26 julio, 2024

PROBLEMAS EN OCA | Objetan el desembarco de un holding vinculado con Cristóbal López

El Grupo Clear pretende quedarse con la compañía, pero se cuestionaron los seguros de caución presentados.
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La sindicatura, los liquidadores y algunos acreedores dificultaron la llegada del Grupo Clear, relacionado a Cristóbal López, en OCA. Las autoridades refutaron los seguros de caución que presentó el holding, ya que infringen los requisitos que el juez de la quiebra fijó para entregar las llaves.

González Pedroso (rostro visible del Grupo Clear), anunció que los seguros se emitieron con tres firmas, Prudencia, Premiar y Gestión, por un total de $141,75 millones; es decir, el equivalente a US$1,5 millón al tipo de cambio del Banco Nación al 25 de febrero pasado, el día previo a la fecha en que se emitieron esas cauciones.

Sin embargo, el juzgado debe rechazar los seguros que exhibió el Grupo Clear como adjudicatario de OCA ya que incumple con las requerimientos que el propio juez Tejada le impuso, para luego exigirle que los reformule.

Cristóbal López

La síndica María del Luján Ostojich presentó varias objeciones:

  1. Las tres aseguradoras asumieron la responsabilidad por separado y no solidariamente, de acuerdo con un determinado porcentaje: Premiar (45,68%), Prudencia (33,16%) y Gestión (21,16%).
  2. El Grupo Clear solo presentó en tribunales la póliza correspondiente a Prudencia, más no las otras dos.
  3. Aunque el juzgado exigió que la caución fuera emitida por aseguradoras de “primera línea”, ninguna de las tres se coloca entre las diez mejores: Gestión (12°), Prudencia (18°) y Premiar (48°).
  4. La póliza se emitió en pesos, al valor que tenía US$1,5 millón a fines de febrero, cuando debería equivaler al valor del dólar al 30 de junio próximo. “Habida cuenta”, afirmó que la cotización “sufre incrementos diarios […] resultaría insuficiente para cubrir el importe del pago del saldo del precio para la fecha prevista del traspaso de los activos”.

A estas observaciones, los enajenadores designados en la quiebra, Alicia Kurlat y Carlos Tabasco, agregaron otras:

  1. Cada compañía aseguradora debería acreditar su solvencia “para hacer frente al riesgo asegurado por ellas en caso de que se produzca un incumplimiento”.
  2. Como parte del Grupo Clear, la firma Clear Urbana SA “debería constituirse en co-tomadora junto con Clear Petroleum SA”.
  3. El monto asegurado por US$1,5 millón “debe expresarse en esa moneda” para que pueda pagarse en pesos cuando llegue el momento “o cubrirse de otro modo el riesgo cambiario excluido en la cobertura ofrecida”.

Paralelamente, las dos firmas acreedoras de OCA igualmente objetaron la movida del Grupo Clear tras considerar que pone en riesgo sus posibilidades de cobrar su deuda. Las firmas Latin American Postal Acquisitions LLC y Latin American Postal Acquisitions II LLC sustentaron que el seguro de caución debió emitirse en dólares, no en pesos; y que Prudencia Seguros no es una firma “de primera línea”. Por ese motivo, le solicitaron al juzgado que “se rechace la póliza de caución” que presentó y que “se intime a Clear Petroleum S.A. a presentar una nueva póliza, de una aseguradora de primera línea y cuya suma asegurada se encuentre expresada en dólares”.

Ahora, el juez Tejada deberá evaluar las presentaciones y, llegado el caso, intimar al Grupo Clear para que responda las objeciones, para luego tomar una decisión.

Los desembolsos

¿Qué ofreció el Grupo Clear a fines de año para quedarse con OCA? Pagar un adelanto en pesos equivalente US$5.280.000 al valor del tipo de cambio cambio del 23 de octubre pasado, más otro pago en pesos por el equivalente a US$ 1,5 millón a fines de agosto próximo, y un “precio fijo en contingencia” por otros US$ 18,5 millones para conformar así una oferta global por US$ 25.800.000.

El Grupo Clear no deberá precisamente desembolsar esos US$18,5 millones. En su reemplazo, según mostró el juzgado, podrá constituir por esa suma “una garantía bancaria de primera línea, autorizada por el BCRA o un seguro de caución emitido por una compañía de primera línea, de reconocida y acreditada solvencia”.

Considerada la empresa postal privada más grande del país, con miles de empleados (5.800 figuran como afiliados al gremio de los Camioneros), OCA quedaría bajo control del Grupo Clear.

El Grupo Clear está compuesto por dos empresas patagónicas, Clear Urbana SA y Clear Petroleum SA, en las que es posible encontrar a Juan Ignacio González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano, tres ejecutivos que durante años trabajaron con Cristóbal López, con sus hijos, y con Fabián de Sousa en el Grupo Indalo.


