22 diciembre, 2024

El oficialismo se disputa las candidaturas en el territorio bonaerense

Kirchneristas y albertistas se enfrentan para quedarse con la provincia de Buenos Aires.
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Pasó el tiempo del cierre de las alianzas y ya no hay más Frente de Todos. Intentando pegarle una lavada al espacio, ahora se llamará Unión por la Patria. A partir de ahora quedarán 2 semanas de pura “rosca” y el próximo sábado 24 de junio se librará la mayor de las batallas cuando haya que definir los lugares en las listas y, lógicamente, los candidatos.

Cuando restan poco más de 7 días para la fecha límite, siguen apareciendo rumores que ubican a Axel Kicillof en otro lugar por fuera de la provincia de Buenos Aires. Desde hace meses, el gobernador viene resistiendo a la embestida de sus propios compañeros y se aferra a la ilusión de una reelección, aunque no desestima otros rumbos.

Axel Kicillof
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En un primer momento, Kicillof tuvo que enfrentarse a la sombra de su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, quien cargaba con ansías de ocupar su sillón. Por ello, muchos dirigentes del ahora ex FdT empujaban la salida hacia arriba del mandatario, para que sea él quien encabece la fórmula nacional debido a que es uno de los pocos que puede recibir la transferencia de votos de Cristina Fernández de Kirchner.

Luego fue Victoria Tolosa Paz quién arrinconó al gobernador con un acto en Ensenada donde lanzó su candidatura, algo que se confirmó semanas después junto a la de Daniel Scioli. La ministra de Desarrollo Social insiste en presentarse a las PASO, aunque su postulación pueda generarle al oficialismo un daño mayor al beneficio que proporciona la discusión.

La Plata
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Pero ahora se reeditó una vieja rencilla por la lapicera que, actualmente, está en manos del presidente del Partido Justicialista de la provincia, Máximo Kirchner. El hijo de la vice es uno de los encargados de las negociaciones y del armado de las nóminas en las, lógicamente, buscará acomodar a los suyos en medio de una fuerte disputa con los otros espacios que conforman Unión por la Patria.

Incluso los rumores escalaron tan alto que algunos osados se animaron a dejar trascender que, en una virtual jugada peligrosa, Kicillof encabezaría el binomio nacional quizás junto a algún par suyo, dejándole su lugar vacante. Esa silla sería ocupada nada más ni nada menos que por el propio Máximo, escenario que parece por demás descabellado.

Máximo Kirchner
El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

De todos modos, las versiones no terminan allí y es todo producto no solo de las negociaciones, sino también de la incertidumbre que reina en las vísperas del cierre de listas. En este caso, el corrillo apunta que Sergio Massa bajaría a jugar en la provincia, haciendo un tándem con Axel en la Nación, como parte de un acuerdo entre el kirchnerismo y el Frente Renovador.

Lo cierto es que resta una semana para que se conozcan los nombres que estarán en las boletas y, con la confirmación de que habrá PASO entre el albertismo por un lado y el kirchnerismo junto a sus aliados por el otro, Kicillof buscará mostrarse lo más activo posible para aferrarse a su sillón en el territorio bonaerense, donde parece sentirse más cómodo.

Buenos Aires
El ministro de Economía, Sergio Massa.

Pero, en lo que resta de aquí al próximo sábado 24 hay un factor importantísimo que podría equilibrar la balanza hacia un lado o hacia el otro y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Si la vicepresidente lo decide y se lo pide, el gobernador no tendrá otra alternativa que aceptar, aun cuando no esté de acuerdo en esa estrategia. Incluso, desde su entorno ya dejaron entrever que si baja una solicitud de la conductora, no hay más remedio que decir que sí y jugar donde lo requieran.

Las razones por las cuales Kicillof se vería obligado a dar un salto hacia arriba se basa en los números que manejan desde el oficialismo. Actualmente, el mandatario provincial es uno de los que más mide en su territorio y, por tal motivo, en el hipotético caso de que sea él quien encabece una fórmula presidencial, arrastraría los votos bonaerenses hacia la nación, equiparando una elección que hasta el momento parece perdida.

