Venezuela sufrió el peor desastre sísmico de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, pero la región más devastada fue La Guaira, el estado costero al norte de Caracas. El elemento central de esta tragedia fue el colapso masivo de los edificios residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), puesta en marcha en la gestión del exdictador Hugo Chávez.
“Todos los edificios quedaron iguales, se cayeron de lado. La gente está en las calles a la espera de que lleguen los rescatistas, pero el gobierno no hace nada”, destacaron los rescatistas venezolanos que se encuentran en la zona voluntariamente.
Al momento de la última actualización oficial del Estado venezolano, el saldo asciende a 1.430 muertos y 3.238 heridos, mientras que la ONU estima que más de 50.000 personas están desaparecidas bajo los escombros. Mientras estos edificios relativamente nuevos se derrumbaron, construcciones mucho más antiguas resistieron. Los bloques de Caricuao, El Valle, el complejo del 23 de Enero (construido por Pérez Jiménez antes de 1958) y hasta los históricos bloques de El Silencio, levantados en 1943, permanecieron en pie.
Ingenieros y especialistas advierten al menos cuatro factores estructurales detrás del problema. Entre ellos mencionan el uso de materiales de baja calidad, como tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla que quedaron expuestos tras la afectación, elementos que no son aptos para una construcción con resistencia sísmica. También señalan el incumplimiento de las normas antisísmicas vigentes en Venezuela desde el terremoto de 1967, disposiciones que, según distintos informes, no habrían sido respetadas en varias obras de la GMVV.
A eso se suma la edificación sobre suelos inadecuados, algo que Transparencia Venezuela ya había documentado al advertir que numerosos urbanismos fueron levantados en zonas de riesgo y con materiales deficientes. Finalmente, remarcan la falta de supervisión técnica, un punto sobre el que el Colegio de Ingenieros de Venezuela ya había alertado en estudios previos, al subrayar sobre la vulnerabilidad de estos edificios y la ausencia de estudios de suelo apropiados.
El “Urbanismo Hugo Chávez” en Catia La Mar, La Guaira —un complejo de 192 edificios y 3.400 apartamentos donde vivían unas 7.000 personas— quedó prácticamente destruido. Según testimonios recogidos de uno de los ocupantes de esas viviendas, “de 193 edificaciones, solo quedaron 3 en pie”. La GMVV fue creada en 2011 por Chávez, originalmente para dar respuesta a los 30.000 damnificados por las lluvias de 2010-2011. Rápidamente se convirtió en el programa social insignia del chavismo, con una inversión declarada de entre 67.000 y 95.000 millones de dólares según distintas estimaciones.
Sin embargo, desde sus inicios el programa estuvo atravesado por irregularidades documentadas por organizaciones como Transparencia Venezuela e IPYS Venezuela. Entre los principales señalamientos figuran los sobreprecios y la presunta corrupción sistemática en su ejecución, que en la primera década superó los 15.500 millones de dólares, en un esquema sobre el que, de acuerdo a las denuncias, “no hay manera de hacer contraloría”.
Cuando el Estado construye viviendas con materiales de segunda categoría —facturados como premium—, sin cumplir normas técnicas, sin supervisión independiente y en zonas de riesgo sísmico conocido, las víctimas no fallecieron solo por el terremoto. Murieron también por la corrupción que les vendieron como “vivienda digna”, lo que en realidad era una trampa mortal.
La comparación más brutal la ofrece el hecho de que edificios de 1943 y 1958 sobrevivieron donde edificios de 2012-2016 se derrumbaron como castillos de arena. No porque en ese entonces los terremotos fueran más débiles, sino porque quienes los construyeron —bajo regímenes anteriores, con todos sus defectos— al menos respetaron las reglas mínimas de ingeniería.
Asimismo aparece el caso de Alex Saab, el empresario colombiano hoy detenido en Estados Unidos, quien participó como contratista de la GMVV desde 2011 e importó materiales prefabricados de baja calidad adquiridos a precios mínimos pero facturados con valores inflados, en medio de presuntos sobornos a funcionarios de CADIVI, el SENIAT y la Guardia Nacional. A eso se suman contratos internacionales fallidos, con convenios firmados con Bielorrusia, Uruguay y Brasil por los que se transfirieron fondos millonarios para obras que nunca llegaron a completarse. En ese contexto, la GMVV fue señalada además por su uso político, al ser concebida más como una herramienta de campaña que como una política habitacional técnica, con adjudicaciones discrecionales y criterios vinculados al control social.
“Quiero felicitar a todos los trabajadores que están levantando esta ciudad aquí en Catia La Mar”, afirmó Chávez en el lugar donde hoy luce derruido, tras exaltar un convenio con Turquía.
— Tabla que enumera a los 10 primeros Ministros de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela, abarcando desde 1999 hasta 2010. Diosdado Cabello aparece dos veces en la lista
En 2013, apenas dos años después de iniciada la misión, ya tuvieron que demoler un edificio del urbanismo El Morro (Petare) por peligro de colapso, porque había sido construido sobre una falla geológica. Era una advertencia que nadie tomó en serio.
El doble terremoto que destruyó Venezuela
Lo que sacudió Venezuela no fue un terremoto seguido de réplicas menores. Los especialistas lo clasifican como un “doblete sísmico”. ya que se dieron dos eventos principales de magnitudes casi idénticas ocurridos de forma casi simultánea. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue el terremoto más potente registrado en Venezuela desde el año 1900. El segundo sismo, de 7.5, se produjo a solo 10 km de profundidad —un factor que lo hace especialmente destructivo, ya que la energía viaja más concentrada hacia la superficie.
Después de los dos sismos principales se registraron más de 214 réplicas, incluyendo una de magnitud 4.9 el domingo siguiente que obligó a interrumpir momentáneamente las tareas de rescate. Venezuela ya tenía un antecedente traumático, cuando el terremoto de Caracas de 1967 (magnitud 6.5) había dejado 283 muertos y derrumbado edificios de más de 10 pisos, especialmente en el litoral central —la misma zona que hoy vuelve a ser la más afectada.
La tragedia ocurrió en un contexto político excepcional. El 3 de enero de 2026, en una operación militar sin precedentes, Estados Unidos detuvo al exdictador Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, Delcy Rodríguez —la exvicepresidenta y hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— ejerce como presidenta encargada.
Es este gobierno de transición bajo tutela estadounidense el que enfrenta los estragos del terremoto. Rodríguez anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares proveniente de reservas venezolanas en el FMI para la reconstrucción. Por su parte, Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a través de organizaciones como World Vision, Catholic Relief Services y la OIM. Las pérdidas materiales totales son estimadas por la ONU en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
Más de 1.600 rescatistas internacionales de México, El Salvador, España, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Suiza, Países Bajos y EE.UU. trabajan en el terreno. La OIM estima que 6.76 millones de personas pueden verse afectadas, incluyendo 2 millones en Caracas. Cientos de venezolanos se refugian en parques con carpas, mientras equipos de búsqueda trabajan sin descanso entre escombros que podrían contener decenas de miles de víctimas.
La plataforma digital “Desaparecidos en Venezuela” registró más de 43.000 reportes individuales de personas cuyo paradero se desconoce, mientras el gobierno oficial reconocía apenas 188 muertos en las primeras horas —una diferencia que refleja, según críticos, la histórica subestimación oficial de las tragedias en Venezuela.
