09 mayo, 2025

Viajes privados, publicidad y más: Un candidato presidencial gasta entre 10 y 30 millones dólares en campaña

Los especialistas del gasto público comenzaron a poner foco en los cuantiosos gastos de los principales candidatos: Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, ¿Quién financia sus viajes privados? Claramente, el contribuyente.
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Los aspirantes a Presidente de la Nación invierten mucho dinero a lo largo de sus campañas. La suma total que un candidato puede gastar -como mínimo- es de 10 millones de dólares, pero esto puede elevarse dependiendo de las circunstancias. Según varios especialistas esto se triplicaría, en cuanto a vuelos de altos costo, impresión de boletas, cartelería y publicidad en redes, entre otros. 

Según lo que reveló Jorge Lanata en el programa PPT, durante la noche del domingo, “estos vuelos de campaña tienen costos aproximados de unos 5 dólares por kilómetro y el valor del viaje puede variar entre 10 mil y hasta 20 mil dólares” y, a su vez, detalló en lo que gastaron candidatos de mayor grado como el candidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente de Juntos por el Cambio y Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy y aspirante a vicepresidente

“El último mes, Larreta usó jets privados cinco veces, el gasto total alcanzaría los 60 mil dólares”, soltaba. Por otra parte, utilizó también de ejemplo a Sergio Massa debido a que hizo uso del avión presidencial Argentina 02 hasta Catamarca, el cual sostuvo que “le costó a los argentinos un total de 40 mil dólares” para luego embestir un viaje a Entre Ríos en el Tango 33 “por unos 10 mil dólares”. 

Adentrándonos en lo que respecta la cartelería, este desembolso a nivel nacional, según el informe, “puede ser de un piso de 2 millones de dólares, entre gigantografías y carteles de todo tipo supera los 12 millones de pesos cada 30 días”. 

Sergio Massa, precandidato a presidente de Unión por la Patria (ex Frente de Todos)

Datos a destacar fueron la cantidad de millones que se gastan de la moneda nacional con el propósito de “contratar agencias de publicidad y mentes creativas” con el propósito de que “alguien ve ese tipo de contenido que generan en las redes sociales”. Tal es el ejemplo del frente Unión por la Patria, buscó la manera de atraer votantes “despilfarrando más de 10 millones de pesos solo en los últimos 7 días”. 

Lanata, además, especificó respecto al reparto del dinero de la inversión de boletas: “El Estado le da a cada fórmula presidencia 104 millones de pesos para imprimir las boletas. Todos, sin excepción, gastan más de lo que tienen y superan los límites permitidos por la ley. La sacan de aportes privados. Los partidos políticos mandan a imprimir hasta tres padrones electorales elevando así el gasto a 320 millones de pesos”. Por último, se refirió al gasto en fiscales debido a que “esto podría variar, ya que el gasto total para cubrir todo el país sería alrededor de 4 millones de dólares”. 

Redacción

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El Gobierno rescindió un contrato millonario con la obra social rural y apunta contra la conducción sindical

La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) resolvió cancelar un convenio que desde 2007 mantenía con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), destinado a operar alrededor de 500 bocas de expendio en todo el país. La decisión se tomó luego de considerar que el sistema era ineficiente, carecía de controles adecuados y representaba un gasto mensual de cerca de $700 millones.

El contrato en cuestión habilitaba un esquema presencial de entrega de vales médicos a través de oficinas gestionadas por el sindicato. Según el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, ese mecanismo era “obsoleto, opaco y costoso”, y su finalización permitirá destinar los fondos directamente a mejorar la atención médica de los más de 760.000 afiliados rurales.

– Marcelo Petroni

La intervención fue ordenada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2023 con el objetivo de sanear la obra social. En los primeros informes de auditoría se detectaron irregularidades administrativas y financieras graves: una deuda cercana a los $100.000 millones y un déficit mensual de más de $4.000 millones. El informe también señaló sospechas de fraude, desvío de fondos y falta de trazabilidad en la gestión anterior.

