INSÓLITO | Maduro aterroriza a los venezolanos con supuestos ataques terroristas inexistentes
El dictador chavista pone en ejercicio su creatividad inventiva una vez más al acusar al presidente colombiano, Iván Duque, de querer atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
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El dictador venezolano Nicolás Maduroles solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos policiales de su país mantenerse “alerta” ante las “amenazas terroristas” que “se escuchan” desde Bogotá, Colombia. Según el líder chavista, el objetivo de las presuntas ofensivas serían “hacerle daño a la patria”. Sin pruebas alguna, vale la pena destacar.
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“Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada Patria”, sentenció el dictador durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Presidente Iván Duque sobre Nicolás Maduro: “No debí decir que las horas están contadas porque uno debe tener un margen pero me salió del alma”. En la entrevista, para Caracol Radio, Duque sostuvo que, “sigo pensando que uno debe seguir gobernando para defender a la democracia”. pic.twitter.com/RQV31Itko6
Maduro refirió, a su vez, que estos presuntos amedrentamientos desde Colombia, de los que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, aseguró que su régimen está dispuesto a someter a quienes atenten contra la paz.
“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó. El pasado 2 de julio el dictador afirmó que el jefe de Estado colombiano sigue activando planes violentos, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y atentados “terroristas” contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno de Colombia, que en un comunicado de la Cancillería, las calificó de “mentirosas, cínicas e irresponsables”. Durante el acto de este martes, Maduro designó a Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante general de la Aviación Militar y al almirante Aníbal José Brito Hernández como comandante de la Armada Bolivariana.
La semana pasada se había tocado la posibilidad de que el líder del régimen venezolano pudiera asistir a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Esto se debió a una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado, en la cual un ciudadano, identificado como Juan Luis Castellanos, argumentó que la posibilidad de que Maduro no asista al evento le vulnera sus derechos fundamentales.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
Venezuela sufrió el peor desastre sísmico de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, pero la región más devastada fue La Guaira, el estado costero al norte de Caracas. El elemento central de esta tragedia fue el colapso masivo de los edificios residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), puesta en marcha en la gestión del exdictador Hugo Chávez.
“Todos los edificios quedaron iguales, se cayeron de lado. La gente está en las calles a la espera de que lleguen los rescatistas, pero el gobierno no hace nada”, destacaron los rescatistas venezolanos que se encuentran en la zona voluntariamente.
Al momento de la última actualización oficial del Estado venezolano, el saldo asciende a 1.430 muertos y 3.238 heridos, mientras que la ONU estima que más de 50.000 personas están desaparecidas bajo los escombros. Mientras estos edificios relativamente nuevos se derrumbaron, construcciones mucho más antiguas resistieron. Los bloques de Caricuao, El Valle, el complejo del 23 de Enero (construido por Pérez Jiménez antes de 1958) y hasta los históricos bloques de El Silencio, levantados en 1943, permanecieron en pie.
Ingenieros y especialistas advierten al menos cuatro factores estructurales detrás del problema. Entre ellos mencionan el uso de materiales de baja calidad, como tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla que quedaron expuestos tras la afectación, elementos que no son aptos para una construcción con resistencia sísmica. También señalan el incumplimiento de las normas antisísmicas vigentes en Venezuela desde el terremoto de 1967, disposiciones que, según distintos informes, no habrían sido respetadas en varias obras de la GMVV.
A eso se suma la edificación sobre suelos inadecuados, algo que Transparencia Venezuela ya había documentado al advertir que numerosos urbanismos fueron levantados en zonas de riesgo y con materiales deficientes. Finalmente, remarcan la falta de supervisión técnica, un punto sobre el que el Colegio de Ingenieros de Venezuela ya había alertado en estudios previos, al subrayar sobre la vulnerabilidad de estos edificios y la ausencia de estudios de suelo apropiados.
