El Mercosur y la Unión Europea acordaron un tratado de libre comercio
Tras la cumbre realizada en Montevideo, donde estuvieron presentes los máximos mandatarios de los estados miembros del Mercado Común del Sur, se anunció que se llegó a un acuerdo con la Unión Europea para firmar un tratado de libre comercio entre ambos bloques.
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En la sexagésima quinta cumbre del Mercosur, realizada en su sede en Montevideo, se reunieron los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Lula da Silva, de Brasil, Luis Arce, de Bolivia, Santiago Peña, de Paraguay, y JavierMilei, de Argentina.
A su vez, estuvo presente Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, quien manifestó en sus redes sociales: “Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur. Esto marca el comienzo de una nueva historia. Ahora espero discutirlo con los países de la Unión Europea. Este acuerdo funcionará para las personas y las empresas. Más empleos. Más opciones. Prosperidad compartida”, expresó en su cuenta de X.
Sin embargo, este acuerdo deberá ser firmado por cada uno de los países que conforman la Unión Europea, para que se haga efectivo el intercambio comercial. En este sentido, von der Leyer expresó que “este acuerdo es una victoria para Europa. 30000 pequeñas empresas europeas ya exportan al Mercosur. Seguirán muchas más. UE-Mercosur refleja nuestros valores y compromiso con la acción climática. Y nuestros estándares de salud y alimentación siguen siendo intocables.”
Este tratado comercial birregional generará una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Se reducirán aranceles, barreras comerciales, y se dinamizará la exportación de bienes entre las empresas de ambos continentes. Esto representa un mercado de más de 700 millones de consumidores y casi el 25% del PBI mundial, con más de U$D 17 billones.
Uno de los países que se opondría a este tratado es Francia, ya que considera que este acuerdo generará perjuicios a los agricultores franceses. Su presidente Emmanuel Macron buscará crear una minoría que bloquee el acuerdo que impida la ratificación del tratado. Por su parte, países como Alemania, España y Portugal, son grandes impulsores de este pacto.
El presidente argentino, Javier Milei, fue nombrado presidente pro-tempore del Mercosur, en reemplazo de Luis Lacalle Pou. En su discurso, fue crítico de los manejos del bloque a lo largo de estos años, “fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global”, expresó. Además, afirmó que el Mercosur “no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado”. Por este motivo, invitó a los países a que “acepten que este modelo está agotado, y busquemos una nueva fórmula que nos beneficie a todos”.
Milei confirmó que presentará una propuesta para ajustar el arancel común a estándares internacionales, generando mayor competencia en los mercados. Su presidencia buscará un régimen de mayor flexibilidad y autonomía comercial para los integrantes del bloque, para que cada país pueda comerciar acorde a sus necesidades y conveniencias. En materia de seguridad, se propondrá crear una agencia que persiga a las bandas criminales que operan en la triple frontera y buscan dominar los territorios de los países miembros.
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La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.
En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley.Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.
Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.
Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.
Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.
El senador nacional Edgardo Kueider, representante de la provincia de Entre Ríos y miembro del bloque Unidad Federal, fue detenido hoy miércoles en Paraguay cuando intentaba ingresar a ese país con más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. La retención ocurrió durante un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad —que conecta Paraguay con Brasil— según confirmó Oscar Orué, jefe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay.
“Se abrió el vehículo y se encontraron paquetes que contenían dólares no declarados. Se informó al fiscal interviniente y el dinero fue incautado. También se retuvo el auto del senador”, explicó Orué en declaraciones a la radio paraguaya AM780. Según el funcionario, Kueider no colaboró en el procedimiento ni justificó el origen del dinero.
El incidente generó una fuerte conmoción en el Senado. Aliado estratégico del oficialismo, Kueider fue una figura clave en votaciones recientes, como la aprobación de la Ley Bases, que consolidó apoyo legislativo para el gobierno de Javier Milei.
Desde el kirchnerismo, que “ya había roto relaciones” con el legislador tras su distanciamiento del bloque oficialista en 2022, la reacción fue contundente. El senador Oscar Parrilli sugirió un pedido de desafuero para que sea investigado “como cualquier otro ciudadano”. Por su parte, el interbloque Las Provincias Unidas, al que pertenece Kueider, emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a que “la Justicia esclarezca los hechos”.
