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Javier Milei confirmó que su vicepresidente será mujer y generó revuelo en el ideario colectivo. Corrieron rumores de que el pedido de licencia de la presidente de Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, tenía algo que ver pero rápidamente ambos confirmaron que la posibilidad es nula.
De los nombres que sonaron en la semana, los principales fueron los de la economista Diana Mondino y la presidente del Partido Demócrata bonaerense, Victoria Villarruel. Al ser consultado, Milei responde que los rumores son falsos debido a que no definirá públicamente la cuestión hasta el 24 de junio. Se trata del día que deberán oficializarse las candidaturas para las elecciones primarias del 13 de agosto.
La economista Diana Mondino.
Con lo mencionado previamente, la cuestión queda en una estimativa. Un sector del liberalismo le expresó a la prensa que están a la espera de la decisión de Mondino, quien el año pasado sonó como posible candidata en la provincia de Córdoba. “Depende de ella, acá todos quieren que juegue con nosotros pero nadie lo sabe todavía”, expresó un dirigente.
La directora de la UCEMA apareció en programas de televisión hablando de la inflación del 7,7 por ciento y no dio certezas sobre su futuro electoral. Un asesor cercano al economista reveló que creía que Mondino estaba alineada con Republicanos Unidos, el partido del diputado Ricardo López Murphy. “Parece que es la única de ellos que no acompaña a Ricardo”, destacó.
La diputada nacional Victoria Villarruel.
“Javier todavía no confirmó nada igualmente. Diana es la candidata ideal. Toda la gente de Capital está con ella. La conversaron en diciembre y también se juntaron en enero. Después no se habló más del tema. Todo indica que será Mondino a menos que sea alguien que se nos pasó a todos por alto. Sino, calculo que irá Victoria”, aclara un dirigente en diálogo con la prensa.
El segundo nombre que aparece en carpeta entonces es el de Villarruel. La compañera de banca de Milei se posiciona como otra posibilidad fuerte. No hay otra mujer dentro del panorama liberal que se le asemeje en potencialidad. Un hombre de la mesa chica liberal destacó que la abogada no tiene intenciones de jugar en provincia de Buenos Aires, su distrito de fuerza.
El conductor nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei.
La diputada de Avanza Libertad, Carolina Píparo, no tiene interés en meterse en el plano nacional y tampoco tiene el mismo peso debido a su reciente incorporación a la coalición liberal. Comentan que quiere jugar en provincia, en específico en el Partido de La Plata, su ciudad natal.
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En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, durante la AmCham Summit 2025 que congregó a figuras empresariales y políticas, Cristian Ritondo encabezó la posición del PRO bonaerense: anunció que trabajará por una alianza con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las legislativas provinciales y remarcó que no habrá saltos partidarios individuales.
“El PRO va a seguir acompañando todas las reformas que está encarando el presidente Milei y ratificamos nuestra posición frentista en la Provincia de Buenos Aires para derrotar al populismo”, afirmó en un panel que compartió con el radical Rodrigo de Loredo. Acto seguido subrayó: “No tiene que haber traspaso de dirigentes. Un frente, una alianza, ir juntos en una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo que debe llegar a la Provincia”.
Ritondo asistió horas antes de la reunión del bloque PRO en Diputados, prevista para las 18.00 de hoy. Allí, según anticipó, comenzaría a delinear la estrategia parlamentaria junto a Diego Santilli —otro impulsor del acuerdo con LLA— y a coordinar un primer encuentro con Sebastián Pareja, el por ahora armador libertario en la provincia que responde a Karina Milei.
El dirigente bonaerense del PRO admitió la “debilidad parlamentaria” del oficialismo y apuntó que las reformas laboral e impositiva reclamadas por el empresariado requerían un frente opositor robusto. De Loredo coincidió y alertó que el voto porteño del domingo representó “un apoyo del electorado a la marcha de la economía” antes que un aval ideológico.
La cumbre expuso la incomodidad de los referentes amarillos tras el tercer puesto de Silvia Lospennato en la Ciudad, donde Manuel Adorni duplicó al PRO. Jorge Macri, uno de los primeros en llegar al evento, reconoció la derrota pero insistió en que el partido “seguirá existiendo”.
Por ahora, la ingeniería electoral bonaerense quedó en manos de Ritondo y Santilli. Con los libertarios fortalecidos tras el contundente resultado porteño y con empresarios que pidieron “mayor institucionalidad”, ambas fuerzas evaluarán cómo articular sellos y listas sin perder identidad ni estructura. Mientras tanto, los libertarios “tiñen de violeta” el tablero político y el PRO confía en que el frente común evitará lo que, según Ritondo, la gente reclama dejar atrás: “los errores” del pasado populista.
