Irán incluyó a la Argentina en su lista oficial de “países enemigos”

Un informe presentado ante la ONU acusa al país de "complicidad" con la ofensiva israelí y vincula a Milei con el alineamiento a Washington y Jerusalén.
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El régimen iraní presentó un informe oficial ante las Naciones Unidas (ONU) donde incluye por primera vez a Argentina entre los países enemigos por su apoyo a las acciones militares israelíes contra Irán.

El documento, titulado “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República de Irán desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025”, fue distribuido por la misión iraní en Nueva York a varias representaciones diplomáticas la semana pasada, a pocos días antes del 31° aniversario del atentado a la AMIA.

“El 13 de junio de 2025, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista expresando su apoyo a las acciones militares anteriores de Israel”, redactado explícitamente en el boletín iraní, referenciando las declaraciones públicas que el mandamás realizó durante su gestión, donde afirmó categóricamente que “Irán es enemigo de Argentina”.

– El presidente encabezó el acto

Este acta constituye la primera vez en la historia que Irán incluye oficialmente a Argentina en su lista de “países enemigos”. En el párrafo 92 del documento, se específica que a la par “algunos otros países han declarado su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay”.

Las acusaciones iraníes se enmarcan en el contexto de lo que se conoció como la “Guerra de los 12 días” entre Israel e Irán, que tuvo lugar entre el 13 y 25 de junio de 2025. Este conflicto se inició cuando Israel lanzó la “Operación León Ascendente” contra instalaciones nucleares iraníes, considerando el programa nuclear de Irán como una amenaza existencial.

“Irán es una teocracia que quiere exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente”, afirmó Milei anteriormente, en referencia a Israel.

Durante este conflicto, más de 627 personas murieron en Irán y al menos 28 en Israel. Israel atacó 27 puntos estratégicos y eliminó a 14 generales iraníes de alto rango, mientras que Irán respondió con la “Operación Promesa Verdadera III”, lanzando más de 150 misiles balísticos y 100 drones contra territorio israelí.

El parte oficial iraní es una represalia ante el alineamiento incondicional del gobierno de Milei con Israel y Estados Unidos. Durante su visita a Israel en junio de 2025, reafirmó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y expresó su “apoyo incondicional” a las políticas bélicas israelíes.

– El ayatolá Ali Jamenei

El presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, advirtió sobre “la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”. Esta advertencia cobra especial relevancia considerando los antecedentes de los atentados de los años 90 y la presencia de células operativas iraníes en la región.

Un informe del Ministerio de la Diáspora israelí destapó vínculos operativos entre el régimen iraní y células en Buenos Aires, incluyendo conexiones con la mezquita At-Tauhid y figuras vinculadas al terrorista Mohsen Rabbani, quien participó en el ataque a la AMIA, el 17 de marzo de 1992, cuando un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 22 muertos y 242 heridos. Posteriormente, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la AMIA, causando 85 muertos y más de 300 heridos.

La justicia argentina determinó que Irán fue el autor intelectual de ambos atentados, ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. En 2006, se acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y se ordenó la captura de ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés. En abril de 2024, la Cámara de Casación Penal confirmó definitivamente que “Irán organizó la masacre y la calificó como un delito de lesa humanidad”.

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Trump pidió eliminar el comité de la ONU que cada año respalda el reclamo por las Islas Malvinas

El gobierno de Donald Trump pidió eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo llegó el pasado jueves 15, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General en Nueva York. Allí, la representante estadounidense Tammy Bruce solicitó la finalización del mandato del organismo y calificó parte de su actividad como un despilfarro de recursos.

Desde el principal aliado internacional de la Casa Rosada llegó así una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos. Ocurrió en plena ofensiva del Gobierno por el archipiélago y contra la explotación petrolera en sus aguas.

—El comunicado oficial de la ONU que da cuenta del pedido de Estados Unidos para terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización

De acuerdo con el comunicado de prensa GA/SPD/841 que difundió la ONU, la funcionaria afirmó que el comité “dejó de cumplir su propósito original”. Recordó que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros, mientras el organismo “opera como si nada hubiera cambiado” y revisa los mismos textos cada año. También apuntó contra “los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, que consideró una pérdida de tiempo y de dinero para la organización.

Como ejemplo eligió a Puerto Rico. La Asamblea General quitó a la isla de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero el comité celebra audiencias sobre ella todos los años. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, remató. Su intervención no mencionó a las Malvinas.

El C-24, como se lo conoce en la jerga diplomática, nació en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General para impulsar el fin del colonialismo. Lo integran 29 Estados y examina 17 territorios no autónomos, diez de ellos bajo administración británica, Malvinas incluida. Desde 1983 aprueba cada año una resolución que insta a Buenos Aires y Londres a negociar la soberanía, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General, de 1965. Estados Unidos abandonó el comité en 1971, con el argumento de que no le permitía cumplir un rol constructivo.

En esa misma sesión, la Cuarta Comisión aprobó más de 20 proyectos de resolución y una decisión, muchos surgidos de recomendaciones del C-24. Estados Unidos, el Reino Unido e Israel fueron los únicos votos en contra del texto sobre difusión de información sobre descolonización, que reunió 164 apoyos. La delegación británica, por su parte, reclamó que el comité reconozca la “modernización” de su vínculo con los territorios de ultramar.

Para Javier Milei, la jugada abrió la primera diferencia geopolítica con Trump. El Presidente comparte con el republicano la desconfianza hacia la eficacia de la ONU, pero considera al C-24 uno de los pocos escenarios multilaterales disponibles para el reclamo. 

Se espera que el canciller Pablo Quirno anuncie el rechazo argentino ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que llegan esta semana a Buenos Aires para promover una iniciativa de infraestructura con inversión estadounidense. El viernes, Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos “reafirmaron la solidez de la asociación”, aunque no trascendió si conversaron sobre las islas.

Para cerrar el comité hace falta la aprobación de la Asamblea General. Allí Estados Unidos no tiene poder de veto, y el C-24 cuenta con el aval de una amplia mayoría de países.

La postura de Washington choca con el discurso de Milei en la última Asamblea General. “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo el Presidente desde el atril neoyorquino, donde acusó a la ONU de “inútil” y de “mirar hacia otro lado con la causa”. Recordó que hace 50 años la resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales y se preguntó “de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario”.

Los tres cancilleres de Milei defendieron el reclamo ante el C-24. Diana Mondino recordó en 2024 los 191 años de ocupación británica. Un año después, Gerardo Werthein la definió como “un acto colonial, contrario al derecho internacional”. En junio pasado, Quirno denunció la “militarización” del archipiélago y rechazó el argumento británico de la libre determinación: “Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.

El pedido de Washington coincidió con el momento de mayor tensión con Londres. La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y el Reino Unido respaldó de manera explícita a las empresas involucradas. Compañías estadounidenses también expresaron su preocupación por las sanciones que prevé la Ley de Soberanía.

Trump había alentado la estrategia oficial cuando evaluó revisar la neutralidad histórica de su país sobre el archipiélago y se ofreció como mediador. Sin embargo, después de reunirse el 22 de septiembre con el primer ministro británico, Andy Burnham, descartó esa mediación.

La ofensiva contra el C-24 forma parte de los recortes que Washington impulsa en la ONU como su principal contribuyente. Esos recortes coinciden con la carrera para suceder a António Guterres, en la que compite el argentino Rafael Grossi con el apoyo de Milei.

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