URRIBARRI A CÁRCEL COMÚN | El ex gobernador K detenido por corrupción
La Cámara de Casación de la provincia de Entre Ríos dispuso su captura inmediata y la detención en la Unidad Carcelaria 1 de la provincia. La medida incluye al cuñado del ex mandatario, Juan Pablo Olivera.
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La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata detención” del exgobernador Sergio Urribarri por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la justicia provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no está firme.
Asimismo, se dispuso y se concretó, la orden de detención para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarrique también fue condenado en la causa.
El ex mandatario entrerriano fue detenido en horas del mediodía en su vivienda de la ciudad de Concordia y trasladado a la Jefatura Departamental a la espera de ser trasladado a la cárcel de Paraná.
La orden de detención de Urribarri fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, de Paraná.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.
Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.
El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.
ASÍ TRASLADABAN AL EX GOBERNADOR K
La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva de Sergio Daniel Urribarri y, en ese marco, el ex gobernador justicialista y exembajador en Israel fue trasladado desde su casa ubicada sobre calle Néstor Garat al 200 de Concordia hacia la Unidad Penal Nº1 de Paraná.
Periodistas locales registraron en imágenes la caravana de vehículos que transportó al dirigente hasta la cárcel de la capital entrerriana para que cumpla con la condena a ocho años por cinco causas de corrupción.
*Con información de Infobae – Clarín y La Nación
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Cristian Ritondo, Diputado nacional y presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó su alegría por la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó el lugar del partido amarillo en la hazaña.
“La provincia de Buenos Aires tiene una simbología muy fuerte. Uno podía ganar la elección nacional, podía estar arriba, recuperar una gran cantidad de votos, tener una cantidad importante de votos, pero sin duda el triunfo en la provincia de Buenos Aires le da una contundencia mucho mayor al triunfo del país”, ponderó.
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En cuanto a la remontada respecto a la derrota del 7 de septiembre en el principal distrito del país, Ritondo dijo que se debe “al gran trabajo que hicieron quienes acompañamos y estructuramos desde el PRO”.
“De los diez distritos donde mayor diferencia sacó La Libertad Avanza, se va a encontrar con cinco o seis distritos gobernados por el PRO, desde Pinamar a Mar del Plata, pasando por Vicente López a San Isidro”, describió en declaraciones a Radio Mitre.
Del mismo modo, puso en valor “la coordinación territorial del equipo de Karina Milei con Sebastián Pareja”, junto con la parte comunicacional manejada por Santiago Caputo. “Cuando se trabaja en equipo se logran estas cosas”, resumió.
También mencionó que hay “un gran esfuerzo de los argentinos; más allá de la inflación, más allá de la baja de pobreza que quisiera, estamos a mitad del río haciendo un gran trabajo y haciendo lo que el presidente Javier Milei dijo que iba a hacer en la campaña”.
Al cerrar su análisis, el referente PRO puntualizó que los “argentinos han decidido no volver al populismo. Saben que esa receta es pan para hoy y hambre para mañana y por primera vez creo que se bancan un proceso entero donde creen que la Argentina tiene un mejor destino”.
Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.
Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.
Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.
El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.
El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.
Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.
En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.
El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.
“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.
Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.
Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.
Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.
Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.
El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
El Gobierno Nacional incorporará al temario del Congreso, con la intención de tratarlo antes de fin de año, el denominado Caso Formosa, uno de los episodios más resonantes de la política institucional argentina en décadas. El anuncio anticipa un debate legislativo que se proyecta como una discusión sobre las garantías republicanas, la tutela de los derechos humanos y la distribución de poderes entre la Nación y las provincias.
El evento catalizador para que esta agenda vuelva a la discusión es el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. El oficialismo nacional ganó con más del 40% de los votos. En términos de renovación parlamentaria, LLA pasó de 37 a 93 diputados (sumados los aliados). El espacio pasó de 6 a 19 senadores y a partir del 10 de diciembre de 2025, los nuevos legisladores asumirán, lo que le daría al sector libertario una mayoría significativa para impulsar proyectos de alto impacto institucional.
