Polémica en la UNR | El abultado contrato del “chofer institucional” y un “baño inclusivo” de siete millones pesos
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un "baño inclusivo" en la Facultad de Psicología.
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El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, se encuentra en el epicentro de una tormenta de cuestionamientos en redes tras los comentarios del presidente Javier Milei, quien denunció graves irregularidades en el uso de fondos públicos en diversas universidades del país.
En su discurso, pronunciado el sábado en el Palacio Libertad, el mandatario acusó a las universidades de malgastar dinero público en “autos caros” y sueldos desorbitados para choferes, apuntando especialmente a la UNR.
Un reclamo que recibió Bartolacci fue sobre la contratación del chofer Walter Vander Mey, quien cobró 13 millones de pesos en un lapso de tres meses (de octubre a diciembre de 2024) por los servicios de traslados del rector.
Según se detalla en la plataforma oficial de la Universidad, el pliego ofrece “servicio de traslado dentro de la ciudad de Rosario” y “dentro de media distancia”, cobra $9.500 pesos la hora y $700 cada kilómetro. Al ser consultado por diversos medios, Bartolacci aclaró que “no es un chofer personal, es para movilidad institucional”.
En medio de este escenario, insistió en que las acusaciones de Milei y otros referentes libertarios, como la diputada santafesina, Romina Diez, son parte de una campaña para “desprestigiar a las universidades públicas y justificar el desfinanciamiento”.
Además de las acusaciones sobre el chofer, la Universidad Nacional de Rosario enfrenta otro cuestionamiento relacionado con los gastos institucionales: Se supo que la Facultad de Psicología de la UNR dilapidó más de 7 millones de pesos en la construcción de una batería de “baños inclusivos para todes” (sic).
El pretexto que se detalla la contratación directa es “reacondicionar al menos un baño de los existentes para generar inclusión desde la disposición de baños sin género con sus debidas señalizaciones y con la separación entre cubículos que garanticen la privacidad de quienes los transiten”.
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La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
El precio en carnicerías y góndolas tomó velocidad en el inicio de 2026. En seis semanas, el valor al público acumuló una suba de 13%, mientras que la hacienda destinada a consumo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) avanzó cerca de 6%. Esa dinámica invirtió el proceso del segundo semestre de 2025, cuando el mostrador se movió más lento que la hacienda y achicó márgenes de frigoríficos, matarifes y carniceros.
En ese lapso, las categorías de consumo en Cañuelas alternaron más alzas que bajas. En la hacienda se dieron subas en cinco de las seis semanas, con un promedio de 2%, y una caída de 4% en el arranque. En el canal minorista, se registraron aumentos en cuatro semanas (promedio 3,2%), una baja de 0,2% y otra sin cambios.
Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el producto que más consumen los argentinos acumuló un alza superior al 70% durante los últimos doce meses. Con este telón de fondo, “debemos esperar que, de acá a marzo, haya un aumento en el precio de la carne”, profetizó Miguel Schiariti, presidente de la entidad.
En el detalle, el asado encabezó las subas con 74,2%, seguido por cuadril (73,7%), paleta (72,7%), nalga (70,4%) y carne picada común (62,7%). Las hamburguesas congeladas (cuatro unidades) subieron 49,7% respecto de enero de 2025. En contraste, el pollo entero aumentó 32,1%, lo que implicó un “abaratamiento relativo” de 22,7% frente a los cortes vacunos en doce meses.
En términos de índices, CICCRA señaló que el IPC-GBA mostró en enero una variación mensual general de 2,8%, con “carnes y derivados” por encima del promedio, en 4,4%. La cámara también explicó que, aunque el precio promedio de la hacienda en Cañuelas cayó nominalmente 1,6% en enero, no se trató de una baja real, sino de un cambio en la composición de la oferta: ingresaron menos categorías de mayor valor (vaquillonas y novillitos) y ganaron participación vacas y toros. Según el reporte, los valores de novillitos y vaquillonas igual continuaron aumentando levemente.
El diagnóstico se apoyó también en la actividad industrial: en enero se faenaron 1,014 millones de cabezas, una baja de 11,8% frente a igual mes de 2025. La producción de carne vacuna cayó 10% interanual. En el mismo relevamiento se indicó, además, que enero quedó 16,1% por debajo de diciembre (corregido por días laborables) y que la producción se ubicó en 239 mil toneladas res con hueso, con una contracción interanual de 10%.
En febrero, la escasez de hacienda aceleró el ritmo de subas en el MAG. El viernes 20, Delsector, un sitio especializado que siguió a diario la operatoria del mercado, sintetizó la rueda con una frase: “Voló el mercado de hacienda”. Ese día ingresaron 5.722 vacunos y la semana cerró con 13.144 cabezas. Otro portal que cubre el rubro, Valorcarne, consignó que se trató de la quinta semana consecutiva con arribos por debajo del promedio histórico de 21.000 cabezas semanales: en ese período, las entradas resultaron en promedio 15% inferiores, y en la última semana la caída rondó el 30%, en un contexto atravesado por los feriados de Carnaval.
Los precios reflejaron esa menor oferta. En la última jornada de la semana se pagaron máximos de $5.100 por kilo vivo para novillos livianos, $5.650 para novillitos y $5.900 para vaquillonas. A comienzos de febrero, esos valores se ubicaron en $4.870, $4.880 y $4.930 respectivamente, lo que implicó subas acumuladas en tres semanas de 4,7%, 15,8% y 19,7%.
