SEXUALIDAD: “Solo SÍ es SÍ” la nueva ley de consentimiento en España
España aguarda la resolución tras haber propuesto una ley que facilitaría resolver casos de abuso sexual.
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Ángela Rodríguez, la secretaria de “Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género”, anunció que espera que para finales del mes de agosto esta nueva ley, popularmente conocida como “Solo sí es sí, cuyo nombre real es “Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual”, sea aprobada.
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Dicha ley sigue causando mucha polémica en la sociedad española, ya que consiste en tener que otorgar de forma explícita el consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales con una persona. De lo contrario, las mujeres tendrán el derecho a ejercer acciones legales en contra de la otro persona involucrada en la relación si se sintieron acosadas y/o abusadas.
Irene Montero, ministra de Igualdad y esposa de Pablo Iglesias, fundador del partido político de izquierda Podemos, dijo que esta ley es un “paso decisivo” y le permitirá a las mujeres “ser mucho más libres”. Desde el gobierno, liderado por Pedro Sánchez del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), expresaron que “el modelo de solo sí es sí deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significan consentimiento”.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.
“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.
El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.
— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut
“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.
La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.
Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.
Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.
Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.
— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew
Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.
Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida.Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.
Lo que ante la comunidad educativa de la ORT formalmente se anunció como una disertación institucional sobre “Ética e inteligencia artificial”, mutó de manera vertiginosa en una bajada de línea doctrinaria e ideológica. Durante más de cuarenta minutos frente a alumnos de cuarto y quinto año, el Presidente desplazó cualquier debate sobre tecnología o innovación pedagógica para volcarse de lleno a presentar el epílogo de su libro, bajo la tesis de que el libre-mercado está inscripto en la estructura bíblica y en los Diez Mandamientos.
En un auditorio con presencia restringida de adultos y sin acceso a la prensa, la alocución asumió un tono teológico e intransigente. “El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecer”, aseveró el mandatario ante los estudiantes. El encuadre no admitió matices ni matices analíticos: la prosperidad material fue presentada como la consecuencia directa de la obediencia espiritual, mientras que toda alternativa o disidencia fue calificada bajo términos de estigmatización religiosa.
El punto más álgido del discurso se alcanzó al abordar las corrientes del pensamiento económico y político opuestas al programa de gobierno. Lejos de ofrecer una crítica técnica, el Presidente acudió a escritos juveniles de Karl Marx y a las tesis del pastor Richard Wurmbrand para lanzar una acusación dogmática en un ámbito laico: “Marx era satanista”. A partir de esa premisa, concluyó que el marxismo representa un “programa satánico” cuyo resultado inexorable es “el infierno en la Tierra”, planteando a los adolescentes un dilema binario donde la elección no es política ni democrática, sino un alineamiento absoluto entre el bien y el mal.
La charla era anunciada con temática exclusivamente sobre “ética e inteligencia artificial”.
Ataques a la prensa y clima en el auditorio
La tensión en la sede de Almagro no sólo se vivió en el plano conceptual, sino en la propia dinámica desplegada dentro del colegio. Ante las muestras de rechazo y abucheos que surgieron en el recinto hacia los medios de comunicación presentes, el Presidente alentó a los estudiantes a intensificar las arengas contra el periodismoen un espacio educativo, celebrando la reacción. Este clima convivió con un inédito operativo de seguridad y hermetismo que incluyó calles cortadas, perros antibombas y restricciones de circulación dentro del propio edificio escolar.
La respuesta del estudiantado expuso una profunda polarización interna. Mientras en el exterior y los pasillos varios alumnos realizaron intervenciones con consignas en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas para marcar distancia de la línea oficial, otros sectores optaron por amontonarse en los pasillos para saludarlo y fotografiarse con Milei.
— El Presidente en el estrado de la ORT.
