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El discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof en la Legislatura generó diferentes reacciones opositoras y oficialistas. Dentro ello, no se le pudo hacer la vista gorda al senador bonaerense de Juntos, Alejandro Rabinovich, quien salió al cruce a través de las redes sociales.
“Otra vez la actitud prepotente y autocrática del gobernador Axel Kicillof. No tienen lugar los intendentes, ni los referentes de Juntos, en la ceremonia de Apertura de Sesiones. La imagen de la transmisión es solo para ellos y en la foto aparecen solos. Nuevamente se endurecen”, sentenció el senador bonaerense Alejandro Rabinovich desde su Twitter.
Otra vez la actitud prepotente y autocrática del gobernador @Kicillofok. No tienen lugar los intendentes ni los referentes de Juntos en la ceremonia de Apertura de Sesiones. La imagen de la transmisión es solo para ellos y en la foto aparecen solos. Nuevamente se endurecen. pic.twitter.com/x48oAhMj4I
También recalcó: “Arrancó pidiendo que las elecciones no interfieran en la gestión del año en la provincia de Buenos Aires. Van 20 minutos de discurso y ya las mencionó 4 veces“. Rabinovich no se cansó de cruzar al mandatario provincial desde su red social.
“Usan la provincialización de un hospital como lanzamiento de campaña en vez de resolver los problemas estructurales del HIGA, que centraliza la atención aguda de al menos 15 partidos”, remarcó el senador bonaerense. Y cerró: “No hay alcohol ni agua caliente para bañarse, los médicos no tienen equipos (tampoco insumos básicos), las camas están sostenidas con ladrillos y no tienen gas hace cuatro meses”.
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En una jugada inesperada, Héctor Daer le puso fecha de vencimiento a su ciclo en la CGT. Este martes, durante una reunión a puertas cerradas en Azopardo, avisó que en noviembre no buscará la reelección. Y con ese gesto, pateó el tablero sindical: empieza una nueva etapa con recambio de nombres y alianzas cruzadas.
Hasta ahora, muchos daban por hecho que Daer quería ser el secretario general único, en reemplazo del triunvirato. Pero la sorpresa fue doble: no solo da un paso al costado, sino que ya dejó en puerta el nombre de su sucesor. Se trata de Jorge Sola, actual secretario de Prensa de la CGT y referente del Sindicato del Seguro, apadrinado por Andrés Rodríguez, jefe de UPCN y aliado histórico de Daer.
El anuncio lo hizo antes de una conferencia de prensa y frente a una mesa sindical de peso: estaban Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Rodríguez, SergioRomero (UDA), Juan CarlosSchmid (Dragado y Balizamiento), JulioPiumato (judiciales) y su hermano RodolfoDaer (Alimentación).
Como argumento, habló de un desgaste natural después de tantos años en la conducción, aunque dejó claro que no se va ya mismo: primero quiere “acomodar todo esto”, en alusión a la pelea contra la reforma laboral que busca reinstalar el Gobierno. Una agenda que la CGT piensa resistir con un nuevo paro general, el tercero contra la gestión de Javier Milei.
Lo cierto es que la decisión de Daer llega justo cuando enfrenta elecciones en su gremio, ATSA Buenos Aires, que conduce desde hace 32 años. Todo indica que adelantará los comicios para junio y así evitar el armado de una lista opositora aprovechando la transición en la CGT.
La salida de Daer también reacomoda internas. En los últimos tiempos se había alejado de su perfil dialoguista y endurecido su postura, más cercana a la de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, hoy críticos del Gobierno. En cambio, dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) apuestan aún al pragmatismo y al diálogo con la Casa Rosada. Y en el medio, aparece Luis Barrionuevo (gastronómicos), que alienta una renovación con figuras propias.
Con Daer fuera de juego, la pregunta es quién tomará las riendas. Nadie parece tener hoy el consenso para asumir como líder único, por lo que vuelve a tomar fuerza la idea de una conducción colegiada de tres o cuatro cabezas. Además de Sola, suenan Cristian Jerónimo (vidrio), apoyado por Sasia y Martínez, y Daniel Vila (Carga y Descarga), el hombre de Barrionuevo que le ganó la pulseada a Camioneros por el encuadramiento sindical en Mercado Libre.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.
Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.
“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.
El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.
Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.
El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria
En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.
– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.
La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.
Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.
A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.
Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.
Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.
Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.
Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).
El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.
