La inflación de junio fue del 4,6%, el impacto en los salarios y expectativas a futuro
La inflación de junio alcanzó el 4,6%, revirtiendo la tendencia a la baja y acumulando una variación interanual del 271,5%. ATE reclama un aumento salarial del 80%. Mientras, el Gobierno apuesta por reducir el IPC.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación de junio fue del 4,6%, acumulando una variación de 79,8% en el primer semestre de 2024 y alcanzando un preocupante 271,5% en la comparación interanual. Este dato confirma un rebote en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que rompe con la tendencia a la baja que se venía observando desde diciembre.
La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 14,3% debido a las subas en las tarifas de servicios y alquileres. Otros sectores que registraron incrementos significativos fueron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%). En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%) tuvieron las menores variaciones.
Las proyecciones —tanto del Gobierno como de diversas consultoras— anticipaban que la inflación de junio superaría el 4,2% de mayo. Luis Caputo, ministro de Economía, expresó su expectativa de que la inflación general se situara por debajo del 5%, mientras que el Presidente, JavierMilei,aseguró que los datos privados estaban “en offside”, pronosticando una cifra menor al 5%.
Pese a la inflación en ascenso, el Gobierno se mantiene optimista y apunta a reducir el IPC a cifras cercanas al 2% para finales de 2024, con el objetivo de converger con el crawling peg (devaluación administrada) del dólar oficial y, eventualmente, liberar el cepo cambiario.
Reacción sindical: ATE exige una recomposición salarial del 80%
La inflación no solo impacta en los precios, sino también en los salarios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó urgentemente la convocatoria a paritarias para negociar una recomposición salarial.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, criticó al Gobierno por “no convocar a paritarias” y afirmó que la presión inflacionaria está deteriorando los ingresos de los trabajadores estatales. “La cantidad de estatales bajo la línea de la pobreza ha aumentado drásticamente, al igual que el nivel de endeudamiento de las familias”, señaló.
Según el INDEC, una familia necesita $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer en la indigencia. En respuesta, ATE demanda un aumento salarial del 80% en una sola cuota para compensar la pérdida real de los salarios, que según el sindicato, ha sido del 22,4% durante el acuerdo 2023-2024. Mientras el Gobierno apuesta por una desaceleración de la inflación y la estabilización de los precios, los analistas privados mantienen proyecciones más cautelosas, situando la inflación mensual entre el 5,5% y el 4% para el resto del año.
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El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.
A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.
Ritondo ya dio señales de pragmatismo:
Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.
Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.
A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.
Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.
La diputada nacional Florencia De Sensi
La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.
Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) dio a conocer su “semáforo” de economías regionales. En noviembre de 2025, el informe registró cinco actividades en “verde”, ocho en “amarillo” y seis en “rojo”, con una única novedad intermensual: la cadena aviar bajó de “verde” a “amarillo” por “un deterioro en los componentes de negocio y mercado”.
El reporte evaluó tres componentes: “negocio”, “productivo” y “mercado”. En el primero, midió la evolución de precios y costos en términos mensuales e interanuales; en el segundo, consideró área o stock y producción; y en el tercero, siguió exportaciones, importaciones y consumo interno.
En el corte de noviembre, las actividades ubicadas en rojo fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En amarillo quedaron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, y avícola. En verde se ubicaron bovinos, porcinos, ovinos, granos y miel.
Sobre el cambio de categoría del complejo aviar, Coninagro precisó quelos precios subieron 16% en los últimos 12 meses, por debajo de la inflación general del 31%. En paralelo, las exportaciones se redujeron 13% y las importaciones aumentaron 12%, mientras que el consumo creció 1%. Aun así, la entidad indicó que el componente productivo contuvo una baja mayor, debido a que “los indicadores continúan siendo positivos: el stock de aves creció 4% y la producción aumentó 3% en el último año”.
Más allá de la evolución mensual, Coninagro incluyó un análisis retrospectivo del período 2016–2025. Según la entidad agropecuaria, en más de diez años de publicaciones del semáforo, ocho de las 19 economías analizadas pasaron más de la mitad del tiempo en rojo. Entre las más comprometidas ubicó a la vitivinicultura y a los cítricos dulces, que permanecieron en rojo cerca del 70% de los meses. Detrás se ubicaron la lechería y el arroz, con 63%, y luego la producción ovina, junto con peras y manzanas y papa, que rondaron el 55% del período en esa situación.
