Polémica en la UNR | El abultado contrato del “chofer institucional” y un “baño inclusivo” de siete millones pesos
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un "baño inclusivo" en la Facultad de Psicología.
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El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, se encuentra en el epicentro de una tormenta de cuestionamientos en redes tras los comentarios del presidente Javier Milei, quien denunció graves irregularidades en el uso de fondos públicos en diversas universidades del país.
En su discurso, pronunciado el sábado en el Palacio Libertad, el mandatario acusó a las universidades de malgastar dinero público en “autos caros” y sueldos desorbitados para choferes, apuntando especialmente a la UNR.
Un reclamo que recibió Bartolacci fue sobre la contratación del chofer Walter Vander Mey, quien cobró 13 millones de pesos en un lapso de tres meses (de octubre a diciembre de 2024) por los servicios de traslados del rector.
Según se detalla en la plataforma oficial de la Universidad, el pliego ofrece “servicio de traslado dentro de la ciudad de Rosario” y “dentro de media distancia”, cobra $9.500 pesos la hora y $700 cada kilómetro. Al ser consultado por diversos medios, Bartolacci aclaró que “no es un chofer personal, es para movilidad institucional”.
En medio de este escenario, insistió en que las acusaciones de Milei y otros referentes libertarios, como la diputada santafesina, Romina Diez, son parte de una campaña para “desprestigiar a las universidades públicas y justificar el desfinanciamiento”.
Además de las acusaciones sobre el chofer, la Universidad Nacional de Rosario enfrenta otro cuestionamiento relacionado con los gastos institucionales: Se supo que la Facultad de Psicología de la UNR dilapidó más de 7 millones de pesos en la construcción de una batería de “baños inclusivos para todes” (sic).
El pretexto que se detalla la contratación directa es “reacondicionar al menos un baño de los existentes para generar inclusión desde la disposición de baños sin género con sus debidas señalizaciones y con la separación entre cubículos que garanticen la privacidad de quienes los transiten”.
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La interpelación al ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, terminó este miércoles en un papelón político dentro de la Legislatura chaqueña, cuando diputados de la oposición peronista abandonaron el recinto y dejaron sin quórum la misma sesión especial que habían impulsado para cuestionarlo.
La jornada se desarrolló en medio de gritos, acusaciones, interrupciones y cruces entre legisladores del oficialismo y del peronismo. Dudik se presentó para responder un cuestionario de 70 preguntas vinculado al conflicto por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), pero la exposición quedó trunca cuando la propia oposición dejó caer la sesión.
Desde el oficialismo remarcaron que el funcionario asistió en tiempo y forma y que se mostró dispuesto a responder todos los planteos. “Venía respondiendo todo y dio precisiones técnicas sobre cada uno de los puntos planteados, pero la oposición decidió no quedarse para continuar”.
El episodio más tenso se produjo cuando el diputado opositor Santiago Pérez Pons se acercó hasta el lugar donde se encontraba el ministro y le dejó sobre la mesa un cartel con la consigna: “Devuelvan el Fondo Estímulo”. La escena escaló rápidamente cuando el legislador oficialista Iván Gyoker se levantó de su banca, tomó el cartel y lo arrojó al piso, en medio de gritos cruzados dentro del recinto, en una postal del desorden que dominó la sesión.
El clima ya venía cargado desde el inicio de la sesión. Durante su exposición, Dudik buscó explicar el funcionamiento del FEP, su composición y los motivos de la readecuación impulsada por el Ejecutivo. “De ninguna manera estamos en contra del FEP. Es una ley y estamos dispuestos a cumplirla”, sostuvo el ministro, quien incluso utilizó una pizarra para detallar que el adicional se financiaba con el 80% de la recaudación del organismo, proveniente de habilitaciones, multas forestales, permisos e inspecciones.
Según indicó, hasta diciembre el fondo alcanzó cerca de $1.000 millones mensuales y permitió que algunos trabajadores percibieran ingresos totales superiores a $2,5 millones, entre salario y adicional. También explicó que el FEP se distribuyó entre unos 570 empleados y afirmó que, tras advertencias de Hacienda, se detectaron irregularidades en su financiamiento. Señaló que se utilizaban conceptos que no corresponden, como los Fondos de Bosques, que calificó como intangibles, y aportes del convenio de corresponsabilidad gremial que se transfieren a Nación.
Dudik sostuvo que tomó decisiones en base a dictámenes de organismos de contralor del Poder Ejecutivo. “Yo tomé decisiones en base a dictámenes de los organismos de contralor del Poder Ejecutivo, entre ellos la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Hay un informe contundente de la Contaduría donde me indicaban la necesidad de readecuar los conceptos para calcular el fondo”, afirmó.
