“Tapá las estrellas” | La polémica campaña política del Kirchnerismo contra Lionel Messi
Tras las declaraciones políticas de Mbappé, militantes kirchneristas cruzaron a la Selección por no repudiar al Gobierno.
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En vísperas de la Copa América 2024, el debate futbolístico se mezcló con el de coyuntura política. La semana pasada, cuentas libertarias impulsaron el hashtag #LosKukasOdianAMessi en X (ex Twitter) a raíz de la circulación de un flyer adjudicado al kirchnerismo el cual convocaba a “tapar o arrancar” las estrellas mundialistas obtenidas por la Selección en 1978 y 2022.
“Tapá o arrancá las dos estrellas de 1978 y 2022 de tu camiseta argentina. Para mostrar repudio contra Lionel Messi”, reza el poster virtual. A Lionel Messi se lo señala, además, de ser un “futbolista desclasado que se desentiende de los gobiernos populares y latinoamericanos mientras apoya tácticamente a gobiernos nacionalistas y neoliberales”, cuando en realidad Messi nunca emitió una opinión política a favor o en contra de alguien.
Proponen eliminar la estrella ganada en 1978 porque fue “obtenida durante la dictadura militar, mientras se torturaba y mataba al pueblo”. Mientras que la de Qatar 2022 fue conseguida “por un grupo de desclasados que se niegan a jugársela”. En cambio, la estrella de 1986 fue “la única estrella obtenida legítimamente, enfrentándonos a los poderosos”.
La discusión fue previamente fogueada por el posicionamiento político que los futbolistas franceses Kylian Mbappé, Liliam Thuram, Karim Benzema y Dembelé. El flamante jugador del Real Madrid, Mbappé, sorprendió cuando instó al pueblo de su país a votar en las próximas elecciones legislativas anticipadas y lanzó una advertencia contra el “extremismo”. “Sabemos que estamos en un momento crucial de la historia de Francia; una situación nunca vista”, dijo en una rueda de prensa previo al partido contra Austria.
En Argentina, sectores más radicalizados del kirchnerismo valoraronel posicionamiento de los futbolistas “en contra de la extrema derecha”. Al mismo tiempo, reclaman a los miembros de la Selección Argentina que repudien a Milei.
Diversos usuarios recordaron, por ejemplo, las declaraciones del comunicador K, Roberto Navarro, cuando en septiembre de 2023 cuestionó al plantel por “jugar para los ricos”.En esa misma línea, desde el programa “Desiguales”, que se emite por la Televisión Pública, Nicolás Fiorentino trató de “desclasados” a los futbolistas por negarse a ser recibidos por el Frente de Todos.
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El fundador, presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink quedó en el centro del debate tras la viralización de un video que contrapone sus declaraciones actuales con expresiones que había sostenido tiempo atrás sobre diversidad, clima y responsabilidad corporativa.
En una entrevista concedida el pasado 11 de marzo de 2026 a Fox News, con el periodista Bret Baier, Fink reconoció que parte de la agenda asociada al llamado movimiento “woke”, así como a los enfoques ESG y DEI, fue llevada “demasiado lejos”.
Baier formuló la pregunta directamente: “La era woke —un experimento fallido— el ESG, el DEI, el tipo de impulso hacia eso. Cuando hablas de las cosas ahora, lo haces en un sentido práctico. Mirando atrás, ¿cómo lo ves?”
Fink respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “La sociedad se mueve. El péndulo se mueve todo el tiempo. ¿Creo que el péndulo hace cinco años estaba demasiado lejos? Sí. Creo que somos más pragmáticos. Personalmente, yo también soy más pragmático”.
Presionado por Baier sobre si BlackRock empujó a las empresas “un poco más a la izquierda de lo que pensaban”, Fink respondió que “nunca fue su intención” porque su labor es ser fiduciario de todos sus clientes. Sin embargo, como recordaron múltiples medios, esa afirmación contrasta directamente con sus propias palabras de hace nueve años, cuando Fink presumía de imponer estas políticas.