Esa última escena fue rápidamente festejada por voceros del periodismo alineado con el Poder Ejecutivo. Comunicadores como Eduardo Feinmann justificaron el episodio compartiendo imágenes de los adolescentes e indicando que estaban “con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente”, rebajando la discusión sobre el adoctrinamiento y la bajada de línea a la mera fascinación juvenil por una figura pública, una benevolencia que dista de las duras críticas que ese mismo sector suele ensayar cuando los actos políticos en escuelas pertenecen a otros signos ideológicos.
El padre de un alumno de ORT me manda imágenes de los chicos con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente. pic.twitter.com/XUsuBlM3wf
Feinmann justificando que los alumnos “libremente” deciden sacarse fotos con la celebridad.
La grieta en la colectividad
La exposición en el colegio desencadenó una fuerte ola de pronunciamientos críticos dentro de la comunidad judía, donde diversos referentes y organizaciones cuestionaron el rol de la dirigencia institucional.
Desde Meretz Argentina —una corriente judía de izquierda— emitieron un duro comunicado en el que denunciaron que los alumnos fueron expuestos a un discurso “surreal, violento, fuertemente partidario y totalmente inapropiado ante una escuela”, remarcando que la introducción de referencias al judaísmo ortodoxo atenta directamente contra el carácter laico e integral de la ORT. Asimismo, la agrupación apuntó a la conducción comunitaria al señalar que “la DAIA incumple su misión de representar el pluralismo de la comunidad judía y de velar por la defensa de los derechos humanos si se convierte en una agencia de prensa de la Casa Rosada”.
Condenamos el discurso de Javier Milei en la Escuela ORT (1/2) pic.twitter.com/Khs9ov3CgZ
El comunicado de Meretz.
En esa misma línea de rechazo, las críticas hacia la complacencia de las autoridades institucionales se extendieron a voces de fuerte repercusión pública. El científico y divulgador Ernesto Resnik fue contundente al calificar lo sucedido como una “vergüenza”, dirigiendo sus cuestionamientos tanto a la gestión del establecimiento como a la conducción de la entidad representativa: “Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos”. Estas reacciones dejaron en evidencia una profunda ruptura entre las cúpulas dirigentes y amplios sectores de la colectividad que rechazan la instrumentalización de la fe.
Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos.
La crítica del científico Ernesto Resnik
Exalumno denuncia la doble vara
El testimonio del economista, investigador y exalumno Nicolás Dvoskin expuso de manera cruda la histórica doble vara de las autoridades del colegio respecto a la política.
Dvoskin, quien fue abanderado y representó a la institución en certámenes nacionales e internacionales de física, ajedrez y modelos ONU, rememoró los episodios de censura que vivió durante su paso por la secundaria: “Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin trabajo. Pedíamos que nos habiliten un aula un mediodía a la semana y un pedacito de cartelera. Nos sacaron cagando diciendo que no querían meter a la política en la escuela”.
Javier Milei entre los adolescentes. Sin tropiezos, Santiago Oría capta el momento con su videocámara
El exalumno detalló cómo esa supuesta vocación de neutralidad era utilizada para silenciar las voces críticas de los estudiantes mientras la conducción se beneficiaba de sus logros académicos: “Llegaron a llamarme de rectorado para pedirme que baje el tono porque decía cosas que a la escuela no le gustaban.Se colgaban de mis premios en nombre de la escuela pero me pedían que me calle”. La situación llegó a su punto límite en la entrega de diplomas de su promoción, el 10 de diciembre de 2003, al cumplirse 20 años del retorno de la democracia en Argentina. Luego de pedir autorización para hablar en el acto, la dirección le exigió presentar el texto con anticipación: “Hablaba de la importancia de la educación y de la democracia. Me respondieron que igual no querían que hablaran alumnos y no querían meter cuestiones políticas”.
