Ayuso vs Sánchez: La pelea por las medidas para afrontar el gasto energético en España
La presidente de la Comunidad de Madrid junto a otros integrantes del Partido Popular (PP) han decidido recurrir al Tribunal Constitucional luego de las medidas energéticas propuestas por Pedro Sánchez.
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El Presidente español Pedro Sánchez ha decidido esta semana implementar nuevas medidas para reducir el gasto energético en su país. El gobierno mantiene firme el decreto de ahorro energético, pero el PP no está de acuerdo con él.
Las medidas del decreto incluyen: apagar los escaparates a las 22 horas, limitar a 27 grados el aire acondicionado en verano y a 19 el de la calefacción dentro de cines, edificios de carácter público, comercios, almacenes, con algunas excepciones para lugares que necesiten sostener ciertas condiciones ambientales específicas, como por ejemplo supermercados y frigoríficos.
Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España.El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al TC.
En base a esto reaccionó Ayuso y pidió la remoción de este decreto, lo cual Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, le negó. Recurrirá ahora la madrileña al Tribunal Constitucional luego de informar que “Madrid no se apaga”. Por su parte, Sánchez adjudicó la culpa de la situación energética a la guerra en Ucrania y pidió solidaridad y unión a la oposición para afrontar las nuevas medidas.
Ante la situación del mercado energético por la guerra en Ucrania, pido a todas las Administraciones Públicas y a la oposición unidad, en España y Europa; responsabilidad para cumplir con la ley y con los planes de ahorro de energía y solidaridad con el resto de países de la UE.
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En medio de una agitada discusión legislativa por el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada bonaerense Viviana Guzzo, perteneciente a Unión por la Patria, presentó un proyecto que causó sorpresa y polémica: declarar al inodoro como “un lugar para la paz”. Pese a su afán por instalar la curiosa temática en la agenda, la propuesta no fue debatida ni aprobada sobre tablas, en un contexto marcado por demandas sociales urgentes y necesidades básicas insatisfechas.
La iniciativa de Guzzo se apoya en el Día Mundial del Retrete, establecido cada 19 de noviembre por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el proyecto, se buscaba “declarar de interés legislativo el lema ‘El retrete es un lugar para la paz’ en el marco del Día Mundial del Retrete (inodoro) 2024 establecido cada 19 de noviembre por la ONU”. La diputada oriunda de Los Toldos —Partido de General Viamonte— argumentó que “el saneamiento es un derecho humano” y que la falta de acceso a un inodoro adecuado y seguro “minimiza la capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La legisladora sostuvo que “todo el mundo debería tener acceso a un retrete seguro, higiénico y privado que esté conectado a un sistema de saneamiento gestionado de forma segura para eliminar adecuadamente los desechos”. En el texto presentado, además, se advirtió que los sistemas inadecuados, dañados o rotos “pueden provocar contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.
Guzzo también enfatizó en la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la falta de saneamiento: “La falta de servicios de saneamiento, agua e higiene gestionados de forma segura hace más vulnerables a las mujeres y las niñas, en particular, a los abusos, los ataques y la mala salud, lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La diputada, al fundamentar su propuesta, consideró que el “Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales”. En este sentido, mencionó el Plan Federal Sanitario “Mi Baño”, lanzado en 2023, que buscaba erradicar letrinas y mejorar las condiciones de saneamiento para las poblaciones más vulnerables.
La iniciativa describía tres líneas de acción para el Día Mundial del Inodoro 2024:
“El inodoro es un lugar para la paz”: Según el proyecto, este espacio esencial “debería ser seguro y no suponer un riesgo”, y se señaló que el saneamiento mundial “corre peligro a causa de los conflictos, el cambio climático, los desastres y la falta de cuidado”.
“El inodoro es un lugar de protección”: Al aislar los desechos, el saneamiento adecuado resulta “crucial para la salud pública y ambiental”, evitando así la proliferación de enfermedades mortales.
“El inodoro es un lugar para el progreso”: Un adecuado servicio sanitario protege la dignidad y transforma vidas, especialmente la de mujeres y niñas. “Más inversión y una mejor gestión del saneamiento son claves para un mundo más justo y pacífico”, puntualizó la diputada.
A pesar de los argumentos presentados, la propuesta no logró avanzar en la Legislatura. Este resultado se atribuye tanto a la falta de consenso como a la sensación de desconexión entre las prioridades reales de la ciudadanía y las temáticas planteadas por ciertos legisladores. La propuesta, vista por muchos como trivial en un contexto de crisis económica y social, también generó un debate sobre el uso del tiempo legislativo para cuestiones percibidas como menos relevantes.
