Sáenz cobrará la Salud a los extranjeros: “Si en Bolivia no pagás no te atienden, ni siquiera por una cuestión humanitaria”
El gobernador de Salta aclaró que prepara una medida para cobrarle los servicios de Salud a los extranjeros que quieran atenderse en la provincia norteña. "En Bolivia con nosotros no hay reciprocidad. Si uno no pagan no lo atienden, ni siquiera por una razón humanitaria", sentenció.
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La semana pasada, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, anticipó la idea del gobierno de Gustavo Sáenz: cobrar la atención médica a los extranjeros. En palabras del Ministro: “La provincia va a priorizar la atención a los salteños, y es por eso que estamos analizando aplicar el cobro de atención médica a todos los extranjeros. Vaya a Bolivia y pague todo. Vaya a Brasil y pague todo. Hay que aprender cómo se manejan en el mundo”.
En tal sentido, el gobernador de la provincia norteña volvió a insistir, en dialogo con Eduardo Feinamann, que “está llevando adelante una medida, que la venía pensando hace mucho tiempo, cobrarle a los extranjeros como nos cobran a los argentinos cada vez que utilizamos su sistema de salud”.
“Primero están los salteños, tenemos que priorizarlos. No podemos seguir atendiéndolos gratuitamente. Porque con nosotros no hay reciprocidad”, sentenció el mandatario provincial.
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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.
“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.
El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.
El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.
“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.
– El proyecto de Vivona
Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.
Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.
Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.
Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.
Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la Cámara de Diputados de Entre Ríos y el Centro de Veteranos de Guerra de Paraná clausuraron este jueves la segunda edición de Voces de Malvinas, una propuesta pedagógica y cultural que busca mantener viva la memoria del conflicto del Atlántico Sur y reafirmar la soberanía argentina. Durante tres jornadas, estudiantes de distintos niveles participaron en charlas, recorridos guiados y exposiciones dedicadas, esta vez, al hundimiento del crucero ARA General Belgrano.
El mandatario provincial, acompañado por el presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, inició el recorrido frente a la réplica a escala del Belgrano emplazada en la plaza Carbó. Luego visitó la muestra pictórica Malvinas, los colores de la guerra, del veterano y artista Raúl Martínez, y la exposición estática Malvinas Argentinas instalada en el Salón de los Pasos Perdidos.
Las actividades comenzaron el martes con la proyección de un documental y continuaron con conferencias de excombatientes; entre ellas se destacó un conversatorio transmitido por Radio Diputados y YouTube con el aviador naval José Arca. El objetivo, reiteraron los organizadores, es llevar la causa Malvinas al aula y al debate público de manera permanente.
Gustavo Hein subrayó la importancia de abrir la Legislatura a la comunidad educativa: “Esta es una herida abierta que nos compete a todos. Por eso, con el acompañamiento de los diputados y el mandato del gobernador, hemos decidido abrir esta casa y visibilizar fuertemente la causa Malvinas. Nos comprometimos a hacerlo desde el primer minuto, ante lo que era una ausencia del Estado que nos llena de dolor”. El legislador advirtió, además, sobre la huella que el olvido dejó en los veteranos: “Ante un enemigo que estaba muy preparado por lo que había sido su historia bélica, nuestros combatientes mostraron el coraje que tenemos los argentinos. Pero luego el olvido nos ha llevado a cifras muy elevadas de suicidios, que nos tienen que hacer recapacitar”. Y concluyó: “Queremos que nuestros héroes estén en las aulas, cuenten nuestra historia”.
Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos, Oscar Eguías, celebró la continuidad del ciclo y renovó el pedido de integrar el tema en los planes de estudio. “Por segundo año consecutivo podemos visibilizar y poner esta justa y noble causa que es Malvinas. Hoy ustedes tienen la inmensa posibilidad de ver, saber y escuchar todo lo vivido contado por sus protagonistas”, expresó. “Esperamos que comencemos a malvinizar desde las aulas. Ese es el mejor armamento que Argentina dispondrá para recuperar lo perdido en el campo de batalla. Educar es el camino”, añadió.
Eguías remarcó que la cuestión no se agota en la dimensión bélica: “Malvinas no puede ser una mirada sólo desde una contienda bélica, es mucho más que eso: se trata de soberanía, geografía, historia y derechos internacionales que supimos conseguir. Se trata de defender nuestros derechos económicos y de no olvidar tampoco a las Sandwich y Georgias del Sur y de la proyección que desde ese lugar tenemos sobre la Antártida Argentina”.
El gobernador formoseño Gildo Insfrán, en la inauguración de una sencilla sala de primeros auxilios en General Mansilla, arremetió nuevamente contra el gobierno nacional y la gestión del presidente Javier Milei.
“Cuando vemos que a nivel nacional se regocijan los funcionarios anunciando que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia, limitando la asistencia médica para extranjeros”, afirmó Insfrán, añadiendo: “Esto es algo que en Formosa no se sufre.”
Hasta el momento cuatro provincias fronterizas (Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz) ya cobran por la atención médica a extranjeros no residentes, lo que ha reducido notablemente la atención a este grupo en esas regiones al 10%, años anteriores era del 100% las consultas.
En la misma apertura, Agustín Samaniego, figura política relevante en la provincia, destacándose como Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) y como un firme defensor del modelo político implementado por Insfrán, subrayó que tienen “el mejor sistema de salud y educativo” del país.
“Cuando lo dice el gobernado, imagino el llanto de muchos a los que les duele que sea así”, destacó Samaniego. “(Formosa) es primera en educación y ha superado a todas las provincias, Córdoba, Capital Federal”, agregó, siendo enfático en que “el futuro es Formosa, un modelo mundial con el que hemos hecho muchas cosas”.
Sin embargo, un informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que el 7,7% de los estudiantes de tercer grado no saben leer y el 55% no alcanza un nivel satisfactorio en lectura seguida, ubicando a Formosa entre las provincias con mayores dificultades en alfabetización. Esto revela una problemática estructural que aún persiste a pesar de haber “hecho muchas cosas”.
De igual forma, aunque la asistencia escolar está mayormente garantizada, especialmente en niveles inicial y primario, existen brechas en la escolarización temprana (3 años) y en la continuidad escolar en niveles superiores, con una caída en la tasa de escolarización en salas de 3 años en Formosa entre 2022 y 2024.
Formosa también enfrenta una crisis en salud pública, con desmantelamientos de áreas fundamentales, despidos y recortes en medicamentos y vacunas, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial. En 2025, Formosa concentra el 90% de los casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en la región NEA, con 343 casos confirmados, concentrando la curva epidémica de forma desmedida. También se reportan casos de infecciones respiratorias agudas, como influenza y neumonías, con una tendencia en ascendente en hospitalizaciones por influenza en las últimas semanas, valores altos en comparación con 2024.
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