Reino Unido aprobó una prohibición del tabaco para todos los nacidos desde 2009
La norma entrará en vigor en 2027, elevará cada año la edad mínima de compra y también endurecerá las reglas sobre el vapeo.
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El Reino Unido acaba de aprobar una de las leyes antitabaco más ambiciosas de la historia moderna. El Parlamento británico dio luz verde al Tobacco and Vapes Bill, una legislación generacional que prohíbe de forma permanente la venta de tabaco a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Solo queda pendiente la firma del rey Carlos III para que sea ley oficial, con entrada en vigor prevista para 2027.
“Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos toda una vida de adicción y daño”, aseguró el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, y agregó que se trata de un momento “histórico” para el país.
— El presidente británico, Keir Starmer
La edad legal para comprar tabaco (actualmente 18 años) aumentará un año por cada año calendario que pase. Esto significa que quienes nacieron en 2009 nunca llegarán a una edad en que puedan comprarlo legalmente, sin importar cuántos años tengan en el futuro.
La lógica es simple, ya que la barra siempre estará un año por delante de ellos. Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad. En 2027, si la edad mínima subiera a 19 años, quienes nacieron en 2009 tendrían 18 y no podrían comprar. En 2030, con un piso de 22 años, esos mismos nacidos en 2009 tendrían 21 y seguirían sin poder hacerlo. Y en 2060, cuando la edad mínima llegara a 52 años, tendrían 51, por lo que tampoco estarían habilitados para comprar.
La ley alcanza a todas las personas nacidas el 1 de enero de 2009 o después, es decir, a quienes hoy tienen 17 años o menos. Se aplicará en todo el territorio del Reino Unido, incluidos Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La sanción recae sobre comercios y empresas, no sobre los individuos que intenten comprar. Es el vendedor el que comete una infracción legal.
“Esta legislación pionera transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera no será capaz de causar estragos en los pulmones de la próxima generación”, destacó Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma + Lung UK.
La ley no se limita al cigarrillo tradicional. La medida incorpora además un conjunto de restricciones específicas sobre el vapeo, entre ellas la prohibición de vender vapeadores a menores de 18 años y de comercializarlos en máquinas expendedoras, la veda a su distribución gratuita y la facultad del gobierno para regular sabores especialmente atractivos para adolescentes, como los de frutas o dulces, así como el diseño de envases llamativos. También establece límites para su uso, al prohibir vapear dentro de vehículos en los que viajen menores, en parques infantiles y en los alrededores de hospitales y escuelas.
Sin embargo, el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, prometió el mes pasado en una columna de opinión que, si su fuerza gana las elecciones generales de 2029, derogará la norma, a la que calificó de “idiota”.
“¿Cómo se supone que va a funcionar la prohibición?”, preguntó Farage en The Telegraph. “Dentro de diez años, una persona de 27 años no podrá comprar cigarrillos legalmente, pero una de 28 sí podrá hacerlo”, argumentó.
Según Daily Mail, se permitirá la excepción de vapear en las zonas exteriores de los hospitales como herramienta de apoyo para aquellas personas que estén intentando dejar de fumar.
Motivaciones de la prohibición
Esta iniciativa fue lanzada originalmente por el gobierno conservador de Rishi Sunak y continuada por el actual gobierno laborista de Keir Starmer, un dato que refleja un consenso político inusual en el Reino Unido.
El Reino Unido se inspira en Nueva Zelanda, que intentó una medida similar aunque luego la revirtió. Si esta ley se sostiene, el Reino Unido se convertiría en el primer país de gran escala del mundo en avanzar de forma real hacia una generación no adicta de tabaco.
Desde Cancer Research UK también señalaron que la ley representa un logro histórico y que, además, podría contribuir a poner fin a los cánceres provocados por el tabaquismo.