En el extremo opuesto algunas actividades mostraron recorridos más estables. Las carnes porcina, aviar y bovina permanecieron en verde en más del 45% del tiempo, y el mismo comportamiento registraron la producción manicera y el complejo granos.
En su capítulo de comercio exterior, el informe consignó que, entre enero y noviembre de 2025, las 19 actividades relevadas sumaron exportaciones por U$S 54.193 millones, lo que representó un salto del 65% frente al promedio histórico de la última década (U$S 32.802 millones). El análisis advirtió una fuerte concentración: el 76% de los ingresos provino de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) y el 9,4% correspondió al sector bovino. El 14,6% restante, equivalente a unos U$S 7.912 millones, lo aportó el conjunto de las demás economías regionales.
En importaciones, el total promedió U$S 3.145 millones entre enero y noviembre. El complejo granario explicó el 72% de las compras externas, seguido por la actividad forestal (9%), el sector porcino (4%) y el algodón (3%), mientras que el 12% restante se distribuyó entre otras producciones.
Al comparar con el promedio del mismo período de los últimos nueve años, Coninagro marcó que algunos sectores crecieron con fuerza y otros retrocedieron. En el ranking exportador, el tabaco lideró con U$S 590 millones, un 293% por encima de su promedio histórico. Le siguió el arroz con U$S 414 millones (+181%) y luego el complejo forestal con U$S 148 millones (+154%). El complejo lácteo se destacó con U$S 1.621 millones, un 129% de crecimiento frente a los U$S 738 millones del promedio 2016–2024. En sentido contrario, la única caída relevante la registró la actividad avícola, con U$S 87 millones, un retroceso del 64% frente al promedio histórico (U$S 218 millones).
En importaciones, Coninagro informó que cuatro complejos prácticamente duplicaron o más que duplicaron sus compras externas respecto del promedio 2016–2024. Los cítricos dulces encabezaron el incremento con U$S 24,6 millones (+118%), seguidos por el maní con U$S 1,7 millones (+102%). En niveles similares se ubicaron el complejo bovino con U$S 97 millones (+98%) y la vitivinicultura con U$S 43 millones (+97%). En el otro extremo, el informe indicó bajas cercanas al 50% en papa (de U$S 20 millones a U$S 10 millones), apicultura (de U$S 96.000 a U$S 45.000), hortalizas (de U$S 31 millones a U$S 15 millones) y el complejo ovino (U$S 2 millones frente a U$S 3 millones del período anterior).
El frigorífico Pico de La Pampa, encargado de la fabricación de hamburguesas Paty, suspendió a sus 450 empleados en las últimas horas, en medio de una severa crisis que golpea la producción del sector y de muchas otras industrias en todo el país.
La noticia se conoce al tiempo que se informa el cierre de dos plantas textiles en Corrientes y Chaco, y que deja a 260 trabajadores en la calle, poniendo de relieve que la crítica situación económica atraviesa de manera transversal a los diferentes rubros.
En el caso de la compañía que se volvió un símbolo del medallón de carne picada, la medida adoptada se argumentó por una caída de las ventas y la acumulación de deudas superiores a los $30.000 millones.
Pico pagó el precio de un consumo interno estancado en mínimos históricos y de una merma de las exportaciones que impactó de lleno en el sector.
Según detallaron desde la firma, pasaron de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50, ilustrando el derrumbre de un sector que -sin embargo- no se privó de registrar aumentos de precio que duplicaron la inflación durante el año pasado.
La retracción de las exportaciones de carnes durante 2025 redondeó un 7,3%, con una reducción dominante de los envíos a China -principal destino del producto nacional- del 12,3%.
Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, sus ingresos se vieron comprometidos.
En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo. La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.
LAS PEORES HORAS DEL SECTOR TEXTIL:
Como se mencionó, la textil Emilio Alal cerró sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco, y despidió a 260 operarios. Se suma a un escenario lapidario que padece el sector que -desde la asunción de Milei en 2023- acumuló una pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo registrados en todo el país.
La compañía estaba dedicada a la fabricación de insumos para la industria del calzado, accesorios y talabartería, además de la producción de hilados de algodón y telas, según consignó el diario El Litoral.
El nivel de producción del sector solo es comparable con los momentos más complejos de la pandemia.
En octubre, la utilización de la capacidad instalada del sector descendió al 32,5%, lo que representó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y de 15,3 puntos frente a octubre de 2024.
