El PRO se encolumna en la Provincia y denuncia una “actitud destructiva” de los libertarios

Centrados en la gestión de los municipios que gobiernan y en los Concejos Deliberante que manejan en distritos donde son oposición, el partido comandado por Cristian Ritondo encara las pinceladas finales de un plan de reordenamiento interno. Articulaciones legislativas para pensar proyectos comunes entre lo local y lo nacional y una relación tensa con los libertarios tras un 2025 incendiario.
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El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.

A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.

Ritondo ya dio señales de pragmatismo:

Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.

Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.

A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.

Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.

La diputada nacional Florencia De Sensi

La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.

Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.



*Fuente: Carla Pelliza

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El Gobierno y las universidades cerraron un acuerdo salarial tras tres años de conflicto

El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo que pone fin a años de tensión por el financiamiento del sistema. La propuesta contempla un aumento salarial del 24.33% y una inyección de fondos millonarios destinada a fortalecer áreas críticas de las casas de estudio.

Desde que el actual presidente Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sistema universitario público argentino se convirtió en uno de los frentes más calientes de la política nacional. El detonante fue un recorte real del presupuesto universitario de hasta el 70% en términos reales, en un contexto de inflación altísima que licuó los salarios docentes y los fondos para funcionamiento.

Finalmente, en las dos semanas previas al 10 de junio, el Gobierno aceptó negociar sin exigir el retiro de la demanda. El acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Álvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

— El rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci

El acuerdo firmado contempla un aumento salarial para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos, con un 21.33% en junio y un 3% en octubre. De ese total, un 7% irá a cuenta de la pérdida acumulada en 2024 y el 12.33% restante se destinará a completar la actualización prevista hasta mayo de 2026. El paquete también incluye una partida total autorizada por el Ministerio de Economía de $800.000 millones, además de $50.000 millones extra para hospitales universitarios, sobre los $80.000 millones ya previstos.

A eso se sumaria un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento, mientras que las paritarias seguirán siendo trimestrales durante el resto de 2026.

El Ejecutivo había intentado impulsar en el Congreso una ley alternativa que contemplaba apenas un 12.3% de actualización, muy inferior al balance finalmente acordado. También había intentado derogar la Ley de Financiamiento, sin éxito ante la resistencia legislativa. El acuerdo representa más del doble de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar hace pocos meses.

Desde el plano político, este conflicto se había vuelto costoso, luego de cuatro marchas multitudinarias, semanas de paros docentes, tomas de colegios y una batalla judicial donde tres veces el Gobierno perdió sucesivamente en primera instancia y en la Cámara.

De la calle a los tribunales

El conflicto universitario fue escalando por etapas. La primera gran señal de alerta llegó en abril de 2024, con la marcha federal que marcó el inicio de una ola de protestas en defensa de la universidad pública. Solo en Buenos Aires, unas 800.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una de las marchas más masivas desde la asunción de Milei.

— La primera marcha federal universitaria en abril de 2024

La tensión volvió a recrudecer entre septiembre y octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria del sector, pero el Presidente la vetó con el argumento de que “no contemplaba el impacto fiscal ni establecía una fuente de financiamiento.” La Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma y el conflicto quedó sin resolución legislativa.

En octubre se produjo una segunda marcha federal bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, con una nueva multitud frente al Congreso. Ya en agosto y septiembre de 2025, el Congreso aprobó otra ley de financiamiento, la 27.795, que obtuvo 158 votos afirmativos en Diputados, pero Milei la vetó por completo mediante el Decreto 647/2025. Esta vez, sin embargo, el Parlamento logró sostener la ley con mayoría en ambas cámaras.

La disputa derivó luego en la Justicia, cuando en diciembre de 2025 los rectores del CIN presentaron un amparo contra el Estado por la suspensión de la norma. El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En marzo y abril de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo, aunque el Gobierno apeló ante la Corte Suprema con el mismo argumento de que la ley era de imposible aplicación por no prever financiamiento.

En mayo, la Cámara concedió el recurso extraordinario, lo que dejó en suspenso la cautelar mientras el máximo tribunal resuelve. En ese contexto, la cuarta marcha federal volvió a llenar las calles con la consigna “Milei cumple la ley”, y los organizadores hablaron de alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se habrían enredado en un punto específico, ya que el Ejecutivo pedía que el CIN retirase la demanda judicial como condición para cerrar un acuerdo económico. Los rectores se negaron categóricamente, subrayando que esa demanda era el único “resguardo” que les quedaba para garantizar el presupuesto futuro. Sin esa garantía judicial, firmar un acuerdo sería ceder el instrumento de presión más efectivo que tenían.

