DÓLAR BLUE | Las 2 claves para el mes de julio: ¿mantiene suba o vuelve la calma?

El dólar blue no paró de subir en los últimos dos meses y el mercado analiza cómo puede ser su comportamiento en julio. Lo que hay que tener en cuenta para este mes
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Arrancó el mes de julio y en esta nueva etapa el mercado empieza a analizar qué puede venir para las distintas variables que impactan en la economía. Una de ellas es la dinámica del dólar blue, que en el cierre de junio alcanzó su valor nominal récord, al tocar los $1.335 para la compra y $1.365 para la venta. El tipo de cambio informal trepó de $140 (+11,4%) en los últimos 30 días y ya había subido $185 (+17,8%) en mayo, luego de tres meses con leves oscilaciones. ¿Seguirá la tendencia en las próximas 31 jornadas? ¿Qué elementos le marcarán el pulso?

Varios elementos marcaron la trayectoria del dólar blue en junio. Uno esencial, fue el pago del medio aguinaldo, que suele ser una variable estacional clave para este mercado, otro, el debate por la ley Bases, que finalmente se aprobó en Diputados, y también la dificultad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas en un momento del año en el que la cosecha gruesa suele ser garantía de acumulación de dólares para el regulador monetario.

Fue una buena noticia que haya llegado a un acuerdo con China respecto del tramo de libre disponibilidad del “swap” por el equivalente a u$s5.000 millones. Pero terminó el sexto mes del año con ventas por u$s84 millones y el mercado presiona por una aceleración del “crawling peg”, pese a que el Gobierno descartó una y otra vez una devaluación y ratificó el dólar “blend” para los exportadores.

ACUMULACIÓN DE RESERVAS EN EL BCRA: CLAVE PARA EL BLUE

Según el economista Pablo Ferrari, “la trayectoria del dólar blue dependerá, principalmente, de cómo evolucione la acumulación de dólares del BCRA en julio”. Y apunta que esto está muy relacionado con la actividad económica.

“Vimos que, en el primer trimestre del año, bajaron mucho las importaciones y eso implica recesión. Por lo tanto, creo que, al seguir la hoja de ruta del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se está haciendo es generar más freno a la actividad. Por ende, a menos que el organismo decida desembolsar más dólares antes de septiembre se le va a complicar al Gobierno aflojar ese cepo. Puede graduarlo con el ingreso de divisas del blanqueo, pero necesita que en algún momento entren fondos frescos más fuerte”, apuntó.

LA TASA: OTRO ELEMENTO DETERMINANTE

Por su parte, el economista Joel Lupieri, de Epyca Consultores, apunta que “la interacción entre la tasa de interés y la expectativa de inflación futura que está generando la suba del dólar MEP”. Ese tipo de cambio, al igual que el Contado Con Liquidación (CCL) se arbitran con el informal y eso hace que la tasa sea un elemento que aparece como preponderante hacia adelante.

“El blue está tomando una dinámica propia producto de la baja de tasas en el último trimestre y que no está teniendo dique de contención por parte del Gobierno”, según Lupieri. Y es que la política de tasas reales negativas se mantuvo a lo largo del mes pasado. Recordemos que el BCRA bajó fuerte entre diciembre y mayo el índice de política monetaria (el de pases) y la llevó del 133% al 40% nominal anual en ese plazo. Eso equivale a un rendimiento efectivo mensual del 3,3%.

Con el interés que pada el plazo fijo desregulado, los bancos están pagando alrededor del 3% al mes en algunos casos, lo que hizo que muchos ahorristas decidieran salir de la renta en pesos y migraran hacia el dólar. Así se vivió una pequeña corrida cambiaria en mayo y el blue interrumpió su calma previa para iniciar tendencia alcista en mayo y junio.

El Gobierno aseguró que llegó a su fin esa etapa de tasas negativas (un 3,3% de rendimiento efectivo mensual contra una inflación del 4,2% en mayo). Y, para el economista y director de MyR Consultores, Fabio Rodríguez, “es fundamental que suban las tasas de los plazos fijos” para contener la dinámica cambiaria, “más aun, dado que se conocerá la inflación de julio, que se anticipa en torno al 5,5%”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intenta establecer el rendimiento de los instrumentos de deuda del Tesoro como tasa de referencia, lo que alinearía ese parámetro más con la inflación dado que, hoy, las Letras de Capitalización (LECAP) rinden alrededor de un 4,3% mensual. Esto se da en un marco en el que él, junto a Santiago Bausili, hicieron el lanzamiento de una nueva etapa en el plan de estabilización del equipo de Economía.

Se anunció que el BCRA dejará de emitir dinero para financiar sus pasivos remunerados, para ello, se reemplazarán esos instrumentos por otros del Tesoro y éste pagará los intereses. Así aseguraron que el Central va a seguir administrando la política monetaria, pero ya no sufre la consecuencia de que los movimientos en la tasa de interés resulten en mayor emisión monetaria.

