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Los precios al consumidor subieron 1,5% en mayo de 2020 respecto de abril y acumularon un alza de 11,1% en los últimos cinco meses del año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, en los últimos 12 meses reflejó un incremento acumulado de 43,4%.
El dato destacado de mayo fue que por primera vez en lo que va del corriente año el rubro Alimentos registró una suba por debajo del promedio general, con un avance de 0,7%.
Entre los que más se incrementaron se ubicó la divisiónEquipamiento y mantenimiento del hogar, con un incremento de 2,8%, en el que incidió el segundo tramo de aumento de salario para trabajadores de casas particulares y en los precios de bienes no durables para el hogar.
En los primeros cuatro meses del año, el índice de precios al consumidor marcó una suba acumulada de 9,4%. En tanto, el rubro Alimentos y Bebidas registró en ese mismo período un incremento de 15,2%.
Desde la consultora Orlando Ferreres y Asociados señalaron que en mayo los precios de los alimentos subieron 1%, apenas por debajo del 1,3% registrado a nivel general.
De manera más precisa, la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, destacó que en mayo hubo categorías de productos de consumo masivo que tuvieron bajas en sus precios, básicamente por la abrupta caída de la demanda.
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El riesgo país, medido por el índice del banco J.P. Morgan, cayó este martes a 1.169 puntos básicos, su valor más bajo desde abril de este año. La cifra refleja un descenso de 35 unidades en los últimos días y representa un hito en el contexto de la administración libertaria de Javier Milei. Los analistas atribuyen esta caída a los esfuerzos del gobierno por mantener un superávit fiscal y reducir los índices de inflación.
Además, los bonos argentinos en dólares, que habían mostrado inestabilidad en meses anteriores, están alcanzando sus valores más altos desde 2019, con subas que oscilan entre el 1% y el 2%. Este incremento en los precios de los títulos soberanos coincide con un contexto internacional de incertidumbre, lo que ha incrementado el atractivo de los activos emergentes como los de Argentina.
OPTIMISMO DEL MERCADO Y REPUNTE DE BONOS
El repunte de los bonos soberanos se da en un escenario de relativa estabilidad cambiaria y una baja sostenida del dólar MEP, que cerró la jornada en torno a los $1.184. Esto supone una apreciación superior al 20% respecto a los máximos alcanzados hace tres meses, cuando el MEP rondaba los $1.428. Esta recuperación beneficia a quienes optaron por mantener sus inversiones en pesos, un dato clave en un contexto en el que los bonos en dólares vuelven a ganar terreno.
Este escenario optimista también se refleja en la mejora general de las paridades de la deuda soberana (con activos como el Bonar 2035 y el Global 2038 liderando las subidas). En diálogo con los medios, Martín Mazza, director de la consultora MM Investments, destacó que “los bonos soberanos argentinos han mostrado un notable impulso alcista, destacándose por su solidez en un escenario global marcado por la incertidumbre”. A su vez, resaltó que “la baja del dólar MEP ha beneficiado a quienes apostaron por el peso, y el flujo de dólares adicionales, producto del blanqueo, sigue impulsando las paridades de la deuda”.
CONTEXTO INTERNACIONAL
El optimismo del mercado financiero argentino se enmarca en un panorama internacional complejo: La guerra en Medio Oriente provocó una subida en los precios del petróleo, lo que genera incertidumbre en los mercados globales. Asimismo, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos continúa siendo una incógnita. En su última reunión, la Fed recortó la tasa de interés en 50 puntos base, un movimiento más agresivo de lo esperado, lo que incrementó las expectativas sobre futuras medidas. Sin embargo, persisten las dudas sobre la sostenibilidad de este enfoque, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y una economía global en desaceleración.
– El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell
A nivel país, el gobierno enfrenta desafíos adicionales, como la reciente licitación de deuda. La Secretaría de Finanzas deberá cubrir vencimientos por 5,1 billones de pesos, después de que la última licitación en septiembre no lograra cubrir la totalidad de los vencimientos, generando preocupación en los inversores. La incertidumbre política y las tensiones sociales también añaden presión a un gobierno que, si bien logró avances en el plano financiero, aún enfrenta obstáculos significativos en otros frentes.
Las acciones argentinas, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, experimentaron caídas significativas en las últimas jornadas, afectadas por factores tanto locales como internacionales. La Bolsa de Buenos Aires cayó un 2,4% en el arranque de la semana, y los ADRs argentinos en Wall Street también reflejaron pérdidas de hasta el 4% en empresas clave como Telecom, Pampa Energía y YPF.