El legislador porteño Ramiro Marra confirmó la semana pasada que competiría por fuera de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 18 de mayo y adelantó los principales lineamientos de su nueva campaña. “Que se prepare Kicillof”, arengó eldirigente libertario luego de anunciar que lanzaría una propuesta para cobrarle a la administración de Axel Kicillof el servicio de salud que brindan los hospitales públicos de la Ciudad a los bonaerenses.
Marra subrayó que “el 40 % de la gente que se atiende en el sistema público de la ciudad viene de la provincia de Buenos Aires” y explicó que su iniciativa consistiría en “pasarle la factura” a la provincia cuando esos pacientes se atendieran en hospitales porteños. “Cuando vienen le pasas la factura a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires”, resumió el legislador en diálogo con Paulino Rodrígues, en LN+. Según aclaró, no buscó confrontar con LLA ni ser funcional al kirchnerismo o a Pro, sino que quiso “aportar desde su espacio a la consolidación del ideario liberal en la Ciudad”.
Al detallar otras propuestas, Marra hizo hincapié en la importancia de impulsar reformas en materia educativa, entre ellas, un proyecto para transparentar el financiamiento del sistema escolar. “Queremos que haya transparencia en la educación. Saber cuánto recibe cada establecimiento, tanto privado como público. Queremos información y a partir de ella, se van a poder tomar decisiones. Porque sabemos que de los 2500 escuelas que hay la mayoría, hasta los privados, reciben subsidios”, señaló. “Vos mandás a tu hijo a un parroquial que recibe subsidio y no tenés información de cuánto es y pagás un cuota sin saber esto”, advirtió.
El legislador consideró urgente revisar los contenidos de las currículas para incorporar tecnología. “Hay que estar más enfocado en el mundo moderno, la educación siempre llega tarde. Los chicos están más preocupados por ver qué hay en el teléfono que lo que dicta el profesor. Porque lo que dicta el profesor capaz ya está en una alguna inteligencia artificial”, planteó. “Hay que incorporar la tecnología en los colegios”, reclamó.
Marra también recordó su reciente desvinculación del bloque libertario en la Legislatura porteña, aunque afirmó que mantendría su respaldo a las iniciativas del Gobierno. “Acompaño las políticas de este Gobierno porque desde mi salida no cambiaron las políticas. Entonces, ¿por qué cambiaría mi apoyo?”, expresó. Al mismo tiempo, ratificó su respeto personal hacia la figura del presidente Javier Milei y prefirió no dar más detalles sobre su relación con el mandatario: “Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo”, sostuvo días atrás, al explicar que su objetivo principal apuntó a reforzar las propuestas libertarias en la Ciudad.
El farmacéutico y candidato a legislador porteño Marcelo Peretta (lista Remedios para CABA) acusó a los sucesivos gobiernos de haber convertido en “una estafa” el proyecto del Polo Farmacéutico de Lugano III y IV. La iniciativa, sancionada por la Ley 7168 en 2005 para reunir a empresas productoras e investigadoras de medicamentos, permanece como “un terreno baldío” casi veinte años después.
En un video difundido en redes, Peretta señala las rejas oxidadas que rodean el predio y afirma: “Aquí debía haber 100 productores de medicamentos, pero veinte años después solo hay 4”. Para el postulante, el incumplimiento configura una violación de los deberes de funcionario público previstos en la Ley 25 188 y en el artículo 248 del Código Penal.
El dirigente apunta a una “connivencia” multipartidaria: “Hay connivencia entre macrismo, kirchnerismo y radicalismo, cuyos partidos están financiados por los laboratorios y, a cambio, les congelan este proyecto que traía competencia, producción y trabajo”.
Peretta sostiene que la parálisis del polo encarece el acceso a los medicamentos: “esta es la prueba de que la política está comprada por la industria farmacéutica y, por eso, tenemos los medicamentos más caros del mundo”. Su programa incluye instalar nuevos laboratorios en el predio para aumentar la competencia, obligar a recetar por nombre genérico y sancionar a los médicos que prioricen marcas comerciales por “intereses económicos” y limitar la publicidad engañosa y cortar el financiamiento empresario a la política.
“Vamos a abrir más laboratorios para generar competencia y cortar el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros. Tengo conocimiento, experiencia y valentía para enfrentar a las corporaciones y aliviar a los porteños”, aseguró.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.
Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con undéficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.
Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.
No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.
Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.