EL PLAN DE CAPUTO INCIDIRÁ EN EL BLUE

Según Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, este será un elemento importante para el dólar blue: “El hecho de que BCRA logre recuperar el manejo de la tasa sin necesidad de emitir puede ayudar a calmar”. En ese sentido, ahora, tendrá una herramienta más para controlar la dinámica cambiaria, pero advierte que hay que ver “si todo el resto acompaña”. Así, considera que el mercado estará atento al resultado fiscal (clave para que el Tesoro pueda garantizar el respaldo de los nuevos instrumentos de deuda), la acumulación de reservas y a las expectativas de inflación.

TASAS INTERNACIONALES Y DESREGULACIÓN

Por otro lado, Reschini considera que también serán importantes las próximas reformas de desregulación, y, “en el plano externo, como hace un tiempo vengo señalando, el real brasileño, las cotizaciones de commodities agrícolas y las decisiones de la Reservas Federal de Estados Unidos (Fed), sobre las tasas.

DÓLAR BLUE: LO QUE SE ESPERA EN JULIO

Como plantea Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, julio es “un mes con pronóstico todavía incierto” en el que, seguramente impactará la reglamentación de la ley Bases. Así, para él, “en la primera quincena del mes veremos un panorama no muy diferente al del cierre de junio para el dólar blue”.

Y, más hacia fin de mes, se definirá si la implementación de los anuncios que hizo el Gobierno, sumado a la evolución de la implementación de la ley Bases y la compra de reservas del BCRA calman las expectativas. “De ser así, es probable que veamos una mayor tranquilidad con los precios anclados en niveles similares a los actuales”, anticipa.


*FUENTE: Pilar Wolffelt – Diario Ámbito Financiero

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El PRO se encolumna en la Provincia y denuncia una “actitud destructiva” de los libertarios

El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.

A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.

Ritondo ya dio señales de pragmatismo:

Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.

Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.

A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.

Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.

La diputada nacional Florencia De Sensi

La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.

Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.



*Fuente: Carla Pelliza

CRISIS TEXTIL: fabricante de sábanas despide a más 113 personas en Santiago del Estero

La empresa Coteminas, de origen brasileño, dedicada a la fabricación de sábanas y toallas bajo marcas como Arco Iris y Palette, notificó la desvinculación de 57 trabajadores de su unidad productiva ubicada en La Banda, provincia de Santiago del Estero.

Esta cifra se añade a las 56 bajas ocurridas en noviembre de 2025, acumulando un total de 113 despidos en un periodo de dos meses.

La empresa argumentó en un comunicado que los despidos se producen por “la delicada situación por la que está atravesando la industria nacional, en la que la industria textil lamentablemente no se encuentra exenta, motivada principalmente por la caída del poder adquisitivo, avalancha de importaciones, reducción de aranceles/impuestos a productos importados y costos de producción al alza“, señaló la empresa en un comunicado.

Coteminas detalló que estos factores, que incluyen elevados costos energéticos y financieros junto a la presión impositiva, provocaron una caída de ventas. Según la dirección, la medida busca “adaptar la producción al nuevo contexto de mercado”. La empresa manifestó que las decisiones “se toman con pesar y a conciencia del impacto social que esto genera”.

Visión del sector gremial

Desde la Asociación Obrera Textil (AOT), el delegado Mario Díaz señaló que la planta opera actualmente con cerca de un tercio del personal que tuvo en la década pasada, cuando alcanzó los 1.200 empleados.

“Ellos aducen que siguen con el mismo problema de sobre stock, que no pueden vender la mercadería, que es muy difícil vender el producto porque llegan importaciones a muy bajo costo y que el gobierno nacional lo está permitiendo”, afirmó Díaz a El Liberal.

El representante gremial añadió que la empresa ha mantenido una tendencia de desvinculaciones anuales tras la pandemia y advirtió que la gerencia ha sido clara en que, de no verificarse mejoras en el contexto económico, “van a seguir desvinculando gente”.

Cierre en Corrientes y Chaco

Este martes, la empresa Emilio Alal confirmó el cierre definitivo, de sus plantas de hilados y telas, argumentando que la situación actual ha vuelto “inviable la continuidad de sus operaciones” por la apertura de las importaciones y la caída del consumo. De esta manera, la pyme textil despidió a 260 operarios.

La crisis no solo afecta a la planta de hilados y telas en la ciudad correntina de Goya, sino también a la unidad productiva de hilados en Villa Ángela, Chaco.

Según indicaron, la decisión es consecuencia del “actual contexto económico y comercial adverso”, una realidad que no parece dar tregua, ya que la firma aseguró “no avizorar cambios de relevancia para el corto y mediano plazo”.

