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El Ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, anunció una medida que afectará tanto a extranjeros como a pacientes de otras provincias que busquen atención médica en mencionada provincia. El Gobierno comenzará a cobrar la atención médica a extranjeros y, posiblemente, a pacientes de otras provincias, con el objetivo de priorizar la atención de los salteños. En palabras del Ministro: “La provincia va a priorizar la atención a los salteños, y es por eso que estamos analizando aplicar el cobro de atención médica a todos los extranjeros. Vaya a Bolivia y pague todo. Vaya a Brasil y pague todo. Hay que aprender cómo se manejan en el mundo”.
El anuncio del Ministro de Salud, Mangione
El Ministro también señaló la difícil situación financiera que enfrenta el sistema de salud de Salta, atribuyéndola a la falta de recursos provenientes del Gobierno Nacional, lo que llevó a la escasez de medicamentos costosos e indispensables. El funcionario subrayó que el presupuesto asignado para Salud en Salta es el mismo que el del año pasado, lo que ha dificultado la provisión adecuada de medicamentos y el funcionamiento del sistema sanitario.
Esta decisión marca un cambio significativo en la lógica política de salud de la provincia: hasta ahora ofrecía tratamiento gratuito a extranjeros no residentes. Además, Mangione destacó que la medida también busca abordar el aprovechamiento que algunos extranjeros hacen de los servicios de salud de Salta, como el caso de la vacunación contra el dengue: “Nos están informando que se están cruzando de Bolivia a Salta para vacunarse contra el dengue. Quiero aclarar que la prioridad son los salteños. Ante la crisis y escasez de medicamentos, vamos a poner primero a nuestra gente”.
En paralelo, recordó un episodio que alude a la temática, mientras Mangione trabajaba en el Hospital Materno Infantil de la provincia norteña: "Nos han traído pacientes autoderivados de Bolivia con patologías con cáncer porque en su país no les iba a hacer el tratamiento porque no tenían los medios para hacerlo; les decían que vayan a la Argentina porque ahí es gratis".
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La Ciudad no acepta cubrir el subsidio que quitará Javier Milei para los colectivos y el boleto en las líneas porteñas se iría a 642 pesos.
Hoy el costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad de $863. De ese importe, el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271 y el gobierno porteño aporta $221.
Al retirarse el aporte de la Nación, como la Ciudad mantiene su parte del subsidio actual, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $642 para sustituir la quita del subsidio nacional.
“Sin dudas el Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el Amba, también tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación, los recorridos, etc.”, comentaron fuentes del gobierno porteño.
“Lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, dicen en la Ciudad.
En el entorno de Jorge Macri se quejan de que el gobierno nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad.
“Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, protestan en la Ciudad. Lo mismo asegura el gobierno bonaerense. El razonamiento de Jorge Macri (al igual que el de Kicillof) es que Milei no les quiere dar los subsidios pero quiere que asuman ellos el costo para que no suba el boleto y no se dispare la inflación.
La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El documento, que ahora se debatirá en la Cámara de Senadores, estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente en los escenarios de paro o cese de actividades.
EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL: LA EXPLICACIÓN DE ALEJANDROFINOCCHIARO
El impulsor de la ley y presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, explicó las bases y los objetivos y señaló una contradicción entre el derecho a huelga y el derecho a los niños a educarse.
“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, aseguró el diputado del PRO.
Y agregó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO EN DIPUTADOS PARA REGULAR LAS HUELGAS DOCENTES?
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que “este proyecto beneficia a toda la sociedad” y agregó que “pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo”. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse”, precisó.
Añadió que el proyecto busca que “en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda”. “Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario”, remarcó.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca “es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo”. “A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza”, agregó y señaló: “El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país”.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que “hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días”.
La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: “Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”.