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel, optó por la cautela, esperando mayores precisiones. Sin embargo, legisladores opositores se mostraron críticos. “Es tremendo que un senador esté involucrado en esto”, expresó un dirigente de Unión por la Patria.
ACUSACIONES PREVIAS Y VÍNCULOS POLÉMICOS
El nombre de Kueider ya estaba bajo escrutinio antes de su detención. En su provincia enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre las pruebas en su contra se encuentran inversiones inmobiliarias a nombre de terceros, incluidos departamentos de lujo registrados a nombre de su secretaria y de una empresa vinculada al senador.
A nivel federal, la jueza Sandra Arroyo Salgado también investiga su patrimonio, que, según su última declaración jurada de 2021, ascendía a 5 millones de pesos. Sin embargo, Kueider no presentó actualizaciones desde entonces, incumpliendo la normativa que exige declaraciones patrimoniales anuales.
SU RELACIÓN CON EL OFICIALISMO DE MILEI
Kueider jugó un rol estratégico en el Senado al acercarse al actual gobierno a través del asesor presidencial Santiago Caputo. Este vínculo lo consolidó como un aliado clave en votaciones esenciales y le valió propuestas como liderar la Comisión de Asuntos Constitucionales y, eventualmente, ocupar la embajada argentina en Uruguay.
La detención en Paraguay podría derrumbar estas aspiraciones y agravar su situación judicial. Según fuentes judiciales, el origen del dinero incautado podría estar relacionado con presuntas coimas. En Entre Ríos, hay versiones indican que Kueider habría recibido 500 mil dólares para votar a favor de la Ley Bases.
El caso Kueider reavivó el debate sobre la transparencia y la ética. Con 17 asesores en el Senado y una carrera política que comenzó de la mano de el actual diputado Bordet, el escándalo amenaza con sepultar su trayectoria. “Este episodio demuestra el deterioro ético en la política”, señaló un dirigente opositor.
El senador deberá declarar en las próximas horas ante la fiscalía de Ciudad del Este, donde se determinará si será imputado formalmente. Mientras tanto, su futuro político y judicial pende de un hilo.
Durante un acto oficial en Casares, provincia de Buenos Aires, donde se entregaron viviendas y se inauguró la Casa de la Provincia junto a otras obras, Lucas Terra, un joven con discapacidad, fue agredido por miembros de la custodia del gobernador Axel Kicillof. El incidente ocurrió tras un grito de Terra dirigido al mandatario:“Dejá de mentir, dejá de robar”. La acción derivó en que dos efectivos policiales de civil lo tomaran del cuello y le propinaran un golpe de puño mientras lo retiraban del lugar.
– El intendente de Casares, Daniel Stadnik junto al gobernador Kicillof en el acto donde el joven fue agredido
Lucas Terra, quien desde hace años solicita una vivienda adaptada a su situación de discapacidad, narró su experiencia: “Yo estoy hace años anotado para una vivienda. Lo único que le dije (a Kicillof) es: ‘Dejá de mentir, dejá de robar’. Fue ahí que me agarró un gordo del cogote, me pegó una piña. Tengo certificado de discapacidad. Me pegaron, no me dio tiempo a atinar a nada…”, explicó al medio Casares On Line. Terra también agregó que su intención inicial era hablar con el gobernador, saludarlo y tomarse una foto.
Tras el ataque, Terra realizó una denuncia formal contra los guardaespaldas de Kicillof y destacó la intervención de los funcionarios municipales Juan Goreta y Claudio Coronel. “Si no fuera por ellos, no sé qué me podía pasar”, dijo.
El intendente de Casares, Daniel Stadnik, inicialmente declaró desconocer los hechos, pero posteriormente confirmó haber hablado con Goreta y Coronel. Según estos últimos, la custodia del gobernador actuó desconociendo que se trataba de una persona con discapacidad. “Ante esa situación, intercedieron para explicarle [a la custodia] que era un chico especial. Si no fuera por ellos, se lo habrían llevado detenido”, relató Stadnik.
El jefe comunal también lamentó el episodio y expresó su compromiso de seguir ayudando a Terra dentro de las posibilidades del municipio. “Nosotros siempre estamos ayudándolo de una u otra manera porque sabemos de su situación, pero le habíamos dicho que no teníamos casa para entregarle. Tendremos que ver de qué manera podemos ayudarlo”, concluyó Stadnik.
Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).
Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.
La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.
Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.
HECHOS
El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:
1.- VTV Norte SA (CUIT 30-68520007-0);
2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);
3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);
4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);
Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.
La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.
En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.
La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.
Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.
Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.
Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.
La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.
Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.
Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.
Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.
El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.
Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.
Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.
A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.
Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.
En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.
Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.
EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:
Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.
Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.
El Gobierno nacional está evaluando la demolición del edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente conocido como Capital Humano, ubicado en la Avenida 9 de Julio. Este inmueble lleva desde 2011 las imágenes gigantes de Eva Perón.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló este sábado que desde el Poder Ejecutivo analizan demoler el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social, emplazado sobre la avenida 9 de Julio, que tiene la imagen característica de Eva Perón. La noticia se conoce luego del anuncio de Sandra Pettovello de avanzar con un “proceso de reordenamiento” en sus espacios públicos para “garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política”.
“La demolición del edificio que está en medio de la 9 de Julio no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires por los ‘90 y era un tema que siempre estaba en discusión”, recordó Francos en diálogo con Radio Mitre.
“NO ES CONTRA EL PERONISMO, ES PARA MEJORAR EL TRÁNSITO”
En ese sentido, el funcionario detalló que el “edificio está en muy malas condiciones” y “entorpece el tránsito dentro de una avenida troncal y central”. “Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura que tiene su Ministerio en todos los órdenes. Está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme porque no está en buen estado y ella será la que le proponga al Poder Ejecutivo cómo seguir con ese edificio”, concluyó.
El funcionario libertario explicó que la propuesta responde a un proyecto de apertura del tránsito en la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. “No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, por lo que la Ciudad no tiene injerencia”, aseguró.
La Universidad kirchnerista Madres dePlaza de Mayo, que en 2023 recibió subsidios por $4500 millones y que tuvo 0 graduados en ese período, utilizaba un edificio ubicado en Rivadavia al 2700, cedido por el Estado Nacional para uso exclusivo de la universidad. La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento al inmueble en el que se encontró, entre otras irregularidades, un boliche clandestino.
“El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos. Sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, alumnos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche” explicó Adorni mientras mostraba las fotografías que daban fe de lo que allí se encontraba.
“Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos. Este es el motivo por el cual el Ministerio de Justicia presentó la denuncia penal correspondiente” agregó el vocero presidencial.
Lejos de conformarse con un boliche clandestino, Adorni continuó detallando lo que se encontró en el procedimiento policial: “En el tercer piso, que era en donde se hacían fiestas, además vivía una familia en el lugar. En los dos primeros pisos funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), vinculado a uno de los famosos ex piqueteros -porque ya no cortan más la calle-, en donde se encontraron banners con las frases ‘Vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidente condenada, Cristina Kirchner”.
“Además funcionaba la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la cual funcionaba durante agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15:30 a 18:30, y también la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina. Vaya a saber Dios qué función desempeñaba en un edificio de estas características” cuestionó el funcionario.
– El artículo de la resolución que explicita la sesión a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo
Por su parte, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el edificio será recuperado para posteriormente ser vendido. “El Ministerio de Justicia de la Nación informa que ha presentado una denuncia penal, donde solicitó un allanamiento urgente que está en curso, tras descubrir el uso clandestino e irregular de un inmueble cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos en un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro.”
“Durante la inspección realizada por esta cartera, se constató que en el lugar operaba un establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas, pero eso no es todo: el espacio también se utilizaba para actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble.”
“Como si esto fuera poco, en el año 2023, el Ministerio de Justicia destinó el equivalente a $4500 millones de pesos de hoy a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sin que se recibiera un solo alumno. Este inmueble, lejos de ser un instituto educativo, se convirtió en un centro de juerga y adoctrinamiento político financiado por el dinero de los argentinos.”
“Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por la casta. El inmueble será recuperado para su posterior venta, y los responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, sentenció el comunicado.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos maten? Estamos hartos. En lugar de preocuparse por lo que decimos y mandar al caradura de @M_Saredi a mentir con estadísticas que no le importan a nadie, hagan algo de una vez, @FerEspinozaOK, @Kicillofok. Hace 40 años que gobiernan… https://t.co/vSkAo96VJG