El cierre se suma al de otras empresas del sector que en los últimos meses anunciaron cierres o reducciones de sus plantas, con caída en el empleo.
La firma, con más de 100 años de trayectoria, dijo que la decisión responde al “actual contexto económico y comercial adverso”, cada vez más dominado por los importaciones y apuntó a problemas estructurales que “afectan la competitividad de la industria nacional”.
Los directivos hablaron de un escenario inviable para la continuidad de sus operaciones y sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo.
La empresa cuestionó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, tanto nuevas como usadas. También se remarcó la caída del poder adquisitivo; los altos costos financieros, laborales y energéticos; y la elevada carga impositiva.
La compañía dijo que ese escenario “generó una pérdida significativa de competitividad para la producción nacional”.
Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector registró una caída interanual del 24% en octubre de 2025, muy por encima del retroceso promedio de la industria manufacturera, que fue del 2,9% en el mismo período.
Durante 2025, el sistema de salud público de Mendoza recaudó $70 millones a partir de los pagos realizados por extranjeros no residentes que se atendieron en hospitales y centros de salud provinciales. Según datos oficiales, la facturación correspondió a 461 personas, lo que arrojó un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000.
La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque el monto pareció acotado en términos generales, “equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, y representó un aporte para la sostenibilidad del sistema.
El régimen se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rigió por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial y alcanzó a pacientes extranjeros no residentes, en tránsito o con residencia provisoria. En esos casos, los pacientes costearon la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en el país de origen.
De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de las atenciones correspondió a prestaciones ambulatorias. Correa explicó el perfil de demanda y señaló: “Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general”. La mayoría de los pacientes provino de países limítrofes, con mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.
En el detalle de aranceles, una consulta médica general tuvo un costo de $13.000 y una consulta en subespecialidades ascendió a $19.500. La consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos) se valuó en $81.900. Para traslados, el esquema contempló $130.000 por ambulancia con médico (hasta 30 km) y $2,08 millones por traslado aéreo en helicóptero. En internaciones, la clínica en adultos se tarifó desde $299.000 por día; la internación pediátrica de mediana complejidad, en $338.000; y la internación de alta complejidad, en $390.000 por día.
La provincia también registró situaciones excepcionales vinculadas a urgencias en Alta Montaña. En esos casos, se reportaron traslados de urgencia para turistas europeos con costos que alcanzaron los $20 millones.
Los datos consignaron que la atención a extranjeros representó entre el 2% y el 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público mendocino.
La gestión de la facturación se canalizó mediante Reforsal, organismo que además coordinó la facturación con prepagas y obras sociales locales. El material indicó que la medida buscó sostener la sustentabilidad de los servicios públicos y acompañar su funcionamiento.
En un contexto más amplio, la decisión de Mendoza se enmarcó en una tendencia regional: además de esa provincia, Salta, Jujuy y Santa Cruz, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron mecanismos para facturar atención de salud a extranjeros no residentes. Cada jurisdicción definió alcances, tarifas y excepciones, con el objetivo común de recuperar parte del costo que representó para el Estado la atención de personas que no contribuyeron regularmente con el sistema impositivo provincial.
El ascenso de Rocío Ángeles Julieta Gómez, de 22 años, representa la contradicción más cruda del discurso oficial. En abril de 2024 trascendió un video de ella, frente a estudiantes de la UBA, exclamando: “Creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo“. No obstante, su realidad administrativa cuenta una historia diferente: tras desempeñarse como fiscal de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, fue premiada en abril de 2025 con un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Sin experiencia previa, sin haber pasado por un concurso de oposición y sin cumplir con los requisitos mínimos de formación que exige el Estado, su contrato acaba de ser prorrogado, lo que desató una nueva ola de indignación en redes sociales ante la evidencia de una militancia financiada por el contribuyente.
La ingeniería financiera detrás de su sueldo es un insulto a la carrera administrativa y a la transparencia. Según el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) —el escalafón que regula los salarios estatales según nivel y grado—, a Gómez le correspondería un básico de $1.004.243,76 por su Nivel B de grado 0. Sin embargo, la militante necesitaba un sueldo mayor, pero como no cumple con los requisitos mínimos para ello, Karina Milei firmó unaexcepción y le otorgó un suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV de $1.270.019,70. De esta manera, el Estado más que duplicó su salario para alcanzar los $2.274.263,46 mensuales, cifra que se indexará automáticamente con cada paritaria —la actualización salarial por inflación—, blindando su nivel de vida mientras el resto de la sociedad debe trabajar para pagarle el sueldo.