En medio de la eventual candidatura presidencial para 2027, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intensificó sus vínculos con sectores políticos de extrema izquierda. Uno de los actores en este nuevo entramado es el Partido Comunista de la Argentina (PCA), con el que el burócrata comenzó a tejer una relación visible, destacada por la reciente participación de funcionarios clave de su gabinete en actividades organizadas por el PC.
El más reciente gesto hacia el comunismo se dio el pasado 8 de septiembre de 2024, cuando Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires —uno de los funcionarios más cercanos a Kicillof— participó en el acto de lanzamiento de la Conferencia de la Provincia de Buenos Aires del PCA.Bianco dejó en claro en su intervención que “son tiempos de dialogar y coordinar esfuerzos con otros espacios políticos”. En su discurso, insistió en que, desde el peronismo, comparten con el comunismo la convicción de luchar por “más dignidad y más derechos” para el pueblo.
Bianco junto a Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)
En el posteo puede verse al Ministro abrazado con el oscuro sindicalista docente, Roberto Baradel y con el secretario de Coordinación de La Plata, el exjuez federal Luis Arias.
Éste último, recordado por su polémico desempeño durante las inundaciones de abril de 2013, recibió el apoyo explícito del Partido Comunista a su candidatura a intendente de La Plata en el año 2019: Arias “sumó a sus filas al Partido Comunista y sigue apostando a incorporar más sectores a su frente (…) Creemos que la candidatura de Luís es un gran aporte a la construcción del Frente Patriótico para derrotar a (el exintendente del PRO, Luis) Garro en estas elecciones, su candidatura puede contener a amplios sectores del electorado platense, por su trayectoria en la justicia defendiendo al pueblo en cada fallo contra el avasallo de los poderosos”, señalaron las autoridades del PC de La Plata en mayo de 2019.
Luis Arias, titular de la Secretaría de Coordinación del Municipio
En esa misma línea pero a nivel nacional, los comunistas dieron su total apoyo electoral a la fórmula Férnandez-Fernández del fallecido Frente de Todos.
Este tipo de acercamientos no es nuevo en la estrategia electoral de Kicillof y su equipo. Ya en marzo de 2024, Bianco había sostenido una reunión con dirigentes del PCA, incluida la secretaria de la Federación Juvenil Comunista de Buenos Aires, Guadalupe Viñuelas. En ese encuentro, ambas partes discutieron las dificultades que enfrentaba el “pueblo trabajador bonaerense”, en medio de lo que calificaron como un “gobierno neofascista de Milei-Macri”. Además, se subrayó la necesidad de consolidar un espacio de unidad entre las fuerzas políticas opositoras a las medidas económicas del gobierno nacional, percibidas como una “asfixia económica” para la provincia.
Carlos Bianco se convirtió en una pieza clave dentro de esta estrategia de articulación con el Partido Comunista. Su participación en los encuentros con representantes de la ultra izquierda refleja la voluntad del gobierno bonaerense de generar alianzas que vayan “más allá del peronismo tradicional”. En su posteo de Instagram, Bianco expresó su agradecimiento a los “camaradas” del Partido Comunista Argentino y reiteró la importancia de unificar esfuerzos para construir una “alternativa política superadora”, orientada hacia una nueva etapa de “justicia social y felicidad”.
El Partido Comunista, por su parte, ha visto en Kicillof y su entorno una oportunidad para posicionarse nuevamente en el centro del debate político. Desde el PCA, enfatizaron en la necesidad de “profundizar la organización, la unidad y el programa” para la construcción de una alternativa política que restituya la “dignidad y la felicidad”.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) continúa escalando, con un nuevo paro de 48 horas que afecta a los afiliados de la obra social en toda la provincia.
La medida se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre, es la segunda de este mes y responde a la decisión del IOMA de prescindir de los servicios de FEMEBA en más de diez distritos bonaerenses: Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas.