“Los comportamientos van a tener que cambiar y esto es lo que les pedimos a las empresas. Hay que forzar comportamientos, y en BlackRock estamos forzando comportamientos. El 54% de la clase entrante son mujeres. Añadimos cuatro puntos más en términos de empleo diverso este año. Si no alcanzas estos niveles de diversidad, tu compensación se verá afectada”, afirmó Fink, en una entrevista concedida al New York Times en 2017.
Las palabras “forzar comportamientos” resultan particularmente reveladoras. Fink no solo describía una aspiración interna de BlackRock, sino que también estaba describiendo una política que aplicaría a las empresas en cuyo capital participaba como inversor. Las compañías que no cumplieran metas de diversidad racial y de género podían ver reducido su acceso al capital más grande del mundo.
¿Qué son ESG y DEI?
Para comprender mejor es conveniente tener presentes dos siglas que suelen aparecer juntas en el debate público y empresarial. ESG (por sus iniciales en inglés de Environmental, Social and Governance), refiere a un enfoque de inversión que evalúa a las compañías no solo por su rentabilidad, sino también por su impacto ambiental, sus prácticas sociales y la calidad de su gobierno corporativo. Bajo ese esquema se consideran, entre otros factores, la reducción de emisiones, la igualdad salarial y la transparencia en la gestión.
DEI, por su parte, resume las siglas de Diversity, Equity and Inclusion y se trata de políticas corporativas orientadas a ampliar la representación de minorías raciales, de género, sexuales y de otros grupos en los espacios de trabajo. Estas iniciativas cobraron mayor impulso después de las protestas de Black Lives Matter en 2020 y pasaron a formar parte de los estándares adoptados por muchas grandes empresas estadounidenses.
En ese contexto, la expresión “agenda woke” se utiliza de manera coloquial para describir la combinación de estas políticas cuando se las interpreta como una imposición ideológica más que como una práctica auténtica.
BlackRock ejerció una influencia decisiva. Con cerca de 14 billones de dólares bajo gestión, la firma se convirtió en uno de los principales accionistas de buena parte de las mayores empresas del mundo, lo que le otorga poder de voto en las juntas para respaldar o cuestionar a sus directivos.
Desde 2018, Fink envió cartas anuales a los principales CEOs del planeta en las que instaba a adoptar metas vinculadas con ESG y DEI, bajo la advertencia de que el respaldo accionarial de BlackRock podía depender de esos compromisos.
A eso se sumó su participación en Climate Action 100+, un grupo de inversores institucionales coordinado bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presionar a empresas contaminantes a reducir emisiones. A través de esta plataforma, fondos que controlaban decenas de billones de dólares actuaban en bloque, y en Net-Zero Asset Managers Initiative, integró la iniciativa de llevar a cero las emisiones de carbono de sus carteras, que contaba con más de 325 signatarios que gestionaban 57.5 billones de dólares.
Este conjunto de imposiciones constituye lo que muchos llaman una operación de ingeniería social top-down, ya que no surgió de un reclamo verdadero de los consumidores o empleados, sino que fueron condicionadas desde arriba por las élites financieras que controlaban el acceso al capital.
La retirada progresiva
La marcha atrás de BlackRock no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, impulsado tanto por la resistencia política y social como por las consecuencias financieras.
Entre 2018 y 2022, Fink consolidó desde sus cartas anuales una línea de coacción sobre los conglomerados de la firma para que adoptaran criterios ESG y políticas DEI. Sin embargo, en febrero de 2024 BlackRock retiró su rama norteamericana del grupo Climate Action 100+, alegando preocupaciones legales y sobre su independencia.
A partir de 2023, un grupo de 21 fiscales generales de estados republicanos enviaron una carta amenazando con acciones constitucionales contra BlackRock y otros 52 grandes gestores de activos, acusándolos de violar sus deberes fiduciarios al priorizar objetivos ESG sobre el rendimiento financiero. Argumentaban que BlackRock estaba usando el dinero de los jubilados para avanzar una agenda política, no para maximizar su rentabilidad.