Solo en Inglaterra, fumar causa aproximadamente 400.000 hospitalizaciones anuales y se atribuye a 64.000 muertes cada año. De acuerdo con el NHS, el sistema público de salud británico, los gastos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco como el cáncer y afecciones cardiovasculares rondan los USD 3.750 millones al año. Las estimaciones del periódico sitúan el coste social total entre USD 26.600 millones y USD 34.500 millones anuales, destacando como factor principal la pérdida de productividad.
El Gobierno y las instituciones de salud británicas impulsan la prohibición asegurando que contribuirá a salvar vidas y reducir los efectos negativos del tabaquismo, con el respaldo de asociaciones médicas y entidades de salud pública.
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En una entrevista exclusiva que el medio Breitbart News publicó con un abogado del Cinturón Medio (Middle Belt) de Nigeria que usó el seudónimo “Jabez Musa” para proteger su identidad y la de su familia, describió que los ataques de milicias yihadistas, en su mayoría identificadas con la etnia fulani, son una “ocurrencia diaria” contra fieles cristianos.
“Los asesinatos no han cesado. Ocurren en masa, a veces son solo unos pocos individuos, esa es la situación aquí”, afirmó Musa.
— Testigos presenciales informan del uso de drones, un mayor número de atacantes y asaltos simultáneos contra varias comunidades
En la semana previa a la nota, mataron al hijo de un pastor, y aseguró que la matanza no cesa en estados como Plateau, Benue, Nasarawa, Kaduna del sur y Taraba. Según su relato, las comunidades cristianas sufren secuestros para pedir rescate, destrucción e incendio de aldeas, y el despojo sistemático de tierras ancestrales por parte de estas milicias islamicas armadas.
El “Middle Belt” es la franja central de Nigeria donde el norte de mayoría musulmana se encuentra con el sur de mayoría cristiana, y es allí donde se concentra la violencia contra comunidades agrícolas cristianas. Los estados más golpeados —Plateau, Benue, Kaduna, Nasarawa y Taraba— han registrado ataques casi semanales durante 2026. Solo entre mayo y julio, la asociación juvenil Berom Youth Moulders documentó al menos 121 muertes en localidades de Plateau.
En julio, decenas de personas murieron en incursiones simultáneas en Plateau y Benue, incluyendo un bebé de dos meses, mientras que el ejército nigeriano llegó tarde o ni siquiera respondió pese a alertas previas, en donde los mismos soldados han disparado, arrestado y desarmado a guardias civiles frente a sus casas, incluso durante invasiones armadas de las guerrillas islámicas fulani. A fines de julio, un ataque nocturno en la aldea de Naridon (estado de Kaduna) dejó 30 muertos, entre ellos 11 niños, y varios secuestrados, incluyendo un sacerdote católico.
“Queremos que los cristianos de todo el mundo sepan lo que está sucediendo en Nigeria, que estén al tanto de los acontecimientos diarios y que sepan que los cristianos están siendo severamente perseguidos”, destacó Musa, denunciando que “la persecución incluye asesinatos, discriminación en todas sus formas y, además, a los cristianos se les niegan sus derechos en algunos estados musulmanes de Nigeria”.
— Coronel Victor Asuquo se dirige a los pobladores de la aldea de Gwom Ajang, en el distrito de Foron, Barkin Ladi, tras ataques de terroristas islámicos en una incursión nocturna cerca de la frontera entre Plateau y Bauchi
Estos patrones no son hechos aislados, siendo que organizaciones como Intersociety e International Christian Concern llevan un registro casi semanal de matanzas, secuestros y destrucción de cosechas atribuidos a milicias fulani armadas, con picos de decenas de víctimas por incidente. La agencia de ayuda cristiana internacional e interdenominacional, Barnabas Aid estima que, desde 2009, más de 45.000 cristianos han sido asesinados por islamistas en el norte y el Cinturón Medio de Nigeria.