Por otro lado, Guzzo intentó justificar su iniciativa destacando el papel central que tiene el acceso al saneamiento en los derechos humanos y en la lucha contra las desigualdades. “El acceso al saneamiento es fundamental para garantizar la dignidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. En especial, las mujeres y niñas que son las más afectadas por la falta de servicios higiénicos seguros”, afirmó la diputada en declaraciones posteriores a la presentación del proyecto.
Cabe destacar que este no es un caso aislado en la trayectoria legislativa de Guzzo. La diputada también estuvo involucrada en otros proyectos que han generado opiniones divididas, como el intento de declarar al cantante Carlos “Indio” Solari como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires.Aunque la iniciativa logró cierta tracción en un principio, finalmente perdió estado parlamentario, dejando en evidencia los desafíos de lograr consenso en temas que no siempre son prioritarios para la agenda política.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
El gobernador destina casi $50 millones por año a Radio Madres AM 530, mientras áreas críticas como salud, educación y seguridad enfrentan serios recortes. De fondo, el negocio de los intermediadores de la pauta.
En un contexto económico crítico para la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof sigue destinando sumas multimillonarias a pauta publicitaria. En ese marco, se destaca el caso de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Según datos oficiales a los que tuvo acceso el portal REALPOLITIK, la organización percibe un monto mensual de al menos 4.065.600 pesos por publicidad en Radio Madre AM 530, lo que, en términos anuales, se traduce en la impactante cifra de 48.787.200 pesos para una emisora con escasos oyentes.
Esta absurda cifra, que la emisora percibe a través de la cooperativa de Trabajo, Comunicación y Cultura por Venir Ltda., corresponde solo a la asignada desde el ejecutivo bonaerense, por lo que no contempla los montos que podría percibir desde otros organismos del gobierno de Axel Kicillof.
Este gasto, que proviene plenamente de las arcas públicas bonaerenses, que se nutre de los impuestos de quienes habitan en territorio provincial, plantea serios interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de recursos en una provincia que enfrenta problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, el déficit en salud y educación, y la inseguridad creciente.
Si bien el apoyo a organismos de derechos humanos es históricamente una política central del oficialismo, el desmesurado monto destinado exclusivamente a la pauta publicitaria en Radio Madre parece carecer de justificación en un escenario de ajuste para otras áreas clave y su nivel de oyentes. Además, este gasto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política comunicacional que favorece a medios y figuras alineadas con el relato K.
Mientras tanto, áreas sensibles de la gestión provincial sufren recortes y ajustes, con eje en los trabajadores de la administración pública. Desde los hospitales sin insumos hasta escuelas con serios problemas de infraestructura, la dirigencia kirchnerista observa con silencio cómplice cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar su calidad de vida terminan en manos de organizaciones y medios vinculados al oficialismo.
El sospechoso rol de las organizaciones intermediarias
Del gasto que la gestión bonaerense realiza en pauta publicitaria, este medio advirtió el día de ayer sobre el rol de organizaciones intermedias con nexos al kirchnerismo. Empresas como Sentidos SA, dirigida por Andrés Bidart y vinculada en los pasillos de la gobernación al kirchnerismo duro, actúan como intermediarias, manejando recursos multimillonarios sin ser medios de comunicación.
En la práctica, estas compañías funcionan como un “pasamanos”, cobrando comisiones mientras distribuyen fondos hacia medios nacionales afines ideológicamente, tales como Página/12, Canal Siete y Crónica, o hacia canales internacionales alejados de los intereses bonaerenses, como A&E, Europa Europa, El Gourmet, Film&Arts, Lifetime, Sony Entertainment Television, Bravo TV, The History Channel o The History Channel 2.
En contraste, hospitales, escuelas y la seguridad provincial enfrentan una crisis estructural, relegados en las prioridades presupuestarias del gobierno. El modelo pone en evidencia el uso de recursos públicos con fines políticos, dejando a los bonaerenses a la deriva mientras se asegura la narrativa favorable al oficialismo.
En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores MarianoGallegos y MarinaAlegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo.Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.
La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.
Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.
Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.
En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.
Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.
El golpe a los afiliados
Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre.Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.
Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.
Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.
Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.
“La eficiencia administrativa es esencial“
Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.
Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.
Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.
Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.
Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.
La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.
En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley.Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.
Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.
Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.
Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.
Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.
El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.
El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.
Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.
Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.
Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.
Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.
La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.
De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.
En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.
Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