El enfrentamiento comenzó a finales de agosto, cuando IOMA —bajo la presidencia de Homero Giles— decidió cortar el convenio con FEMEBA en estas localidades. La obra social justificó la medida al denunciar cobros indebidos por parte de los médicos, la falta de oferta prestacional en ciertas especialidades y demoras en la atención de los afiliados, que suman aproximadamente 80.000 personas. Esta ruptura provocó una serie de paros por parte de los profesionales médicos, nucleados en la federación que agrupa a especialistas de 120 de los 135 distritos bonaerenses.
FEMEBA, por su parte, criticó duramente la gestión del gobierno de Axel Kicillof y de IOMA, señalando que las autoridades de la obra social no mostraron disposición para un diálogo fructífero: “Parece no importarles las dificultades de los afiliados ni precarizar el trabajo médico como nunca antes en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la federación en un comunicado firmado por su vicepresidente, Sandro Scafati.
– “Causó sorpresa y malestar, la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de 1.000 médicos y la atención de 80.000 afiliados”.
Además, la Federación asegura que presentó una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores, que garantiza la libre elección y la continuidad en la atención de la salud, pero IOMA ratificó la ruptura del convenio en los once distritos en conflicto.
Otro de los puntos de tensión en las negociaciones es la deuda que el IOMA mantiene con FEMEBA: el montoasciende a más de 7.000 millones de pesos. La federación inició reclamos administrativos formales pero ante la falta de respuesta por parte de la obra social, decidió implementar las medidas de fuerza que ya afectaron a los afiliados los días 5 y 6 de septiembre.
En tanto, desde IOMA sostienen que están trabajando para ampliar su red de prestadores, dialogando con médicos individuales y círculos médicos locales, sin la intermediación de FEMEBA. Las principales clínicas de los distritos afectados, aseguran desde la obra social, siguen atendiendo sin inconvenientes, y se busca llegar a nuevos acuerdos con otros profesionales de la salud para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, el titular de IOMA Homero Giles advirtió que la situación podría replicarse en otras localidades si FEMEBA no muestra voluntad de resolver los problemas planteados por la obra social.
El conflicto alcanzó tal magnitud que figuras del gobierno provincial también se pronunciaron al respecto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, NicolásKreplak, calificó la medida de FEMEBA como “extorsiva” y pidió a los médicos que “reconsideren” sus acciones. Sin embargo, la federación médica sigue firme en su postura y ratificó la continuidad de su plan de lucha en defensa de los derechos de los afiliados y de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
Un nuevo capítulo en la interna libertaria se sumó el viernes por la noche, cuando las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron otro cruce en X que dejó entrever que el vínculo entre ambas sería irreconciliable. Los pases de factura, los chats en Whatsapp filtrados, una denuncia por maltratos y la renuncia de Lemoine a la comisión de Comunicación e Informática.
Luego de que Lemoine pusiera en duda la fidelidad de Pagano para con el Presidente Javier Milei y la señalara por presuntamente “hacerle la segunda al kirchnerismo”, la periodista no se quedó con los brazos cruzados y respondió por medio de una publicación en X. “Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó”, chicaneó al asegurar que todo habría sido producto de “proyecciones personales”.
“Sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba”, apuntó al hacer referencia al supuesto material confidencial que Lemoine tendría en su poder. Después de señalar la “impunidad” de la que gozaría su compañera de bloque, no dudó en profundizar: “No te tengo miedo Lilia Lemoine. Ni a vos ni a tu verdadero jefe”.
Minutos más tarde, Lemoine reveló que había renunciado a la comisión de Comunicación e Informática por presuntos maltratos que habría recibido por parte de su colega. “Yo renuncié a una comisión después de una humillación pública de la diputada Pagano”, confesó al compartir un video de archivo, en el que el operador Rolando Graña la acusaba de presuntamente haber ejercido maltrato laboral contra sus compañeros.
