A fines del año pasado, los medios oficialistas como Página 12, se indignaron con la posible sanción de la Sala 4 del Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba contra el Doctor Carlos González Quintana. Según esos medios, se trataba de un fallo escandaloso pues el letrado sólo había pedido una cautelar.

Periodismo y Punto analizó la segunda resolución que confirma la medida: A “Chuzo” lo suspenderán por seis meses. La investigación de los abogados cordobeses fue enviada a Esquel para que la justicia local analice el encubrimiento y, en un futuro, condene al abogado integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que armó pruebas y guionó testigos para direccionar la investigación. Las declaraciones públicas de la flamante Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y de otros integrantes del gabinete, generan sospechas que el caso se enfriará, al menos en esa dirección. En la APDHC cordobesa existe una interna entre los que quieren proteger a “Chuzo” como sea y los que ya le soltaron la mano. ¿Qué dice el escrito?

Este lunes, “Chuzo” tendrá la última chance de revertir la máxima pena que le aplicó la sala 4 de la entidad que suspendió su matrícula por seis meses invocando el artículo 50 de la ley 5805 que regula la actividad de la abogacía. La entidad analizó la conducta del letrado a partir de un oficio de la Fiscalía Federal de Esquel, donde se investigó la desaparición –al inicio- y la muerte de Santiago Maldonado ocurrida el 1 de agosto de 2017. Para los letrados, el abogado sancionado presentó un testimonio “no veraz” para “embarrar la cancha”.

Recordemos que la desaparición de Maldonado sucedió en el contexto de una protesta de la comunidad mapuche Pul Of en Cushamen, en la que se cortaron rutas y no permitían el ingreso a esas tierras de las fuerzas de seguridad. La fiscal federal subrogante de Esquel, Silvina Alejandra Ávila, remitió a Córdoba los antecedentes del letrado y su relación con el famoso “testigo E” de identidad reservada. Lucas Ariel Pilquiman, el famoso testigo E, habría sido la última persona que vio con vida a Maldonado en medio del correntoso río Chubut.

Esas afirmaciones no veraces “fueron realizadas con la intención de lograr el otorgamiento de una medida cautelar y lograron el objetivo”. El abogado defensor de “Chuzo” es Ramiro Fresneda, hermano del ex secretario de Derechos Humanos del kirchnerismo, imputado por Claudio Bonadío por haber discriminado a opositores en indemnizaciones a familiares de desaparecidos en la dictadura militar. En el 2014, la secretaria de DDHH fue allanada por el fallecido juez. El abogado de “Chuzo” fue Subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner. Su hermano Martín, fue designado por Cristina Kirchner, en diciembre del año pasado, en el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación.

González Quintana se defendió diciendo que la Sala 4 era incompetente material y territorialmente. El argumento que el kirchnerismo duro le criticó a Carlos Stornelli para defenderse de la investigación encarada en Dolores por el juez Alejo Ramos Padilla. Dice que su rol no fue como abogado sino como militante pero, en todas las declaraciones periodísticas, se presentaba como… abogado. Califica a la resolución como “esquizofrénica”. Apunta a su colega Fernando Cabaleiro como el que presentó la denuncia ante la APDHC. Pero para la Sala no existe valor probatorio de esos dichos.

Recordemos que el abogado instaló en la APDHC que a Santiago Maldonado lo habían secuestrado los gendarmes al grito de “acá encontré a uno” y que lo habían golpeado salvajemente. El testimonio se lo endilgaron a Pilquimán pero después declaró otra cosa en la causa judicial: que Maldonado se hundió solo en el río pues no sabía nadar. Fue la versión que tomó como válida el hermano de Maldonado y que le transmitió, telefónicamente, a la candidata a senadora, en aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Así nacía: ¿Dónde está Santiago Maldonado? En aquella presentación, la APDHC aseguró que Maldonado “fue visto por última vez mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería (…)”, en el marco de un operativo policial del cual se denunció un uso presuntamente excesivo de la fuerza… La Comisión ha advertido con preocupación que los solicitantes han señalado la presunta participación de funcionarios estatales en los hechos y que lo ocurrido constituiría una forma de amedrentamiento contra los integrantes de la comunidad mapuche “Vuelta del Río Pu-Lof”. En el punto “V. DECISIÓN”, “…la Comisión solicita al Estado de Argentina que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del señor Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y b) informe sobra las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”. La cautelar la consiguieron.

Tiempo después, la propia APDHC negó que González Quintana haya formado parte del organismo en cuestión. ¿Quién mentía?

El 19 de diciembre del 2017, el juez Gustavo Lleral pudo, finalmente, entrevistar al “testigo E”. Pero Pilquimán no dijo lo que decían que había dicho. Textualmente: Santiago Maldonado “se metió al agua y después volvió sobre sus pasos. Yo creo que él no pudo avanzar porque yo sabía que él no sabía nadar y además el agua estaba muy fría. Cuando estoy del otro lado del río sacándome el buzo, puedo ver que había gendarmes en la barranca arriba tirando con 9 mm, escopeta y piedrazos, pero abajo en el agua estaba solo Santiago. Ahí ya no lo vi más…”.

Un dato clave: El testigo “E”, como toda la Argentina, ya sabían que el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado había aparecido en el río Chubut. La autopsia no mostraba signos de violencia. La mentira tenía patas cortas. Pilquimán le aseguró, bajo juramente, al juez Lleral que sólo había hablado de estos hechos con su madre y su padre. ¿No era que González Quintana le había tomado una declaración? Así lo decía el propio abogado: “Para elaborar el informe nos trasladamos más de 1800 kilómetros con la ayuda de cenas de organizaciones, asambleas y personas que contribuyeron económicamente para los viajes y hospedajes…- El Testimonio E da cuenta que estuvo con él “fui el último que tuvo contacto con él antes que Gendarmería se lo llevara”.

Ese testimonio –inventado- fue presentado directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La difusión internacional de la desaparición estaba garantizada. La utilización política del tema, también.

La Sala 4 del Tribunal de Disciplina Cordobesa probó que González Quintana sí fue integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Córdoba –que dejó de depender de la APDH Nacional años atrás-. Era “revisor de cuentas” y que estaba de vacaciones en enero del 2017 en El Bolsón, momento en el que conoce a integrantes de la comunidad mapuche como el hermano de Facundo Jones Huala. Regresaría luego de la desaparición de Maldonado, para hacer una especie de “investigación privada” y conversar con los integrantes de la comunidad.

Año 2017. Plena campaña electoral de medio término. Testigos guionados, pruebas inventadas, mapuches que decían haber visto el secuestro de una persona con binoculares, testigos que decían haber escuchado el ruido, por teléfono, de botas caminando hacia un hombre en cautiverio y la utilización política de una muerte como pocas veces se había visto en el país.

El rol que tuvieron estos abogados en el engaño, amparados por la bandera de los derechos humanos, comienza a conocerse. El gobierno nacional no quiere que esta historia se profundice.

*Fuente: Periodismo y Punto – Luis Gasulla