El eje central de la denuncia de Musa —y de organizaciones como Intersociety— es que el gobierno central, encabezado por el presidente Bola Tinubu, actúa con pasividad o incluso complicidad frente a estos ataques. De acuerdo al letrado, funcionarios nigerianos minimizan el carácter religioso de la violencia atribuyéndola al “cambio climático” (por disputas entre agricultores y pastores ante la escasez de tierras) y han invertido en campañas de relaciones públicas para contrarrestar la cobertura internacional del problema.
Tinubu declaró en 2025 que las denuncias de un “genocidio religioso” eran “infundadas”, insistiendo en que ninguna religión está bajo amenaza en el país. En algunos casos, el propio ejército ha pedido a los civiles que se defiendan solos ante la falta de tropas suficientes, como ocurrió en junio en la frontera entre Plateau y Bauchi.
— Sunday Ezekiel, líder juvenil de Gwom Ajang, apunta con una honda luego de haberse enfrentado con ella de terroristas islámicos armados con fusiles de asalto
“Cuando se les llama ‘gamberros’ o ‘bandidos’, entonces la criminalidad no es tan grave”, describió Musa, “pero lo que vemos aquí es que se trata de gente militante que mata”. “Vienen por cientos en sus motocicletas, acompañados de sus cómplices en moto y armados con fusiles AK-47, atacan una aldea o comunidad, matan a sus habitantes y luego toman el control o los matan de nuevo, regresan y vuelven a tomar el control del lugar”, añadió.
Esta denuncia se inserta en una disputa diplomática que escaló fuertemente desde octubre de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump redesignó a Nigeria como “País de Preocupación Particular” (CPC, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional, alegando que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria”.
Trump llegó a amenazar con llevar tropas norteamericanas “a las armas” y con cortar toda ayuda si el gobierno nigeriano no protegía a los cristianos, y en diciembre habría ordenado ataques con misiles Tomahawk contra objetivos yihadistas. Además, cifras citadas por legisladores republicanos enumeran a más de 7.000 cristianos que habrían sido asesinados solo en los primeros siete meses de 2025, un promedio de 35 por día.
“Hay pelotones de soldados por todas partes, y en la mayoría de los casos, cuando reciben informes de un ataque, tienen excusas”, subrayó Musa sobre la inoperancia por parte del ejército nigeriano. “Podrían decir que tienen que esperar una orden de la autoridad superior para actuar, y cuando llegan —si es que llegan—, llegan cuando ya se ha producido el ataque y los daños, cuando ha habido muertos. Pero a veces, simplemente no llegan”, agregó.
Sin embargo, el propio asesor presidencial de EE.UU. para África, Massad Boulos, cambió de postura. En octubre de 2025, calificó las denuncias de persecución selectiva como “equivocadas”, argumentando que Boko Haram e ISIS-África Occidental matan a más musulmanes que cristianos, pero en julio de 2026 reconoció públicamente que la violencia contra comunidades cristianas en el Cinturón Medio es “intolerable”.
— Donald Trump junto a Massad Boulos, empresario de ascendencia libanesa y asesor principal para asuntos árabes y de Oriente Medio
Analistas de centros como CSIS advierten que, si bien la crisis de seguridad es real y grave, el término “genocidio” tiene una definición legal exigente y que caracterizar el conflicto únicamente como persecución religiosa simplifica causas más complejas como las disputas por tierra y agua, criminalidad armada y colapso del control estatal en zonas rurales. El Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, también relativizó la etiqueta de “guerra religiosa”, atribuyendo los ataques a causas sociales.
Aún así las víctimas, lamentó Musa, “sufren traumas graves” y necesitan un largo proceso de asistencia para poder reconstruir su vida cotidiana tras sobrevivir al secuestro. Para dimensionar la gravedad de la situación, relató el caso de una familia conocida que permaneció cautiva. Uno de los sobrevivientes le contó que tanto él como su esposa fueron sometidos a abusos sexuales y que, en ocasiones, los hechos ocurrieron frente a sus hijos. “Nos secuestraron, se acuestan con ella cuando les da la gana, a veces mientras los niños miran. Si protesto, me disparan”, detalló el hombre.