El impacto se trasladó con fuerza a los eslabones intermedios. La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) advirtió que la cadena de pagos en carnicerías se quebró y anticipó que las subas de la hacienda podían reflejarse en el mostrador. Su presidente, Leonardo Rafael, afirmó que de cada media res vendida a las carnicerías los matarifes cobraron, como máximo, el 70% del valor. En números, explicó que una media res de 90 kilos rondó el millón de pesos, de los cuales se percibieron unos $700.000.
Rafael también describió el cuadro financiero del sector: “La cadena de pagos viene haciendo ruido”, señaló el referente de matarifes describiendo el cuadro financiero de la activida. “Hay muchos cheques rechazados y está quedando plata inmovilizada en las carnicerías. La verdad es muy preocupante”. Pero el tramo más contundente de su diagnóstico llegó al combinar faltante de hacienda y consumo debilitado: “Nunca vi una situación como esta, falta hacienda en el contexto de destrucción económica y un bolsillo del consumidor que no resiste estos valores de la carne”.
En paralelo, vinculó los máximos del MAG con el precio de la media res y sostuvo: “Con estos valores, estamos hablando de una media res de $12.300 a $12.600, la verdad me cuesta creer que todo esto vaya a funcionar”.
“Hay eslabones de la cadena que ya están crujiendo y como va esto, alguno se va a romper”. Desde CAMyA también se estimó que, para el lunes siguiente a esas ruedas, la media res a carnicerías podía ubicarse en $11.300 por kilo, un aumento de $700 por kilo frente a los valores de esa semana. En el mismo diagnóstico, Rafael señaló: “Los inverndadores están comprando hacienda, para llevarla de nuevo a recría o feedlot. Entonces, nos falta oferta”.
La tensión de precios no quedó concentrada en Buenos Aires. En la Sociedad Rural de Jesús María, una jornada con ingreso de 1.000 vacunos (450 gordos y 550 de invernada) marcó subas intersemanales fuertes. En consumo, los novillitos livianos (300 a 350 kilos) ganaron $500 y alcanzaron un techo de $5.280 (10,4%); la categoría de 350 a 400 kilos subió $400 y se ubicó en $5.000; y los novillitos de 400 a 450 kilos avanzaron $650 y cerraron en $5.150 (14%). La vaquillona trepó $440 y se negoció en $5.220 (9,2%). En invernada, el ternero liviano (100 a 150 kilos) subió $600 y llegó a $7.600 (8,57%). En Cañuelas, en ese mismo registro, los novillitos livianos se movieron con máximos cercanos a $4.970 en lotes destacados y las vaquillonas livianas rondaron los $5.000, con máximos superiores en conjuntos especiales.
Como parte de la lectura de fondo, CICCRA indicó que la suba de la hacienda se consolidó desde junio de 2025: aunque en el último mes se observó una baja nominal de 1,6% en el valor promedio negociado en Cañuelas, el acumulado desde el inicio de la escalada alcanzó 59,7%. Además, describió que el precio relativo del kilo vivo, medido contra el índice general de precios mayoristas, se ubicó en el nivel más alto de los últimos 15 años.
En el repaso de factores de oferta, se consignó que la sequía de 2023 y las inundaciones de 2024 y 2025 impactaron sobre el stock: según datos citados de CICCRA, esos eventos provocaron una reducción cercana al 6% del rodeo nacional, con la pérdida de más de 500.000 animales en tres años. En esa misma línea, se mencionó que la tendencia contractiva de la faena se extendió durante los últimos dos años, con 20 caídas interanuales consecutivas.
En el mostrador, los movimientos también quedaron reflejados en mediciones oficiales. El INDEC informó que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el asado registró el mayor aumento entre los cortes vacunos: pasó de $15.094 a $15.942, un incremento de 5,6%. El organismo también relevó subas en cuadril y nalga (3,3%), carne picada común (3,1%) y paleta (2,6%), mientras que la caja de hamburguesas congeladas de cuatro unidades aumentó 6%. Por regiones, la mayor suba mensual se registró en el NEA (5,1%), seguido por Patagonia (4,8%), Cuyo (4,5%) y GBA, Pampeana y NOA (4,4%).
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.
La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.
Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.
La corroboración que deja en evidencia a Orozco
Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad.Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:
Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.
Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.
¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.
La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja
La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).
Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.
Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce
Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.
Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?
El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio
Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.
En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.
No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.
Conclusión:
Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
El secretario de Agricultura habló en San Nicolás y ató cualquier alivio impositivo al equilibrio fiscal. También defendió el cambio de rumbo oficial hacia el campo y repasó las rebajas que la gestión ya aplicó.
Mientras el dueño de IRSA financiaba la estadía presidencial y operaba como recaudador ante el “círculo rojo”, el equipo libertario diseñaba el RIGI y el DNU 70/2023. De la opacidad del Hotel Libertador a la explosión de la “plata pura” en Salta.
Expulsado de los medios tras 19 denuncias por acoso sexual, el otrora “gurú internacional” hoy mendiga suscripciones de 5.000 pesos en un newsletter al que deben avisarle por e-mail cuando le transfieren. Refugiado en su defensa a Irán, Cuba y China, el acosador de mujeres sobrevive entre copiar y pegar fragmentos de notas en Facebook, y la humillación de ver si logra juntar diez personas para dar una charla por Zoom.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