Una encuesta de la consultora Gallup en mayo de 2023 reveló que el 40% de los estadounidenses ni siquiera conocía el término ESG, y el 48% opinaba que las consideraciones ESG debían excluirse de las decisiones de inversión en favor de factores exclusivamente financieros. Los propios usuarios e inversores de BlackRock comenzaron a cuestionar si el activismo social era compatible con el mandato de maximizar retornos.
En noviembre de 2024, Texas y 10 estados republicanos más presentaron una demanda antimonopolio contra BlackRock, Vanguard y State Street, acusándolos de coordinar la reducción de producción de carbón para crear artificialmente precios más altos. En mayo de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) apoyaron formalmente ese reclamo.
A principios de enero del 2025, la firma abandonó la iniciativa Net-Zero Asset Managers, aludiendo a la confusión generada en torno a sus esfuerzos climáticos y a nuevas presiones jurídicas. En ese mismo giro, en febrero de 2025 eliminó sus objetivos de representación laboral ligados a DEI, fusionó esos equipos en una nueva estructura de “Talento y Cultura” y suprimió todas las referencias a DEI de su informe anual corporativo. La llegada de Donald Trump a la presidencia aceleró dramáticamente el desmontaje del aparato ESG-DEI corporativo. Con ejecutivas órdenes anti-DEI y el apoyo de la FTC y el DOJ a las demandas contra los grandes fondos, el riesgo legal de mantener estas políticas se volvió inaceptable para muchas corporaciones.
Durante marzo de 2025, la carta anual a los inversores dejó por completo las menciones a ESG, DEI y cambio climático. Ya en marzo de 2026, Fink reconoció públicamente en Fox News que el “péndulo fue demasiado lejos hace cinco años”.
La salida de BlackRock del NZAM tuvo un efecto cascada. Días después, el propio grupo NZAM suspendió sus actividades y comenzó una revisión interna, señalando que “los recientes desarrollos en EE.UU. y las diferentes expectativas regulatorias” hacían necesario repensar la iniciativa.
“El comentario de Larry de que el péndulo simplemente se fue demasiado a la izquierda es revelador, porque ÉL ES QUIEN LO EMPUJÓ ALLÍ. Solo ahora es ‘más pragmático’ porque él y el cártel Woke fueron atrapados y ahora sienten el calor de las investigaciones antimonopolio, demandas, etc”, destacó Will Hild, director ejecutivo de Consumers Research.
Las millones de personas que fueron canceladas, despedidas o señaladas como “fascistas” por cuestionar estas políticas mientras eran dominantes quedan sin reparación alguna. Fink no pidió disculpas, no reconoció daños concretos, ni tampoco asumió responsabilidad. Simplemente reencuadró el debate llamándose “pragmático” —como si el problema fuera solo el exceso de entusiasmo.
Efecto dominó
BlackRock no fue un caso aislado. La retirada del ESG y del DEI corporativo se convirtió en una tendencia extendida dentro de las grandes entidades de Estados Unidos. Meta eliminó sus programas de DEI vinculados a contratación, capacitación y selección de proveedores, y desmanteló su equipo específico en esa área.
Amazon suprimió referencias a DEI en su informe anual de 2024 y recortó secciones dedicadas a la equidad racial. Ford, por su parte, dejó de participar en el Corporate Equality Index de la Human Rights Campaign y anunció que no aplicaría cuotas para sus concesionarios. Harley-Davidson desarmó su estructura de DEI en agosto de 2024, tras una campaña de presión impulsada por el activista conservador Robby Starbuck.
