolvía con extrema facilidad debido a su velocidad y potencia.
Aquel episodio en Melbourne Park demostró hace casi tres décadas lo que hoy la Justicia estadounidense y los estudios científicos terminan avalando: la ideología de género no puede borrar por decreto la estructura física, y la competencia desleal termina siempre por destruir el mérito de las mujeres biológicas.
La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.
La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.
Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.
Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.
La advertencia de masacre
Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situaciónlímite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.
La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo trasla declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado
Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.
22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.
El frente legislativo y la presión al Ejecutivo
La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.
Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.
Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.
Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.
La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) yatrepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.
La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.
Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.
El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.
El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.
— Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA
Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.
El crecimiento hasta julio de 2026
Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.
Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.
El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.
Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada,la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.
La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.
La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.
Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.
No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.
El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.
La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David Jacoby. Pese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.
El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.
— David René Jacoby
La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.
Una auditoría incompleta
El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.
El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.
La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.
El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.
En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original.Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.
El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de“4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.
Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.
El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.
Inteligencia artificial y autoría ajena
El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.
Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram.La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.
Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificialen el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.
Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.
La validación del “genio”
La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.
Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.
Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.
Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.
Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.
El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.
Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.
La estafa al pasajero
Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.
Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados.La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.
Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.
Inacción gubernamental y causas de la crisis
El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.
El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresasque operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.
La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.
El proyecto del Gobierno reemplazaría el límite del 15% por un sistema de autorizaciones y podría triplicar los 13 millones de hectáreas que ya controlan extranjeros. El Senado lo vota el 6 de agosto.
La comisión creada para ordenar la liquidación de la anterior obra social fracasó y quedó sin salida técnica. El conflicto quedaría en definirse por medio del propio Javier Milei.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