“Existe la historia de un niño de siete años que fue secuestrado y, debido a la falta de alimentos en el lugar donde los secuestradores lo mantuvieron cautivo, en el monte, tuvo que comer carne humana para sobrevivir”, señaló Musa.
Otra sobreviviente, una mujer que quedó embarazada durante su cautiverio, sufrió complicaciones al momento del parto. Musa indicó que, ante la ausencia de asistencia médica, otra mujer fue obligada por los militantes a cortar el cordón umbilical con los dientes.
El pedido de las comunidades afectadas
Musa sostuvo además que los cristianos no representan una amenaza para los fulani ni para otros grupos militantes islamistas que operan en Nigeria y remarcó que “en el mejor de los casos, pueden defenderse”. Por ello, reclamó al Gobierno un compromiso efectivo para proteger a las comunidades afectadas y garantizar su seguridad.
“Que los cristianos de todo el mundo oren por los cristianos de Nigeria. La Biblia dice que hay que velar y orar. Además de la oración, la vigilancia implica que los cristianos de otras jurisdicciones insten a sus representantes a presionar al gobierno nigeriano para que actúe y ponga fin a la violencia”, consideró Musa.
De los 36 estados que posee Nigeria, quienes viven en 12 del país están sujetos a la sharia, o ley islámica, en contra de la constitución del Estado. Musa ratificó que a los cristianos se les suele negar la documentación legal para construir iglesias y lugares de culto en estados gobernados por líderes musulmanes, y que sufren otras formas de discriminación incluso cuando no son atacados directamente.
“Lo que queremos, lo que quieren los cristianos y todo nigeriano sensato, es paz, menos ataques o ninguno, ya sea contra cristianos o cualquier otro grupo religioso en Nigeria”, manifestó Musa a la opinión pública.
Asimismo, otras voces del Cinturón Medio piden que el gobierno nigeriano cumpla su deber constitucional de proteger a los civiles, que haya presión internacional concreta (no solo declaratoria) sobre Abuja, y que se reconozca oficialmente el carácter de “limpieza étnica” de los ataques, en lugar de atribuirlos genéricamente a “bandidismo”. En enero de 2026, EE.UU. y Nigeria formaron un Grupo de Trabajo Conjunto para reducir la violencia contra grupos vulnerables, aunque hasta ahora los resultados sobre el terreno han sido nulos, con los ataques documentados que continúan mes tras mes en lo que va del 2026.
El 8 de junio de 2026, expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por la situación de mujeres y niñas cristianas en el norte de Nigeria y el Middle Belt. Señalaron que habían recibido informes creíbles de asesinatos, secuestros, violencia sexual, conversiones forzadas y matrimonios forzados, más no intervinieron.
La Franja de Gaza atraviesa un prolongado conflicto bélico desencadenado tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra territorio israelí. En medio de las operaciones militares y la creciente tensión humanitaria en el enclave palestino, las posturas de los sectores más radicalizados del espectro político israelí intensifican la presión sobre el gabinete de gobierno.
Dentro de este escenario, las declaraciones de figuras de peso en el Ejecutivo suelen generar ondas expansivas tanto en la política interna de Israel como en el tablero diplomático internacional, donde los aliados occidentales vigilan de cerca el estricto cumplimiento de las normas del derecho humanitario.
Escena cotidiana en Gaza.
Llamado a la matanza
Itamar Ben Gvir, el ultra-sionista ministro de Seguridad Nacional de Israel, desató una fuerte controversia tras asegurar en el podcast “8 de octubre” que las fuerzas de seguridad deberían ejecutar a entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. En su intervención, el funcionario no se limitó a quienes representan una amenaza inmediata, sino que profundizó en una postura extrema al afirmar: “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.