El funcionario alcanzó a responder cerca del 30% del cuestionario antes de que la sesión se frustrara. Luego cuestionó con dureza a la oposición por haber impulsado la convocatoria y no sostenerla hasta el final. “Es lamentable que suceda esto. Me parece que lo que buscaron ellos en todo momento es justamente un golpe de efecto que nada tiene que ver con beneficiar a los empleados del Ministerio”.
En la misma línea que “siempre estuve predispuesto a informar porque es una decisión de parte del gobernador; no es solo informar a los diputados, sino al pueblo del Chaco”.
Desde el bloque oficialista apuntaron directamente contra Pérez Pons, a quien responsabilizaron por la fallida convocatoria. “Ni sus propios diputados se quedaron a sostener la interpelación que impulsaron. Es una muestra clara de improvisación y falta de seriedad”. Además, cuestionaron la contradicción del bloque opositor: “Piden informes, reclaman transparencia y después no van a trabajar. Le mienten al vecino de la provincia”.
Cuando la sesión ya se encaminaba al colapso, reapareció la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, que reclamó a la oposición que volviera a ocupar sus bancas para sostener el número. “¿Dónde están los 16? Siéntense los 16 y van a tener quórum conmigo. Ustedes pidieron la interpelación”.
Sin embargo, ante la ausencia de varios legisladores opositores en una Cámara dividida en partes iguales, la interpelación se dio por finalizada en medio del desorden.
La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso paraFiorella Damiani,consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.
Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.
La prueba irrefutable y la burla judicial
El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.
El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.
Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.
Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.
El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.
Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.
El patrón del daño irreversible
El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.
En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.
Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.
Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este fin de semana un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en centros de detención de la provincia. La iniciativa fue elevada hoy lunes a la Legislatura y apuntó a frenar estafas digitales, extorsiones y otras maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta contempló además el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un control estricto por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró el mandatario, quien detalló que esas maniobras afectaron especialmente a los sectores más vulnerables y crecieron con fuerza en los últimos años.
Torres remarcó además que el sistema penitenciario tiene un costo fiscal sostenido por los contribuyentes y vinculó parte de estas maniobras con organizaciones que operaron desde contextos de encierro mediante el uso clandestino de celulares: “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”.
Los reos no serán incomunicados, podrán hablar con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente mediante sistemas habilitados por las instituciones pertinentes y no por medio de celulares.
UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia. Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”.
El funcionario consideró que el aumento de este tipo de estafas convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
– “Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”. El video que compartió Ignacio Torres
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna calificó al proyecto como “muy trascendente” y dijo que “apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”. También explicó que, si bien ya existió una normativa general que restringió el uso de estos dispositivos, hubo interpretaciones diversas que en algunos casos favorecieron la continuidad de esas prácticas.
La autora del proyecto es la diputada provincial María Andrea Aguilera. Explicó que la iniciativa pretende prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para personas privadas de la libertad, al tiempo que garantizó comunicaciones en condiciones seguras. Esos contactos se realizarán en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales para la comunicación.
– María Andrea Aguilera
La legisladora recordó que Chubut “fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que la provincia avanzó también en otros ámbitos vinculados al uso responsable de dispositivos tecnológicos: “Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”.
EL DETALLE
El proyecto estableció la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. A su vez, dispuso la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantizó el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa alcanzó a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de Chubut.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos, el texto previó su decomiso inmediato y la confección de un acta con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Si existieran indicios de un delito, dispuso dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
La iniciativa fijó además como obligación permanente de las autoridades responsables la aplicación de medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención.
En cuanto al sistema de comunicación, la propuesta dispuso que las terminales institucionales habilitadas se configuren exclusivamente para llamadas de voz. Quedó expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, el sistema llevará un registro de datos básicos de cada llamada, entre ellos la fecha, la hora, la duración, el interno solicitante, la terminal utilizada y el número de destino.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, implementó un plan de ordenamiento en la Villa 31 (oficialmente Barrio Padre Carlos Mugica) que incluye retenes policiales en los accesos, peatonalización de calles y la prohibición del ingreso de materiales de construcción.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sintetizó Jorge Macri.
La medida busca frenar el crecimiento edilicio informal de un asentamiento que alberga aproximadamente 45.000 personas en 72 hectáreas, ubicado entre los barrios de Retiro y Recoleta. Esta no es la primera vez que se intenta esta estrategia. El mismo recurso fue aplicado al menos en 2009 y en 2013, con resultados limitados.
