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Frente al aumento en los precios de la carne, originado gracias a las restricciones impuestas por el Gobierno nacional sobre las exportaciones, el intendente de Corrientes, José “Tata” Sananez, propuso suplantar a ese producto con milanesas de berenjena.
“Aguante la ´milanga´ de berenjena hasta que baje el precio de la carne. La vida es linda, placentera, también con muchos sinsabores etc etc ; pero cuando la transformás buscándole la vuelta tiene su verdadera razón de ser vivida”, señaló en su cuenta de Facebok. El comentario del burócrata desató la risa por parte de los usuarios.
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Pasó hace un mes y medio, en simultaneo con la decisión de Javier Milei de echar al jefe de Gabinete Nicolás Posse. En ese momento desde el Congreso hablaron con Santiago Caputo, principal asesor y estratega político del Presidente, de una “salida de lujo” para Martín Menem, titular de Diputados. El plan era que el riojano aterrizara en el Ministerio del Interior, la cartera que dejaba Guillermo Francos. Pero Menem se plantó, logró el apoyo clave de Karina Milei y el recambio finalmente se abortó.
La maquinación tenía anclaje en el fuerte malestar que hay en la Cámara baja con Menem. Y que crece en el día a día y es transversal a todas las bancadas de la oposición, desde las más aliadas hasta las más críticas del oficialismo.
Le objetan demasiado al riojano: falta de palabra, no respetar acuerdos políticos, colocarse en el rol de un común legislador libertario en vez de portarse como titular de la Cámara, de viajar demasiado para el armado de La Libertad Avanza en el interior y de estar ausente en la previa a sesiones clave, de haber colocado un celoso sistema de control de presencialidad que alcanza hasta al personal de jerarquía de los bloques, de tener pisados los sueldos de los diputados en comparación con los de los senadores.
Hay más. Le critican haber firmado una resolución de aumento del 80% en las dietas justo cuando la oposición impulsaba un incremento del 8,1% para los jubilados. “Nos quiso hacer quedar como unos caraduras”, se queja un referente opositor.
Bajo este clima, en diciembre Menem deberá revalidar con los votos de la Cámara su cargo en la Presidencia. Si el tema estuviera en manos de un solo bloque, se resolvería bastante rápido. En la bancada de Unión por la Patria, por ejemplo, sostienen que podría haber un acuerdo para que el ex macrista Emilio Monzó, hoy integrante de la bancada Hacemos Coalición Federal que comanda Miguel Pichetto, sea electo presidente de la Cámara.
Le rescatan muñeca política a Monzó, presidente de la Cámara baja durante la administración macrista. Pero en el kirchnerismo dicen que incluso podrían votar por el propio Pichetto —“es más dificil porque algunos nuestros lo ven como un converso”, dicen— o hasta por Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO.
“Sí, podría ser hasta Ritondo. Hay una sensación generalizada de que no va más con Menem”, dice un diputado muy relevante de UxP.
Ritondo estuvo en la cabeza de Milei para presidir la Cámara. Era aún diputado pero había sido electo presidente, cuando un legislador lo consultó sobre a quién elegiría para la Cámara. Contestó que estaba entre Ritondo y Oscar Zago, quien a posteriori fue un efímero jefe del bloque de LLA. Finalmente se inclinó por Menem.
Mauricio Macri, incluso, en aquella época le pidió por Ritondo. El líder del PRO cuenta a sus visitantes que el único cargo por el que le pidió a Milei fue por la Presidencia de Diputados. Y que no se lo dio. Primer desplante.
Pese al cansancio que se palpa con Menem, en el PRO y en la UCR advierten que el presidente de la Cámara de Diputados debe tener el voto del pleno pero también el aval de la Casa Rosada.
En ambas bancadas dicen que ir en contra de la voluntad del Gobierno podría interpretarse como un “golpe institucional” y que no se sumarán a una movida de este estilo.
Eso sí. Desde los bloques aliados le insisten a Santiago Caputo con que la Cámara está demasiado desordenada y que eso puede costarle muy caro al Gobierno.
Recalcan que en cualquier momento la oposición puede pedir una sesión especial y juntar los votos para aprobar algo que disguste a la administración libertaria, voltear un DNU y hasta avanzar con el juicio político del Presidente.
Otra vez entre referentes de bancadas hablan de una posible salida de lujo.
El ministro de Defensa, Luis Petri, acusó al gobierno anterior de desviar fondos destinados a las Fuerzas Armadas. Durante la entrega de cinco tanques TAM 2C AC modernizados en Magdalena, Buenos Aires, Petri reveló que se usaron 20 millones de dólares del astillero Tandanor para construir pérgolas y refugios de ómnibus, en lugar de reparar buques.
Petri destacó que estas decisiones políticas con sesgo ideológico retrasaron la modernización de los tanques y otros equipos militares. Afirmó que desde que asumieron en diciembre, el gobierno ha destinado recursos para equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas, incluyendo la adquisición de aviones supersónicos F-16.
