10 septiembre, 2025

Caen las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno

En las semanas previas las acciones llegaron a caer hasta 25% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 4,5%. El resultado bonaerense profundizó la tendencia a la baja.
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Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Wall Street experimentaron fuertes caídas de hasta un 14% en el mercado previo a la apertura de este lunes, como reacción inmediata a la contundente derrota electoral que sufrió el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

“Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota”, afirmó públicamente el mandamás.

Esto sucede luego de que el bloque peronista y kirchnerista, agrupado bajo la coalición Fuerza Patria, lograra un amargo triunfo con el 46,93% de los votos en los comicios provinciales, mientras que La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, obtuvo apenas el 33,85%, una diferencia de más de 13 puntos porcentuales, perdiendo en 6 de las 8 secciones bonaerenses. Este resultado representa un revés significativo para el oficialismo en el distrito más poblado del país, que concentra el 38,6% del electorado nacional.

El premarket de New York, que funciona mientras los mercados regulares aún están cerrados, reflejó de manera inmediata el impacto del resultado electoral. Las acciones argentinas que se negocian como Recibos de Depósito Estadounidenses (ADRs) registraron pérdidas generalizadas. En el sector bancario los más golpeados fueron Grupo Financiero Galicia (GGAL), que cayó entre 14% y 15,21%; Banco Supervielle (SUPV), cuyo descenso se ubicó entre 11,36% y 12,11%; Banco Macro (BMA), que retrocedió entre 8,28% y 10,03%; y BBVA Argentina, que bajó 7,54%. En el sector energético, YPF sufrió una caída de entre 9,67% y 11,29%, Vista Energy (VIST) retrocedió entre 5,9% y 8,09%, y Pampa Energía registró descensos de entre 5,25% y 8,43%.

Los bonos argentinos tampoco lograron evitar la presión vendedora. Los títulos Globales emitidos bajo legislación de Nueva York mostraron bajas de entre 5% y 6,7%, con el Global 2030 cayendo 5,26%, el Global 2035 descendiendo 6,77% y el Global 2041 retrocediendo 6,08%.

Los resultados de esta acción fueron interpretadas por analistas y medios internacionales como una prueba de fuego para la gestión de Milei, especialmente considerando que él mismo había calificado estos comicios como “cruciales” para su proyecto político. Previo a las elecciones, el riesgo país ya había mostrado señales de tensión, escalando hasta 898 puntos básicos a principios de septiembre, su mayor nivel en cinco meses. Este incremento del 8,32% reflejaba la incertidumbre política y las dudas de los inversores sobre el devenir económico del país. Durante agosto, las acciones cayeron hasta 25% y los bonos en dólares emitidos bajo ley de Nueva York retrocedieron hasta 4,5%. El S&P Merval acumulaba en 2025 un retroceso superior al 30% medido en dólares.

La consultora 1816 señaló que el resultado electoral ajustará a la baja la probabilidad de que Milei sea reelecto en 2027, generando especulación sobre si surgirá una tercera alternativa política o se abrirán las puertas a un regreso del “peronismo de izquierda”. Esta incertidumbre explica la reacción negativa inmediata de los activos financieros.

Aunque Milei ratificó que “no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno” y que el rumbo se “va a acelerar y profundizar más”, los mercados interpretaron la derrota como un debilitamiento de su respaldo político, lo que podría complicar la implementación de reformas estructurales en un Congreso fragmentado, especialmente considerando que las elecciones nacionales de octubre definirán la composición del Estado para el final de su mandato en 2027.

A pesar de los esfuerzos por controlar la inflación y mantener el superávit fiscal, la actividad económica mostró signos de estancamiento, con caídas del consumo y la producción, sobre todo durante el trimestre hasta junio. El gobierno implementó intervenciones en el mercado cambiario para contener las presiones sobre el dólar, alejándose de la libre flotación cambiaria que había pregonado inicialmente Milei.

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Milei invitó a Netanyahu a Argentina para ser declarado “residente de honor”

El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.

En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.

La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.

Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.

La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.

En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.

La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.

La pesca cayó 74% en un año y puso en riesgo 5.000 empleos

La pesca registró en junio una caída interanual de 74,1% y fue el rubro de mayor incidencia negativa sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC. 