La cumbre empresarial, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, reunió a referentes como el presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín, y la encargada de negocios norteamericana, Abigail Dressel. Ante los asistentes, Dressel sostuvo que Javier Milei estaba “implementando un cambio radical en la Argentina”, valoró la política económica y destacó el rol de más de 300 firmas estadounidenses en el país.
Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei.
Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.
En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.
Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.
Carlos Kikuchi, antiguo titiritero de la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia en 2023, lanzó el frente Unión, Renovación y Fe (URF) y fijó como objetivo disputar el voto libertario y de centroderecha en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. El senador provincial afirmó que su espacio ofreció “una alternativa de derecha con sensibilidad social” y explicó que presentará listas en las ocho secciones electorales—donde se eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales—y en los 135 municipios, que este año renovarán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.
El dirigente sostuvo que abandonó La Libertad Avanza antes del balotaje presidencial por el acuerdo con Mauricio Macri: “Cuando Javier toma la decisión de recostarse sobre Macri para el balotaje, creo que compramos un Renault Gordini y lo pagamos al precio de una Ferrari”. Además, replicó a quienes lo acusaron de favorecer a Axel Kicillof: “Nosotros en algunas cuestiones hemos votado para darle gobernabilidad a Kicillof… Ahora, no le hemos votado todo al libro cerrado”.
– Vargas, Kikuchi, Luayza, Cuervo y Del Oso, el pasado viernes en la presentación de Unión, Renovación y Fe
Kikuchi relató que el nuevo armado ya sumó “más de 20 concejales de LLA” y aseguró que algunos funcionarios “renunciaron o están pensando renunciar al PAMI para venirse a trabajar con nosotros”. Entre sus respaldos inmediatos mencionó a los senadores Silvana Ventura y Sergio Vargas, a los diputados provinciales Fabián Luayza, Gustavo Cuervo, Sergio Vargas y Juan Del Oso, y al senador Sergio Vargas, que integran los bloques Unión, Renovación y Fe en ambas cámaras bonaerenses.
En el plano económico, manifestó coincidencias con la Casa Rosada, pero reclamó atención sobre la situación social: “Nosotros estamos de acuerdo con el reacomodamiento de la macro… en el conurbano la gente está sufriendo mucho y no se está poniendo el debido cuidado a esas cuestiones”. Desde el oficialismo replicaron en reserva: “Hoy no hay lugar para tibios ni para los que dudan del rumbo. El país necesita coraje, no discursos reciclados”.
Kikuchi confirmó que no competirá en los comicios nacionales del 26 de octubre, cuando la provincia elegirá 35 diputados nacionales. Aclaró que vio a Kicillof “una vez en su vida” y que su diálogo con la gobernación bonaerense fue “prácticamente nulo”. Respecto de una eventual alianza con La Libertad Avanza, contestó: “El diálogo siempre está abierto, pero ya no depende de nosotros”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.
Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.
El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.
Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.
En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.
El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.
Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.
El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.
– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos
Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.
Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
Misiones se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de junio, en un escenario dominado históricamente por la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira. En este tablero consolidado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar terreno, pero su camino ha sido un constante foco de escándalos y contradicciones.
LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES DE LLA DE MISIONES
Todo comenzó en 2023, cuando Ninfa Alvarenga, referente inicial de LLA, vio su candidatura a gobernadora frustrada. Tras esa fallida postulación, Alvarenga fue nombrada titular del PAMI Misiones. Desde allí, utilizó su Fundación, “Misión Libertad”, para gestionar donaciones estatales. Según el Boletín Oficial, a través de las resoluciones RSG N° 126/2024 y RSG N° 127/2024 del 30 de abril de 2024, entre otras cosas, se cedieron más de once mil artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, accesorios) y de bazar (ollas, termos, etc.). Estas donaciones, gestionadas por Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, generaron una intensa difusión en redes sociales de la fundación, con un modelo de asistencia social que evocaba la acción directa de figuras como Eva Perón, marcando constantemente que las donaciones eran enviadas por Secretaría General de la Nación (donaciones que parten del sector privado).
Sin embargo, la gestión de Alvarenga frente a PAMI terminó abruptamente en octubre de 2024, cuando fue destituida por denuncias de exigir “aportes” del 10% al 20% de sus sueldos a los empleados de PAMI, cobrando además una indemnización de $11.380.414,26 al ser desvinculada, con apenas unos pocos meses de actividad.
Tras la salida de Alvarenga, Adrián Núñez asumió la presidencia de LLA Misiones y Samantha Stekler la titularidad de PAMI de Misiones.