La modernización de los tanques TAM 2C AC se realizó en colaboración con la empresa israelí Elbit Systems, mejorando significativamente sus capacidades operativas con tecnología de última generación. El ministro de Defensa enfatizó que se han invertido más de 21 millones de dólares en proyectos de drones, sin resultados concretos hasta el momento.
En su discurso, Petri declaró: “Los recursos han estado disponibles, lo que claramente se les ha dado otro destino por decisión política”. Además, subrayó: “Esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó”.
El ministro criticó la falta de inversión y el desvío de fondos en el pasado, subrayando la necesidad de destinar los recursos a los intereses vitales de la patria y no a otros fines. Además, cuestionó la retención de ascensos militares por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la disponibilidad de fondos para la compra de sistemas de armas y la remodelación de bases militares.
La visita incluyó una demostración dinámica de los tanques en la pista de prueba y una exposición de los desarrollos en curso en la planta de producción. Petri concluyó reiterando el compromiso de su gestión con la modernización y el equipamiento de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y la seguridad de Argentina.
En una declaración que generó un intenso debate, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, defendió enfáticamente la inclusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol. “Nadie obliga a nadie a nada. Es impresionante cómo da miedo la libertad. Es a total discreción y voluntad de los socios de los clubes”, expresó Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre.
El ministro explicó que la iniciativa del gobierno tiene como objetivo atraer inversiones, elevar la calidad del deporte y transformar el fútbol argentino en una marca globalmente competitiva: “Queremos que las instituciones deportivas puedan no solo exportar talento, sino también el producto final. Mis hijos los fines de semana ven la Premier League, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Queremos transformar el fútbol en un producto final atractivo”.
El Gobierno y las SAD: ¿Una apuesta por la modernización?
La defensa de Sturzenegger se fundamenta en la Resolución General 15/2024, publicada en el Boletín Oficial, que apunta a corregir las restricciones estatales que limitan el desarrollo empresarial. Este documento, subraya la necesidad de la inversión extranjera para el crecimiento de economías emergentes, destacando que la llegada de capital foráneo puede generar nuevas empresas, empleo formal y reducir la pobreza y la desigualdad.
Sturzenegger sostuvo que la adopción de modelos de gestión como el de las SAD es un estándar internacional que ha demostrado su efectividad en numerosos clubes alrededor del mundo. “Es casi el estándar y lo hacemos con ánimo de mejorar la calidad del deporte en Argentina”, afirmó.
Las declaraciones de Sturzenegger se produjeron en respuesta a un firme comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ratificó la inalterabilidad de su estatuto frente a las normativas que promueven las SAD. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del organismo, reiteró que sigue siendo indispensable ser una “Asociación Civil sin fines de lucro” para ser miembro de la AFA. “Nos reunimos con el Comité Ejecutivo de la AFA y de la Liga Profesional en Ezeiza para, entre otros temas, aclarar la inalterabilidad del Estatuto frente a las SAD”, destacó Tapia en una publicación en Instagram.
El comunicado de la AFA, titulado “Aclaración sobre la inalterabilidad del Estatuto de AFA frente a los supuestos cambios introducidos por cierta normativa en materia de Sociedades Anónimas Deportivas”, enfatiza que las modificaciones dictadas por la Inspección General de Justicia no afectan el estatuto social de la AFA. Los clubes que adopten el modelo de SAD no podrán competir en la Liga Profesional, ya que mantener el estatus de “Asociación Civil sin fines de lucro” es un requisito indispensable.
El diputado nacional y flamante presidente de la asamblea partidaria del Pro, Martín Yeza, criticó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificándola de “desagradecida con Mauricio Macri” y con el partido.
El exintendente de Pinamar también acusó al grupo cercano a Bullrich de haber “larretizado” la interna partidaria.
Yeza recordó un acto reciente donde el excandidato presidencial, el intendente de Tres de FebreroDiego Valenzuela y su esposa, la senadora bonaerense Daniela Reich, propusieron una fusión con referentes libertarios sin consultar al partido. “No hace falta ser así de despectivo, de desagradecido”, criticó.
El diputado también destacó que, en 2015, Bullrich no tenía antecedentes en seguridad, pero Macri confió en ella para liderar el Ministerio de Seguridad, destacando su apoyo en crisis como el caso de Santiago Maldonado y el incidente de Chocobar. “Mauricio la bancó”, afirmó.
Yeza señaló que, en 2020, Bullrich fue elegida titular del PRO “sin asamblea ni votación” debido a la confianza interna. Sin embargo, criticó su falta de gratitud y enfatizó que su enfoque político no funcionó. También mencionó que los liderazgos de Bullrich y Rodríguez Larreta durante la última elección causaron perjuicios al partido.
En esa línea, el ex intendente de Pinamar reconoció las figuras emergentes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) como ejemplos de renovación dentro del partido. También hizo un llamado a una renovación generacional en la política, destacando la necesidad de nuevas ideas.
Sobre el futuro de Mauricio Macri, Yeza afirmó que el expresidente está enfocado en “formar nuevos cuadros” y expresó su deseo de que Macri no se vea obligado a postularse nuevamente. “Si tiene que volver, es que hicimos mal las cosas”, enfatizó.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