Asimismo, persisten las incógnitas en torno a la política fiscal y monetaria del país. La inflación, que en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 4% en septiembre, sigue siendo un tema central de preocupación, a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlarla. Se espera que los próximos datos del INDEC confirmen esta tendencia, lo que podría generar mayor presión sobre la política económica de la administración de LLA.
Por otro lado, la calidad crediticia de Argentina, según la agencia Moody’s, no se recuperará completamente hasta finales de 2025. Aunque la agencia reconoce que las recientes medidas del gobierno han favorecido la recuperación económica, advierte que los riesgos macroeconómicos siguen siendo elevados. Moody’s también señala que, aunque las grandes empresas no financieras están mejorando su liquidez, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un escenario mucho más difícil para acceder a los mercados internacionales de capital.
El Gobierno prepara un decreto para eliminar la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. Se trata de uno de los cinco organismos que el Ejecutivo planea disolver en el corto plazo.
La Casa Rosada anunció este martes el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que implica el despido de 1388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Oficializó también la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
Todo forma parte de la reforma estatal que lleva adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ya eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y prepara el cierre de otros 60 organismos.
La desvinculación y la privatización de las sociedades del Estado están a cargo del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que tiene oficinas en Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
La Casa Rosada prepara la eliminación de los organismos desde marzo, pero necesitaba las facultades administrativas que le dio el Congreso a Javier Milei a fines de junio para poder oficializarlo. Trabajan en el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.
Tras la sanción de la Ley Bases, el presidente tiene la facultad extraordinaria eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten. Pone la mira en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
Las universidades, las dependencias del Poder Legislativo y las del Judicial quedaron fuera de la intervención del jefe de Estado. Lo mismo aplica para el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases fija el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Establece que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.
La inflación de septiembre alcanzó el 3,5%, la cifra más baja desde noviembre de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato representa una notable desaceleración frente al 4,2% registrado en agosto, rompiendo el piso del 4% que se venía observando desde mayo de este año. En los primeros nueve meses de 2024, la inflación acumulada ya llega al 101,6%, mientras que el incremento interanual es del 209%.
La baja fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien en sus redes sociales destacó que esta desaceleración se logró sin recurrir a medidas extremas como el control de precios o la fijación del tipo de cambio. “La inflación está bajando de manera genuina”, afirmó, en un mensaje dirigido a sus seguidores. El ministro de Economía, Luis Caputo, también expresó su optimismo, señalando que el proceso de desinflación continúa, respaldado por la “ortodoxia fiscal y monetaria” implementada por el gobierno.
El descenso en la inflación de septiembre se atribuye a varios factores. Entre los principales se encuentran la caída del consumo en sectores masivos, la estabilidad del tipo de cambio y la reducción del Impuesto PAIS sobre las importaciones de bienes y fletes, que fue implementada a comienzos del mes. Estas medidas, según los analistas, contribuyeron a la reducción de los precios de productos importados.
Consultoras privadas ya habían anticipado esta baja, proyectando una inflación de entre 3% y 3,8%. Entre ellas, la consultora C&T señaló que los datos recogidos en el Gran Buenos Aires mostraban una moderación de los precios, impulsada por menores ajustes en tarifas y una reducción en el costo de algunos alimentos, como verduras y bebidas alcohólicas.
SECTORES CON MAYORES SUBAS Y BAJAS
Dentro del informe del INDEC, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más aumentó en septiembre, con un alza del 7,3%, debido principalmente a las subas en tarifas y alquileres. Le siguió el sector de Prendas de vestir y calzado, que registró un aumento del 6% por el cambio de temporada.
Por otro lado, Alimentos y bebidas, el rubro con mayor impacto en el bolsillo de los argentinos, registró un alza del 2,3%, un porcentaje significativamente menor que el promedio general. Este rubro incluye aumentos moderados en productos esenciales como carne, pan y lácteos. La Canasta Básica Total, que determina el umbral de la pobreza, subió un 2,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria, usada para medir la indigencia, aumentó solo un 1,7%.
PROYECCIONES PARA OCTUBRE
Aunque la cifra de septiembre trae un alivio, los analistas prevén que la inflación podría mantenerse en niveles similares durante el mes de octubre, debido a los aumentos programados en tarifas de servicios públicos. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación del 3,4% para el próximo mes, aunque consultoras privadas (como Libertad y Progreso) señalan que podría estar más cerca del 3%.