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, los principales efectos negativos se observaron en la industria manufacturera y en la construcción por su peso en PBI y empleo. Sin embargo, desde marzo la pesca fue el sector con mayores contracciones, fundamentalmente por la paralización en el segmento de crustáceos.

En el último Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero, el INDEC aclaró que los resultados estuvieron “afectados por un conflicto gremial extendido”. Dado el patrón estacional cambiante y la irregularidad de la actividad, el organismo sugirió analizar la tendencia‑ciclo junto con la serie desestacionalizada; ambas series exhibieron los niveles de producción más bajos desde mediados de 2016.

En 2024 el complejo pesquero exportó más de u$s2.000 millones y fue el octavo en relevancia exportadora a nivel nacional. En 2025 incidió el derrumbe de precios internacionales: el valor por kilo del langostino salvaje cayó cerca de 60% (de u$s12 a u$s5) por sobrecaptura y por la irrupción del langostino vannamei, de menor calidad y más barato. 

“En comercio exterior somos un importante actor en la región pero en lo que va del año ya se perdieron por no salir a faena más de u$s200 millones en exportaciones”, señaló Sebastián Pérez, industrial naval del sector servicios. Pérez añadió que otras especies (el calamar Illex y la merluza negra) compensaron parcialmente la baja de ventas.

“Alrededor de 113 buques tangoneros congeladores estuvieron cuatro meses amarrados en distintos puertos de Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn porque la actividad no era rentable, debido a varios motivos”, agregó Pérez.

Los empresarios solicitaron adecuar el convenio colectivo a la nueva realidad del sector, mientras que los sindicatos denunciaron intentos de rebajar más de 20% los salarios. Finalmente, se firmó un acuerdo con un descuento en los sueldos por viaje: “Por la crisis que argumenta el sector empresario, la cual tiene parada toda la flota tangonera langostinera, a nuestros afiliados con muchos meses sin trabajar y a las familias pasando necesidades: se descontará un 9% del salario bruto por cada viaje. PARA QUE LES QUEDE CLARO, EL DESCUENTO ACORDADO SERÁ SOLO POR ESTA TEMPORADA”, publicó a comienzos de agosto el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.

En Mar del Plata, entre suspensiones y despidos se calcularon cerca de 200 trabajadores; los sindicatos hablaron de más de 600. “Pero en realidad la crisis afecta a 5.000 trabajadores”, afirmó Pérez. Los asalariados registrados pasaron de 15.100 en febrero a 14.400 en mayo, según el SIPA. El consumo interno de pescados y mariscos fue de 7 kilos anuales por persona, el más bajo de la región, por lo que no compensó la caída exportadora.

Los industriales señalaron costos de producción elevados y solicitaron una reforma laboral y la quita de retenciones. Además, el sector afrontó el pago de cuotas del derecho único de extracción de especies clave, como la merluza y la vieira, que aportaron más de u$s26 millones al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) en lo que va del año, frente a u$s2,67 millones en todo 2023.

En respuesta, el Gobierno nacional analizó reducir o eliminar retenciones a las exportaciones pesqueras como parte de una estrategia para disminuir impuestos distorsivos. El Ministerio de Economía confirmó que la pesca quedó incluida en la agenda de revisión, en línea con el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete. Ante una consulta legislativa, dicho informe consignó: “El Ministerio de Economía por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, indica que se continuarán disminuyendo y/o eliminando los impuestos distorsivos, entre ellos, los derechos de exportación, y la pesca es uno de los productos en análisis”. Y añadió: “Es importante agregar que no se puede asimilar al sector agrícola ganadero con el pesquero, por ende, merecen un tratamiento distinto. El agro es una actividad netamente productiva que se desarrolla vinculada a un bien directa o indirectamente propio. La pesca, por el contrario, es una actividad mayormente extractiva vinculada a un recurso que pertenece a los argentinos en su conjunto”.

CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

Kicillof obliga a las billeteras virtuales a recaudar Ingresos Brutos

El gobierno bonaerense oficializó un régimen de retención de Ingresos Brutos para billeteras digitales. La Resolución Normativa 25/2025 de ARBA establece que los Proveedores de Servicios de Pago con Cuentas de Pago (PSPOCP), entre ellos Mercado Pago, Ualá y Naranja X, deberán cumplir el mismo rol que los bancos. El esquema se aplicará sobre operaciones electrónicas que hoy concentran millones de transacciones diarias en la provincia.