La crisis textil en números

Según datos de la Fundación Pro Tejer, la producción textil registró una contracción del 36,7% interanual en noviembre de 2025.

Asimismo, la utilización de la capacidad instalada en el sector cayó al 29,2%, el nivel más bajo de la industria manufacturera.

El informe de dicha entidad ratifica los puntos mencionados por la empresa:

– El ingreso de productos extranjeros aumentó un 71% interanual en cantidades durante 2025.

– El poder adquisitivo de los salarios registrados privados descendió un 4% interanual a noviembre de 2025.

– Las importaciones de prendas de vestir crecieron un 164% en toneladas en el último año.

El gobierno endureció el control marítimo y avanzó contra la pesca ilegal extranjera

Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.

El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real. 

Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.

El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.

El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.

Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.

Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.

La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.

¡POPULISMO RECORD! | Los planes sociales crecieron por encima de la inflación y ya superan los 6 millones de beneficiarios

Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por HijosAUH– y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Milei. En esta descripción está contenido el corazón del modelo libertario y quizá explica la ausencia de conflictos sociales masivos, luego de dos años de ajuste sostenido.

En contra del relato del “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fue en el 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. No parece un dato menor para sumar a las razones de la derrota electoral del peronismo.

Según confirmó una fuente del Gobierno al sitio LPO, a diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord que habla mucho de la latinoamericanización de la Argentina, que está muy lejos de ser el gran país de clase media de América Latina que supo ser hasta los setenta.

Los cuadros de evolución real muestran que AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral vinculada a Juan Grabois.

La combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y reforzó las transferencias directas.

En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes y el tema fue uno de los caballitos de batalla de Cambiemos que criticaba las políticas sociales del peronismo, bajo el despectivo título de “los planeros”. Sin embargo, el sistema se terminó de desvirtuar durante la presidencia de Mauricio Macri cuando la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios como señala un informe del Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados y eso no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la pandemia ya pasó hace varios años.

En ese sentido, la evolución real de la política de ingresos para la infancia, la Asignación Universal por Hijo, alcanzó durante el gobierno de Milei niveles históricamente altos en términos reales. La actual AUH es 23 por ciento más alta que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10 por ciento superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.

La mejora se explica por un aumento extraordinario de la AUH, que en la comparación interanual muestra una suba real del 47 por ciento. Pero la medición que el propio Gobierno utiliza como referencia es aún más impactante: entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios que sintieron la devaluación del 120% de diciembre de 2023, que nunca se terminó de recuperar.

Esto se vio además acompañado por una pérdida de empleos formales de calidad, que en los dos primeros años de Milei ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: sólo en octubre pasado se perdieron 70 mil empleos.

La paradoja libertaria es que, mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de salarios en caída libre y pérdida de empleos formales. 

El diagnóstico se refuerza al mirar los cuadros de evolución real de la AUH y la Tarjeta Alimentar elaborados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) en su monitor de economía popular. Allí se observa que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei.

Por otro lado, gran parte de la contención social recayó en los gobernadores que fueron los otros afectados del ajuste de Milei. Según fuentes de Desarrollo Social del gobierno de Santa Fe, durante el año 2025, se registró un incremento aproximado del 30% en la demanda alimentaria en la provincia.

En Santa Fe, los programas alimentarios se canalizan a través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), Tarjeta Institucional (TI), ProSoNut que alcanzan a 246.153 personas, confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de Victoria Tejeda.

La ayuda llega a 177 localidades de los 19 departamentos y a 926 instituciones, con una inversión mensual de más de 3.800 millones. Una ayuda que se reforzó en las fiestas con una partida extra de 3.200 millones.

Como sea, según el estudio de la FDHI, medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión libertaria, con aumentos que superaron el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse -e incluso mejorar- frente al avance inflacionario.

El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su desempeño relativo frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo.

Los cuadros también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.

En ese sentido, el informe de la DHI confirma la paradoja del modelo libertario: Milei ajustó fuerte por el lado del salario y el empleo, pero blindó la asistencia directa, consolidando a los planes sociales como la principal ancla de estabilidad social en un contexto de deterioro acelerado de los ingresos formales y las jubilaciones.


*Fuente: LaPolíticaOnLine

Mendoza recaudó $70 millones por la atención a extranjeros en hospitales públicos en 2025

Durante 2025, el sistema de salud público de Mendoza recaudó $70 millones a partir de los pagos realizados por extranjeros no residentes que se atendieron en hospitales y centros de salud provinciales. Según datos oficiales, la facturación correspondió a 461 personas, lo que arrojó un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000.

La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque el monto pareció acotado en términos generales, “equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, y representó un aporte para la sostenibilidad del sistema.

El régimen se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rigió por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial y alcanzó a pacientes extranjeros no residentes, en tránsito o con residencia provisoria. En esos casos, los pacientes costearon la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en el país de origen.

De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de las atenciones correspondió a prestaciones ambulatorias. Correa explicó el perfil de demanda y señaló: “Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general”. La mayoría de los pacientes provino de países limítrofes, con mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.

En el detalle de aranceles, una consulta médica general tuvo un costo de $13.000 y una consulta en subespecialidades ascendió a $19.500. La consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos) se valuó en $81.900. Para traslados, el esquema contempló $130.000 por ambulancia con médico (hasta 30 km) y $2,08 millones por traslado aéreo en helicóptero. En internaciones, la clínica en adultos se tarifó desde $299.000 por día; la internación pediátrica de mediana complejidad, en $338.000; y la internación de alta complejidad, en $390.000 por día.

La provincia también registró situaciones excepcionales vinculadas a urgencias en Alta Montaña. En esos casos, se reportaron traslados de urgencia para turistas europeos con costos que alcanzaron los $20 millones.

Los datos consignaron que la atención a extranjeros representó entre el 2% y el 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público mendocino.

La gestión de la facturación se canalizó mediante Reforsal, organismo que además coordinó la facturación con prepagas y obras sociales locales. El material indicó que la medida buscó sostener la sustentabilidad de los servicios públicos y acompañar su funcionamiento.

En un contexto más amplio, la decisión de Mendoza se enmarcó en una tendencia regional: además de esa provincia, Salta, Jujuy y Santa Cruz, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron mecanismos para facturar atención de salud a extranjeros no residentes. Cada jurisdicción definió alcances, tarifas y excepciones, con el objetivo común de recuperar parte del costo que representó para el Estado la atención de personas que no contribuyeron regularmente con el sistema impositivo provincial.

LA CRISIS NO PARA: Paty suspendió a 450 trabajadores en La Pampa y una textil cerró dos plantas en Corrientes y Chaco dejando a 260 en la calle

El frigorífico Pico de La Pampa, encargado de la fabricación de hamburguesas Paty, suspendió a sus 450 empleados en las últimas horas, en medio de una severa crisis que golpea la producción del sector y de muchas otras industrias en todo el país.

La noticia se conoce al tiempo que se informa el cierre de dos plantas textiles en Corrientes y Chaco, y que deja a 260 trabajadores en la calle, poniendo de relieve que la crítica situación económica atraviesa de manera transversal a los diferentes rubros.

En el caso de la compañía que se volvió un símbolo del medallón de carne picada, la medida adoptada se argumentó por una caída de las ventas y la acumulación de deudas superiores a los $30.000 millones.

Pico pagó el precio de un consumo interno estancado en mínimos históricos y de una merma de las exportaciones que impactó de lleno en el sector.

Según detallaron desde la firma, pasaron de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50, ilustrando el derrumbre de un sector que -sin embargo- no se privó de registrar aumentos de precio que duplicaron la inflación durante el año pasado.

La retracción de las exportaciones de carnes durante 2025 redondeó un 7,3%, con una reducción dominante de los envíos a China -principal destino del producto nacional- del 12,3%.

Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, sus ingresos se vieron comprometidos.

En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo. La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.

LAS PEORES HORAS DEL SECTOR TEXTIL:

Como se mencionó, la textil Emilio Alal cerró sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco, y despidió a 260 operarios. Se suma a un escenario lapidario que padece el sector que -desde la asunción de Milei en 2023- acumuló una pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo registrados en todo el país.

La compañía estaba dedicada a la fabricación de insumos para la industria del calzado, accesorios y talabartería, además de la producción de hilados de algodón y telas, según consignó el diario El Litoral.

El nivel de producción del sector solo es comparable con los momentos más complejos de la pandemia.

En octubre, la utilización de la capacidad instalada del sector descendió al 32,5%, lo que representó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y de 15,3 puntos frente a octubre de 2024.

El cierre se suma al de otras empresas del sector que en los últimos meses anunciaron cierres o reducciones de sus plantas, con caída en el empleo.

La firma, con más de 100 años de trayectoria, dijo que la decisión responde al “actual contexto económico y comercial adverso”, cada vez más dominado por los importaciones y apuntó a problemas estructurales que “afectan la competitividad de la industria nacional”.

Los directivos hablaron de un escenario inviable para la continuidad de sus operaciones y sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo.

La empresa cuestionó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, tanto nuevas como usadas. También se remarcó la caída del poder adquisitivo; los altos costos financieros, laborales y energéticos; y la elevada carga impositiva.

La compañía dijo que ese escenario “generó una pérdida significativa de competitividad para la producción nacional”.

Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector registró una caída interanual del 24% en octubre de 2025, muy por encima del retroceso promedio de la industria manufacturera, que fue del 2,9% en el mismo período.

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