Esa rigidez para clausurar el debate plural entre los propios estudiantes contrasta frontalmente con la alfombra roja desplegada para la visita del Poder Ejecutivo. “Hoy ORT recibe a un presidente que en un auditorio lleno de estudiantes a los que no se les preguntó si querían escucharlo afirmar que hay que abuchear a los periodistas, que el capitalismo responde al plan de Dios y es maravilloso”, cuestionó Dvoskin, rematando con una definición certera sobre la hipocresía institucional: “Si te preocupa que un alumno de 17 años hable de democracia pero no que un presidente de 55 baje línea religiosa, macartista y promotora de la violencia, tu problema no es con la política. Tu problema es político. Con todo respeto y como ex alumno, ex abanderado, ex representante de la escuela en diversos ámbitos, váyanse a cagar”.
Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin…
El descargo del exalumno y exabanderado de la ORT.
Antisemitismo y paradoja populista
La estrategia de utilizar símbolos y preceptos religiosos para sacralizar las medidas de gobierno genera una seria preocupación en diversos análisis sociales e instituciones comunitarias. Al vincular de manera directa la fe judía con las políticas de ajuste y la desregulación económica, la retórica oficial desplaza la discusión secular hacia el plano del dogma. Esta apropiación constante no fomenta la tolerancia ni la integración; por el contrario, arriesga encender prejuicios y canalizar el malestar social a través de un peligroso antisemitismo reactivo, responsabilizando a toda la colectividad por las decisiones del Poder Ejecutivo.
A esta instrumentalización se suma una notable paradoja conceptual en el corazón del relato oficial. Pese a que el Presidente insiste en rechazar el populismo argumentando que no se le gana “haciendo más populismo”, la praxis de su discurso apela a las herramientas clásicas del populismo de derecha.La división binaria entre el bien y el mal, la estigmatización de la prensa desde un estrado escolar y la descalificación del adversario negándole entidad moral revelan una narrativa maniquea que dista de la deliberación democrática, transformando un espacio educativo en un escenario de polarización.
“Si quieren ABUCHEAR más fuerte a los periodistas, se los voy a festejar”Milei alentando a chicos de SECUNDARIA a abuchear a los periodistas kjjj y dónde están los caraduras que decían “CON LOS CHICOS NO” y “adoctrinamiento” pic.twitter.com/G9meDP1UFZ
El paso de Javier Milei por la escuela ORT no sólo dejó al descubierto la fragilidad de las proclamas de neutralidad institucional, sino que expuso la fractura abierta en una comunidad que se debate entre la complacencia dirigencial y el repudio al adoctrinamiento. Al convertir un aula en un estrado teológico para legitimar su programa político y estigmatizar el disenso, el mandatario terminó tensionando los propios cimientos laicos y plurales de la institución.
El episodio queda así registrado como un claro indicador de época: la paradoja de un discurso que combate al colectivismo recurriendo a los dogmas del fanatismo, en un escenario donde la educación y la fe corren el riesgo de quedar reducidas a simples herramientas de propaganda.
En una entrevista exclusiva que el medio Breitbart News publicó con un abogado del Cinturón Medio (Middle Belt) de Nigeria que usó el seudónimo “Jabez Musa” para proteger su identidad y la de su familia, describió que los ataques de milicias yihadistas, en su mayoría identificadas con la etnia fulani, son una “ocurrencia diaria” contra fieles cristianos.
“Los asesinatos no han cesado. Ocurren en masa, a veces son solo unos pocos individuos, esa es la situación aquí”, afirmó Musa.
— Testigos presenciales informan del uso de drones, un mayor número de atacantes y asaltos simultáneos contra varias comunidades
En la semana previa a la nota, mataron al hijo de un pastor, y aseguró que la matanza no cesa en estados como Plateau, Benue, Nasarawa, Kaduna del sur y Taraba. Según su relato, las comunidades cristianas sufren secuestros para pedir rescate, destrucción e incendio de aldeas, y el despojo sistemático de tierras ancestrales por parte de estas milicias islamicas armadas.
El “Middle Belt” es la franja central de Nigeria donde el norte de mayoría musulmana se encuentra con el sur de mayoría cristiana, y es allí donde se concentra la violencia contra comunidades agrícolas cristianas. Los estados más golpeados —Plateau, Benue, Kaduna, Nasarawa y Taraba— han registrado ataques casi semanales durante 2026. Solo entre mayo y julio, la asociación juvenil Berom Youth Moulders documentó al menos 121 muertes en localidades de Plateau.
