15 julio, 2025

PROMESA CUMPLIDA | Rural y Coninagro elogiaron la baja y quita de retenciones al campo

El Presidente Javier Milei le puso fin a un viejo reclamo de los productores porcinos, lácteos y la cadena cárnica, no  toda,  y eliminó retenciones.
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Se concretó hoy una baja y eliminación de retenciones a productos del campo que había sido anunciada por el presidente Javier Milei en su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Se trata del fin de los derechos de exportación para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E [son para todos los mercados, en especial China, el mayor comprador de carne de vacas]. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.

La medida se conoció a través del decreto 697 que lleva la firma del presidente Milei. También pusieron su firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas disposiciones habían sido informadas por Milei el 28 de julio pasado, cuando estuvo en la Rural.

Es la segunda promesa que cumple el Gobierno esta misma semana luego que este lunes se formalizara otro anuncio que también había realizado el jefe de Estado en la Rural: ya no será obligatoria la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para quienes comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.

Más atrás en el tiempo el Gobierno implementó una simplificación de trámites y declaraciones obligatorias para productores y exportadores con foco en agilizar el negocio. También bajó aranceles a insumos herbicidas y a la urea.

“El gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). Las medidas, anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina”, dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.

Según precisó luego, el decreto “dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina”.

Para destacar, como novedad se sumó la quita a la cadena porcina. De acuerdo a lo que había trascendido en un primer momento, iba a tener una reducción del 25%. Sin embargo, la alícuota se llevó a 0%. Agricultura dijo: “El decreto también establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial”.

Hace unos días, la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el alivio fiscal para el sector ganadero por las medidas de Milei será de US$159 millones. Esto por la baja del 25% de las retenciones desde una alícuota del 9% y el fin de los derechos de exportación para la categoría de vacas.

Para recordar, en 2023 todas las exportaciones de carne vacuna representaron ingresos al país por US$2.735.597.396, una merma de 20,1% versus el año precedente debido a la caída de los precios internacionales. El 60,3% de esas divisas vinieron de China, el mayor cliente del país.

LOS LÁCTEOS

El decreto presidencial, además, ordenó “la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones”.

Vale recordar que en octubre pasado, en plena campaña electoral, el exministro de Economía, Sergio Massa, había suspendido las retenciones a los lácteos hasta diciembre de 2023. Luego Milei prorrogó la medida hasta junio pasado y después avanzó con una extensión hasta junio de 2025. Finalmente, ahora se hizo una quita definitiva de los derechos de exportación.

En el caso de los lácteos, entre enero y junio pasado se vendieron al mundo productos por 650,5 millones de dólares, una retracción del 2% contra igual lapso de 2023. Brasil fue el principal destino en valor: pagó US$308,8 millones por los lácteos argentinos.

De acuerdo al decreto de hoy, también se implementó “una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%”. Agricultura precisó: “Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país”. Según detalló, en 2023 “el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones”.

Redacción

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“INADMISIBLE Y REPUDIABLE” | Escuelas de Río Negro izaron la bandera mapuche en los actos del 20 de junio

El pasado 20 de junio, fecha en la que la Argentina conmemora el legado de Manuel Belgrano, la Escuela Primaria N.º 154 del barrio El Frutillar, en Bariloche, incluyó la bandera mapuche Wenufoye en la tradicional promesa de lealtad a la enseña nacional realizada por alumnos de cuarto grado. Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron a los niños, de guardapolvo blanco, izando la insignia indígena junto a la celeste y blanca, escena que de inmediato generó una fuerte polémica.

El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, repudió el hecho en su cuenta de X: “Argentina tiene una sola bandera, la celeste y blanca. El legado de Belgrano que hoy honramos. En varias escuelas de Río Negro se hizo la promesa a la bandera mapuche. Es inadmisible y repudiable. Los docentes que lo promovieron deben ser sancionados”. La publicación se viralizó y recibió decenas de apoyos; entre ellos, mensajes que exigieron incluso “inhabilitación de por vida”.

