El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio un plazo de cinco días hábiles a los ministros y secretarios del gabinete provincial para que pongan “inmediatamente a disposición” todos los vehículos oficiales que no se encuentren afectados a la prestación de servicios indispensables.
Los funcionarios deberán hacer una lista de las unidades, explicitando cuáles entregan y con cuáles se quedan, las razones y el estado general de cada coche.
El objetivo es reasignarlos al Ministerio de Seguridad y Justicia para su uso por parte de la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario. La disposición fue adoptada a través del Decreto 280, el cual tematiza “la situación del parque de automotores de la provincia” y a la impronta de “optimización de recursos y eficiencia del gasto”.
“Se observa a simple vista que la cantidad de autos oficiales existentes excede ampliamente las necesidades de la administración central y entes descentralizados y se encuentran a disposición de los funcionarios muchas veces para uso particular, lo que constituye un claro privilegio y una situación claramente reñida con la ética pública”, se expresa en los considerandos. Ante ello, se expresa el objetivo de “aprovechar dichos vehículos en pos de mejorar los servicios que presta el Estado fundamentalmente en materia de seguridad”.
Los ministros y funcionarios deberán poner los vehículos que no sean indispensables a disposición de la Secretaría General de la Gobernación, junto con la documentación de cada unidad. La medida abarca a los coches que hayan sido transferidos a entes autárquicos y descentralizados “en carácter de préstamos, tenencia, permiso de uso, comodato u otra figura”.
La excepción son los vehículos afectados a la Policía, al Servicio Penitenciario, a los servicios de salud, el Patronato de Liberados, y a las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia. El Ministerio de Defensa y Justicia y la Secretaría General de la Gobernación en un trabajo coordinado se encargarán de determinar qué vehículos están en condiciones de ser afectados a la Policía y al Servicio Penitenciario. Los restantes que estén en condiciones de uso serán destinados a municipios, comunas y juntas de gobierno en comodato.