Tras la difusión de estos dichos, la Comisión Europea evitó comentar la declaración específica, pero la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, recordó que la Unión Europea mantiene pendiente una propuesta para sancionar al ministro. Hipper reiteró que el bloque espera que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y garantice la protección de los civiles, recordando que las deliberaciones sobre medidas restrictivas contra individuos son confidenciales y requieren la unanimidad de los 27 Estados miembros.
Mientras el debate interno en el Consejo de la UE sobre estas sanciones continúa, la retórica del ministro vuelve a poner en tensión la relación entre las posturas del Ejecutivo israelí y la exigencia de cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La gravedad de las declaraciones ha reavivado la presión diplomática sobre el gabinete, exponiendo la distancia entre el discurso de Ben Gvir y el marco de actuación que los organismos internacionales demandan a Israelen medio del conflicto contra el terrorismo de Hamás.
Itamar Ben Gvir.
El historial del funcionario
Itamar Ben Gvir ha construido su trayectoria política sobre posturas ultra-sionistas y discursos de confrontación en Cisjordania y Gaza. Su carrera incluye antecedentes de inhabilitación porincitación al racismo en su juventud y su constante reivindicación del papel de colono, marcando una línea de acción pública caracterizada por la radicalización.
La reiteración de este tipo de declaraciones expone una brecha persistente entre la retórica del titular de Seguridad Nacional y las directrices que el derecho internacional exige al Estado de Israel, alimentando la presión de los aliados occidentales y de los organismos multilaterales sobre el gobierno israelí.
Javier Negre dejó atrás el periodismo convencional en España tras una condena judicial por vulnerar la intimidad de una víctima, episodio que derivó en su despido del diario El Mundo. Lejos de retirarse, reconvirtió su perfil hacia un modelo de negocio que prioriza la monetización de la polarización extrema por sobre cualquier estándar de verificación o ética profesional.
Su desembarco en Argentina se consolidó al adquirir La Derecha Diario, portal fundado por el consultor político Fernando Cerimedo, recientemente noticia a nivel regional por su detención en Bolivia. Negre compró las acciones del portal de noticias para hacerse del control de este aparato de agitación. Así, Negre tomó el relevo de una estructura que funciona con una lógica corporativa propia: el uso de cuentas falsas en las redes sociales, el hostigamiento sistemático a opositores y la venta de acceso a círculos de poder, consolidándose como un operador que busca expandir su influencia mediante agendas que nada tienen que ver con el ejercicio informativo.
Javier Negre junto a Javier Milei.
Quién es Camila Rojas
La denunciante se consolidó en la escena pública como una activista conservadora en Colombia, desde donde ha impulsado causas alineadas con los sectores tradicionales de la derecha regional. Su perfil cobró notoriedad al posicionarse como una voz crítica frente a los equilibrios de poder actuales en su país.
Lejos de sumarse a las estrategias de alianzas incondicionales con actores extranjeros, Rojas adoptó una postura de rechazo frontal ante la injerencia de figuras internacionales en la política local. A través de sus intervenciones públicas, ha cuestionado duramente a quienes pretenden instrumentalizar las banderas ideológicas con fines meramente transaccionales, advirtiendo sobre los riesgos de subordinar la soberanía nacional a intereses ajenos.
Foto de perfil de Camila Rojas.
La denuncia y la moneda de cambio
El conflicto escaló cuando Camila Rojas decidió exponer públicamente las maniobras del operador español. A través de sus redes sociales, la activista publicó un video y tuiteó duras advertencias sobre las verdaderas intenciones detrás de la llegada del entorno de Negre a la región, sintetizando su postura con una frase contundente: “la política exige principios, no mercenarios”.
Lejos de tratarse de un respaldo ideológico genuino, la denuncia puso de relieve que el objetivo de estas redes es fracturar a la oposición local y negociar intereses económicos y políticos ajenos a las necesidades de Colombia. En esa línea, Rojas cuestionó abiertamente la legitimidad de sus interlocutores al señalar que “nadie va a instrumentalizar las banderas de la familia, los niños y la fe, mucho menos personas que jamás han tomado una Biblia en sus manos”.
