Se las lleva el viento

Mientras más nos acerquemos a la verdad, nuestras vidas serán más completas, eficientes y felices...
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10 Years Experiences

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*Por: Rogelio López Guillemain

“Cuando la necesidad es la norma, cada hombre es a la vez víctima y parásito”

Ayn Rand

“Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía”

Thomas Jefferson

¿A las palabras se las lleva el viento? Hace rato que las palabras se volaron, esas palabras que son los símbolos que articulan el diálogo y el pensamiento. Porque sin palabras no existen ninguno de ellos, en nuestra Argentina hemos reemplazado el diálogo por la bajada de línea y el pensamiento por el dogmatismo. Te pido que inviertas 5 minutos de tu tiempo, no abandones estas líneas y que, con oídos abiertos y espíritu crítico, dialogues con ellas.

En nuestra imposible e impostergable búsqueda de la verdad, hemos abandonado el poder de la razón y nos hemos entregado al capricho de las emociones, hemos reemplazado el análisis lógico por el ciego fanatismo, quimera que nada ve y que nada escucha. El fuego de las pasiones nubla el entendimiento y nos aparta de la esencia inteligible de nuestra condición humana, nos aleja de la verdad (concepto acorde con la realidad).

Pero, ¿importa la búsqueda de la verdad?, ¿acaso no es perder el tiempo? ¡Para nada!, esa búsqueda de la verdad la llevamos adelante todos los días de nuestra vida, a cada segundo, aunque no nos demos cuenta.

No desayunamos veneno para ratas porque somos conscientes de que ello nos mataría. Esa es una verdad de la que dudamos, una verdad que nadie consideraría “relativa”, ¿cierto?

Pues tengo algo que decirte: ninguna verdad es relativa (decir que las verdades son relativas transforma a esa propia definición en relativa y por lo tanto inválida). Nuestro conocimiento de la verdad es provisorio, incompleto y a veces errado, pero nunca relativo. El veneno de ratas no es nutritivo, no importa lo que yo “crea o sienta”, como decía Aristóteles (si, Aristóteles no Perón) “la única verdad es la realidad” y yo agrego: mientras más nos acerquemos a la verdad, nuestras vidas serán más completas, eficientes y felices.

La verdad está siendo atacada por los cultores del posmodernismo por medio de palabras que desacreditan el valor de las palabras y con afirmaciones (verdades) que desacreditan el valor de las afirmaciones (verdades).

Al quitarle significado y sentido al concepto “verdad”, reemplazando su inevitable lazo con la realidad por una sujeción a la caprichosa interpretación “relativa” individual, los posmodernistas han logrado que “todo sea verdad” según el cristal con que se mire. El problema de esta posición buenista, conciliadora y políticamente correcta es que: si todo es verdad, entonces nada es mentira.

Así como la palabra mentira queda desterrada de nuestro vocabulario (y por lo tanto de nuestros razonamientos y valoraciones, ya que todo es verdad), también queda exiliado lo feo, lo descortés, lo malo, lo desagradable, el demérito, lo inmoral y la opresión (con la misma “lógica relativista” todo arte es bello, todo acto es cortés, bueno, agradable, meritorio y moral).

Bajo esta dialéctica: todo es verdad, todo vale lo mismo, lo único que importa es no ofender y no fijar una posición argumentada (no caprichosa) de lo que es verdad, bello, bueno o ético. Se nos intima a someternos a la imposición de una ambigüedad en la que lo blanco y lo negro se funde y confunde bajo un cemento gris.

Los tiranos de la posverdad, atrincherados en la política, en las cátedras y en los medios, se aprovechan de las buenas intenciones (aunque irreflexivas) de las personas de bien, del calor de sus pasiones y de sus sentimientos humanitarios; llevándolos a confundir lo deseable con lo justo, lo necesario con un derecho, la libertad individual con la explotación del otro y la igualdad con el igualitarismo.

Así vemos como los sacerdotes del culto a la posverdad, nos ofrecen como sacrificio en el altar del relativismo. Jueces que no actúan contra las usurpaciones (porque hay una “necesidad” habitacional), políticos que justifican “salir de caño” (porque hay “necesidades”), funcionarios que atacan el mérito y por ende avalan la mediocridad (porque hay “necesidad” de inclusión), voceros que ponen en igualdad de consideración a la víctima y al delincuente (apelando a la “necesidad” de no discriminar), ministras que reconocen en videos que “robamos”, concejales que creen tener el derecho a esclavizarte y para ello le ponen impuestos al viento y al sol (así “redistribuyen” lo tuyo y cubren “necesidades”) y comunicadores que llaman homofóbico a quien no satisface la “necesidad” de reconocer como lo que no es a quien tiene disforia de género (todo el mundo tiene derecho a sentirse lo que quiera mientras no le imponga al otro su irrealidad), o que llaman machista patriarcal a quien se opone a la “necesidad” de realizar una interrupción del embarazo (eufemismo que esconde el asesinato de un ser humano individual que anida en el vientre materno).

Recuperar la “verdad” como valor señero de nuestra conducta, aun siendo esta verdad provisoria y debatible (desde lo lógico-racional no desde lo emotivo-pasional) es fundamental para volver a ser una sociedad armónica y próspera.

La “verdad” establece pautas de convivencia basadas en el respeto al otro, en la búsqueda de lo bueno, lo bello y lo correcto; funda las bases de la defensa de los derechos humanos (a la vida, la libertad y la propiedad) como postulados esenciales en el desarrollo personal y social del ser humano y garantiza la primacía del individuo sobre el conjunto, individuo que nunca y bajo ningún concepto, puede ser inmolado en el altar del bien común.

Desde hace casi 100 años venimos soportando políticas “solidarias”, ataques a los “egoístas” que piensan en su propio beneficio y que no tienen “consciencia social”. Hace casi 100 años vienen profundizando este modelo criollo de socialismo que nos ha empobrecido y sumergido en la miseria, la apatía y la mediocridad.

Los políticos lo han hecho porque vos y yo se lo hemos permitido. Porque les dejamos el camino libre y nos desentendimos de nuestros deberes cívicos, porque ser honesto, trabajar y votar cada tanto no nos transforma en ciudadanos.

Vivimos El Imperio de la Decadencia Argentina. Está en nuestras manos el asumir el compromiso de comenzar a ser protagonistas. Está en nuestras manos el desatar La Rebelión de los Mansos.


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Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

Informe-de-la-5ta-reunion-de-la-comision-especial-Ad-hoc

El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

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