Según el Gobernador de La Pampa “los empresarios FESTEJAN cada punto de inflación”
Sergio Ziliotto insiste en responsabilizar al sector privado por la inflación: "El empresario sale a remarcar. Vemos que festejan cada punto de inflación".
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Apoyando las políticas económicas del gobierno de Alberto Fernández, el burócrata pampeano sacó a pasear a su lado keynesiano y bancó el rumbo que lleva adelante La Pampa sobre la obra pública y el financiamiento del consumo como “forma de reactivar la economía en medio de una campaña electoral”.
Para Ziliotto, la forma de sostener la economía es con la obra pública. El Ministerio que se encuentra bajo esa órbita ha sido, por lejos, el más beneficiado por los recursos que envía nación a la provincia. Mediante la gestión millonaria de esa cartera, el Gobernador gesta su reelección.
El peronista, siguiendo la línea de anteriores discursos, decidió responsabilizar a los empresarios por el contundente fenómeno inflacionario, producto de las políticas tomadas por el Gobierno del que es parte. Para él, el aumento sostenido de precios se explica gracias a un “proceso electoral que se ha adelantado”.
Precisó además que “hoy vemos una gran campaña para ver cómo se puede desestabilizar al gobierno con una catástrofe económica”. Como si el 65% de inflación acumulada se tratase de una maniobra de la oposición y no de una mala gestión económica.
Más tarde, en diálogo con su prensa (léase todo el periodismo pampeano), cargó al sector empresarial: “Si uno ve lo que dicen los análisis de quienes manejan el poder real, el empresario sale a remarcar. Vemos que festejan cada punto de inflación y analizan cuánto valdrá el dólar en seis o siete meses, Más allá de un alineamiento o no al gobierno, no tienen responsabilidad social”.
Finalmente declaró que en el país “hay un sistema cartelizado de empresas que fija los precios” y que “desarmar esa concentración lleva mucho tiempo y decisión política. Hoy no encontramos puntos de acuerdo para una política de Estado”, admitió.
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Una foto publicada en X por el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, desató una nueva tormenta interna en el oficialismo. El detalle que golpeó fue la ausencia de uno de los fundadores del movimiento político libertario, el diputado provincial de Buenos Aires, Agustín Romo.
Espert intentó decorar el posteo con un simple: “¡Haremos libre a la Provincia!”. Pero ni los fueguitos de sus seguidores ni las manos levantadas taparon la pregunta que se hizo el mundo twittero libertario: ¿Dónde está Romo?
El primero en meter el dedo en la llaga fue Daniel Parisini, alias Gordo Dan, quién además es amigo de Romo. A él, le siguió una andanada de mensajes replicando su interrogante. @TraductorTeAma también respondió directo al tuit de Pareja: “No reconozco a ninguno de la foto, estuve buscando a este que hizo el espacio desde 0 con nosotros pero no lo vi…”. La acusación no era menor: los que están en la foto no serían los verdaderos fundadores, sino los nuevos gerentes de la libertad designados por Karina Milei.
Las respuestas y retuits no tardaron en crecer y alimentaron el fuego de una interna que viene cocinándose a fuego lento desde hace meses. Como si se tratara de una novela dramática, cada episodio muestra un pase de facturas más sucio que el anterior: denuncias de punteros, acomodos familiares, despidos por WhatsApp y una competencia desatada por ver quién es más fiel al trono de Javier Milei.
Cuando parecía que el guion ya estaba escrito apareció el Presidente. Milei rompió el silencio con un retuit que pareció un misil teledirigido a Pareja y compañía. Ante un posteo cariñoso de Romo—“Todos los días tenemos que agradecerle a Dios por el Presidente que tenemos”—, el primer mandatario respondió con una frase tan emotiva como estratégica: “Muchas gracias Agustín querido del alma…!!!”. La frase no fue inocente. Fue una señal clara: el respaldo está con el que dejaron afuera de la foto.
Según reveló recientemente un informe del diario La Nación, de los 17 candidatos que encabezan las listas para la Legislatura porteña, sólo uno no respondió a la solicitud del medio para presentar y detallar sus proyectos para el distrito: Manuel Adorni, quien conservó su puesto de vocero presidencial mientras encabeza la boleta de La Libertad Avanza, la lista de Javier Milei en la Ciudad.