El proceso de desinflación sigue siendo el principal objetivo del gobierno de Javier Milei, quien ha vinculado el fin de los controles cambiarios con la estabilización del índice inflacionario. No obstante, las proyecciones a largo plazo muestran que los desafíos persisten. El REM estima una inflación del 35% para 2025, casi el doble de lo que anticipa el gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto.
La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y factores estacionales, también mostró una baja, ubicándose en el 3,3% en septiembre. Esto sugiere que la desaceleración podría continuar en los próximos meses, aunque el ritmo dependerá de la evolución de las tarifas de servicios y del comportamiento del dólar en los mercados financieros.
El Gobierno de Javier Milei anunció, el pasado 10 de octubre, la privatización de 8.600 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 13 provincias, a través de un proceso de licitación internacional que se realizará en dos etapas. Según planteó el Ejecutivo, la medida busca reducir el déficit fiscal y mejorar la gestión, operación y mantenimiento de las rutas, que actualmente están a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A., la cual registra un déficit de 30 millones de dólares.
Corredores Viales S.A. administra algunos de los principales tramos viales del país, incluyendo rutas clave en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, y accesos importantes como la Autopista Riccheri, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires. La empresa estatal, creada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, fue señalada por no cumplir con los estándares mínimos de mantenimiento y operación, según datos del Gobierno. Debido a esta situación, las deudas operativas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el objetivo del sistema de peajes, que debía ser financieramente autónomo.
El proceso de privatización se estructurará en dos fases. La primera etapa, que comenzará en diciembre de 2024, involucrará la licitación de dos tramos del Corredor 18, actualmente bajo concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión expira en abril de 2025. Estos tramos incluyen rutas como la RN 12 y RN 14, vitales para el corredor del Mercosur, conectando el litoral argentino con Brasil y Uruguay. La segunda fase, en febrero de 2025, abarcará otros 5.513 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales S.A., incluyendo tramos no concesionados previamente, como la RN 33 en Santa Fe y la RN 18 en Entre Ríos.
El Gobierno asegura que esta medida permitirá un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares en un período de 20 años. Las empresas que ganen las concesiones solo podrán comenzar a cobrar peajes una vez que las rutas estén en condiciones óptimas de transitabilidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el proceso está diseñado para aumentar la transparencia y atraer tanto a empresas nacionales como internacionales, al señalar que este esquema “promueve una mayor competencia y confianza en el sector privado”.
El anuncio de la privatización coincide con un nuevo aumento en los peajes que entró en vigencia el sábado 12 de octubre. Esta suba afecta a las rutas nacionales y a los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Riccheri y el Acceso Oeste. El incremento se suma a los ajustes previos que se aplicaron a lo largo de 2024, en respuesta a la inflación y al índice de salarios, según lo dispuesto por Vialidad Nacional.
El esquema de ajustes tarifarios responde a la necesidad de evitar atrasos en el mantenimiento de los corredores viales, y forma parte de un plan de incrementos hasta fin de año. La medida ha generado críticas en algunos sectores empresariales, que expresan escepticismo debido a la inestabilidad económica actual y las dificultades que podrían surgir en el proceso de privatización. Un empresario del sector vial afirmó que “en este contexto macroeconómico, es muy difícil cerrar cualquier acuerdo financiero, sobre todo por el riesgo país y el control de cambios”.
Entre las rutas involucradas en este proceso destaca el Corredor del Mercosur, actualmente operado por CRUSA. Este tramo es crucial para el comercio internacional de Argentina con Brasil y Uruguay, y atraviesa provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La empresa CRUSA ha expresado su deseo de renegociar su contrato, aunque el Estado ya lanzó la convocatoria para licitar el corredor. CRUSA también se enfrenta a una disputa legal con el Estado por incumplimientos contractuales, lo que ha complicado su situación financiera.
En paralelo, un consorcio privado compuesto por empresas como Luis Losi S.A., Rovella Carranza S.A., y JCR S.A. mostró interés en hacerse con la concesión de la Ruta del Mercosur. Este grupo ha propuesto una inversión de 650 millones de dólares para mejorar y mantener los 618 kilómetros que conectan Zárate (Buenos Aires) con Paso de los Libres (Corrientes).
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