¿Qué pasa con la demanda en la Corte Suprema?

Este es el punto clave que diferencia este acuerdo de un cierre definitivo. La demanda judicial sigue en pie, siendo que los rectores se negaron a levantarla y el Gobierno finalmente aceptó esa condición. Ahora la Corte Suprema puede rechazar el recurso del Gobierno sin analizar el fondo de la cuestión, en cuyo caso quedaría firme la obligación de transferir todos los fondos previstos por la ley 27.795.

A su vez puede admitir el planteo y fallar a favor del Ejecutivo, lo que dejaría la norma suspendida o sin aplicación. La tercera alternativa es que haga lugar al recurso de las universidades y ratifique la validez de la ley, obligando al Gobierno a cumplirla en su totalidad, más allá del acuerdo firmado.

Esto significa que el acuerdo económico es una solución parcial e intermedia, sino que cubre las urgencias salariales del momento, pero no resuelve el debate de fondo sobre si el Estado debe aplicar la Ley 27.795 en toda su extensión.

Cabe recalcar que no todo el sector universitario aceptó el acuerdo de la misma manera. En el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), 22 sindicatos votaron a favor de la propuesta, pero 9 la rechazaron. CONADU Histórica, por su parte, ya había anunciado un paro para la semana del 16 al 20 de junio y rechazó categóricamente cualquier acuerdo que implicara abandonar las acciones judiciales. Esta fractura interna refleja que para una parte del movimiento gremial universitario, el 24.33% es insuficiente dada la pérdida acumulada desde el año 2024.

El Hospital Garrahan dijo que Kicillof “miente” y negó la “deuda cero” de la provincia con IOMA

El Consejo de Administración del Hospital Garrahan dió a conocer en una dura carta abierta en la que denunció que la obra social de la provincia de Buenos Aires falsea al argumentar que solo les debe $8.278.254.990.97. El principal centro pediátrico del país cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por asegurar que las cuentas ya estaban saldadas.

“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirmaron en la nota, subrayando que no se contabilizaron los otros intereses que se generaron a partir del momento en que se produjo el incumplimiento.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es la obra social de los empleados públicos provinciales de Buenos Aires. Fundado en 1957, es la segunda obra social más grande del país, con más de 2.7 millones de afiliados, incluyendo docentes, empleados municipales, estatales activos y jubilados bonaerenses.

A comienzos de junio de 2026, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak anunció públicamente —a través de la red social X— que el IOMA había cancelado la totalidad de su deuda con el Garrahan, pagando más de $1.230 millones. La Provincia declaró “deuda cero” y señaló que sus registros administrativos ya no mostraban obligaciones impagas. De acuerdo a la explicación oficial, ese monto surgió de una auditoría interna del IOMA que revisó las prestaciones facturadas por el hospital.

Dado el enorme tamaño de la provincia, una cantidad muy significativa de niños con esa cobertura termina siendo atendida en el Garrahan —un hospital nacional— cuando sus casos superan la capacidad del sistema provincial. Esa atención genera una deuda de IOMA hacia el Garrahan, que es exactamente lo que está en disputa.

“Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”, destacaron los profesionales de la salud.

El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, inaugurado en 1987 durante la presidencia del expresidente Raúl Alfonsín, es el centro pediátrico de alta complejidad más importante de Argentina. Su financiamiento proviene principalmente del Estado, con el 80% que lo aporta el Estado Nacional y el 20% restante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que, en términos presupuestarios, es un hospital nacional. Sin embargo, tiene una fuente adicional de ingresos, con la recuperación de gastos por atender pacientes que tienen obra social o prepaga.

Cuando un niño de cualquier provincia llega al Garrahan con cobertura médica, el hospital le factura esa atención a la obra social correspondiente. IOMA es la obra social que más pacientes deriva al Garrahan.

— La carta donde el Hospital Garrahan reclama una deuda multimillonaria por parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires

La Provincia salió a responder y fundamentó su postura en los resultados de una auditoría interna realizada por el IOMA antes de concretar el pago. Según ese relevamiento, el 85% de los montos reclamados por el Garrahan no contaba con respaldo documental, técnico ni normativo, había prestaciones que no registraban facturación formal en los sistemas del organismo, se detectaron valores fijados de manera unilateral por el hospital a través de un supuesto “Nomenclador Garrahan” que nunca fue acordado entre las partes y también se vinculó una posible sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas.

