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Ángela Rodríguez, la secretaria de “Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género”, anunció que espera que para finales del mes de agosto esta nueva ley, popularmente conocida como “Solo sí es sí, cuyo nombre real es “Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual”, sea aprobada.
Dicha ley sigue causando mucha polémica en la sociedad española, ya que consiste en tener que otorgar de forma explícita el consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales con una persona. De lo contrario, las mujeres tendrán el derecho a ejercer acciones legales en contra de la otro persona involucrada en la relación si se sintieron acosadas y/o abusadas.
Irene Montero, ministra de Igualdad y esposa de Pablo Iglesias, fundador del partido político de izquierda Podemos, dijo que esta ley es un “paso decisivo” y le permitirá a las mujeres “ser mucho más libres”. Desde el gobierno, liderado por Pedro Sánchez del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), expresaron que “el modelo de solo sí es sí deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significan consentimiento”.
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La medida surge en medio de crecientes preocupaciones sobre los efectos negativos que el uso excesivo de plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat puede tener en la salud mental de los jóvenes.
El plan del Gobierno, que se espera se convierta en ley antes de finalizar 2024, incluye la introducción de un sistema de verificación de edad para evitar que menores accedan a redes sociales sin la supervisión adecuada.
El Gobierno australiano ya ha invertido 6,5 millones en pruebas piloto de tecnologías de verificación de edad que podrían incluir métodos como la identificación a través de documentos oficiales o tecnologías de estimación de edad mediante inteligencia artificial.
Motivos detrás de la nueva legislación
La propuesta del Gobierno australiano responde a estudios que vinculan el uso excesivo de redes sociales en menores con problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la falta de sueño.
“Sabemos que las redes sociales están causando un daño social significativo, alejando a nuestros niños de interacciones reales con amigos y experiencias de vida”, declaró Anthony Albanese Primer ministro de Australia. “Es momento de tomar acciones decisivas para proteger el bienestar de nuestros jóvenes”.
Este enfoque ha sido respaldado por líderes de distintos estados, como el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien sugirió que la edad mínima de acceso podría establecerse en los 14 años, requiriendo consentimiento parental hasta los 16.
Desafíos y críticas
A pesar del amplio apoyo, la implementación de esta política enfrenta varios desafíos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la efectividad de las tecnologías de verificación de edad.
Algunos expertos en seguridad digital han expresado su preocupación sobre cómo las plataformas manejarán la recopilación de datos personales para verificar la edad de sus usuarios, lo que podría generar riesgos adicionales en términos de ciberseguridad.
Además, organizaciones que trabajan en pro del bienestar juvenil, como ReachOut, han señalado que, si bien es importante limitar el acceso a contenidos dañinos, las redes sociales también proporcionan un espacio crucial para que los jóvenes busquen apoyo emocional y recursos de salud mental, especialmente en áreas donde los servicios presenciales son limitados.
Esta propuesta está programada para ser debatida en el parlamento a finales de año y, de aprobarse, podría cambiar significativamente el panorama de las redes sociales no solo en Australia, sino también influenciar políticas similares en otros países.
El Gobierno de Javier Milei continúa en su marcha hacia la privatización de empresas estatales deficitarias que les cuesta millones por años a todos los argentinos. En esta ocasión, se alcanzó un dictamen favorable para poder tratar en sesión de diputados el proyecto de ley que permita privatizar Aerolíneas Argentinas antes del 30 de noviembre, fecha en que cierran las sesiones ordinarias.
El plenario de la comisión de Transporte, Presupuesto y Hacienda fue dirigido por Pamela Verasay, del radicalismo, y JoséLuisEspert, del oficialismo libertario. En ella se firmó un dictamen de mayoría con diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, y Producción y Trabajo de San Juan.
Por su parte, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda firmaron el dictamen de minoría en el cual rechazan por completo el proyecto de privatización, quienes acusaron de “traidores a la patria” y “cómplices” a aquellos diputados que acompañaron el proyecto del oficialismo.
Sin embargo, el bloque de Innovación Federal, que integran diputados de Misiones, Río Negro y Salta, no firmó ningún dictamen. Serán claves las negociaciones del gobierno con este bloque de cara a la votación en la Cámara para sumar apoyos y lograr aprobar el proyecto.