A su vez, compañías como John Deere, Caterpillar, Tractor Supply, Molson Coors, Stanley y Black & Decker redujeron o directamente eliminaron sus programas de diversidad. En la misma línea, Goldman Sachs y Citigroup adoptaron medidas similares, mientras que General Motors, Intel y Disney ajustaron o retiraron sus metas DEI de los informes anuales.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
La concentración frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, comenzó pasadas las 11:00 hs con una columna de 300 personas que, en menos de una hora, se duplicó hasta alcanzar los 700 asistentes.
La convocatoria logró una unidad inédita al congregar a efectivos y retirados de las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), elevando el conflicto a una crisis de seguridad nacional.
La prensa fotografiando a algunos de los asistentes con carteles.
A pesar de que el edificio fue blindado con vallas preventivas, la jornada transcurrió íntegramente sobre la vereda, bajo la supervisión de un comisario seccional de la Policía de la Ciudad que confirmó la legalidad y el carácter pacífico de la marcha. El “abrazo simbólico” se transformó rápidamente en un foco de resistencia contra el desfasaje económico que asfixia a la familia policial.
La magnitud del conflicto quedó reflejada en una cobertura mediática masiva que incluyó móviles en vivo de Telefé, El Destape, Crónica, C5N, Canal 26, TN y A24, con la presencia de la reconocida periodista Mercedes Ninci.
La prensa fotografiando a dos de los oradores, frente al Edificio Centinela.
Sin embargo, el dato político más crudo fue la ausencia casi total de efectivos. Los familiares y retirados presentes denunciaron que el personal operativo fue obligado a quedarse en las sombras por un miedo real a represalias institucionales, bajo la sospecha de que agentes de inteligencia se infiltraronen la manifestación para identificar y marcar a cualquier integrante de la fuerza que alzara la voz.
Esta atmósfera de persecución coincide con la estrategia del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, desde donde se intentó minimizar la jornada calificándola como una movilización compuesta sólo por “retirados”, ignorando el quiebre interno de los agentes en actividad.
La movilización tuvo su punto de máximo interés desde el momento en que los asistentes entonaron el Himno Nacional, dando luego paso a una serie de cuatro oradores que hablaron a quienes asistieron y a la prensa.
Miguel Montiel junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
La humillación del uniforme frente a la góndola
El cabo Miguel Montiel, de la Policía Federal Argentina —quien cobró notoriedad por encadenarse recientemente a Casa Rosada—, fue el único efectivo que rompió el cerco de silencio al presentarse uniformado y tomar la palabra como orador. Explicó que sabe que es probable que quieran sancionarlo por asistir a la manifestación y hablar, pero destacó que la situación es de emergencia.
Con nueve años de servicio más su formación, Montiel expuso la cifra que despoja de toda épica al discurso oficial:un sueldo de $800.000 pesos. Esta cifra es la consecuencia directa del último acuerdo salarial del 8% otorgado por el Gobierno, un porcentaje que quedó pulverizado frente a la inflación y que profundizó la brecha con otros sectores productivos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Miguel Montiel, cabo de la PFA.
La comparación con el sector privado vuelve el dato un agravio institucional. Mientras un efectivo con casi una década de antigüedad y riesgo de vida percibe esa cifra, un empleado de comercio inicial —un joven de 18 años recién egresado de la secundaria que vende ropa en un local— percibe un básico de $1.170.000.
Esta brecha del 45% refleja la degradación de una fuerza que, según denunciaron los presentes, hoy se ve obligada a realizar “changas” de transporte o seguridad informal para que sus familias no caigan bajo la línea de indigencia.
Manifestantes ante el Edificio Centinela. En el centro: Passamonti, Montiel y Danann.
Voces de la familia policial y el compromiso exigido
El carácter de la movilización fue ratificado por Manuel Berro, retirado de Gendarmería Nacional y referente del “Frente Patriótico Patoruzú”, quien enfatizó que no se trataba de un acto político ni partidario, sino de una respuesta de supervivencia. Además, asistió Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos y viuda de un oficial fallecido.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Emmanuel Danann.
