Milei invitó a Netanyahu a Argentina para ser declarado “residente de honor”

Prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, la visita quedó en suspenso por la guerra en Gaza. En paralelo, un exjuez federal pidió la detención de Netanyahu por una orden de la CPI.
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El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.

En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.

La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.

Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.

La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.

En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.

La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.

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Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

Kicillof gastó $1.400 millones en alumbrar barrios usurpados

El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), encabezado por Romina Analía Barrios, publicó la resolución 409-DEOPISU-2025, mediante la cual se aprueba la licitación pública 13/2025. El objetivo: llevar adelante las obras de alumbrado público y red de baja tensión en los barrios Evita, Tierras Argentinas, Más Barrios y Caracol II, todos en la ciudad de Bahía Blanca. El monto total presupuestado asciende a 1.440.891.750,97 pesos, que serán financiados íntegramente con fondos provinciales.

Lo que podría parecer una iniciativa social más, en realidad esconde una profunda contradicción: varios de los barrios beneficiados se levantaron sobre tierras usurpadas, muchas de ellas con procesos judiciales aún abiertos.

Mientras cientos de desarrolladores y particulares intentan, año tras año, cumplir con los requisitos legales y técnicos para acceder a los servicios eléctricos —pagando cifras en dólares y atravesando un laberinto burocrático que puede demorar más de un año—, quienes ocuparon terrenos de forma ilegal reciben la red eléctrica en cuestión de meses, financiada con el dinero de todos los bonaerenses.

Para ponerlo en contexto: cualquier empresa o desarrollador privado que busque extender el servicio eléctrico a un nuevo barrio debe presentar un proyecto técnico ante la distribuidora (EDELAP, EDENOR, EDESUR, etcétera), contratar a una empresa especializada para diseñar el tendido, realizar las correcciones que demande el ente regulador, comprar materiales, ejecutar la obra civil y eléctrica, e incluso adquirir un transformador propio.

El costo promedio de ese proceso, en algunos casos, supera los 100 mil dólares, y puede demorar entre doce y dieciocho meses. En contraste, en los barrios levantados sobre tierras usurpadas, los ocupantes se “cuelgan” de las líneas vecinas, y luego el estado provincial termina regularizando y financiando esas mismas conexiones ilegales.

BAHÍA BLANCA: Cuando la usurpación se vuelve política pública

El fenómeno no es nuevo, pero en Bahía Blanca ha alcanzado niveles alarmantes. El barrio Tierras Argentinas, por ejemplo, pasó en apenas dos años de trescientas a ochocientas familias, muchas de las cuales obtuvieron sus lotes mediante la fuerza o las armas, según vecinos del lugar.

“Los pocos terrenos que quedan se disputan literalmente a los tiros”, reconoció un vecino en declaraciones del barrio Tierras Argentinas.

– Axel Kicillof y Federico Susbielles

En tanto, el barrio Villa Caracol fue objeto de un estudio etnográfico de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que lo describe como una zona marcada por la pobreza estructural, el trabajo informal —especialmente el reciclado de basura— y la ausencia de servicios básicos.

Más allá del diagnóstico académico, lo cierto es que las usurpaciones en estos barrios no sólo implican la ocupación ilegal de tierras, sino también la proliferación de hechos de violencia, robos y abusos, que afectan directamente a los barrios vecinos. “Es habitual que, tras un robo en zonas aledañas, los delincuentes se refugien en estos asentamientos”, denuncian los frentistas.

Una provincia que castiga al que cumple y premia al infractor

La situación genera una sensación de injusticia generalizada. Quien actúa dentro de la ley es castigado con burocracia e impuestos, mientras quien actúa al margen es premiado con infraestructura gratuita.

El caso de Bahía Blanca no es aislado. Durante los últimos años, el gobierno provincial ha multiplicado las obras de integración urbana en terrenos tomados, sin resolver de fondo el problema de la propiedad y la legalidad. En muchos casos, se trata de una vieja estrategia para garantizar la acumulación de votos.

Un ejemplo paradigmático ocurre en la ciudad de La Plata. La llamada Megatoma de Los Hornos es la más grande de la región y actualmente viven en ella unas 60 mil personas. A pesar de la ilegalidad con la que se asentaron y de los recurrentes hechos de violencia, robos y abusos sexuales que se han denunciado en la zona, el gobernador Kicillof ha optado no sólo por mirar hacia otro lado, sino por premiarlos con los servicios y hasta el trazado de la calle. Todo a costa de los bonaerenses. La maniobra se vendió como una política pública para darle vivienda a quien no tiene. La realidad es otra: la ciudad de La Plata era gobernada por la oposición y, gracias a la llegada de esas 60 mil familias y la regularización, en tiempo récord, de sus nuevos domicilios, el peronismo obtuvo un vendaval de votos que colaboró con el triunfo en las elecciones del 2023 y 2025.

La paradoja es evidente: mientras los bonaerenses que cumplen las normas deben invertir fortunas para acceder a los servicios básicos, los usurpadores obtienen luz, agua y cloacas a costo cero, financiados por el resto.

El gasto coincide con los magros resultados obtenidos en las elecciones de medio término por el intendente de la municipalidad de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien sufrió una derrota contundente: la lista libertaria, aliada con el Pro, se impuso por más de 22 mil votos (46,1 contra 31,1).

En este escenario, la resolución 409-DEOPISU-2025 expone un modelo de gestión que incentiva la informalidad y el desorden territorial, bajo el discurso de la “inclusión social”. Pero detrás de ese discurso se esconde un mensaje peligroso: en la provincia de Buenos Aires, cumplir la ley sale caro; violarla, en cambio, es rentable.

*Fuente: REALPOLITIK

Amplio repudio a la decisión del Gobierno de subastar el histórico Regimiento de Patricios

El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.

Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.

El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.

El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.

La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.

Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.

“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.

El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.

La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.

– Nicolás Pakgojz

El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.

La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.

“Peajes sindicales”: los trabajadores pagan casi $2 billones por año en aportes obligatorios

En medio del debate por la reforma laboral, un informe del equipo que lidera Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado reveló el enorme peso de los aportes sindicales obligatorios.

Los trabajadores argentinos pagan hasta $1,3 millones por año en contribuciones a los gremios, que en conjunto recaudan casi $2 billones anuales, equivalentes a más de US$1300 millones.

El estudio analizó más de 50 convenios colectivos y detectó múltiples “aportes compulsivos”, incluso de empleados no afiliados.

El más frecuente es el “aporte solidario”, aunque también se incluyen pagos a cámaras empresariales e institutos controlados por los sindicatos.

El gremio de encargados de edificios cobra un 2% de aporte solidario y un 7,5% adicional, lo que equivale a $1,3 millones por trabajador al año.

Camioneros, con más de 240.000 afiliados, recauda unos $206.000 millones anuales, o $845.000 por trabajador. En Comercio, que agrupa 1,2 millones de empleados, los aportes llegan a $1 billón, cerca de $803.000 por persona.

En Construcción, los montos superan $1 millón por trabajador, mientras que los gastronómicos recaudan alrededor de $228.000 millones, y los metalúrgicos, $96.000 millones.

Sturzenegger calificó estos mecanismos como “una suerte de impuesto privado que no corresponde” , según indicó, el esquema actual refleja un sistema “arcaico y coercitivo” que desalienta el empleo formal.



LA MATANZA | El PRO retiró sus fiscales tras denunciar irregularidades de un puntero de Pareja

A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.

El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.

La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.

– Luis “El Negro” Ontiveros

Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.

Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.

En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.

La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.

También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.

Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.

Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.

Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.

Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.

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