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Mientras oficialismo y oposición debaten sobre la posible postergación de las elecciones legislativas, un movimiento fundado en 1987 reclama que la Argentina tenga por primera vez una monarquía.
El presidente del MovimientoMonárquico Argentino es Mario Santiago Carosini (hijo del fundador del espacio, Luis José Carosini), asevera que su proyecto de país es apoyado por peronistas, radicales y representantes de diversas religiones.
Este movimiento propone una Corona para que sea la garante de la división entre Estado y Gobierno. De lo contrario, siempre según ellos, la Argentina tenderá hacia el autoritarismo y la dictadura. Los fundadores del movimiento ya concibieron cómo sería la administración: los representantes de la Monarquía tendrían un presupuesto de sólo 10 millones de dólares anuales como muestra de su austeridad.
No solo eso: el monarca y su círculo íntimo tomarían posesión de la Quinta de Olivos como Palacio de la Corona para que el presidente se quede solamente con la Casa Rosada como sede del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
A diferencia de las monarquías del resto del mundo, en el país el monarca no llegaría por cuestiones de sangre, como en los estados europeos, sino a través de una Asamblea Constituyente de políticos y el mismo pueblo. En este momento es preciso preguntarse, ¿podrá una monarquía sobrevivir al siglo XXI en la Argentina? La historia sugiere que los gobiernos intransigentes erosionan los derechos políticos y las libertades civiles de los ciudadanos. Los intentos por renovar la democracia a menudo conducen, inesperadamente, a veladas formas de poder autocrático.
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El bloque de La Libertad Avanza en el ConcejoDeliberante de LaMatanza presentó un proyecto para que el intendente, FernandoEspinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.
– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza
La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.
La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.
– La concejal de LLA, Lorena Ramos
Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.
El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.
– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.
En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.
Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.
El kirchnerismo formalizó ayer miércoles un proyecto que buscó suspender las PASO y establecer elecciones “concurrentes” en la provincia de Buenos Aires.Teresa García, senadora y presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) en la legislatura bonaerense, fue la encargada de exponer una propuesta con cuatro artículos: en el primero, la suspensión de las primarias; en el segundo, la realización de los comicios provinciales el mismo día que las elecciones nacionales; en el tercero, la facultad del Poder Ejecutivo para adherir a esa modalidad; y en el cuarto, la notificación formal de la nueva normativa al gobierno bonaerense.
“Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional”, comunicó García en sus redes sociales, donde divulgó el documento respaldado por todo el bloque peronista, incluida la legisladora del Frente Renovador,Sofía Vannelli.
El texto advirtió sobre los riesgos de un eventual desdoblamiento: “La organización de una elección desdoblada por primera vez en más de 40 años de democracia requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de los recursos humanos provinciales, que no es posible realizar en estos escasos meses que anteceden a la elección”.
La iniciativa contó con el aval de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Según lo expuesto en la Legislatura, la exmandataria buscó unificar los comicios para fortalecer a los candidatos nacionales del peronismo, mientras Massa coincidió en la suspensión de las PASO, pero planteó la posibilidad de votar los cargos locales en noviembre, con el fin de capitalizar un escenario distinto ante el crecimiento de Javier Milei.
De este modo, la postura de ambos chocó de pleno con la estrategia de Axel Kicillof, quien había presentado, la semana anterior al 26 de marzo, un proyecto para derogar las primarias y adelantar la elección bonaerense, a fin de centrar la campaña en los logros de su gestión. El tratamiento de esa iniciativa se pospuso hasta el 3 de abril, después de que no prosperara la intención de votarla el jueves 27 de marzo.
La reacción del entorno del gobernador fue inmediata y contundente. “Rompieron todo”, criticaron en los pasillos de la Gobernación, al considerar que la fecha electoral era “una competencia del gobernador” y que el nuevo proyecto implicaba “intromisión de poderes”.
– Los intendentes de la UCR bonaerense se alinean con Kicillof por las PASO
“Habría que analizar la constitucionalidad”, advirtió una fuente oficial tras la maniobra kirchnerista. Aun así, el propio Kicillof reconoció días atrás que suspender las PASO exigía el visto bueno de la Legislatura, debido a que esas primarias están atadas por ley a las nacionales. “Lo tendrán que explicar”, añadieron voceros kicillofistas, en referencia a la movida de los senadores que respondían a Cristina Kirchner.
La interna en el oficialismo de Provincia de Buenos Aires contrastó con el apoyo que algunos radicales dieron a la postura de Kicillof sobre el desdoblamiento.El Foro de Intendentes de la UCR publicó un comunicado el martes 25 de marzo en el que acompañó la idea de separar la elección, al sostener que “los bonaerenses necesitan debatir sus propios temas provinciales y municipales”. Otros sectores, sin embargo, se mostraron críticos y demandaron una definición urgente del calendario. Desde el PRO, Cristian Ritondo expresó el 26 de marzo: “Hoy volvemos a pedirle que priorice las preocupaciones y necesidades de los bonaerenses por sobre los conflictos internos con sus socios políticos”.