El “Urbanismo Hugo Chávez” en Catia La Mar, La Guaira —un complejo de 192 edificios y 3.400 apartamentos donde vivían unas 7.000 personas— quedó prácticamente destruido. Según testimonios recogidos de uno de los ocupantes de esas viviendas, “de 193 edificaciones, solo quedaron 3 en pie”. La GMVV fue creada en 2011 por Chávez, originalmente para dar respuesta a los 30.000 damnificados por las lluvias de 2010-2011. Rápidamente se convirtió en el programa social insignia del chavismo, con una inversión declarada de entre 67.000 y 95.000 millones de dólares según distintas estimaciones.
Sin embargo, desde sus inicios el programa estuvo atravesado por irregularidades documentadas por organizaciones como Transparencia Venezuela e IPYS Venezuela. Entre los principales señalamientos figuran los sobreprecios y la presunta corrupción sistemática en su ejecución, que en la primera década superó los 15.500 millones de dólares, en un esquema sobre el que, de acuerdo a las denuncias, “no hay manera de hacer contraloría”.
Cuando el Estado construye viviendas con materiales de segunda categoría —facturados como premium—, sin cumplir normas técnicas, sin supervisión independiente y en zonas de riesgo sísmico conocido, las víctimas no fallecieron solo por el terremoto. Murieron también por la corrupción que les vendieron como “vivienda digna”, lo que en realidad era una trampa mortal.
La comparación más brutal la ofrece el hecho de que edificios de 1943 y 1958 sobrevivieron donde edificios de 2012-2016 se derrumbaron como castillos de arena. No porque en ese entonces los terremotos fueran más débiles, sino porque quienes los construyeron —bajo regímenes anteriores, con todos sus defectos— al menos respetaron las reglas mínimas de ingeniería.
Asimismo aparece el caso de Alex Saab, el empresario colombiano hoy detenido en Estados Unidos, quien participó como contratista de la GMVV desde 2011 e importó materiales prefabricados de baja calidad adquiridos a precios mínimos pero facturados con valores inflados, en medio de presuntos sobornos a funcionarios de CADIVI, el SENIAT y la Guardia Nacional. A eso se suman contratos internacionales fallidos, con convenios firmados con Bielorrusia, Uruguay y Brasil por los que se transfirieron fondos millonarios para obras que nunca llegaron a completarse. En ese contexto, la GMVV fue señalada además por su uso político, al ser concebida más como una herramienta de campaña que como una política habitacional técnica, con adjudicaciones discrecionales y criterios vinculados al control social.
“Quiero felicitar a todos los trabajadores que están levantando esta ciudad aquí en Catia La Mar”, afirmó Chávez en el lugar donde hoy luce derruido, tras exaltar un convenio con Turquía.
— Tabla que enumera a los 10 primeros Ministros de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela, abarcando desde 1999 hasta 2010. Diosdado Cabello aparece dos veces en la lista
En 2013, apenas dos años después de iniciada la misión, ya tuvieron que demoler un edificio del urbanismo El Morro (Petare) por peligro de colapso, porque había sido construido sobre una falla geológica. Era una advertencia que nadie tomó en serio.
El doble terremoto que destruyó Venezuela
Lo que sacudió Venezuela no fue un terremoto seguido de réplicas menores. Los especialistas lo clasifican como un “doblete sísmico”. ya que se dieron dos eventos principales de magnitudes casi idénticas ocurridos de forma casi simultánea. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue el terremoto más potente registrado en Venezuela desde el año 1900. El segundo sismo, de 7.5, se produjo a solo 10 km de profundidad —un factor que lo hace especialmente destructivo, ya que la energía viaja más concentrada hacia la superficie.
Después de los dos sismos principales se registraron más de 214 réplicas, incluyendo una de magnitud 4.9 el domingo siguiente que obligó a interrumpir momentáneamente las tareas de rescate. Venezuela ya tenía un antecedente traumático, cuando el terremoto de Caracas de 1967 (magnitud 6.5) había dejado 283 muertos y derrumbado edificios de más de 10 pisos, especialmente en el litoral central —la misma zona que hoy vuelve a ser la más afectada.
La tragedia ocurrió en un contexto político excepcional. El 3 de enero de 2026, en una operación militar sin precedentes, Estados Unidos detuvo al exdictador Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, Delcy Rodríguez —la exvicepresidenta y hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— ejerce como presidenta encargada.