Para comprender la magnitud de este beneficio, basta comparar los 2.2 millones de Gómez con los ingresos de quienes sostienen los servicios esenciales del país. Mientras la militante mileísta percibe este monto por “seguimiento de proyectos”, un médico clínico promedio en Argentina gana cerca de $950.000, una maestra de primaria con diez años de antigüedad ronda los $750.000 y un policía bonaerense apenas supera los $800.000. Gómez, sin título ni trayectoria profesional, cobra casi tres veces más que los profesionales que cuidan la salud y la seguridad de la población, demostrando que en este esquema, el activismo digital y la lealtad partidaria resultan mucho más rentables que cualquier vocación de servicio o formación académica.
Desde abril de 2025, Gómez se desempeña como “Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales” de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dependiendo de forma directa de Eduardo “Lule” Menem y, luego, de Karina y Javier Milei.
El antecedente Urbani: de cajero de McDonald’s a la coordinación nacional
Este fenómeno no es un hecho aislado, sino un patrón de colonización estatal que utiliza el dinero público como herramienta de premiación política. El caso de David Urbani es paradigmático y sirve para contextualizar que lo de Gómez no es un error, sino un método: en diciembre de 2023 se hizo público que su única experiencia laboral previa eran ocho meses como cajero en un McDonald’s.
Hoy, con una nula preparación técnica y sólo el bachillerato completo, Urbani acumula funciones como Auxiliar administrativo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón y como Coordinador de comunicación para LLA Nacional. Es el triunfo del “militante todoterreno” que, tras un breve paso por el sector privado, encontró en el Estado un refugio de doble ingreso.
La situación de Urbani refuerza la idea de una Cámpora mileísta que desprecia la meritocracia que declama. Sin trayectoria en gestión ni especialización en comunicaciones, su nombramiento nacional responde únicamente a su rol como pseudo-referente territorial y digital. Mientras el discurso oficial estigmatiza al empleado público de carrera, premia a jóvenes sin experiencia con sueldos jerárquicos, transformando las oficinas gubernamentales en una sucursal de empleo para el círculo de confianza del partido. Esta recapitalización del caso Urbani permite ver que la estructura estatal está siendo utilizada para profesionalizar a una militancia que, de otro modo, difícilmente accedería a cargos de tal responsabilidad y remuneración.
El mapa del nepotismo y de la casta digital
La lista de beneficiarios de este esquema es extensa y se ramifica por todas las dependencias oficiales, recordando las prácticas que el propio espacio político prometió erradicar. Juan Pablo Carreira (conocido como “Juan Doe”), el tuitero que durante años fustigó al empleo público, hoy encabeza la Dirección Nacional de Comunicación Digital; el youtuber mileísta Tomás Jurado (conocido como “El Peluca Milei”) y Gabriel Iván Gómez (editor de Carajo, el 678 del mileísmo) se refugiaron en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. A ellos se suman Ezequiel Ismael Acuña (conocido como “El Pasante”), panelista del programa de streaming del “Gordo Dan”, y Mariano Pérez (fundador del canal de YouTube “Break Point”), quien percibió un sueldo de la Legislatura Porteña entre el 10 de diciembre de 2021 y el 1 de julio de 2024, mientras cubría la actividad oficial.
Este entramado de militantes rentados se completa con casos como el de Lucas Tomás Luna (conocido como “Sagaz”), tras ser excluido de las listas de 2023 por comentarios discriminatorios contra los discapacitados, luego fue recompensado con una dirección en la empresa estatal Intercargo. Incluso áreas críticas como el Ministerio de Defensa y el INCAA han servido para dar cobijo a panelistas del streaming Carajo como Nicolás Promanzio (anunciado recientemente) y el tuitero Pedro María Lantarón (conocido en redes como “El Pit”), quienes cambiaron sus críticas al sistema por un recibo de sueldo oficial.