El 3 de abril es la fecha elegida por Victoria Villarruel para abrir la sesión especial para tratar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto por el Ejecutivo para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria se produce en medio de una creciente presión política, especialmente por parte del bloque oficialista y sectores del peronismo, quienes exigen el tratamiento de los nombramientos con urgencia.
La decisión de Villarruel de fijar la fecha del 3 de abril responde a un contexto de tensiones dentro del Senado. “La sesión se convocó para tratar los pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla, a quienes el Poder Ejecutivo propuso para cubrir vacantes en la Corte Suprema”, detalló el comunicado oficial.
El anuncio de la convocatoria fue realizado en un momento clave, ya que la presión por parte del oficialismo se intensificó debido a las controversias que rodean los nombramientos. Según lo señalado por diversos medios, la propuesta de los pliegos había sido solicitada inicialmente por el bloque oficialista, que esperaba un tratamiento urgente en la cámara alta. Sin embargo, Villarruel, que podía establecer el día y la hora de la sesión, optó por evitar nuevos inconvenientes para el Gobierno tras haber logrado aprobar el DNU que permite avanzar con un nuevo “acuerdo” con el FMI.
En este sentido, el senador por el Frente de Todos, José Mayans, declaró: “El retraso en la convocatoria es una muestra clara de la falta de voluntad del oficialismo para avanzar en los pliegos. Queremos que se discuta con la celeridad que requieren los temas que hacen a la justicia en nuestro país”.
La demora también fue vista como una maniobra política, dada la relevancia de los cargos en cuestión. Ariel Lijo, uno de los jueces propuestos, es conocido por su rol en el Juzgado 4 de Comodoro Py, que tiene competencia en varios casos de alto perfil, lo que provoca cierta resistencia dentro de sectores políticos que lo consideran vinculado a intereses del poder. “Lijo es un juez que tiene un historial que no podemos pasar por alto. Su nombramiento a la Corte Suprema tendría implicaciones muy serias para la independencia judicial”, aseguraron desde la oposición.
Desde el entorno de Villarruel, la fecha elegida para la sesión busca “evitar el desgaste innecesario” y garantizar los votos necesarios. Sin embargo, surgieron dudas sobre la composición del voto en el Senado, ya que varios senadores del oficialismo mostraron resquemores frente a los nombramientos, lo que podría complicar la aprobación.
Por otro lado, el pliego de García Mansilla también genera controversias. A pesar de contar con un dictamen favorable, algunos sectores opositores cuestionan su idoneidad para ocupar un cargo tan relevante con el argumento de que su perfil no responde a las necesidades de una Corte que debe reflejar los valores de imparcialidad y justicia requeridos.
La convocatoria a la sesión tiene lugar en un momento clave para el Poder Judicial, dado que la Corte Suprema atraviesa una de sus etapas más críticas en términos de confianza pública. La necesidad de contar con jueces cuya imparcialidad no sea cuestionada es uno de los temas centrales del debate. Según los analistas políticos, la composición de la Corte Suprema será fundamental en los próximos años, especialmente en un contexto de tensión política y social como el que atraviesa Argentina.
“Es un tema clave, no solo por el nombramiento de los jueces, sino porque la Corte Suprema tiene un rol fundamental en el equilibrio de poderes. Necesitamos jueces que garanticen la transparencia, la equidad y la justicia en todas sus decisiones”, sostuvo el constitucionalista Félix González.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
El partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta, emitió un comunicado de en el que anunció su decisión de no unirse a alianzas con otras fuerzas. Explicó que prefería diferenciarse de “los partidos tradicionales añosos, que son responsables, por acción u omisión, de que la ciudad esté sucia, insegura, con alto desempleo y mala atención de la salud”.Sostuvo que su principal interés es “beneficiar directamente a los porteños, no a los partidos”.
La fuerza confirmó que competiría en las elecciones porteñas del 18 de mayo de 2025 bajo el sello Remedios para CABA (RPC) y presentó diez “remedios” enfocados, entre otros puntos, en recuperar la cultura del trabajo, fortalecer la seguridad, salir de la especulación financiera y bajar impuestos para impulsar al sector privado. El comunicado tiene las firmas de Mariana Funes (presidenta del Congreso Partidario) y Marcelo Peretta (candidato a legislador).