Acompañado por agrupaciones como el “Movimiento Fuerzas Argentinas Unidas” y “Azules Siempre”, Berro invitó a Emmanuel Danann(cuyo nombre real es Manuel Gorostiaga, descendiente del prócer del S. XIX)a tomar la palabrapara visibilizar el pliego de condiciones que las cúpulas oficiales callan.
Danann, quien aclaró que su presencia buscaba apoyar y no apropiarse del reclamo, leyó los puntos centrales: salarios de indigencia y el abandono absoluto de las obras sociales, que ha dejado a miles de familias sin coberturas básicas.
Danann y Berro junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
Durante su intervención, Danann interpeló directamente al Poder Ejecutivo al recordar que el mandato de cambiovotado por los argentinos incluía la promesa de reivindicar a quienes cuidan a la ciudadanía. En un pedido explícito a Javier Milei, exigió el compromiso de no aplicar sanciones ni persecuciones contra los efectivos que, de diversas formas, apoyaron la visibilización de este estado de emergencia.
Otro de los que hicieron acto de presencia fue Andrés Passamonti, expresidente de la UCeDe de CABA, actual presidente de Alternativa Republicana, y antiguo Director Ejecutivo de la Dirección de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires.
El cierre del bloque de oradores, marcado suceder durante el 2 de Abril, cerró con la reivindicación de la gesta de Malvinas y la defensa de la Patria, reafirmando que el reclamo trasciende cualquier bandera política.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Andrés Passamonti, presidente de Alternativa Republicana.
Bonos de miseria y oportunismo al cierre
El estallido no es un hecho aislado, sino el pico de un malestar que viene escalando desde la falta de respuestas a la equiparación salarial que ya se había manifestado meses atrás. La respuesta oficial, materializada en el Decreto 216/2026, fue recibida con indignación. El bono de $40.000 otorgado por el Gobierno fue calificado por Berro como “el vuelto de los banquetes de los políticos”, una cifra insignificante frente a una canasta básica que ya roza los $1.400.000.
Ante el riesgo de sanciones que pesa sobre los efectivos en actividad, fueron las familias quienes actuaron como escudo; figuras como Victoria Laura Sueldo, esposa de Facundo Romero, prefecto y referente de un reclamo por hostigamiento, falta de tratamiento y expulsión, asistieron a la protesta para visibilizar el colapso de la obra social y la falta de cobertura en tratamientos críticos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Victoria Laura Sueldo, esposa del prefecto expulsado por Frederic.
Hacia las 12:20 hs, cuando más de la mitad de los asistentes ya se había retirado, se registró la presencia de Sabrina Frederic. La exministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández apareció en escena con un marcado perfil bajo y sin realizar declaraciones públicas.
Su llegada tardía no alteró el espíritu del acto, que concluyó con la advertencia de que la emergencia de las fuerzas federales no se resuelve con parches económicos, sino con la reivindicación real de quienes hoy eligen el silencio para no perder su fuente de trabajo.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.
El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.
En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.
A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.
La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas.
El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.
A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas.
El rodaje de “El último gigante”, la película de Netflix filmada casi en su totalidad en escenarios naturales de Misiones, dejó cerca de US$3 millones en la provincia. Así lo estimó Sergio Acosta, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim). “Nosotros por el despliegue, la cantidad de gente que se quedó y todo, más o menos estimamos 3 millones de dólares que dejó esa película en la provincia, en sueldos, en servicios, en todo lo que gastó. Plata que entró a la provincia y fue directamente a los privados”, declaró el funcionario al medio Misiones Online.
La producción, dirigida por el prestigioso Marcos Carnevale, fue rodada en el Parque Nacional Iguazú, las Cataratas del Iguazú y la localidad de Puerto Libertad. El trabajo comenzó el 17 de mayo del año pasado y demandó un importante despliegue técnico, logístico y humano, con participación activa de trabajadores audiovisuales de la región, convocados a través de Misiones Casting y con articulación de la Comisión de Filmaciones del Iaavim.