En diálogo con el diario Río Negro, las maestras defendieron la inclusión de la Wenufoye: “Que hoy los niños vengan y nos digan que quieren presentar la Wenufoye, sin que uno se lo imponga, te llena de satisfacción”, expresó una de ellas, aludiendo al origen mapuche de varios alumnos.

El episodio destapó una práctica extendida en distintas escuelas rionegrinas. Según la Coordinadora del Parlamento Mapuche, desde 2005 los establecimientos de la provincia incorporaron actividades interculturales y, en algunos casos, el izamiento de la bandera indígena. El organismo recordó que la presentación de la Wenufoye “cuenta con un amplio respaldo legislativo” a partir de la Ley Provincial 2287/88, el artículo 42 de la Constitución de Río Negro, la Ley de Educación 4819/2013, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 24.071.

La entidad respondió a Avruj con un comunicado en el que señaló: “‘Es inadmisible y repudiable’ que un personaje nefasto, como lo es Claudio Avruj, ejerza el cargo de presidente del INAI”. Afirmó además que “la presencia de la Wenu Foye junto a la bandera Argentina en las escuelas no niega ni ofende al emblema patrio”, sino que “refleja la diversidad cultural del país”.

El debate se intensificó tras conocerse otros actos escolares similares. En General Roca, treinta alumnos de cuarto grado presentaron la Wenufoye pocos días antes del Xiñoy Tripantu (Año Nuevo Mapuche). Claudia Durjera, coordinadora de Enseñanza Intercultural Bilingüe y madre de uno de los niños, explicó que la bandera “pasa a ser propiedad de los chicos” y subrayó que cada vez más alumnos “buscan su identidad y la reafirmación” pese a posibles casos de bullying.

Redacción

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Un impuestazo de Llaryora dispara las comisiones de Mercado Libre y encarece las ventas de los emprendedores

La decisión del gobernador Martín Llaryora de aumentar el impuesto a los Ingresos Brutos en Córdoba generó un efecto dominó en el comercio digital. Mercado Libre confirmó que, a partir del 8 de julio, cobrará tarifas más caras a los vendedores cordobeses para compensar la suba impositiva provincial. En la práctica, la plataforma de Marcos Galerín se transformará en un recaudador indirecto del fisco cordobés. Lo mismo sucederá en Santa Fe y Jujuy: otras provincias con alícuotas elevadas.

La medida fue anunciada en medio de una fuerte presión de las provincias por recaudar más, tras la caída de fondos nacionales. Córdoba subió la alícuota de Ingresos Brutos a servicios digitales y financieros, lo que llevó a Mercado Libre a ajustar automáticamente los cargos para vendedores radicados en la provincia. Según datos oficiales, las comisiones en Córdoba podrían trepar al 17,14 %, mientras en otras provincias bajarán hasta el 11,8 %.

– Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y el gobernador Juan Schiaretti durante la inauguración de oficinas en Córdoba (2019)

En un comunicado oficial, la plataforma explicó:

“La diferencia en los cargos por provincia responde a la presión fiscal local. Cada gobierno establece las alícuotas de Ingresos Brutos y eso impacta de forma directa en el costo de operar en nuestra plataforma. No existe un cargo adicional de Mercado Libre: solo reflejamos el efecto impositivo provincial”.

Y agregó:

“En Córdoba, Santa Fe y Jujuy se aplican alícuotas más altas, por eso allí los costos para el vendedor terminan siendo mayores”.

Esto no es un fenómeno nuevo. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó una suba de Ingresos Brutos a mediados de 2024, su argumento recayó en la necesidad de sostener el gasto público. Allí, la alícuota para plataformas digitales pasó del 5 % al 9 %, lo que generó que la empresa ajustara sus cargos y desatara críticas de comerciantes y pymes locales.