Precisamente después de esta nueva correlación de fuerzas, Francisco Paoltroni, senador nacional por Formosa y líder del espacio libertario formoseño, declaró que después del 10 de diciembre pedirá formalmente la intervención federal de Formosa, confiando en que habrá quórum suficiente para aprobarla. No se necesitan dos tercios para una intervención federal, sino una mayoría simple, que es decisión del Presidente de la Nación Javier Milei, según la Constitución Nacional.
Para entender la magnitud de este hecho, es necesario comprender quién es el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, alguien que a ejercido el poder de manera ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 1995, acumulando ocho mandatos consecutivos y gobernando la región durante aproximadamente 30 años. Lo que hace extraordinaria esta continuidad es que comenzó como vicegobernador desde 1987, lo que significa que su permanencia en la fórmula ejecutiva provincial asciende a casi 40 años consecutivos.
La particularidad del régimen de Insfrán radica en que ha logrado ganar todas las elecciones provinciales con supermayorías abrumadoras, obteniendo en la mayoría de las ocasiones entre el 65% y 76% de los votos. Esta consistencia electoral ha permitido que mantenga un control casi absoluto sobre las tres ramas del gobierno provincial, siendo la policía, el poder legislativo y judicial estando bajo la influencia directa del partido gildista, limitando la posibilidad de contrapesos reales o independencia.
Paoltroni ha sido el más visible promotor de la intervención federal. Ya a finales de 2024, solicitó a Milei que dispusiera esta medida, argumentando que “la perpetuación en el poder, la falta de independencia judicial y las graves violaciones a los derechos humanos” justifican la acción, utilizado argumentos tanto legales como políticos, como el artículo 99 inciso 20 de la Constitución Nacional que faculta al Jefe de Estado para intervenir en una provincia cuando las instituciones locales no respetan la forma republicana de gobierno. En sus declaraciones más recientes, afirma que el 65% de los formoseños apoya la medida.
Una intervención federal es una medida excepcional prevista por la Constitución que permite al Gobierno Federal asumir el control de una provincia. En tal situación, las autoridades locales son suspendidas y se designa un interventor federal encargado de gobernar el territorio mientras las instituciones provinciales quedan bajo supervisión directa de la Nación. El propósito declarado de esta medida es remediar las causas que la motivaron y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y de las autoridades legítimas.
A lo largo de la historia argentina, las intervenciones federales se han aplicado en contextos de gobiernos provinciales considerados autoritarios o en violación de la forma republicana. Ejemplos de ello son los casos de Santiago del Estero y Catamarca, donde administraciones con rasgos autoritarios fueron removidas del poder mediante este mecanismo constitucional.
La gestión de Insfrán rechaza categóricamente los pedidos de intervención, argumentando que todas las instituciones funcionan correctamente y que una decisión así sería “calamitosa”. La fiscal de Estado, la Dra. Stella Maris Zabalasostuvo que “no concurren ninguno de los requisitos” para una intervención, ya que en la región “las instituciones funcionan a pleno”. Sin embargo, sectores opositores, incluyendo legisladores, abogados y organizaciones de derechos humanos, argumentan que Formosa cumple con los requisitos constitucionales para una intervención federal debido a la falta de autonomía judicial, las violaciones sistemáticas de derechos individuales y la vulneración del principio de la República.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico declarando inconstitucional la reelección indefinida en Formosa. Esta sentencia unánime se fundamentó en que la perpetuación en el poder viola el principio republicano establecido en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional. El fallo tuvo un impacto inmediato, obligando a que Formosa realizara una reforma constitucional.
No obstante, lo ocurrido después revela la complejidad del conflicto institucional. Durante septiembre de 2025, la Convención Constituyente formoseña, controlada por el “feudo” de Insfrán, aprobó una reforma constitucional que eliminó formalmente la reelección indefinida, pero incluyó una cláusula transitoria que habilita a Insfrán a una nueva candidatura. Esta disposición considera el actual mandato de Insfrán como el “primer período” bajo la nueva normativa, permitiéndole competir nuevamente en 2027. Además, la reforma también modificó el artículo 32 de la Constitución provincial para limitar los alcances de una intervención federal, agregando requisitos complejos que restringiría la actuación de eventuales interventores del Gobierno Nacional.