Los resultados de la auditoría fueron presentados a la Justicia. Desde hace meses, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga al secretario general de UATRE, José Voytenco, quien fue embargado y tiene sus cuentas bancarias inhibidas por presunto lavado de activos y manejo irregular de fondos sindicales.

Voytenco, opositor al Gobierno, rechazó los señalamientos y calificó la intervención como una operación política. Desde el sindicato alegaron que, durante los casi 60 días en que recuperaron el control de OSPRERA en 2023, habían logrado implementar mejoras en la gestión. Sin embargo, el Gobierno volvió a intervenir la obra social poco después.

Petroni aclaró que la rescisión del contrato no afectará a los trabajadores de planta de OSPRERA, quienes continuarán en sus puestos. El nuevo modelo de atención incluirá telemedicina, atención personalizada mediante call center y entrega digital de vales a través de las delegaciones oficiales, con control y trazabilidad directa por parte de la obra social.

Este esquema descentralizado busca garantizar una atención médica más equitativa, moderna y eficiente, eliminando la dependencia de intermediarios sindicales. “Lejos de ser un recorte, es una transformación que apunta a una mayor transparencia y mejor acceso para los afiliados”, sostuvo el interventor.

En paralelo, el Gobierno también pidió judicialmente la intervención del sindicato UATRE por supuestas irregularidades en su congreso general ordinario realizado en noviembre de 2023, donde se aprobó la memoria y balance y se reafirmó el liderazgo de Voytenco. La medida fue impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.No obstante, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del Gobierno. En su fallo, los jueces Carlos Pose, Gabriela Vázquez y Manuel Diez Selva destacaron que la justicia no puede intervenir en conflictos internos entre afiliados y dirigentes, en resguardo de la autonomía sindical.

Redacción

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Avanza en Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.

El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.

La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.

Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.

La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.

Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín, cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.

Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad. 

El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.

Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.

Redacción

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El Senado bonaerense aprobó la suspensión de las PASO: La discusión continuará en Diputados

El Senado de la provincia de Buenos Aires votó este martes por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en sintonía con el pedido del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el oficialismo no logró avanzar con las modificaciones a los plazos del calendario electoral que también formaban parte del proyecto original. La iniciativa continúa su trámite en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, solo se debatieron y aprobaron los artículos 1 y 2 del proyecto, excluyendo los incisos 3 y 4 que planteaban cambios en los tiempos de convocatoria, presentación de listas, alianzas y boletas. Esta exclusión dejó en evidencia el impacto político del comunicado difundido un día antes por la líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó: “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”.

El mensaje de CFK implicó que el kirchnerismo acompañaría solo los primeros dos artículos del proyecto, y que no avalaría alterar el cronograma electoral vigente. La exmandataria también criticó el desdoblamiento dispuesto por Kicillof, con el calificativo de “error político”.

El proyecto original del Poder Ejecutivo respondía a una recomendación de la Junta Electoral bonaerense en caso de suspenderse las PASO y avanzar con un esquema de elecciones concurrentes. No obstante, los artículos 3 y 4 que preveían flexibilizar los plazos fueron descartados. Entre ellos, se incluía la posibilidad de convocar a elecciones con al menos 100 días de anticipación, registrar alianzas 80 días antes y presentar listas y boletas con 70 y 50 días, respectivamente.

El texto aprobado finalmente establece la suspensión del régimen de PASO por única vez en 2025, con excepción de los artículos 16 y 17 de la ley vigente. De este modo, la campaña electoral podrá comenzar 30 días antes del comicio y deberá finalizar 48 horas antes del mismo.

– Carlos Curestis

En el debate parlamentario, las posiciones políticas quedaron expuestas. Sergio Vargas, senador de La Libertad Avanza, celebró el acuerdo multipartidario: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto”. Su compañero de espacio y presidente del bloque, Carlos Curestis, fue más tajante: “Venimos trabajando para eliminar las PASO. Que los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante”.

Desde la UCR, el senador Agustín Máspoli reconoció el consenso alcanzado, pero cuestionó los tiempos del debate: “Discutir cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal. Estamos fuera de tiempo por las tensiones internas del oficialismo”.