El video de Rojas revelando la propuesta de Negre.
El punto más álgido de la revelación radica en la contraprestación exigida para estructurar una plataforma electoral con aspiraciones presidenciales. Según lo expuesto, Negre no sólo le garantizaba convertirla en candidata a la presidencia, sino también elevarla como un referente intelectual de peso, equiparable a la figura del politólogo argentino Agustín Laje, presidente de Fundación Faro. Sin embargo, todo este despliegue venía supeditado a una condición geopolítica inflexible: blindar diplomáticamente y cesar toda crítica hacia el Estado de Israel, subordinando cualquier soberanía discursiva a los intereses de la red internacional.
Expertos en ciberseguridad dudan sobre el uso de distintos organismos del Estado argentino, que estarían ampliando el uso de nubes de Amazon, Google, Microsoft y Oracle para guardar, procesar y respaldar información.
La tendencia comenzó a agravarse en 2024 y se profundizó con el tiempo, sin una política pública clara sobre qué datos estratégicos deben quedar bajo control estatal. Distintos especialistas consultados advirtieron que el problema no es la tecnología, sino la falta de reglas sobre qué información puede salir del Estado y bajo qué condiciones.
— El presidente Javier Milei, durante la reunión con el CEO de Google Sundar Pichai
El vínculo entre el Estado argentino y los hiperescaladores de nube no es nuevo. Ya con anterioridad, en 2017 el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un memorándum de entendimiento con Amazon Web Services (AWS) para probar durante un año el alojamiento de bases de datos estatales en sus servidores, a cambio de capacitación para startups y docentes.
Ese acuerdo marcó el inicio de una relación que se fue institucionalizando. En 2019 se emitió un “Nuevo lineamiento para la contratación de servicios en Nube IaaS y PaaS” que buscaba ordenar cómo el Estado nacional debía contratar estos servicios a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). Con los años, licitaciones de organismos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Santa Fe fueron adjudicando contratos de “nube pública Amazon” o “bolsas de crédito” intercambiables entre AWS, Azure y Google Cloud según la necesidad operativa.
— Estación Terrena Benavídez y oficinas de ARSAT
Para 2024, ya en la presidencia del actual mandatario Javier Milei, se sumó un capítulo más polémico. Las negociaciones con Google para adoptar su sistema de inteligencia artificial aplicado a la “reforma del Estado”, inspirado explícitamente en el modelo implementado en El Salvador, donde Google terminó gestionando información sensible y procesos críticos de gobierno.
Más recientemente, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, se incorporó la llamada “transferencia transfronteriza de datos”, que habilitaría la circulación de bases de datos comerciales y personales sin las trabas regulatorias actuales, beneficiando a Amazon, Google, Meta y Microsoft.
Según Mariano Goñi, presidente de Integracom y secretario de Tecnología de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), no hay pruebas de que las bases centrales de organismos clave como ARCA (exAFIP), RENAPER o ANSES estén íntegramente alojadas en una nube extranjera. No obstante, sí confirma que distintas dependencias utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte técnico.
— Milei junto al CEO de Meta, Mark Zuckerberg el 30 de mayo de 2024 en Palo Alto, California
“El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una política clara y obligatoria que defina qué datos deben permanecer bajo control estatal y en qué condiciones puede contratarse una nube extranjera”, subrayó Goñi, agregando que “sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte”.
Eso abre la puerta a que información sensible circule, en algún tramo, por servidores privados. Entre esos datos figuran registros tributarios y patrimoniales de contribuyentes, información de identidad, fotografías y datos biométricos, domicilios y movimientos migratorios, prestaciones sociales y registros sanitarios, además de datos vinculados con la producción agropecuaria y el comercio exterior del país.
