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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, expresó su apoyo hacia la implementación de las clases virtuales en las ciudades del país que se encuentran con una situación epidemiológica más complicada por la pandemia.
La funcionaria aseguró que el Gobierno “prioriza la educación” y que “no desconoce que el escenario ideal es la presencialidad”, pero remarcó que “hay una pandemia que genera” que con esa modalidad “haya una movilidad de personas que, como se ha visto en muchos países, y en la Argentina también, luego aumente en forma muy importante el número de casos”.
“Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no tiene precedentes en este siglo. Por supuesto que es un problema grande para los niños y adolescentes, que no tienen la posibilidad de hacer todas esas cosas de la juventud, como salir, relacionarse”, reconoció.
Pero, en ese sentido, sostuvo que esta situación “es muy difícil también para los adultos mayores, para las personas que se acaban de casar, para los que tienen que ir a trabajar, para los que solían viajar, para todos”, ya que “no hay nadie que sea feliz en este contexto o que no esté preocupado”.
– Especial para Data24.com.ar –
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En plena campaña para las elecciones porteñas, el Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que incluirá mayores exigencias para el ingreso y residencia de extranjeros, así como mecanismos acelerados para su deportación en caso de delitos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en los próximos días se publicará un DNU en el Boletín Oficial para implementar las nuevas medidas.
La iniciativa, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retoma aspectos del DNU 70/2017, aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri y derogado por Alberto Fernández en 2021. Sin embargo, desde las redes, se recordó como “el principal impulsor de estas políticas” a Ramiro Marra, el candidato a legislador expulsado de La Libertad Avanza, quien desde hace meses viene reclamando un mayor control migratorio.
Prohibición de ingreso para cualquier extranjero con antecedentes penales.
Deportación inmediata de quienes cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena.
Expulsión acelerada de inmigrantes que ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración migratoria.
Pago obligatorio de servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, además de la exigencia de un seguro médico al ingresar al país.
Arancelamiento opcional en universidades nacionales para estudiantes extranjeros no residentes.
Mayores requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, que solo se concederá tras dos años de residencia continua.
Adorni justificó las medidas al afirmar que “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular” y destacó que, en los últimos 20 años, más de 1.700.000 personas entraron al país sin cumplir los requisitos legales. El Estado gasta $114.000 millones anuales en atención médica a extranjeros.
Aunque el anuncio fue realizado por Adorni, “el verdadero abanderado” de esta reforma fue Ramiro Marra, quien desde 2024 viene denunciando el “abuso” de los inmigrantes en el acceso a servicios públicos. En febrero de 2024, el legislador criticó a los estudiantes extranjeros que se benefician de la educación gratuita: “Más de 13.000 estudiantes de Ecuador se recibieron sin pagar un impuesto que aportara a la educación pública”, afirmó.
A través de sus redes sociales, Marra también insistió en la necesidad de deportar delincuentes extranjeros y frenar la inmigración irregular. En abril de 2024, celebró la decisión de Milei de expulsar a inmigrantes que cometan delitos: “Suena algo obvio, pero durante décadas en Argentina, la política y la justicia se dedicaron a defender a criminales”, escribió.
El anuncio se produce en medio de la campaña por las elecciones porteñas, donde Adorni es candidato a legislador. Sin embargo, el vocero negó que la medida tenga fines políticos y aseguró que busca “proteger a los ciudadanos argentinos”.
Bullrich, por su parte, busca reimpulsar su política migratoria de 2017, que fue declarada inconstitucional por la Justicia por considerar que vulneraba derechos humanos. No obstante, el Gobierno insiste en que las nuevas normas garantizarán “un país ordenado”, tal como lo expresó Milei en su discurso del 1° de marzo, cuando adelantó la necesidad de reformar el sistema migratorio.
Durante una entrevista con la chimentera Mariana Brey, Javier Milei sostuvo: “Ella (por Villarruel) es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento. Ella dejó de participar en las reuniones de gabinete allá por el mes de mayo del año pasado”. La frase, replicada por todos los canales oficiales, puso en primer plano la interna que el oficialismo arrastra desde el inicio de la gestión.
La ausencia de Victoria Villarruel en las reuniones de Gabinete se registró desde mediados de 2024, cuando faltó a dos convocatorias consecutivas en Casa Rosada. En noviembre, Milei afirmó que su vice “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.
El 2 de abril pasado, ambos encabezaron actos separados por Malvinas, gesto que profundizó las sospechas de ruptura. La tensión escaló con los aumentos votados en el Senado: Milei lo consideró “un privilegio de la casta”, mientras Villarruel, como titular de la Cámara alta, evitó confrontar públicamente.
Analistas políticos describieron a comienzos de 2025 que la relación “se dobló, pero no se rompió” y advirtieron que un eventual quiebre complicaría la gobernabilidad. Aun así el enfrentamiento ya alcanzó un punto inquietante.