Es este gobierno de transición bajo tutela estadounidense el que enfrenta los estragos del terremoto. Rodríguez anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares proveniente de reservas venezolanas en el FMI para la reconstrucción. Por su parte, Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a través de organizaciones como World Vision, Catholic Relief Services y la OIM. Las pérdidas materiales totales son estimadas por la ONU en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
Más de 1.600 rescatistas internacionales de México, El Salvador, España, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Suiza, Países Bajos y EE.UU. trabajan en el terreno. La OIM estima que 6.76 millones de personas pueden verse afectadas, incluyendo 2 millones en Caracas. Cientos de venezolanos se refugian en parques con carpas, mientras equipos de búsqueda trabajan sin descanso entre escombros que podrían contener decenas de miles de víctimas.
La plataforma digital “Desaparecidos en Venezuela” registró más de 43.000 reportes individuales de personas cuyo paradero se desconoce, mientras el gobierno oficial reconocía apenas 188 muertos en las primeras horas —una diferencia que refleja, según críticos, la histórica subestimación oficial de las tragedias en Venezuela.
La mentira de la autopercepción sufrió una derrota definitiva. En una decisión histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los estados pueden prohibir a mujeres y niñas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos. El fallo ratifica las leyes de Idaho y West Virginia, los distritos que iniciaron la resistencia legal contra las agendas globales, y destruye las cautelares que mantuvieron congeladas estas normas bajo el falso ropaje de la discriminación.
El veredicto puso blanco sobre negro el debate de la igualdad. El juez Brett Kavanaugh, redactor del argumento de la mayoría, rechazó las impugnaciones progresistas y determinó que las restricciones basadas en el sexo biológico no violan la decimocuarta enmienda. La resolución dejó en claro que preservar la seguridad física y la equidad competitiva constituye un interés estatal prioritario para defender a las atletas biológicas.
“Nuestros cuerpos, nuestros deportes”, protestas anteriores al fallo de la Justicia.
Además, el tribunal fijó un criterio unánime respecto al Título IX, ratificando que la ley federal avala la segregación de equipos según el nacimiento. Con este blindaje judicial, la normativa no sólo sepulta los planteos de la izquierda, sino que convalida leyes similares en más de la mitad del territorio norteamericano.
La sentencia generó una reacción inmediata en Washington. El presidente Donald Trump, quien convirtió la defensa de las categorías femeninas en bandera central de su campaña y de sus directivas desde la Casa Blanca, celebró el desenlace en sus redes sociales. El mandatario calificó la resolución como una gran victoria y remarcó que elimina una situación ridícula que atentaba contra el esfuerzo de las competidoras.
Mujeres biológicas celebrando el fallo de la Justicia.
Los rostros del fraude deportivo
Este fallo no es un capricho abstracto, sino la respuesta directa a años de impunidad biológica en las competiciones deportivas. El caso de la nadadora trans Lia Thomas quedó grabado como uno de los ejemplos más escandalosos de esta distorsión. Tras pasar tres temporadas en el equipo masculino de la Universidad de Pensilvania con resultados absolutamente intrascendentes, su transición le permitió irrumpir en el circuito femenino de la NCAA. El resultado fue inmediato y devastador: Thomas pulverizó los cronómetros y se convirtió en la primera mujer trans en ganar un campeonato nacional, desplazando de forma contundente a atletas olímpicas que entrenaron toda su vida en igualdad de condiciones.
Lia Thomas, el lector debe adivinar cuál es.
El patrón de ventajas físicas insalvables se repitió metódicamente en otras disciplinas donde la ideología intentó borrar la realidad. En el atletismo universitario, Cecé Telfer pasó de competir sin éxito en la categoría masculina a coronarse campeona nacional de los 400 metros con vallas, en su categoría femenina, con una superioridad aplastante.
La misma farsa golpeó al levantamiento de pesas, donde Mary Gregory trituró cuatro récords mundiales femeninos en una sola jornada, forzando a la propia federación a revocar las marcas tras constatar la evidente ventaja de su densidad ósea y estructura muscular.
Incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, la participación de la neozelandesa Laurel Hubbard en la categoría de máxima categoría expuso ante los ojos del mundo cómo el desarrollo masculino previo configura un privilegio físico irreversible.
Cecé TeflerMary GregoryLaurel Hubbard
El día que la realidad humilló a la ideología
El debate sobre la inclusión forzada suele omitir uno de los antecedentes históricos más lapidarios que el deporte registra sobre las diferencias biológicas. Ocurrió durante el Abierto de Australia en enero de 1998. En aquel momento, unas jovencísimas tenistas Venus y Serena Williams, que ya mostraban un nivel arrollador en el circuito femenino, declararon públicamente que se sentían capaces de ganarle a cualquier tenista masculino que estuviera por debajo del puesto 200 del ranking mundial.
El alemán Karsten Braasch, quien por entonces ocupaba el puesto 203 de la ATP, no dudó en aceptar el desafío. Braasch tenía 31 años y estaba lejos de ser un ejemplo de disciplina atlética pura: fumaba casi un atado de cigarrillos por día y llegó al encuentro tras jugar al golf y tomar un par de cervezas. Los partidos se disputaron a un solo set. El tenista, jugando a media máquina según sus propias palabras para mantener el desafío entretenido, barrió primero a Serena por 6 a 1 y, de inmediato, despachó a Venus por 6 a 2.
Venus Williams, Karsten Braasch y Serena Williams, año 1998.
Tras la aplastante derrota, con humor, la propia Serena Williams admitióque algunas pelotas que en el circuito femenino habrían sido tiros ganadores, el alemán las devolvía con extrema facilidad debido a su velocidad y potencia.
Aquel episodio en Melbourne Park demostró hace casi tres décadas lo que hoy la Justicia estadounidense y los estudios científicos terminan avalando: la ideología de género no puede borrar por decreto la estructura física, y la competencia desleal termina siempre por destruir el mérito de las mujeres biológicas.
Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que le reclamó la salida de ManuelAdorni. El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Marra, exlegislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, instó al Presidente a tomar “la decisión que corresponde” frente a una situación que “viene desgastando al gobierno desde hace meses”.
El reclamo llega en un momento clave para Adorni. El Senado tiene previsto avanzar, el 25 de este mes, con la habilitación de la interpelación del funcionario para que comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.
Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. Escribe, aclara, “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible”. El exdirigente remarcó que su reclamo nace del apoyo al rumbo del gobierno: “Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante”.
El argumento central del texto giró en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona. “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza”, escribió. “Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”, completó.
La situación “viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”.
El exlegislador apeló a la promesa fundacional del espacio para reforzar su demanda. Recordó que los argentinos “no votaron solamente números”, sino “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.
Para Marra, ninguna lealtad afectiva puede ubicarse por encima del rumbo trazado: sostuvo que “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”.Sobre esa base lanzó una advertencia: cuando un vínculo personal termina pesando más que la coherencia del proyecto, este “empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”.
El exdirigente respaldó su reclamo con su propia experiencia dentro del espacio. Aseguró hablar “con autoridad moral”, porque le tocó atravesar una situación parecida “del otro lado”. Así trajo a la memoria su salida de La Libertad Avanza, en enero de 2025, cuando lo apartaron “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”. Reconoció el dolor de aquel momento, pero remarcó que eligió el silencio: no rompió nada, no dañó al proyecto ni se transformó en “bandera de la oposición”. Según explicó, asumió que el espacio “era más grande” que él y que su orgullo no podía anteponerse a lo que esperaban millones de personas.
Con ese antecedente como respaldo, formuló su pedido central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.
El cierre de la carta condensó el reclamo: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”. Y remató: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
La delegación de jubilados quedó en el centro de la polémica por el uso de un espacio estatal con fines proselitistas, algo que irritó al propio oficialismo y podría derivar en sanciones.
Un informe de la consultora 1816 revela que la irregularidad crediticia se disparó al 12,7% impulsada por tasas por las nubes y familias que se financian para comer. El fenómeno ya golpea a 26 de los 30 principales bancos del país y consolidó la peor racha de morosidad desde la salida de la convertibilidad.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