– Christian Gribaudo

El presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, apuntó en la misma dirección: “Algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero es un debate dentro de cada fuerza. No puede haber más modificaciones del Ejecutivo a las reglas del juego”.

Por el oficialismo, Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, ratificó la posición del kirchnerismo: “Creemos que es mejor una sola elección, concurrente. Este no era el momento de experimentar. Ya hubo suficiente incertidumbre con la Boleta Única. No creemos en la municipalización ni en la provincialización de la política, apostamos a un proyecto nacional”.

– Teresa García

García también destacó la decisión de Cristina Kirchner como una “salida por arriba” ante el desdoblamiento impuesto por el Ejecutivo: “Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que pagamos un costo, pero los dirigentes deben asumirlos”.

En tanto, el senador Federico Faggioli, también de Unión por la Patria, se abstuvo de la votación. Representante del sector Patria Grande, que lidera Juan Grabois, sostuvo que su espacio sigue respaldando las PASO.

Redacción

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SACUDÓN EN LA CGT: Se baja Daer y empieza la danza de nombres para sucederlo

En una jugada inesperada, Héctor Daer le puso fecha de vencimiento a su ciclo en la CGT. Este martes, durante una reunión a puertas cerradas en Azopardo, avisó que en noviembre no buscará la reelección. Y con ese gesto, pateó el tablero sindical: empieza una nueva etapa con recambio de nombres y alianzas cruzadas.

Hasta ahora, muchos daban por hecho que Daer quería ser el secretario general único, en reemplazo del triunvirato. Pero la sorpresa fue doble: no solo da un paso al costado, sino que ya dejó en puerta el nombre de su sucesor. Se trata de Jorge Sola, actual secretario de Prensa de la CGT y referente del Sindicato del Seguro, apadrinado por Andrés Rodríguez, jefe de UPCN y aliado histórico de Daer.

El anuncio lo hizo antes de una conferencia de prensa y frente a una mesa sindical de peso: estaban Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Rodríguez, Sergio Romero (UDA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Julio Piumato (judiciales) y su hermano Rodolfo Daer (Alimentación).

Como argumento, habló de un desgaste natural después de tantos años en la conducción, aunque dejó claro que no se va ya mismo: primero quiere “acomodar todo esto”, en alusión a la pelea contra la reforma laboral que busca reinstalar el Gobierno. Una agenda que la CGT piensa resistir con un nuevo paro general, el tercero contra la gestión de Javier Milei.

Lo cierto es que la decisión de Daer llega justo cuando enfrenta elecciones en su gremio, ATSA Buenos Aires, que conduce desde hace 32 años. Todo indica que adelantará los comicios para junio y así evitar el armado de una lista opositora aprovechando la transición en la CGT.

La salida de Daer también reacomoda internas. En los últimos tiempos se había alejado de su perfil dialoguista y endurecido su postura, más cercana a la de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, hoy críticos del Gobierno. En cambio, dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) apuestan aún al pragmatismo y al diálogo con la Casa Rosada. Y en el medio, aparece Luis Barrionuevo (gastronómicos), que alienta una renovación con figuras propias.

Con Daer fuera de juego, la pregunta es quién tomará las riendas. Nadie parece tener hoy el consenso para asumir como líder único, por lo que vuelve a tomar fuerza la idea de una conducción colegiada de tres o cuatro cabezas. Además de Sola, suenan Cristian Jerónimo (vidrio), apoyado por Sasia y Martínez, y Daniel Vila (Carga y Descarga), el hombre de Barrionuevo que le ganó la pulseada a Camioneros por el encuadramiento sindical en Mercado Libre.

Redacción

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Argentina desplegó un operativo militar para blindar las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil

El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.

Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.

La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.

Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.

“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.

El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.

El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.

Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.

Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.

Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.

Redacción

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Caso $Libra | Maniobras cruzadas, internas en la UCR y pulseada con Martín Menem 

La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.

Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.

A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.

Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.

Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.

Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.

Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).

El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.

Redacción

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