En julio, decenas de personas murieron en incursiones simultáneas en Plateau y Benue, incluyendo un bebé de dos meses, mientras que el ejército nigeriano llegó tarde o ni siquiera respondió pese a alertas previas, en donde los mismos soldados han disparado, arrestado y desarmado a guardias civiles frente a sus casas, incluso durante invasiones armadas de las guerrillas islámicas fulani. A fines de julio, un ataque nocturno en la aldea de Naridon (estado de Kaduna) dejó 30 muertos, entre ellos 11 niños, y varios secuestrados, incluyendo un sacerdote católico.
“Queremos que los cristianos de todo el mundo sepan lo que está sucediendo en Nigeria, que estén al tanto de los acontecimientos diarios y que sepan que los cristianos están siendo severamente perseguidos”, destacó Musa, denunciando que “la persecución incluye asesinatos, discriminación en todas sus formas y, además, a los cristianos se les niegan sus derechos en algunos estados musulmanes de Nigeria”.
— Coronel Victor Asuquo se dirige a los pobladores de la aldea de Gwom Ajang, en el distrito de Foron, Barkin Ladi, tras ataques de terroristas islámicos en una incursión nocturna cerca de la frontera entre Plateau y Bauchi
Estos patrones no son hechos aislados, siendo que organizaciones como Intersociety e International Christian Concern llevan un registro casi semanal de matanzas, secuestros y destrucción de cosechas atribuidos a milicias fulani armadas, con picos de decenas de víctimas por incidente. La agencia de ayuda cristiana internacional e interdenominacional, Barnabas Aid estima que, desde 2009, más de 45.000 cristianos han sido asesinados por islamistas en el norte y el Cinturón Medio de Nigeria.
El eje central de la denuncia de Musa —y de organizaciones como Intersociety— es que el gobierno central, encabezado por el presidente Bola Tinubu, actúa con pasividad o incluso complicidad frente a estos ataques. De acuerdo al letrado, funcionarios nigerianos minimizan el carácter religioso de la violencia atribuyéndola al “cambio climático” (por disputas entre agricultores y pastores ante la escasez de tierras) y han invertido en campañas de relaciones públicas para contrarrestar la cobertura internacional del problema.
Tinubu declaró en 2025 que las denuncias de un “genocidio religioso” eran “infundadas”, insistiendo en que ninguna religión está bajo amenaza en el país. En algunos casos, el propio ejército ha pedido a los civiles que se defiendan solos ante la falta de tropas suficientes, como ocurrió en junio en la frontera entre Plateau y Bauchi.
— Sunday Ezekiel, líder juvenil de Gwom Ajang, apunta con una honda luego de haberse enfrentado con ella de terroristas islámicos armados con fusiles de asalto
“Cuando se les llama ‘gamberros’ o ‘bandidos’, entonces la criminalidad no es tan grave”, describió Musa, “pero lo que vemos aquí es que se trata de gente militante que mata”. “Vienen por cientos en sus motocicletas, acompañados de sus cómplices en moto y armados con fusiles AK-47, atacan una aldea o comunidad, matan a sus habitantes y luego toman el control o los matan de nuevo, regresan y vuelven a tomar el control del lugar”, añadió.
Esta denuncia se inserta en una disputa diplomática que escaló fuertemente desde octubre de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump redesignó a Nigeria como “País de Preocupación Particular” (CPC, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional, alegando que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria”.
Trump llegó a amenazar con llevar tropas norteamericanas “a las armas” y con cortar toda ayuda si el gobierno nigeriano no protegía a los cristianos, y en diciembre habría ordenado ataques con misiles Tomahawk contra objetivos yihadistas. Además, cifras citadas por legisladores republicanos enumeran a más de 7.000 cristianos que habrían sido asesinados solo en los primeros siete meses de 2025, un promedio de 35 por día.