Esta situación no se trata de un hecho aislado, no estamos ante un caso del mileísmo odiando a La Nación, como promueve recientemente el espacio. Otros medios especializados en verificación de datos, como Chequeado, confirmaron que el equipo de prensa de Adorni tampoco proveyó respuestas detalladas sobre sus propuestas al ser consultados para una nota similar.
Reportes de otros importantes diarios, como es el caso de Clarín, señalaron la ausencia de planes específicos del economista para la Ciudad, contrastando con una campaña que se basó fundamentalmente en criticar al PRO y en polarizar con el kirchnerismo; y en cuanto a la adhesión a consignas, el relato se sostuvo principalmente en el “modelo Milei” y el “ajuste”, sin especificar su aplicación en el ámbito porteño, que es de lo que se esperaría que hablara Adorni en su rol de candidato porteño.
La falta de concreción en temas específicos de la Ciudad, particularmente en materia fiscal, cobra relevancia al recordar antecedentes recientes en la propia Legislatura porteña. El año pasado, mientras los legisladores Ramiro Marra y Eugenio Casielles (cofundadores de La Libertad Avanza), junto al abogado y legislador Yamil Santoro, impulsaban un proyecto de recorte de gasto en el presupuesto de CABA; la legisladora de LLA (y actual presidenta del bloque)ex-camporista Pilar Ramírez y otros miembros fieles al “león” votaron en contra de esa iniciativa, eligiendo prorrogar el presupuesto elaborado por el larretismo, una acción que parece colisionar con el discurso de “motosierra” y “ajuste fiscal” que el espacio promueve a nivel nacional.
El contraste entre la presentación detallada de plataformas por parte de la casi totalidad de los candidatos y la ausencia de las mismas por parte de Adorni, sumado a un enfoque de campaña anclado mayormente en la agenda nacional y en las críticas hacia sus rivales políticos, plantea interrogantes sobre el rol que buscaría cumplir el vocero presidencial en la Legislatura. Los hechos recabados sugieren que la estrategia podría apuntar más a traccionar votos para el espacio en general, que a un compromiso con el debate y la búsqueda de soluciones específicas para los problemas de la Ciudad, lo que alimenta el debate sobre el carácter “testimonial” de su postulación.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
Durante la conversación con El Presto, Danann dejó en claro que su apoyo a Marra no responde a fanatismos, sino a una necesidad de coherencia ideológica. “¿Qué somos, libertarios o personalistas?”, se preguntó y, a su vez, diferenció su visión del proyecto libertario de una lealtad ciega a figuras como Milei o su entorno inmediato. Aunque valoró su relación con el presidente, advirtió sobre la creciente infiltración de kirchneristas en el espacio.
Danann fue tajante al referirse a la posible candidatura de Manuel Adorni en CABA. Aunque destacó que le cae bien y espera que no sea una postulación meramente testimonial, afirmó: “Yo hoy no podría votar a Adorni por el tren fantasma que tiene atrás”. También mencionó el temor que genera en muchos militantes la figura de Pilar Ramírez y otros personajes ligados al kirchnerismo.
En contraposición, defendió a Ramiro Marra, a quien calificó como un dirigente coherente y leal desde los inicios del movimiento libertario. “Lo humillaron públicamente, lo expulsaron… no se merecía eso”. A su juicio, muchos votantes desencantados con el rumbo que tomó el espacio en la Ciudad podrían inclinarse por Marra: “Parece que ese es el pensamiento de mucha gente que dice ‘bueno, hoy me la juego con Marra, que está desde el principio’. Cuando votaron a Milei, era con Villarruel y Ramiro; ahora están todos separados”.
Finalmente, Danann lanzó una advertencia directa a Milei: si no retoma el liderazgo de su espacio con liberales auténticos, corre el riesgo de ser traicionado por los mismos que hoy lo rodean. “Me parece que la guillotina se la tiene que aplicar a la cantidad enorme de kirchneristas que se le infiltraron en el espacio, y no a tipos como Ramiro Marra, que están desde el principio”. En esa línea, señaló casos como el de Carlos Kikuchi y legisladores que, según él, ya han demostrado deslealtad. “Ojalá construya con liberales, no con kirchneristas, porque lo van a traicionar”, concluyó.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