Finalmente, la red de contención se extiende a los círculos afectivos de los referentes del espacio, evidenciando un nepotismo sistémico. Agustín Romo, diputado provincial y jefe del bloque de LLA en la Legislatura Bonaerense, ha sido señalado por la inserción de una treintena de allegados, incluyendo a su pareja Valentina Lazbal y a su padre, en la estructura de Ferrocarriles Argentinos. En sintonía, María Belén Casas, pareja de Daniel Parisini (“Gordo Dan”), ocupa una jefatura de gabinete en el área de políticas universitarias; y la simbiosis es total: su jefe directo, el subsecretario Alejandro Álvarez, es un invitado frecuente en el programa de streaming de Parisini, donde utiliza el espacio para validar sus políticas ante la audiencia oficialista.
Este entramado de favores y clientelismo digital confirma que la supuesta batalla cultural que da el mileísmo no es una gesta heroica, sino una estructura de poder que utiliza las cajas del Estado para sostener a su propia casta de seguidores, traicionando la promesa de austeridad hecha a sus votantes.
La empresa Coteminas, de origen brasileño, dedicada a la fabricación de sábanas y toallas bajo marcas como Arco Iris y Palette, notificó la desvinculación de 57 trabajadores de su unidad productiva ubicada en La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Esta cifra se añade a las 56 bajas ocurridas en noviembre de 2025, acumulando un total de 113 despidos en un periodo de dos meses.
La empresa argumentó en un comunicado que los despidos se producen por “la delicada situación por la que está atravesando la industria nacional, en la que la industria textil lamentablemente no se encuentra exenta, motivada principalmente por la caída del poder adquisitivo, avalancha de importaciones, reducción de aranceles/impuestos a productos importados y costos de producción al alza“, señaló la empresa en un comunicado.
Coteminas detalló que estos factores, que incluyen elevados costos energéticos y financieros junto a la presión impositiva, provocaron una caída de ventas. Según la dirección, la medida busca “adaptar la producción al nuevo contexto de mercado”. La empresa manifestó que las decisiones “se toman con pesar y a conciencia del impacto social que esto genera”.
Visión del sector gremial
Desde la Asociación Obrera Textil (AOT), el delegado Mario Díaz señaló que la planta opera actualmente con cerca de un tercio del personal que tuvo en la década pasada, cuando alcanzó los 1.200 empleados.
“Ellos aducen que siguen con el mismo problema de sobre stock, que no pueden vender la mercadería, que es muy difícil vender el producto porque llegan importaciones a muy bajo costo y que el gobierno nacional lo está permitiendo”, afirmó Díaz a El Liberal.
El representante gremial añadió que la empresa ha mantenido una tendencia de desvinculaciones anuales tras la pandemia y advirtió que la gerencia ha sido clara en que, de no verificarse mejoras en el contexto económico, “van a seguir desvinculando gente”.
Cierre en Corrientes y Chaco
Este martes, la empresa Emilio Alal confirmó el cierre definitivo, de sus plantas de hilados y telas, argumentando que la situación actual ha vuelto “inviable la continuidad de sus operaciones” por la apertura de las importaciones y la caída del consumo. De esta manera, la pyme textil despidió a 260 operarios.
La crisis no solo afecta a la planta de hilados y telas en la ciudad correntina de Goya, sino también a la unidad productiva de hilados en Villa Ángela, Chaco.
Según indicaron, la decisión es consecuencia del “actual contexto económico y comercial adverso”, una realidad que no parece dar tregua, ya que la firma aseguró “no avizorar cambios de relevancia para el corto y mediano plazo”.
La crisis textil en números
Según datos de la Fundación Pro Tejer, la producción textil registró una contracción del 36,7% interanual en noviembre de 2025.
Asimismo, la utilización de la capacidad instalada en el sector cayó al 29,2%, el nivel más bajo de la industria manufacturera.
El informe de dicha entidad ratifica los puntos mencionados por la empresa:
– El ingreso de productos extranjeros aumentó un 71% interanual en cantidades durante 2025.
– El poder adquisitivo de los salarios registrados privados descendió un 4% interanual a noviembre de 2025.
– Las importaciones de prendas de vestir crecieron un 164% en toneladas en el último año.
Radio y Televisión Argentina cerró un acuerdo extrajudicial con el comunicador mientras el caso seguía sin definición en la Corte Suprema. Periodistas Argentinas pidió embargar el dinero para garantizar una “reparación efectiva” a 19 mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual.
La firma Coteminas notificó la desvinculación de una parte de su plantel de trabajadores en su planta de La Banda, por caída del consumo y el aumento de competencia importada
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