Cristina Fernández de Kirchner
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Para ello habrá que esperar una semana más, donde seguramente los rumores correrán como el agua y aparecerán todavía muchas más versiones que hasta ahora. Lo cierto es que al kirchnerismo (y al peronismo en su conjunto) le queda una sola carta por jugar y su estrategia deberá ser inteligente para no enfrentarse a una dura derrota en las urnas.

Redacción

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Kicillof destina $48 millones anuales a la radio de Madres de Plaza de Mayo

El gobernador destina casi $50 millones por año a Radio Madres AM 530, mientras áreas críticas como salud, educación y seguridad enfrentan serios recortes. De fondo, el negocio de los intermediadores de la pauta.

En un contexto económico crítico para la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof sigue destinando sumas multimillonarias a pauta publicitaria. En ese marco, se destaca el caso de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Según datos oficiales a los que tuvo acceso el portal REALPOLITIK, la organización percibe un monto mensual de al menos 4.065.600 pesos por publicidad en Radio Madre AM 530, lo que, en términos anuales, se traduce en la impactante cifra de 48.787.200 pesos para una emisora con escasos oyentes.

Esta absurda cifra, que la emisora percibe a través de la cooperativa de Trabajo, Comunicación y Cultura por Venir Ltda., corresponde solo a la asignada desde el ejecutivo bonaerense, por lo que no contempla los montos que podría percibir desde otros organismos del gobierno de Axel Kicillof.

Este gasto, que proviene plenamente de las arcas públicas bonaerenses, que se nutre de los impuestos de quienes habitan en territorio provincial, plantea serios interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de recursos en una provincia que enfrenta problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, el déficit en salud y educación, y la inseguridad creciente.

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Si bien el apoyo a organismos de derechos humanos es históricamente una política central del oficialismo, el desmesurado monto destinado exclusivamente a la pauta publicitaria en Radio Madre parece carecer de justificación en un escenario de ajuste para otras áreas clave y su nivel de oyentes. Además, este gasto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política comunicacional que favorece a medios y figuras alineadas con el relato K.

Mientras tanto, áreas sensibles de la gestión provincial sufren recortes y ajustes, con eje en los trabajadores de la administración pública. Desde los hospitales sin insumos hasta escuelas con serios problemas de infraestructura, la dirigencia kirchnerista observa con silencio cómplice cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar su calidad de vida terminan en manos de organizaciones y medios vinculados al oficialismo.

El sospechoso rol de las organizaciones intermediarias

Del gasto que la gestión bonaerense realiza en pauta publicitaria, este medio advirtió el día de ayer sobre el rol de organizaciones intermedias con nexos al kirchnerismo. Empresas como Sentidos SA, dirigida por Andrés Bidart y vinculada en los pasillos de la gobernación al kirchnerismo duro, actúan como intermediarias, manejando recursos multimillonarios sin ser medios de comunicación.

En la práctica, estas compañías funcionan como un “pasamanos”, cobrando comisiones mientras distribuyen fondos hacia medios nacionales afines ideológicamente, tales como Página/12, Canal Siete y Crónica, o hacia canales internacionales alejados de los intereses bonaerenses, como A&E, Europa Europa, El Gourmet, Film&Arts, Lifetime, Sony Entertainment Television, Bravo TV, The History Channel o The History Channel 2.

En contraste, hospitales, escuelas y la seguridad provincial enfrentan una crisis estructural, relegados en las prioridades presupuestarias del gobierno. El modelo pone en evidencia el uso de recursos públicos con fines políticos, dejando a los bonaerenses a la deriva mientras se asegura la narrativa favorable al oficialismo.

*Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

Redacción

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Frigerio intervino el IOSPER por irregularidades y pérdidas mensuales de $2.000 millones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.

Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.

El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.

Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.

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Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.

En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.

“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.

La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.

– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre

La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior, de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.

El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.

– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos

Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.

Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.

Redacción

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Caso Jorge D’Onofrio: Federico Achával inició una caza de brujas en Pilar

A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, Federico Achával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de César Mansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.

A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio. Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.

Silencio forzado y caza de filtraciones

Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.

La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.

El entramado judicial y los nexos locales

El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.

Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.

Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas

El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.

Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.

Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.

Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

Redacción

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¡ESCÁNDALO! | Frigerio reveló que la obra social de Entre Ríos pagaba sueldos de $16 millones y la deuda asciende a 42.000 millones

En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores Mariano Gallegos y Marina Alegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo. Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.