Desde el 1 de abril, la película está disponible en Netflix en más de 190 países.
El elenco estuvo encabezado por Oscar Martínez y Matías Mayer, junto a Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y Luis Luque. La historia gira en torno a Boris, un guía turístico que se reencuentra con su padre después de más de veinte años, en un viaje atravesado por el duelo, las heridas abiertas y la posibilidad del perdón.
Acosta subrayó que el Iaavim cumple un rol central como nexo entre el sector privado y las instituciones públicas para atraer grandes producciones. El organismo es “el pivot entre el privado que viene de afuera y todas las instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, si nos dicen que necesitan una escuela en el monte que se vea un río, nosotros logramos los permisos con el Consejo General de Educación”, ejemplificó.
“Nos da la impronta de generar trabajo a través del audiovisual, con la atracción de estas producciones que podrían irse a la Patagonia o a Jujuy. Son historias que pueden adaptarse a los entornos naturales y logramos que elijan Misiones”, precisó Acosta.
Voces de la producción y de Netflix
El productor Ignacio Rey, de Leyenda Films, valoró la experiencia de trabajar en la provincia. “La experiencia de haber filmado en Misiones fue espectacular. Era un desafío adentrarnos por el río hasta las cataratas e incluso filmar debajo de ellas. Contamos con un apoyo total de la provincia, de Parques Nacionales y del sector privado”.
Rey también destacó la capacidad humana encontrada: “Encontramos una mano de obra espectacular y gente sumamente amable. Fue un placer y esperamos haber hecho honor a la majestuosidad de la provincia con esta película”.
Juanjo Méndez, líder de políticas públicas para América del Sur de Netflix, remarcó el valor de este tipo de producciones para los territorios donde se desarrollan. “Es una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo maravillosas que son las Cataratas del Iguazú. Esta producción utilizó una gran cantidad de recursos locales: hoteles, gastronomía, logística y talento. Es importantísimo todo lo que hay detrás de una producción audiovisual”.
Durante la premiere oficial, realizada en el complejo Cinemark Hoyts DOT de la Ciudad de Buenos Aires (con presencia del director, el elenco y referentes de la industria), Carnevale agradeció a quienes hicieron posible el film: “Lo mío son todos gracias. Gracias a Netflix por hacer posible la película, al elenco maravilloso y a mi equipo técnico, que es mi segunda familia. Sin ellos nada sería posible”.
Turismo cinematográfico: una industria consolidada
Acosta destacó el concepto de “turismo cinematográfico” como una consecuencia directa de la exposición que obtiene Misiones en las plataformas de streaming. “Llegar a la plataforma significa que Misiones está en la vitrina del mundo. 190 y pico de países van a poder ver la película subtitulada o doblada en su idioma, que van a ver las Cataratas del Iguazú”.
El funcionario también atribuyó el presente del sector audiovisual misionero a un proceso de largo aliento. “Tiene que ver con un desarrollo de 20 o 25 años del sector audiovisual que nace un poco con Oberá en Cortos y se consolida con las carreras de audiovisual que tenemos en la provincia. Un poco todo ese ecosistema hace que hoy día podamos estar hablando de industria, más allá del audiovisual como cultura y como derecho. Estamos hablando ya de una instancia más industrial en la cual la provincia está invirtiendo y atrayendo grandes producciones, porque genera muchísimo laburo”, sostuvo.
En la segunda audiencia del juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ramón “Tito” López vinculó al exgobernador K a la causa que lo tiene como principal imputado junto a su familia.
El organismo antilavado retiró del buscador principal las resoluciones de multas firmes con más de cinco años de antigüedad. La decisión fue justificada como una forma de evitar futuros reclamos por “derecho al olvido”.
Las contrataciones incluyeron panificados para la Casa Rosada y Olivos, cortes premium para la residencia presidencial y servicios de catering y cafetería para la Cámara de Diputados, pese al discurso oficial de austeridad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