LA ALIANZA CON ROVIRA QUE NO FUE
Antes de seguir con la trama de Núñez, debemos hablar del intento de “alianza tácita” de LLA con el oficialismo renovador de Rovira y la intendencia de Puerto Iguazú. Se constataron donaciones oficiales desde la secretaría que dirige Karina Milei hacia los espacios del rovirismo, toda información que surge del Boletín Oficial, pero en muchos casos sin especificar qué tipo de bienes o recursos se transferían. Recientemente este acercamiento se disolvió, y las especulaciones apuntaron a la Ley “Ficha Limpia” y a la falta de alianza como posibles factores. Es relevante que los Senadores Nacionales de Misiones que responden a Rovira votaron en contra de la Comisión de Investigación de Libra y la propia Ley “Ficha Limpia” en el Senado, hecho que beneficia al mileísmo por permitirles la posibilidad de polarizar con una Cristina Fernández candidata.
LOS CANDIDATOS SE DENUNCIAN ENTRE ELLOS
Pero retomemos al actual armado LLA en Misiones. Hace unos meses, una carta firmada por 22 personas fue dirigida a Adrián Núñez (recordemos, presidente de LLA Misiones), y esto detonó un nuevo escándalo: acusaciones formales de un esquema de retorno, iguales a los acusados contra Alvarenga.
Entre las figuras señaladas por las denuncias, acusadas de ser parte del esquema de “aportes”, se encuentran:
Carlos Adrián Núñez: Presidente de LLA Misiones y 3° en la boleta.
Samantha Noelia Stekler: Titular de PAMI Misiones y 2ª en la boleta.
Nelli Beatriz Guerrero: Titular de ANSES Misiones y 4ª en la boleta.
Paola Andrea Trinidad: Coordinadora de PAMI Misiones y 6ª en la boleta.
Walter Fabio Báez: Apoderado de LLA Misiones y 7º en la boleta.
Cristian Osvaldo Sanabria Brítez: Referente de LLA Misiones y quien recibió una de las transferencias por “aportes”, por un monto de $260.000.
El dato curioso es que la carta de denuncia fue firmada, irónicamente, por la mayor parte de los propios candidatos de LLA en la lista que, a su vez, tienen cargos en ANSES, PAMI y demás (empleos desde los que les exigían del 10% al 20% de sus sueldos):
Osvaldo Héctor Manzoni: N°5.
Melisa Yohana Skrauba: N°8.
Agustina Isabel Torales: N°10.
Yanina Gisela Lorenzo: N°14.
Rosana Alicia Mondelo: N°16.
Gastón Emanuel Horianski: N°17.
Camila Belén Aquino: N°18.
Tomás Margets: N°19.
Daniela Beatriz Cabral: N°20.
Isauro Daniel López: N°1 (suplente).
Carol Melisa Correa: N°2 (suplente).
Alberto Martín Celestino: N°3 (suplente).
Caren Yelsen Silveira Pintos: N°4 (suplente).
Matías Germán Alles: N°5 (suplente).
Celeste Agostina Comparin: Nº6 (suplente).
Dante Fabricio Berdini: N°7 (suplente).
Por si es necesario aclararlo otra vez: los candidatos de LLA de Misiones denuncian a los demás candidatos de la misma boleta.
Las irregularidades denunciadas replican el modus operandi del caso Alvarenga, sugiriendo un patrón de exigencia de “diezmos” en el espacio, y todo financiado por los trabajadores misioneros. Sin embargo, los hermanos Milei le dieron el visto bueno a toda esta situación de denuncias por corrupción dentro del mismo espacio.
KIRCHNERISTAS ANTI-CASTA
Finalmente y no menos importante, los perfiles de los candidatos revelan un pasado político que desdibuja la imagen “anticasta”.
El ya mencionado hasta el hartazgo, Carlos Adrián Núñez, actual presidente de LLA Misiones y principal denunciado, exhibe en sus redes tuits con posturas claramente kirchneristas, como su “Orgullo UBA” junto a Alberto Fernández en 2020, una nota elogiando la elección de Alberto como presidente, o su apoyo a la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?” en 2017.
Por otro lado tenemos al primer candidato, el extenista Diego Gabriel Hartfield, que es quizás el caso más llamativo. Aunque ahora encabeza una lista libertaria, en las elecciones de 2015 fue candidato de Carlos Rovira y del kirchnerismo, como consta en el Tribunal Electoral de Misiones.
Sus tuits de la época lo confirman: en 2011 apoyaba a un senador misionero kirchnerista, en 2012 criticaba a Lanata por sus investigaciones contra el kirchnerismo, en 2014 elogiaba a Scioli y en 2015 confirmó haberlo votado. Incluso recomendaba fuertemente ver el programa ultra-kirchnerista “678”. E irónicamente, en 2016 tuiteó: “Ojalá nunca me toque ser diputado, no quiero trabajar 20 hs seguidas”.
Con este panorama, La Libertad Avanza en Misiones enfrenta el 8 de junio no solo el desafío de competir con el poder establecido, sino el de explicar sus propias contradicciones y el ruido de las denuncias internas que ensombrecen su debut electoral en la provincia.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC