INSÓLITO | Maduro aterroriza a los venezolanos con supuestos ataques terroristas inexistentes
El dictador chavista pone en ejercicio su creatividad inventiva una vez más al acusar al presidente colombiano, Iván Duque, de querer atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
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El dictador venezolano Nicolás Maduroles solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos policiales de su país mantenerse “alerta” ante las “amenazas terroristas” que “se escuchan” desde Bogotá, Colombia. Según el líder chavista, el objetivo de las presuntas ofensivas serían “hacerle daño a la patria”. Sin pruebas alguna, vale la pena destacar.
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“Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada Patria”, sentenció el dictador durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Presidente Iván Duque sobre Nicolás Maduro: “No debí decir que las horas están contadas porque uno debe tener un margen pero me salió del alma”. En la entrevista, para Caracol Radio, Duque sostuvo que, “sigo pensando que uno debe seguir gobernando para defender a la democracia”. pic.twitter.com/RQV31Itko6
Maduro refirió, a su vez, que estos presuntos amedrentamientos desde Colombia, de los que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, aseguró que su régimen está dispuesto a someter a quienes atenten contra la paz.
“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó. El pasado 2 de julio el dictador afirmó que el jefe de Estado colombiano sigue activando planes violentos, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y atentados “terroristas” contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno de Colombia, que en un comunicado de la Cancillería, las calificó de “mentirosas, cínicas e irresponsables”. Durante el acto de este martes, Maduro designó a Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante general de la Aviación Militar y al almirante Aníbal José Brito Hernández como comandante de la Armada Bolivariana.
La semana pasada se había tocado la posibilidad de que el líder del régimen venezolano pudiera asistir a la posesión del presidente electo Gustavo Petro, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Esto se debió a una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado, en la cual un ciudadano, identificado como Juan Luis Castellanos, argumentó que la posibilidad de que Maduro no asista al evento le vulnera sus derechos fundamentales.
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La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.
Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.
Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.
La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.
Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.
La derrota del “amigo” del Presidente
La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.
Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de rematepara que los empresarios amigos sigan levantandotorres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.
La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.
Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA
Sin techo y con sueldos de miseria
Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.
El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.
Vista satelital del predio rematado.
La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientrasla Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.
Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.
Entrada a lo que era el predio de la PFA
El modelo extractivo del Estado
La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.
Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.
Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.
Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
El Comite Olímpico Internacional (COI) aprobó en sesión de su Comité Ejecutivo una nueva política que reserva la categoría femenina olímpica exclusivamente a mujeres biológicas, determinadas mediante una prueba genética del gen SRY.
La medida entrará en vigor en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y tendrá aplicación permanente en todos los eventos organizados bajo el paraguas del COI, tanto en deportes individuales como por equipos.
Esta decisión marca un giro histórico en la política del organismo olímpico e impacta directamente a atletas transgénero y a personas “Differences of Sex Development” (DSD), o con diferencias del desarrollo sexual. Las DSD son condiciones médicas en las que el desarrollo de las características sexuales no sigue el patrón típico de cromosomas XX o XY. Hay alrededor de 40 tipos diferentes, algunos diagnosticados al nacer y otros descubiertos durante la pubertad. El caso más relevante para el deporte es la deficiencia de 5-alfa-reductasa, donde personas con cromosomas XY pueden nacer con genitales ambiguos o femeninos, ser registradas como mujeres, pero experimentar un desarrollo puberal masculino con aumento de testosterona.
La nueva política establece explícitamente que “la elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI está limitada a mujeres biológicas, determinadas sobre la base de una prueba única de detección del gen SRY”.
La normativa establece que cada atleta deberá someterse una sola vez en su carrera a la prueba del gen SRY, y que un resultado negativo habilitará de manera permanente su elegibilidad para competir en la categoría femenina. El examen, que puede realizarse mediante saliva, hisopo bucal o muestra de sangre, fue presentado por el COI como un procedimiento más transparente que otros métodos posibles.
En cambio, quienes arrojen resultado positivo —incluidas mujeres transgénero y atletas con diferencias del desarrollo sexual que impliquen un desarrollo sexual masculino— deberán competir en la categoría masculina o en pruebas mixtas. La regulación contempla excepciones muy acotadas, como algunos casos de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras DSD que no otorguen ventajas vinculadas a la testosterona, y aclara además que no tendrá efecto retroactivo ni alcanzará al deporte recreativo o de base.
¿Qué es el gen SRY y por qué es la clave de esta prueba?
El gen SRY (del inglés Sex-determining Region Y) se ubica en el brazo corto del cromosoma Y y actúa como el “interruptor maestro” del desarrollo sexual masculino. Cuando este gen está presente en un embrión, desencadena la formación de los testículos y la producción de testosterona y otras hormonas masculinas que moldean el cuerpo durante la pubertad.
El COI argumenta que “la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”. Esto significa que, aunque una persona haya realizado una transición de género, su ADN seguirá mostrando el gen SRY si es hombre biológico, independientemente de sus documentos de identidad, tratamientos hormonales o cirugías.
La lógica deportiva detrás de esto es que la pubertad masculina —impulsada por la testosterona— genera diferencias físicas permanentes, como mayor densidad ósea, más masa muscular, mayor capacidad pulmonar y cardiovascular, y mayor eficiencia mecánica del movimiento. Estas ventajas no desaparecen completamente con la supresión hormonal posterior.
No es la primera vez que el COI recurre a mecanismos de verificación de sexo, aunque la historia de esas prácticas ha sido larga y conflictiva. Entre las décadas de 1960 y 1970, se aplicaban exámenes físicos directos de los genitales de las atletas, un procedimiento que hoy se considera invasivo, humillante y degradante.
Más tarde, en los años 80 y 90, el organismo adoptó la prueba del gen SRY como una alternativa supuestamente más científica, pero terminó abandonándola tras detectar falsos positivos y por su impacto sobre variaciones biológicas naturales en mujeres cisgénero.
Entre 1998 y 2021, el COI dejó de realizar estas verificaciones por sus altos costos, el estrés psicológico que generaban y la complejidad de los casos límite. Finalmente, en 2021, el comité asumió un marco de inclusión y trasladó a las federaciones internacionales la responsabilidad de fijar sus propias reglas para atletas transgénero y con DSD.
La zimbabuense Kirsty Coventry, primera mujer y primera africana en presidir el COI tras asumir en junio de 2025, ya había anticipado antes de su elección una postura crítica respecto de la participación de atletas transgénero en la categoría femenina.
En distintas intervenciones públicas, sostuvo que las mujeres transexuales cuentan con una ventaja física inherente en esas competencias y enmarcó su posición dentro de una agenda orientada a garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en el deporte femenino.
¿Por qué el COI tomó esta decisión ahora?
Varios factores convergieron para empujar al COI hacia esta decisión. La controversia más inmediata fue protagonizada por la boxeadora argelina Imane Khelif en los Juegos de París 2024. Khelif —que no es mujer transgénero sino una mujer biológica registrada como tal en su país— había sido descalificada del Mundial de Boxeo de 2023 por la Federación Internacional de Boxeo (IBA) tras una prueba de ADN que supuestamente reveló cromosomas XY.
El COI la dejó competir en París basándose en su documentación válida y su larga trayectoria en eventos femeninos. Su victoria generó un debate global sobre las reglas de género en el deporte olímpico, aunque se trató en realidad de un caso de DSD, no de transgénero.
El COI no tomó esta decisión al azar, sino en un contexto en el que el deporte de élite ya mostraba una tendencia definida hacia mayores restricciones. World Athletics, por ejemplo, prohibió la participación de atletas transgénero en la categoría femenina desde el 31 de marzo de 2023 y más tarde adoptó la prueba del gen SRY en julio de 2025, aplicada luego en el Mundial de Tokio de septiembre de ese año.
Otras federaciones, como las de natación y ciclismo, habían avanzado antes con medidas similares. En ese marco, y tras 18 meses de consultas con expertos médicos, federaciones y atletas, el COI presentó su política como una decisión basada en evidencia científica y guiada por profesionales de la salud.
El COI aclaró que quienes no cumplan con los criterios para la categoría femenina podrán seguir participando en todas las demás categorías que sí cumplan, como la categoría masculina, pruebas mixtas, o competiciones que no clasifiquen a los atletas por sexo.
Sin embargo, esto plantea una situación prácticamente imposible para muchas mujeres transgénero: competir en la categoría masculina no es una opción viable en términos de rendimiento ni de identidad.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.
“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.
La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó.
Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular.
La Justicia homologó en reserva un convenio con el empresario británico y cerró la demanda estatal que buscaba anular la venta de tierras en una zona estratégica de frontera.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