La medida regirá en dos etapas. Desde el 1° de octubre deberán cumplir los prestadores inscriptos en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. A partir del 1° de noviembre se sumarán los operadores no registrados en esa entidad. El esquema busca ordenar la transición y dar tiempo a las fintech para ajustar sus sistemas.

El régimen alcanza acreditaciones en cuentas de pago en pesos y en monedas extranjeras, con excepción del dólar estadounidense. También incluye valores transferibles y otros activos electrónicos considerados equivalentes a moneda. Están alcanzadas personas físicas y jurídicas que tributan en el régimen local bonaerense o bajo el Convenio Multilateral.

ARBA aclaró que no se trata de un nuevo tributo. La disposición incorpora a las billeteras al mismo esquema que desde hace más de 15 años rige para los bancos. Para su aplicación se creó el SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago), que funcionará en paralelo con el SIRCREB. Ambas plataformas estarán integradas para cruzar información y detectar inconsistencias.

Quedan fuera del alcance las acreditaciones vinculadas a jubilaciones, pensiones, remuneraciones, exportaciones, intereses de plazos fijos, dividendos de fondos comunes de inversión, devoluciones impositivas y planes sociales. La exclusión evita que los ingresos previsionales o personales de carácter no empresarial se vean alcanzados por el régimen.

El tributarista Sebastián Domínguez advirtió que el esquema puede generar saldos a favor recurrentes para empresas, especialmente pymes que operan de manera intensiva con cuentas virtuales. Como respuesta, ARBA amplió de $1.000.000 a $3.500.000 el monto máximo para solicitar la devolución exprés online.

Datos del Banco Central señalan que el uso de cuentas de pago virtuales creció un 42% interanual en 2024. Hoy más de 35 millones de personas en Argentina poseen al menos una billetera digital. Ese crecimiento explica la decisión de distintas provincias de sumar regímenes de retención para el sector .

En Córdoba, Santa Fe y Mendoza ya existen mecanismos similares. La novedad bonaerense es la creación de SIRCUPA, una plataforma diseñada exclusivamente para fintech. Además, la Comisión Arbitral recomendó a las jurisdicciones coordinar criterios para evitar dobles retenciones en operaciones interprovinciales.

El régimen será revisado cada seis meses. ARBA anunció que convocará mesas técnicas con cámaras empresariales y asociaciones de fintech para evaluar ajustes. La resolución completa, junto con su anexo técnico, está disponible en el Boletín Oficial bonaerense, donde figuran coeficientes, parámetros y fechas de vencimiento.

HISTÓRICO: Comenzó el primer juicio por matar a un yaguareté

El juicio oral y público comenzó el martes y se programó para tres jornadas, hasta el jueves, fecha en la que el tribunal anunció que daría a conocer la sentencia. Se trató de un proceso sin precedentes: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un debate oral por la caza de un yaguareté. “Es la primera vez que logramos llegar a esta instancia judicial en 75 causas en más de 20 años”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director de la Fundación Red Yaguareté.

El caso se originó a fines de julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el oeste formoseño. La desaparición de una vaca lechera motivó que el dueño del campo, Máximo Cisneros (61), pidiera ayuda a los changarines Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para hallarla. Salieron armados y con perros, encontraron a la vaca muerta y, cerca de los restos, vieron al yaguareté. Según relataron, los perros se abalanzaron y la situación se descontroló. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, contó Viterman. De acuerdo con el expediente, Claudio ejecutó el disparo de escopeta que mató al animal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”.

Poco después, los cuatro lo carnearon, cocinaron y comieron mientras se fotografiaban sonrientes junto al cadáver. Las imágenes mostraron al animal maniatado, colgado y despellejado. La piel nunca apareció; se especuló con que pudo haber sido vendida. El 27 de julio de 2024, las fotos llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho. Los acusados indicaron luego que las fotos “fueron tomadas por unos vecinos”.

Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. El dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia con sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos, primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria con salidas laborales entre las 7 y las 15; sus defensores solicitaron la ampliación de ese horario y la respuesta quedó pendiente. Máximo Cisneros llegó al juicio en libertad.

El viernes 25 de julio a las 9 de la mañana, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados por Infobae desde Ibarreta, bajo arresto domiciliario y en presencia de sus abogados, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Durante la entrevista hablaron por primera vez del caso: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijeron. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.

Los tres se definieron como trabajadores rurales sin estudios formales y describieron su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, agregó.

El yaguareté está protegido como Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, la máxima categoría de protección. La causa se calificó como caza de animales silvestres cuya captura estuvo prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. Lodeiro Ocampo cuestionó la supuesta legítima defensa: “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer. Además, matarlos está prohibido por ley: si alguien decide hacerlo, tiene consecuencias penales y económicas”. Sobre la respuesta de los hombres, añadió: “No hay una definición de qué hacer, pero con unos disparos el yaguareté se va”.

Según la Fundación Red Yaguareté, las manchas del ejemplar funcionaron como huellas digitales y permitieron identificarlo como uno de los cinco registrados en Formosa; ahora quedaron cuatro. En 2023, en Clorinda, también en Formosa, otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 pesos.

El yaguareté, el felino más grande de América, se encontró en peligro crítico de extinción en la Argentina. Se estimó alrededor de 250 ejemplares en todo el país, divididos en tres poblaciones: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en el Chaco seco) y porciones de la selva misionera. En el norte del país se calculó entre 200 y 300 individuos; en el Gran Chaco argentino apenas quedaron 20. La caza furtiva y la degradación de ambientes por acción humana, con escasez de presas, figuraron como las principales amenazas. “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

Para la Red Yaguareté, el debate oral que comenzó el 12 de agosto representó “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”. La organización remarcó que, históricamente, “ninguno de los planes nacionales o regionales para conservar al yaguareté contempló la convivencia del animal y las personas en zonas rurales, especialmente con la ganadería”. Lodeiro Ocampo sostuvo: “La Ley Nacional de Faunas tiene 45 años, está obsoleta. Para esa ley una liebre y un yaguareté es lo mismo. Estamos intentando modificarla para cambiar las penas para las especies que están declaradas Monumento Natural Nacional, es decir, las de mayor nivel de protección, que tengan pena de prisión efectiva”. También señaló que el humano no formó parte de la dieta del felino y que los ataques a personas se produjeron solo cuando el animal se sintió atacado o atrapado.

KIRCHNERISMO EXPLÍCITO: Aparecieron audios de “Nene” Vera coordinando micros para llevar militantes al acto de Milei

De cara al acto de cierre de campaña que el oficialismo realizará en la localidad bonaerense de Moreno, se difundieron audios del puntero político y diputado de PBA por La Libertad Avanza, Ramón “Nene” Vera, organizando la logística de colectivos para el traslado de militantes.

Esta práctica, marca registrada de la “vieja política”, hace honor al ¿pasado? político del camaleónico Vera, quien supo ser un histórico dirigente del kirchnerismo. En 2019 fue candidato a intendente en la lista del Frente de Todos de Alberto y Cristina Fernández. También militó para Cambiemos y para Sergio Massa.

El material llegó a DATA24 el lunes. En los audios se escucha a Vera avisar a sus pares los horarios de los colectivos, por si “alguien los necesita”: “Ya me pasaron varios, pero, los que no me pasaron y quieren movilizar y necesitan colectivos, el horario límite es de 15:00 a 15:30”.

Además, solicita que los militantes se contacten con una mujer que lleva el registro de pedidos en una planilla. Por ahora se desconoce su identidad. Según fuentes consultadas por este medio, los audios fueron enviados por Vera a un grupo de WhatsApp en el que solo pueden hablar los administradores.

No es la primera vez que queda bajo la lupa por algo similar. En octubre de 2024, durante un acto en Parque Lezama, el presidente Milei se jactó en X de la “espontaneidad” de la convocatoria y afirmó que no se había recurrido a micros. Sin embargo, una planilla publicada por el diario La Nación reveló que Vera estuvo entre los punteros que más gente aportaron: 1.300 sobre un total aproximado de 7.500 asistentes.

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