“Hay pelotones de soldados por todas partes, y en la mayoría de los casos, cuando reciben informes de un ataque, tienen excusas”, subrayó Musa sobre la inoperancia por parte del ejército nigeriano. “Podrían decir que tienen que esperar una orden de la autoridad superior para actuar, y cuando llegan —si es que llegan—, llegan cuando ya se ha producido el ataque y los daños, cuando ha habido muertos. Pero a veces, simplemente no llegan”, agregó.
Sin embargo, el propio asesor presidencial de EE.UU. para África, Massad Boulos, cambió de postura. En octubre de 2025, calificó las denuncias de persecución selectiva como “equivocadas”, argumentando que Boko Haram e ISIS-África Occidental matan a más musulmanes que cristianos, pero en julio de 2026 reconoció públicamente que la violencia contra comunidades cristianas en el Cinturón Medio es “intolerable”.
— Donald Trump junto a Massad Boulos, empresario de ascendencia libanesa y asesor principal para asuntos árabes y de Oriente Medio
Analistas de centros como CSIS advierten que, si bien la crisis de seguridad es real y grave, el término “genocidio” tiene una definición legal exigente y que caracterizar el conflicto únicamente como persecución religiosa simplifica causas más complejas como las disputas por tierra y agua, criminalidad armada y colapso del control estatal en zonas rurales. El Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, también relativizó la etiqueta de “guerra religiosa”, atribuyendo los ataques a causas sociales.
Aún así las víctimas, lamentó Musa, “sufren traumas graves” y necesitan un largo proceso de asistencia para poder reconstruir su vida cotidiana tras sobrevivir al secuestro. Para dimensionar la gravedad de la situación, relató el caso de una familia conocida que permaneció cautiva. Uno de los sobrevivientes le contó que tanto él como su esposa fueron sometidos a abusos sexuales y que, en ocasiones, los hechos ocurrieron frente a sus hijos. “Nos secuestraron, se acuestan con ella cuando les da la gana, a veces mientras los niños miran. Si protesto, me disparan”, detalló el hombre.
“Existe la historia de un niño de siete años que fue secuestrado y, debido a la falta de alimentos en el lugar donde los secuestradores lo mantuvieron cautivo, en el monte, tuvo que comer carne humana para sobrevivir”, señaló Musa.
Otra sobreviviente, una mujer que quedó embarazada durante su cautiverio, sufrió complicaciones al momento del parto. Musa indicó que, ante la ausencia de asistencia médica, otra mujer fue obligada por los militantes a cortar el cordón umbilical con los dientes.
El pedido de las comunidades afectadas
Musa sostuvo además que los cristianos no representan una amenaza para los fulani ni para otros grupos militantes islamistas que operan en Nigeria y remarcó que “en el mejor de los casos, pueden defenderse”. Por ello, reclamó al Gobierno un compromiso efectivo para proteger a las comunidades afectadas y garantizar su seguridad.
“Que los cristianos de todo el mundo oren por los cristianos de Nigeria. La Biblia dice que hay que velar y orar. Además de la oración, la vigilancia implica que los cristianos de otras jurisdicciones insten a sus representantes a presionar al gobierno nigeriano para que actúe y ponga fin a la violencia”, consideró Musa.
De los 36 estados que posee Nigeria, quienes viven en 12 del país están sujetos a la sharia, o ley islámica, en contra de la constitución del Estado. Musa ratificó que a los cristianos se les suele negar la documentación legal para construir iglesias y lugares de culto en estados gobernados por líderes musulmanes, y que sufren otras formas de discriminación incluso cuando no son atacados directamente.
“Lo que queremos, lo que quieren los cristianos y todo nigeriano sensato, es paz, menos ataques o ninguno, ya sea contra cristianos o cualquier otro grupo religioso en Nigeria”, manifestó Musa a la opinión pública.