La estrategia lanzada por el Gobierno porteño contempla una serie de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Secretaría Legal y Técnica. Entre las medidas más relevantes se encuentran el control de accesos al barrio, donde de los 13 ingresos existentes cinco fueron transformados en calles peatonales, tres quedaron bajo vigilancia permanente de la Policía de la Ciudad, sumándose a otros tres ya instalados, y dos pasaron a tener sentido contramano.
También se desplegaron retenes policiales en puntos considerados críticos, como las intersecciones de Colibrí y Ramos Mejía, junto a la terminal de ómnibus, y de Yaguareté e Islas Galápagos. A eso se agrega la clausura de corralones de materiales de construcción que funcionaban dentro del barrio y no estaban habilitados por la ley de urbanización, además de la fiscalización de obras en curso y el desalojo de unidades y terrenos usurpados.
Las construcciones en altura sin planificación profesional ni materiales adecuados representan riesgos concretos. Los edificios de hasta seis pisos construidos sin asistencia técnica presentan problemas de filtraciones en el 73,8% de los casos y provisión de agua insuficiente en el 81,4% de los hogares, según relevamientos de organismos académicos. La prohibición de corralones y la restricción de materiales apuntan también a eliminar estos riesgos estructurales.
Las autoridades sostienen que la urbanización diseñada desde 2016“no logró evitar un crecimiento urbano sin control ni consolidar un ordenamiento territorial”, objetivos expresamente establecidos por la Ley 6.129. Según el Ejecutivo porteño, desde 1930 hasta 2016 el barrio creció “sin ningún tipo de control y regulación”, lo que favoreció la apropiación del espacio público tanto para uso habitacional como comercial.
Un fenómeno central que justifica la preocupación oficial —y que tiene sustento real en datos— es el mercado inmobiliario informal que opera dentro del barrio. Los alquileres en la Villa 31 oscilan entre 300.000 y 1 millón de pesos mensuales para viviendas, mientras que los locales comerciales pueden alcanzar entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.
Una práctica especialmente extendida es la venta de “espacios aéreos”. Los dueños de una vivienda venden el techo de su casa para que otro construya un piso más encima, sin ningún tipo de controlestructural ni de seguridad. Consultoras especializadas como Reporte Inmobiliario señalaron que en las villas de emergencia se obtienen algunas de las rentabilidades más altas por alquiler de toda Argentina.
El problema afecta especialmente a quienes menos poder tienen. Muchos inquilinos de la Villa 31 son inmigrantes sin documentación o personas que no pueden cumplir los requisitos del mercado formal, lo que los deja expuestos a alquileres abusivos y sin protección legal.
La historia de los intentos de urbanización de la villa
En diciembre de 2009, la Legislatura porteña aprobó la Ley 3.343, impulsada por el legislador Facundo Di Filippo de la Coalición Cívica ARI, que disponía la urbanización obligatoria de la Villa 31 y 31 bis y establecía la creación de una mesa multidisciplinaria con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Gobierno nacional y el de la Ciudad.
El mismo año, los gobiernos nacional y porteño acordaron también la prohibición del ingreso de materiales de construcción, con retenes en los cinco accesos al asentamiento. Los inspectores fueron capacitados para distinguir entre materiales para nuevas construcciones y los destinados a reparaciones ya existentes.
Pese a esa medida, para 2013 la población había crecido un 48% respecto a 2009, llegando a estimarse en 40.000 personas. Se detuvieron 269 camiones que intentaron ingresar materiales ilegalmente, pero las construcciones continuaron mediante el “contrabando hormiga” con carretillas.
En 2014, los gobiernos nacional y porteño avanzaron con muros y cercos perimetrales —uno de hasta tres metros de altura sobre las vías del ferrocarril San Martín— para delimitar físicamente el barrio y frenar su expansión. Sin embargo, el crecimiento en altura continúa, con edificios que ya alcanzaban los seis pisos.
En 2016 comenzó un proceso de urbanización más sistemático, con obras de infraestructura, escuelas y centros de salud, y en 2018 se sancionó la Ley 6.129, que amplió y reglamentó la urbanización del barrio. Esta ley dispone la reurbanización, zonificación e integración del Barrio Padre Carlos Mugica a la ciudad formal. No obstante, como señalan investigadores y legisladores de la oposición, la ley también eliminó ciertas protecciones para los vecinos, como la restricción de que las hipotecas sólo podían venderse con fines comunitarios.
¿Frenar el crecimiento o abandonar la urbanización?