A modo de aportar pruebas para validar su testimonio compartió las capturas de una discusión que tuvieron en el grupo de Whatsapp creado para tratar asuntos relacionados a la comitiva legislativa. Pese a que no se indica la fecha, en esa oportunidad, se enfrentaron porque Lemoine no se había presentado a una reunión pactada. “Algunos tenemos entre 6 y 8 comisiones y asistimos a todos los plenarios y comisiones. No nos dan los tiempos”, se sinceró para después recriminarle haber ido en contra de la postura oficialista.
Frente a esto, Pagano sentenció: “Vos mejor que yo no hable, que de compañerismo no tenés moral de hablar. Y sos una irresponsable por haber renunciado al cargo”, al agregar que tenía derecho de hacerlo pero no de presentar la renuncia “un minuto antes”. Incluso, le recomendó que renunciara a las comisiones que no podía ir si no le daban los tiempos.
“Seguí hablando”, ironizó Lemoine al acompañar el mensaje de un emoji con un beso, a la vez que le advirtió: “Dejá de operar a tu propio bloque, trepa… No te tengo miedo”. Fue ahí que Pagano la acusó de querer “ser famosa” y le pidió: “Simula al menos que nos das mucha vergüenza ajena”.
Después de que Lemoine compartiera ese cruce que tuvieron en Whatsapp, Pagano no retrocedió y manifestó: “Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión”. Asimismo, arremetió: “Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas”, y avisó: “Yo también tengo muchas capturas para mostrar, me sobra tiempo”.
El conflicto inicialmente surgió de una entrevista que Lemoine brindó al programa Solo una vuelta más, emitido por TN, en donde fue cuestionada sobre la interna libertaria. “No es que La Libertad Avanza tiene un problema en el bloque, tenemos un problema de infiltración”, reveló al indicar que habría “un topo” que llegaría a tener influencia sobre tres diputadas del espacio.
Fue en ese momento que el nombre de Pagano apareció en la conversación, debido a que la ex “novia” de Javier Milei confió que sospechaban de un supuesto nexo que tendría con Franco Bindi, a quien definió como “operador castrochavista y asesor de Leopoldo Moreau”. “Ella no admite tener un vínculo con él pero se sabe que sí y, en simultáneo, empiezan a pasar cosas raras”, señaló para luego recriminarle a su compañera de bancada por haber renunciado la presidencia de tres comisiones que le habrían ofrecido al comienzo del mandato.
“Ni siquiera -la comisión de- libertad de expresión porque dijo que los periodistas colegas la iban a matar por las barbaridades que decía Javier”, expuso al disparar que “ese es el nivel de lealtad que ella tiene”. Además, explicó porqué el bloque se opuso a que ella presidiera la comisión de juicio político ante la posibilidad de que pudiera traicionarlos y habilitara un juicio político en contra del presidente.
Por último, la periodista sentenció: “Todo esto porque no supera el no ser la elegida (otra vez). Seguí participando”.
A su vez, otros integrantes de La Libertad Avanza reaccionaron al cruce y tomaron postura. Es el caso de la diputada María Celeste Ponce (quién está denunciada penalmente por pedirle retornos a una ex asesora), Ponce otorgó su apoyo a Lemoine: “Te banco compañera de banca e indiscutible liberal libertaria”. Así, Pagano saltó: “Vos anda y preséntate en la justicia. Ponete a derecho y no seas casta. Tenés mucho que explicar”, a lo que la otra parte respondió: “No te preocupes que yo estoy haciendo lo que corresponde. No soy farandulera y no levanto operaciones”.
En esta línea, Ponce recibió el apoyo de Lemoine, quien le agradeció: “Dando pelea desde la batalla cultural. Celeste, con el corazón siempre en el lugar correcto”. También la bancó el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, que le dedicó: “Fuerza. Tu lealtad con tus compañeros de bancada como Lilia y el Presidente hace que los ciudadanos y partidarios del gobierno cada vez te tengamos más afecto y apoyo”.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