Este proceso legislativo se enmarca en un contexto en el cual el sindicato aeronáutico “se resiste y lucha” contra el gobierno de Milei, con medidas de fuerza como el paro de este 30 de octubre.
A su vez, se dio a conocer que el ex diputado del PRO, Omarde Marchi, se suma al directorio de la empresa como director y vicepresidente de la compañía. En caso de lograrse aprobar el proyecto de ley, el proceso de privatización podría llevar hasta un año en concretarse.
El Gobierno anunció que dará de baja la jubilación presidencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner. La confirmación de la eliminación del beneficio la hizo el vocero Manuel Adorni este jueves en Casa Rosada, tras confirmarse la condena de seis años contra la exmandataria en la causa Vialidad.
“Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión” expresó Adorni.
Según explicó el funcionario, “la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
De acuerdo a la resolución del Gobierno, “el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo”.
Adorni indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.
Causa Vialidad: la Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción
La Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción en la Causa Vialidad. La expresidenta ahora apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario.
La lectura del veredicto ocurrió unos minutos después de las 11, en Comodoro Py. Mientras esto ocurría, la expresidenta participaba de una actividad con mujeres en Moreno.
Frente a este escenario, tanto el PRO y LLA están a favor de la Ley de Ficha Limpia, para que personas con condenas penales por delitos dolosos graves no puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. Para el partido amarillo es una “bandera histórica del espacio”, mientras que el oficialismo también piensa en la resolución de otros proyectos antes de que termine el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.
Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.
En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.
El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, encabezó este hoy 31 de octubre el homenaje a los oficiales de la Policía de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber e hizo un enfático reclamo a la Justicia para que se condene a los asesinos.
“No es valentía hablar, es cobardía callar”, sostuvo Wolff, quien resaltó que “de los últimos 12 policías caídos en cumplimiento del deber, en 6 no tenemos apresados y las doce causas siguen sin condena”.
Durante la ceremonia, realizada ante el monumento que rinde honor a los caídos de la Policía y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, en Bullrich y Cerviño, en Palermo, Wolff estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, el Director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), Javier Martín López Zavaleta, y el jefe de Gabinete del ministerio, José Ferrentino.
También asistieron el jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Kisch, y Jorge Azzolina, respectivamente, y el jefe y subjefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi y Carlos Augusto Teglia, en ese orden, los miembros del ministerio y representantes de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad federales y de la Provincia de Buenos Aires.
En la ceremonia fueron homenajeados el Inspector Juan Manuel Castelli, el Principal Fernando Ignacio Gómez Guzmán, y el Principal José LuisGómez, caídos en cumplimiento del deber durante el último año, y cuyos familiares y amigos estuvieron presentes en el acto.
“Será este un acto de fuerte simbolismo el día que pase un año y no tengamos familiares de caídos sentados aquí. Para eso trabajamos”, agregó Wolff.
Diego Kravetz, por su parte, reafirmó que “hoy no es un día más; hoy recordamos con profundo respeto a nuestros policías caídos y acompañamos a sus familias en su dolor. Ellos son nuestros héroes, hombres y mujeres que entregaron su vida para proteger a otros. Fueron padres, hijos, hermanos, amigos”.
El Jefe de la Policía, Pablo Kisch, aseguró: “Cada uno de ellos, al escoger vestir este glorioso uniforme, asumió el deber de cuidar a nuestra sociedad sin importar las circunstancias. Y es en ese acto de entrega absoluta que hoy queremos honrar. La hidalguía, la valentía y el honor son palabras que a menudo utilizamos, pero rara vez entendemos en su verdadera magnitud. Estos valores tomaron forma en cada uno de nuestros caídos, quienes eligieron enfrentar situaciones donde el peligro es constante, con una vocación que trasciende lo personal”.
Finalmente, el jefe policial destacó: “estamos cumpliendo con esa obligación de no olvidar lo que estos hombres y mujeres hicieron por nosotros”.
El 31 de octubre se conmemora el Día de las Caídos de la Policía de la Ciudad en recuerdo del fallecimiento del Inspector Christian Manuel Lescano y del Oficial Julio Alejandro Gómez, ocurrido ese día de 2017 durante un enfrentamiento con delincuentes.
Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.
Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.
La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.
En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.