Milei reforzó un alineamiento casi exclusivo con Estados Unidos e Israel. En su primera gira internacional avaló la política israelí sobre Gaza y ratificó que Argentina “estará con los defensores de la libertad”. Ya en campaña había proclamado: “Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel”, postura que reiteró ante la ONU al prometer una “nueva doctrina argentina” centrada en ambos aliados.
Ese sesgo exterior contrastó con el perfil de Villarruel, quien abrazó un patriotismo más conservador y cuestionó pactos como el acuerdo británico-argentino sobre Malvinas, al que calificó de “migajas” para el país. El contrapunto ideológico alimentó las versiones de que la vice buscaría abrir su propio juego dentro del oficialismo, aunque ella negó cualquier ruptura y reiteró su pertenencia a La Libertad Avanza.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.
Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.
El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.
Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.
En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.
El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.
Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.
El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.
– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos
Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.
Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.
El periodista y analista político ÁlvaroZicarelli sostuvo que estas elecciones legislativas del 18 de mayo “no tienen por qué debatir el modelo argentino”, sino el “modelo meritocrático” necesario para ocupar bancas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Somos una provincia que tiene problemas que deben solucionarse también desde lo legislativo”, afirmó.
Fiel a su estilo, cuestionó a los candidatos que “están hablando exclusivamente de Milei” y remarcó que deberían discutirse prioridades porteñas. Elegir representantes que funcionen como “escribanos en forma de legisladores del Gobierno nacional” resulta contraproducente, consideró.
En ese marco, el analista confrontó a Alejandro Kim, el candidato de Guillermo Moreno: “A mí me gustan las propuestas que tiene Marra para la ciudad”. Rechazó la comparación con otros libertarios al considerar que la Legislatura necesita proyectos concretos y no alineamientos automáticos con la Casa Rosada.
Zicarelli reprochó a Kim haber llamado “fisura” a Marra y lo instó a proponer reformas de salud mental: “Si en la ciudad hoy no tenemos una normativa realmente seria e integral en torno a la salud mental, Ramiro, que ya lo planteó”
El politólogo insistió en que los contendientes “traten temas de la ciudad” y “dejen de hablar de Milei, a favor o en contra”. Reiteró que Marra “habló justamente de los temas porteños”, por lo que concluyó: “Háblenle a la gente de la ciudad y propongan soluciones locales”.
En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, durante la AmCham Summit 2025 que congregó a figuras empresariales y políticas, Cristian Ritondo encabezó la posición del PRO bonaerense: anunció que trabajará por una alianza con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las legislativas provinciales y remarcó que no habrá saltos partidarios individuales.
“El PRO va a seguir acompañando todas las reformas que está encarando el presidente Milei y ratificamos nuestra posición frentista en la Provincia de Buenos Aires para derrotar al populismo”, afirmó en un panel que compartió con el radical Rodrigo de Loredo. Acto seguido subrayó: “No tiene que haber traspaso de dirigentes. Un frente, una alianza, ir juntos en una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo que debe llegar a la Provincia”.
Ritondo asistió horas antes de la reunión del bloque PRO en Diputados, prevista para las 18.00 de hoy. Allí, según anticipó, comenzaría a delinear la estrategia parlamentaria junto a Diego Santilli —otro impulsor del acuerdo con LLA— y a coordinar un primer encuentro con Sebastián Pareja, el por ahora armador libertario en la provincia que responde a Karina Milei.
El dirigente bonaerense del PRO admitió la “debilidad parlamentaria” del oficialismo y apuntó que las reformas laboral e impositiva reclamadas por el empresariado requerían un frente opositor robusto. De Loredo coincidió y alertó que el voto porteño del domingo representó “un apoyo del electorado a la marcha de la economía” antes que un aval ideológico.
La cumbre expuso la incomodidad de los referentes amarillos tras el tercer puesto de Silvia Lospennato en la Ciudad, donde Manuel Adorni duplicó al PRO. Jorge Macri, uno de los primeros en llegar al evento, reconoció la derrota pero insistió en que el partido “seguirá existiendo”.
Por ahora, la ingeniería electoral bonaerense quedó en manos de Ritondo y Santilli. Con los libertarios fortalecidos tras el contundente resultado porteño y con empresarios que pidieron “mayor institucionalidad”, ambas fuerzas evaluarán cómo articular sellos y listas sin perder identidad ni estructura. Mientras tanto, los libertarios “tiñen de violeta” el tablero político y el PRO confía en que el frente común evitará lo que, según Ritondo, la gente reclama dejar atrás: “los errores” del pasado populista.
La cumbre empresarial, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, reunió a referentes como el presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín, y la encargada de negocios norteamericana, Abigail Dressel. Ante los asistentes, Dressel sostuvo que Javier Milei estaba “implementando un cambio radical en la Argentina”, valoró la política económica y destacó el rol de más de 300 firmas estadounidenses en el país.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