La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.

Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.

Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.

En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.

Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.

El golpe a los afiliados

Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre. Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.

Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.

Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.

Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.

“La eficiencia administrativa es esencial

Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.

Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.

Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.

Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.

Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.

Redacción

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Villarruel pidió una sesión navideña para bajar las dietas (de casi $10 millones) a los senadores pero hasta los libertarios se oponen

Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.

El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.

El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.

Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.

Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.

Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.

Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.

La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.

De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.

En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.

Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.


*Fuente: La Política OnLine

Redacción

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La mala gestión de Homero Giles desató una crisis en IOMA que afecta a más de 2 millones de bonaerenses

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, enfrenta una crisis profunda que afecta a más de dos millones de afiliados. A pesar de contar con un presupuesto millonario para el 2025, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la creciente insatisfacción de los beneficiarios han generado una serie de reclamos que amenazan con convertirse en un tema central de debate político y social.

El presupuesto de IOMA para el próximo año asciende a 1.75 billones de pesos —superando a áreas clave como Educación, Seguridad y Salud, que recibirán entre 1.15 y 1.28 billones de pesos—. Sin embargo, a pesar de esta gran asignación, el organismo atraviesa una grave crisis financiera, que no se refleja en sus balances. Los propios responsables del IOMA reconocen las dificultades económicas, pero no logran explicar cómo una caja billonaria puede tener tantos “agujeros negros”.

A lo largo de 2024, los problemas se agudizaron. En los primeros ocho meses del año, IOMA incrementó el gasto en medicamentos, que pasó del 28.9% en 2023 al 31.6% en octubre de este año. Además, se registraron más de 12,000 cirugías y 10 millones de medicamentos dispensados, lo que indica una creciente demanda, pero también evidencia de una mala gestión en los recursos.

QUEJAS Y PROTESTAS POR LA FALTA DE ATENCIÓN

Los afiliados de IOMA denunciaron numerosos problemas a lo largo de la provincia de Kicillof. En Lincoln, 10,000 afiliados se enfrentan a consultas médicas que rondan entre los $20,000 y $25,000, lo que hace imposible el acceso a atención preventiva. “Nos están tomando de rehenes, se están quedando con la plata del sueldo”, expresó un vecino afectado. La situación obligó a muchos a desplazarse hasta 60 kilómetros para acceder a servicios médicos, lo que compromete la salud de miles de bonaerenses.

– Pacientes, afiliados, médicos y profesionales de salud realizaron en Navarro un cacerolazo contra el convenio del IOMA con el Municipio. La atención en localidades vecina sigue cortada

La crisis también generó protestas en distintos distritos. En Navarro, más de 200 vecinos salieron a la calle para rechazar un convenio firmado entre IOMA y el ejecutivo local, que limita la cobertura a un único hospital. Lo ocurrido en este municipio es solo un ejemplo de lo que sucede en otros puntos de la provincia, donde IOMA rompió convenios con clínicas y hospitales privados, dejando a miles de afiliados sin cobertura médica adecuada.

En otras ciudades como Mar del Plata, Olavarría y Azul, los afiliados también persentaron quejas por la falta de cobertura médica, y algunos decidieron llevar sus reclamos ante la Defensoría del Pueblo. En muchos casos, los médicos privados que aún mantienen contratos con IOMA están cobrando las consultas por fuera del sistema, lo que genera conflictos con los reintegros.

– Protestas de los afiliados del IOMA en Olavarría

La crisis en IOMA generó un fuerte debate. Desde la oposición, legisladores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza exigen respuestas urgentes. Entre las iniciativas propuestas se encuentran la creación de un Comité de Crisis para dar soluciones a los afiliados y la declaración de emergencia sanitaria, económica y operativa de IOMA. La idea es realizar una auditoría para esclarecer cómo se manejan los recursos de la obra social, que hasta ahora han estado rodeados de opacidad.

El bloque opositor también propuso la intervención de IOMA por parte del Ejecutivo, lo que permitiría una revisión exhaustiva de su funcionamiento. A pesar de estas propuestas, el oficialismo, liderado por Axel Kicillof, no ha tomado medidas concretas para solucionar la crisis.

Redacción

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