Goñi identifica el núcleo del problema, siendo que hasta el momento no existe un mapa público que indique con precisión qué organismos usan estos servicios, qué información almacenan, en qué país reside físicamente y qué pasa con esos datos frente a un conflicto judicial, una filtración de seguridad o el fin de un contrato.
— Mariano Goñi
Su propuesta alternativa es aprovechar más el datacenter estatal de ARSAT, que ya ofrece servidores, nube privada, redes seguras y centros de contingencia, para que buena parte de los sistemas —portales públicos, expedientes electrónicos, registros administrativos— quede bajo órbita estatal, reservando la migración gradual solo para los sistemas más complejos como las grandes bases tributarias o la biometría de RENAPER.
El marco legal argentino
Margarita Trovato de la Fundación Vía Libre, pone el acento en un punto técnico-legal crucial, ya que cuando los datos se alojan en servidores fuera del país, dejan de regirse exclusivamente por la ley argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones. Esto tiene consecuencias concretas, porque el Estado pierde capacidad de controlar quién accede a esa información, cómo se auditan sus usos y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un incidente.
— Margarita Trovato
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales —vigente desde el año 2000, previa a la masificación de internet— establece criterios para las transferencias internacionales de datos, pero contiene excepciones que debilitan esas garantías, y hoy no existen controles activos ni robustos sobre su cumplimiento.
El problema se agrava porque Estados Unidos, donde residen la mayoría de estos proveedores, carece de una ley federal integral de protección de datos personales, lo que suma incertidumbre jurídica cuando la información argentina queda alcanzada por normativa estadounidense. Proyectos de ley presentados en 2017 y 2019 para declarar los datos del Estado como inalienables, inembargables e imprescriptibles nunca lograron aprobarse.
Trovato también señala el riesgo del “vendor lock-in”, que es cuando un organismo concentra buena parte de sus sistemas en un único proveedor, y después resulta muy costoso migrar por razones de precio, compatibilidad técnica y dependencia acumulada. Denuncia además que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad, con datos biométricos, por ejemplo, no deberían alojarse en jurisdicciones que no ofrezcan garantías de protección equivalentes a las argentinas.
— Milei y su comitiva junto al CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino
Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Publicas de Derechos Digitales, aportó una mirada geopolítica sobre la infraestructura digital global que está altamente concentrada en un puñado de corporaciones transnacionales, lo que genera pérdida de control estatal sobre la información y expone datos sensibles al posible acceso de terceros, en un contexto donde esas plataformas responden a legislaciones y decisiones políticas de otros países.
“La infraestructura tecnológica necesita una colaboración equilibrada entre actores públicos y privados, pero en nuestra región existe una concentración muy alta en un puñado de empresas transnacionales”, sostuvo Camacho.
Este debate no es exclusivo de Argentina. Informes recientes sobre “nube soberana” en la región muestran que el control real ya no depende solo de dónde están físicamente los servidores, sino de quién administra las llaves de cifrado, quién puede auditar los sistemas y qué capacidad conserva el Estado para migrar o recuperar su información si decide cambiar de proveedor. Empresas como AWS sostienen, en cambio, que “la nube es soberana por diseño” porque el cliente —en este caso el Estado— es quien decide dónde alojar sus datos y cómo gestionar sus claves de seguridad.
El Observatorio de Política Criminal contabilizó 5.209 muertes en 2025 sobre datos oficiales, un 22,6% más que en 2024 y la tasa más alta desde que hay registro. La cifra ya más que triplica a la de homicidios dolosos.
La Iglesia rechazó responder al problema con un “que se arreglen”. La mora bancaria de las familias se estancó en 12.8% y fuera de los bancos ya trepa por encima del 30%.
Los aranceles que paga el PAMI subieron 130% desde diciembre de 2023, contra una inflación de más del 300%. El atraso derivó en siete meses de recortes escalonados que afectaron a casi 300.000 jubilados de la región patagónica.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