En Jujuy ocurrió algo similar con un incremento de Ingresos Brutos en servicios financieros que impactó sobre toda la cadena de pagos digitales. A partir de ese cambio, Mercado Libre anunció allí también cargos más altos para los vendedores jujeños, lo que despertó protestas de pequeños emprendedores que denunciaron “doble imposición” y falta de alternativas de venta.

En Córdoba, el caso es aún más fuerte porque la provincia, altamente dependiente de la recaudación tributaria, decidió subir la alícuota a servicios digitales cuando la inflación ya golpea al consumo. Los vendedores cordobeses sostienen que esto termina por asfixiar la actividad comercial y afecta principalmente a emprendedores y pymes, que no tienen margen para trasladar el aumento a sus clientes.

EL COMUNICADO DE MARCADO LIBRE

La Cámara de Comercio Electrónico advirtió que Córdoba es uno de los distritos con mayor crecimiento del e-commerce en la última década, pero la suba de costos puede generar una contracción de ventas e incluso empujar a la informalidad.

Analistas tributarios coincidieron en que el impuesto a los Ingresos Brutos es “distorsivo” y encarece el precio final que paga el consumidor, además de desalentar la competitividad. La polémica, entonces, no es solo técnica: se cruza con el modelo de financiamiento provincial y la puja por retener recaudación propia en medio de una fuerte crisis fiscal.

Para Llaryora, la suba se justifica en la necesidad de cubrir servicios básicos, pero para miles de cordobeses que venden online significa un nuevo golpe al bolsillo.

Redacción

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Chubut votará la eliminación de fueros en los tres poderes del Estado: “No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”

Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.

La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.

El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.

En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.

– Claudio Petris

Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.

El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.

– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”

La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.

Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.

Redacción

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PBA: Una obra frenada hace 25 años generó pérdidas de US$ 5.000 millones al campo

El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.

El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.

La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.

El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.

Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.

De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.

La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.

“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.

En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.

CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.

EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”

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Redacción

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Finocchiaro acusó al kirchnerismo de usar causas sensibles para “desestabilizar al Gobierno mediante la economía”

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó como una “estrategia de daño fiscal” la ofensiva parlamentaria de bloques opositores, principalmente Unión por la Patria, orientada a declarar la emergencia en pediatría y a reforzar el presupuesto de las universidades nacionales. Según el legislador, estas iniciativas apuntaron a “golpear y desestabilizar al Gobierno a través de la economía” porque comprometen partidas que el Poder Ejecutivo no previó en la Ley de Presupuesto.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Finocchiaro argumentó que el kirchnerismo “atrae temas nobles” que despiertan consenso social —la salud de la niñez y la educación superior— para instalar una tensión fiscal que erosione la gobernabilidad. “Hace unos cuantos meses que decidieron esta táctica”, señaló, y comparó la maniobra con la campaña electoral de 2011: “Con la misma habilidad de Cristina disfrazada de viuda negra, buscan un impacto político por la vía presupuestaria”.

El debate se estructuró en dos frentes. Por un lado, las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, basados en exposiciones de directivos que describieron carencias en guardias, insumos y tratamientos complejos. Por otro, la Comisión de Educación, que preside Finocchiaro, analizó proyectos para adecuar el financiamiento universitario y reconocer el reclamo salarial de los docentes.

Finocchiaro, profesor universitario de formación, admitió que “el financiamiento universitario es un tema que hay que atender”, pero advirtió que incorporar la negociación colectiva al texto legislativo “traslada una paritaria al Congreso” y con ello se “lesiona la autonomía de las partes”, contraviniendo el artículo 14 bis de la Constitución y los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. A su juicio, “el Legislativo no puede suplantar a la mesa paritaria entre empleador y trabajadores”.

Redacción

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La presión impositiva devoró más del 63% de la ganancia del campo durante junio

La medición de junio de 2025 del Índice FADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.

Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.

La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.

Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.

El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.

El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.

La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.

El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.

EL INFORME DE FADA

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Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.

FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.

Redacción

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