La principal crítica que formulan organizaciones sociales y legisladores opositores es que el plan de “ordenamiento” llega en un contexto de claro abandono de la política de urbanización. El propio Jorge Macri anunció que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dejaría de destinar recursos a la urbanización de barrios populares. A su vez, en la Legislatura porteña, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó en marzo de 2026 un proyecto de ley para directamente eliminarel IVC, que emplea a alrededor de 1.300 trabajadores estatales.
La legisladora Claudia Neira respondió a Macri señalando que su gestión “hoy no ponés nada en vivienda para las villas y tampoco ponés nada para la vivienda de la clase media”. El Observatorio del Derecho a la Ciudad argumenta que la narrativa del “orden” encubre una política de “urbanismo de mercado” que abandona el rol del Estado como garante del derecho a la vivienda.
La historia muestra que la restricción de materiales sola no detiene el crecimiento. En 2009, cuando se aplicó una medida similar con retenes en los cinco accesos, la población igualmente creció un 48% en los cuatro años siguientes. Como señala el portal 9deJulio TV, “el efecto inmediato fue el encarecimiento del cemento, arena y piedras, pero las construcciones siguieron”. El “contrabando hormiga” —personas que ingresan materiales a pie o en carretilla— demostró ser difícil de controlar.
Un dato revelador es que ninguno de los más de 1.500 comercios del Barrio Mugica cumple con la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y ordenamiento. Aún así, los vecinos señalan que esto no se debe a una decisión de evadir las reglas, sino a que la falta de urbanización completa hace imposible cumplirlas. Sin títulos de propiedad formales, sin conexiones legales a servicios públicos, no hay forma de obtener las habilitaciones requeridas.
El gobierno de Irán acusó a Javier Milei de haber cruzado una “línea roja” al declarar días atrás que la República Islámica era enemiga de la Argentina, en medio de la tensión internacional generada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y del posterior contraataque. La advertencia apareció en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional.
La información fue reportada en una nota de Clarínfirmada por Natasha Niebieskikwiat. Luego, fue comentada en el aire televisivo por Eduardo Feinmann.
El artículo llevó la firma de Saleh Abidi Maleki, habitual colaborador del diario, y se publicó bajo el título “Milei, ¿Qué estás haciendo?”.
Allí, el autor acusó al presidente de estar “alineado con el eje estadounidense-sionista”, de responder a “presiones externas” y de participar en un supuesto “proyecto de iranofobia”.
El editorial concluye con una dura advertencia contra la administración libertaria: “Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino.La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad.La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab (destruida recientemente por un misil estadounidense). Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.
El texto circuló entre periodistas a través de dirigentes cercanos al gobierno iraní, debido a que la página del diario quedó caída desde que comenzó la guerra.
Las críticas de Teherán remitieron al discurso que Milei pronunció el 9 de marzo en la Yeshiva University, en Nueva York. Allí, el presidente se declaró “enemigo” de Irán, expresó su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel y afirmó sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.
El Tehran Times sostuvo que el supuesto “proyecto de iranofobia” comenzó hace 31 añosy calificó como “falsas” las acusaciones que señalaron a Irán por el atentado a la AMIA. El artículo volvió así a rechazar la responsabilidad iraní en ese ataque, una acusación sostenida por la Justicia argentina desde hace décadas.
El texto avanzó todavía más en sus imputaciones. “Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos (por Milei), calificó explícitamente a Irán como un ‘enemigo’ y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán. Esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”.
En ese mismo tramo, el medio extranjero acusó al Gobierno de Milei de “haber convertido a la Argentina en el Israel de América Latina; un lugar donde los grupos de presión y los elementos cercanos al régimen sionista tienen una profunda influencia en los centros de decisión.Esta influencia ha transformado a Argentina en una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”.
La publicación también aseguró que existieron empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas que “participan en operaciones contra Irán”, “financian o apoyan agresiones militares” y “realizan actividades de espionaje cerca de las fronteras iraníes”, acusaciones que no fueron comprobadas.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
El colapso del sector PyME y la destrucción del empleo asalariado en los últimos dos años generaron un éxodo masivo hacia la economía de plataformas. Con 1,1 millones de personas intentando subsistir en un mercado colapsado, la supuesta independencia digital se transforma en la última parada de una clase media expulsada del sistema formal.
La decisión mantuvo a la Argentina solo como proveedora de aceite de soja, pese a que Brasil ya tenía margen para absorber biocombustible elaborado en el país. En paralelo, Lula frenó la suba del corte al 16% y el agro presionó para llevarlo al 17%.
El 54% de los estudiantes de 15 años declaró distraerse con dispositivos digitales propios en clases de Matemática. Es el porcentaje más alto entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