Asimismo, otras voces del Cinturón Medio piden que el gobierno nigeriano cumpla su deber constitucional de proteger a los civiles, que haya presión internacional concreta (no solo declaratoria) sobre Abuja, y que se reconozca oficialmente el carácter de “limpieza étnica” de los ataques, en lugar de atribuirlos genéricamente a “bandidismo”. En enero de 2026, EE.UU. y Nigeria formaron un Grupo de Trabajo Conjunto para reducir la violencia contra grupos vulnerables, aunque hasta ahora los resultados sobre el terreno han sido nulos, con los ataques documentados que continúan mes tras mes en lo que va del 2026.
El 8 de junio de 2026, expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por la situación de mujeres y niñas cristianas en el norte de Nigeria y el Middle Belt. Señalaron que habían recibido informes creíbles de asesinatos, secuestros, violencia sexual, conversiones forzadas y matrimonios forzados, más no intervinieron.
La Franja de Gaza atraviesa un prolongado conflicto bélico desencadenado tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra territorio israelí. En medio de las operaciones militares y la creciente tensión humanitaria en el enclave palestino, las posturas de los sectores más radicalizados del espectro político israelí intensifican la presión sobre el gabinete de gobierno.
Dentro de este escenario, las declaraciones de figuras de peso en el Ejecutivo suelen generar ondas expansivas tanto en la política interna de Israel como en el tablero diplomático internacional, donde los aliados occidentales vigilan de cerca el estricto cumplimiento de las normas del derecho humanitario.
Escena cotidiana en Gaza.
Llamado a la matanza
Itamar Ben Gvir, el ultra-sionista ministro de Seguridad Nacional de Israel, desató una fuerte controversia tras asegurar en el podcast “8 de octubre” que las fuerzas de seguridad deberían ejecutar a entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. En su intervención, el funcionario no se limitó a quienes representan una amenaza inmediata, sino que profundizó en una postura extrema al afirmar: “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.
Tras la difusión de estos dichos, la Comisión Europea evitó comentar la declaración específica, pero la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, recordó que la Unión Europea mantiene pendiente una propuesta para sancionar al ministro. Hipper reiteró que el bloque espera que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y garantice la protección de los civiles, recordando que las deliberaciones sobre medidas restrictivas contra individuos son confidenciales y requieren la unanimidad de los 27 Estados miembros.
Mientras el debate interno en el Consejo de la UE sobre estas sanciones continúa, la retórica del ministro vuelve a poner en tensión la relación entre las posturas del Ejecutivo israelí y la exigencia de cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La gravedad de las declaraciones ha reavivado la presión diplomática sobre el gabinete, exponiendo la distancia entre el discurso de Ben Gvir y el marco de actuación que los organismos internacionales demandan a Israelen medio del conflicto contra el terrorismo de Hamás.
Itamar Ben Gvir.
El historial del funcionario
Itamar Ben Gvir ha construido su trayectoria política sobre posturas ultra-sionistas y discursos de confrontación en Cisjordania y Gaza. Su carrera incluye antecedentes de inhabilitación porincitación al racismo en su juventud y su constante reivindicación del papel de colono, marcando una línea de acción pública caracterizada por la radicalización.
La reiteración de este tipo de declaraciones expone una brecha persistente entre la retórica del titular de Seguridad Nacional y las directrices que el derecho internacional exige al Estado de Israel, alimentando la presión de los aliados occidentales y de los organismos multilaterales sobre el gobierno israelí.
Mientras la Provincia se declara en déficit y ajusta por el lado de las vacantes y los beneficios impositivos, la plata que el Estado se gira a sí mismo supera al rojo por más del doble.
Apartaban los ladrillos en pleno operativo y prepararon panes de yeso para disimular el faltante. La droga iba a la venta clandestina y un descuadre en la balanza destapó la maniobra.
El Observatorio de Política Criminal contabilizó 5.209 muertes en 2025 sobre datos oficiales, un 22,6% más que en 2024 y la tasa más alta desde que hay registro. La cifra ya más que triplica a la de homicidios dolosos.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