Lo que caracteriza al modelo formoseño no es simplemente la permanencia en el cargo, sino el de un control político estructurado que ha construido a lo largo de los años. Este esquema opera a través de varios mecanismos, como tener a un porcentaje muy elevado de la población formoseña que depende directa o indirectamente del sector público, generando una pobreza generacional que se utiliza como control social. El sistema funciona mediante el reparto de bolsas de mercadería a cambio de votos, llevando a los ciudadanos a las urnas “con el bolsillo lleno de lo que deben meter en el sobre”.
La provincia ha empleado herramientas legales para perpetuarse en el poder, como la Ley de Lemas, que permite presentar múltiples listas para confundir al electorado. En 1999, Insfrán logró una reforma constitucional que eliminó definitivamente los límites de mandatos, permitiendo su propia reelección indefinida.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC)en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.
El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.
Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.
Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.
– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer
La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.
Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.
– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación
También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.
El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.
Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.
La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.
La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, en la que se lo acusó de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por haber favorecido a su amigo y broker Héctor Horacio Martínez Sosa en la contratación de pólizas de seguros de organismos estatales a través de Nación Seguros S.A.
La resolución lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral y ratificó también el embargo sobre sus bienes hasta la suma de $ 14.634.220.283, además de la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El tribunal de apelaciones, integrado por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó los procesamientos dictados anteriormente por el juez federal Sebastián Casanello, en una causa en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, y advirtió que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”
El procesamiento de Fernández se vinculó con la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, marido de María Marta Cantero, quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente.
Para el tribunal, se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante el “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en NACIÓN SEGUROS S.A.”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Sobre el exmandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”. Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.” El tribunal estimó que estaba corroborada la hipótesis fiscal acerca de que existió un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor de Martínez Sosa, casado con la exsecretaria Cantero.
En la resolución se recordó que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”. Ese nexo, sumado al rol de poder que detentaba el entonces Presidente de la Nación, se consideró clave para explicar el crecimiento de los negocios del broker con el Estado y permitió “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.
El fallo detalló que, desde la asunción de Fernández, la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales. Los camaristas señalaron que fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el exponencial aumento de los negocios del broker con organismos públicos y se preguntaron: “Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”.
Un indicio considerado clave por el tribunal fueron los mensajes intercambiados en mayo de 2023, cuando María Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en la Cancillería. El 24 de mayo de 2023, la secretaria advirtió esa situación y Fernández respondió: “Ya me ocupo”. Cinco días después, la designación había sido revertida.
Además, el fallo indicó que se encontraron pruebas de la influencia de Martínez Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluyendo la elección de Alberto Carlos Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay. Para los jueces, el entramado descrito se integró por el “ejercicio de influencia” del expresidente en su rol institucional “a través de su secretaria María Cantero”, lo que lo convirtió en un eslabón central de la trama que, según el tribunal, articuló el direccionamiento de negocios hacia el broker.
En el plano jurídico, la Cámara Federal porteña confirmó que Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Con esto, se corroboró que el delito exigía que el funcionario se interesara en el asunto y el Tribunal entendió que ese interés quedó acreditado a partir de los elementos reunidos, entre ellos el esquema de comisiones, la relación personal y económica con Martínez Sosa y los mensajes en los que intervino para sostener contratos a su favor. Así, el expresidente quedó más cerca del juicio oral y público.
Un informe del ITBA emitió una grave advertencia y prohibió beber o cocinar con agua de red y de pozo en diez municipios bonaerenses, tras actualizar el Mapa de Arsénico y detectar niveles de arsénico por encima de los límites de la OMS en más de veinte distritos y otras regiones del país.
El periodista trazó un duro diagnóstico de la decadencia cultural y educativa, e instó a construir una derecha arraigada en los barrios y unida frente a la “lacra progresista”.
Brahma Kumaris Argentina invita el lunes 24 de noviembre a una charla abierta y gratuita en Buenos Aires, con diálogo entre Moira Lowe y el maestro internacional de meditación Charlie Hogg, más la participación artística de Patricia Sosa y la música en vivo de Circular.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