Desde el partido explicaron que el 19 de marzo vencían las inscripciones para conformar frentes electorales entre los cerca de 80 partidos habilitados en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, las fuerzas que deseaban unirse debían presentarse para ser publicadas luego en un listado oficial. Aclararon que, al no buscar alianzas, Movimiento Plural aparecería más adelante, ya que el plazo para anotar candidatos individuales se extendería hasta el 29 de marzo. Señalaron, además, que mucha gente se había afiliado y que quisieron brindar certeza sobre su participación y el sello bajo el cual se presentarían.
El costo de los medicamentos constituyó el eje central de la campaña. Según la información divulgada, varios laboratorios controlaron gran parte de la producción, lo cual elevó los precios de los remedios, particularmente para los jubilados con bonos desactualizados. El gobierno nacional anunció un plan para abaratarlos mediante la producción local de drogas de alto impacto, aunque Peretta aseguró: “el gobierno miente, lo anunciado representa un mercado mínimo de la canasta de medicamentos”. También afirmó que “hay que apuntar a los productos masivos que son los que consumen la mayoría de los pacientes” y criticó la burocratización del sistema gratuito de PAMI.
Con todo, Peretta prometió presentar proyectos concretos en la Legislatura para enfrentar el aumento de los medicamentos. Así, el Movimiento Plural dejó asentado que se presentaría en las urnas de manera independiente el 18 de mayo bajo una nueva estructura y con propuestas dirigidas a marcar distancia de los partidos tradicionales.
El expresidente Mauricio Macri ha manifestado su apoyo “absoluto” a una posible coalición electoral entre el partido que fundó, el PRO, y La Libertad Avanza del presidente Javier Milei para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Este viernes, el expresidente declaró estar “absolutamente de acuerdo con la alianza”, aunque advirtió que las negociaciones aún se encuentran en etapas preliminares.
Las declaraciones tuvieron lugar mientras ingresaba al edificio ubicado en Balcarce 412, donde se realizaría una reunión del PRO para discutir un posible acuerdo electoral con los libertarios en la provincia de Buenos Aires. El expresidente fue consultado por otros periodistas sobre esta posible alianza y respondió afirmativamente, aunque con hermetismo respecto al estado actual de la negociación. Macri aclaró que “todavía no hay nada concreto” y que se encuentran “en la fase de palabras y fotos”, sugiriendo que las conversaciones están en etapas iniciales.
Fuentes de la Casa Rosada informaron que las negociaciones para la alianza están “muy avanzadas”. El encuentro entre los representantes de ambas fuerzas duró más de una hora y fue caracterizada como “muy positiva” por los participantes.
Una de las cuestiones “inobjetables” para Milei era que José Luis Espert fuera “la cabeza” de lista para las legislativas nacionales, aunque el diputado no pudo asistir a la reunión debido al “delicado estado de salud de su madre”, según aclararon desde el Gobierno. También se confirma que Diego Santilli, cuyo mandato como diputado finaliza en diciembre, será uno de los candidatos que integrarán la alianza entre LLA y PRO.
Durante su breve intercambio con la prensa, Macri destacó que el PRO ha “colaborado como no lo ha hecho nunca nadie con La Libertad Avanza en este año y medio de gestión”. En CABA, el PRO buscaría retener el control que mantiene desde hace casi dos décadas. Vidal ha intensificado su exposición a posible candidata, realizando actividades territoriales bajo el lema “Fiebre amarilla”.
El respaldo se produce en un momento donde los partidos políticos están definiendo sus estrategias de cara a las elecciones legislativas de octubre. La reunión a la que asistía Macri tenía como objetivo coordinar la estrategia electoral a nivel nacional, con especial atención a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El encuentro contó con la presencia de importantes figuras del PRO, incluyendo al actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y a la exgobernadora y jefa de campaña, María Eugenia Vidal.
Días antes, el 17 de marzo, la Casa Rosada había anunciado un principio de acuerdo con el PRO. Este anuncio se realizó mediante una fotografía publicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en la que aparecían reunidos el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei, junto a los armadores libertarios Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, además de los diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli. El mensaje que acompañaba la publicación expresaba la intención de ambas fuerzas de “erradicar el populismo” y “trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor”.
“Macri no especuló nunca y desde el primer momento apoyó al gobierno desde el Congreso”, declaró Ritondo, adelantando que el acuerdo podría incluir a otras fuerzas políticas que “quieran luchar contra el kirchnerismo”, lo que sugiere que la alianza podría expandirse más allá de LLA y el PRO.
En las próximas elecciones legislativas, que se realizarán el 26 de octubre, se elegirán 35 bancas de diputados nacionales provenientes de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, la distribución de esas bancas muestra una clara mayoría de UxP con quince diputados, seguido por el PRO con siete, mientras que LLA cuenta con apenas dos representantes. Más allá, ya se observan señales concretas de cooperación entre ambas fuerzas en el ámbito legislativo.