En consecuencia, Kicillof ratificó que no pagará los fondos restantes hasta que el hospital presente la documentación correspondiente de cada afiliado. El IOMA propuso también una auditoría conjunta para determinar de dónde viene la discrepancia.

La deuda que se arrastra desde 2017

El conflicto no es nuevo. La deuda del IOMA con el Garrahan se remonta al año 2017, cuando empezaron a acumularse facturas impagas por la atención de afiliados bonaerenses. Durante años, el hospital continuó atendiendo a esos niños —porque no puede negarse a hacerlo— mientras el saldo impago fue creciendo. Según el propio Garrahan, la deuda acumula prestaciones brindadas a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la actualidad.

Con el tiempo, parte de ese monto llegó a la Justicia, donde se estima que $2.500 millones están judicializados, lo que impide que el hospital disponga de esos fondos incluso si se llegara a un acuerdo.

En el documento, el hospital detalló por qué considera que ese pago que sostiene la Provincia no alcanza para saldar la deuda. Indican que el monto efectivamente adeudado asciende a $8.278 millones solo en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora. Además, aclara que los 1.230 millones anunciados por Kicillof constituyen apenas una cancelación parcial a cuenta de una deuda anterior y no la extinción total del pasivo.

Conforme a esa interpretación, los pagos se aplicarán primero a cubrir intereses, de modo que el capital principal permanecería prácticamente intacto. El texto también advierte que la deuda sigue incrementándose “día a día con cada nuevo paciente” que el hospital atiende. A la vez, señala que toda la documentación fue presentada al IOMA en tiempo y forma, con constancias de entrega y recepción, y que, al no haberse registrado un rechazo formal dentro de los plazos de auditoría, las facturas quedaron firmes, consentidas y exigibles.

El “Pollo” Sobrero se reunió con Villarruel y le advirtió sobre un “inminente colapso” del sistema ferroviario

La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.

La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.

Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.

Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.

La advertencia de masacre

Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situación límite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.

La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo tras la declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado

Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.

22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.

El frente legislativo y la presión al Ejecutivo

La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.

Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.

Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.

Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.

*Por Augusto Grinner

Bullrich renunció al PRO y apuntó contra Macri por la “protección brindada a Adorni”

Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida a Mauricio Macri. El exsenador nacional y exministro de Educación durante el gobierno de Cambiemos sostuvo que ya no se siente representado por el rumbo del partido que ayudó a fundar hace más de dos décadas. “Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de X.

El dirigente identificó un episodio puntual como punto de quiebre: la postura del partido frente a Manuel Adorni, luego de que el PRO no diera quórum en Diputados para avanzar con el pedido de censura contra el jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito. Para Bullrich ese momento dejó al descubierto que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”.

Esteban Bullrich on X (formerly Twitter): “Buenos Aires, 24 de junio de 2026Al Ing. Mauricio MacriPresidente del PRODe mi mayor consideración:Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.No es fácil escribir estas… / X”

Buenos Aires, 24 de junio de 2026Al Ing. Mauricio MacriPresidente del PRODe mi mayor consideración:Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.No es fácil escribir estas…

En la misiva, el exsenador aclaró que su decisión no respondía a “diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política”, sino a “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”. También vinculó su determinación con la enfermedad que lo aqueja, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que lo obligó a renunciar a su banca y a replantear sus prioridades. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”. Permanecer en el partido, sostuvo, “implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.

Bullrich fue senador nacional por Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció tras el diagnóstico de ELA. Pese a los cuestionamientos, aclaró que su salida no nacía “desde el enojo ni desde el resentimiento” y le agradeció a Macri haber “impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país”. Aun así, subrayó: “Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”. Cerró con un deseo hacia el espacio que integró desde sus orígenes: que el PRO “pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.

El Gobierno analiza usar el “fondo de los jubilados” para reactivar el crédito bancario

El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.

El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.

La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.

En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.

El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.

Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.

*Por Augusto Grinner

El Ejército Argentino le prohibió a su personal difundir quejas y denuncias en redes sociales

En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo código regula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.

La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.

Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.

Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.

Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.

La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.

*Por Augusto Grinner

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