Redacción

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Capitanich y Aníbal en el banquillo de acusados | Arranca el juicio por corrupción en Fútbol Para Todos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”. Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.

En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.

Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.

El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.

Redacción

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ABERRANTE | Senador de LLA justificó LA VENTA DE NIÑOS en el Congreso

En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.

Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penalespropuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.

Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.

La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.

El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.

Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.

El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.

Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.


Redacción

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“Calmate, Mauricio” | Gobernadores PRO le piden a Macri que no complique la relación con Milei

Los cinco gobernadores del PRO, buscan tener una agenda diferente a la del presidente del partido, Mauricio Macri, en cuanto a su relación con el presidente Javier Milei. Para los mandatarios provinciales, la clave es mantener un buen diálogo con el gobierno nacional para no poner en riesgo la gestión en cada distrito.

En las últimas conversaciones que mantuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) concidieron en la necesidad de mantener un equilibrio entre el presidente del PRO y el vínculo con el gobierno nacional. Hay quienes temen que la motosierra de Milei afecte, aún más, el envío de fondos a las provincial.

“PRIMERO LA GESTIÓN” EXCLAMAN LOS GOBERNADORES PRO

Los mandatarios provinciales no quieren que se repita la lógica que imperó en el PRO en los últimos seis meses con el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Macri. “Nosotros tenemos que gestionar, junto a Patricia porque es ministra. Ninguno se va a pelear con ella”, afirmó un mandatario provincial del macrismo.

“No queremos integrar el gobierno nacional, nos interesa gestionar nuestras provincias y que nos envíen los recursos que corresponden por ley. Si nos traspasan competencias, queremos el dinero. Nada más”, agregó otro gobernador del PRO.

Los mandatarios provinciales saben que, tras la sanción de la ley ómnibus y el paquete fiscal, se abre un nuevo período en la relación entre la Casa Rosada y las provincias aliadas. De hecho, la semana pasada Frigerio se reunió con el ministro de Economía, Toto Caputo, para a dialogar sobre las transferencias de obra pública y recursos de Nación a provincias.

EL GRAN DILEMA DE LOS GOBERNADORES

En la nueva era del PRO, los gobernadores coinciden en alinearse detrás de Macri y dar por terminada la guerra con Patricia Bullrich, quien insiste en una fusión entre el partido amarillo y La Liberta Avanza de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, quieren evitar la interferencia del expresidente en la relación que supieron construir con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Toto Caputo.

“Necesitamos saber si el gobierno quiene mantener una relación como la que tuvimos con el tratamiento de la ley ómnibus y si nos ven como aliados. Tenemos que mejorar la gestión y ordenar nuestras cuentas. Sobre todo con la vista puesta hacia adelante”, consideró otro gobernador del PRO.

Macri tiene como prioridad recuperar la identidad del partido, llevarlo nuevamente a ser competitivo y extender el poder territorial del espacio. En los planes del exmandatario no está enfrentarse a los gobernadores y quiere que sean parte del modelo de conducción que busca construir.

*FUENTE: Gonzalo Prado – Letra P

Redacción

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Cúneo Libarona busca bajar la edad de imputabilidad: “En 1980 el joven de 13 años no era el mismo de hoy”

A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.

El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.

“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.

¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA

El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.

Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.

Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.

Redacción

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¿ENFRENTADAS? | Karina Milei contradice a Victoria Villarruel y fue a la embajada de Francia a pedir disculpas

La interna política del gobierno de Javier Milei tuvo una escalada internacional. Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, protagonizó un encuentro de urgencia con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, en un intento por “neutralizar” las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Todo comenzó cuando Villarruel, a través de su cuenta en la red social X, expresó su apoyo al futbolista Enzo Fernández y criticó duramente a Francia. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo. ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, manifestó la vicepresidenta, en referencia a los cánticos de la selección argentina.

Estas declaraciones llegaron a pocos días de que el presidente Javier Milei viaje a París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, y provocaron un malestar considerable en la sociedad francesa. Ante la posibilidad de un conflicto diplomático, Karina Milei tomó la iniciativa y se reunió con Nadal para pedir disculpas oficiales.

Según fuentes de la Casa Rosada, el encuentro duró más de media hora, durante el cual Karina Milei se esforzó en dejar claro que las opiniones de Villarruel no representan la postura del gobierno argentino. “Fue una gestión de urgencia y reservada que buscó neutralizar los efectos negativos de una declaración polémica”, comentó un colaborador del presidente.

La reunión no pasó desapercibida en el ámbito político nacional. La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel fue objeto de escrutinio debido a las tensiones y diferencias que han surgido en los últimos meses. Desde la negativa de Villarruel a apoyar ascensos militares impulsados por el Ministerio de Defensa, hasta su ausencia en eventos clave y ahora esta controversia internacional, los roces se han vuelto más evidentes.

“No estuvo bien. Karina se tuvo que juntar de urgencia con el embajador de Francia para desactivar el conflicto que generó Victoria Villarruel. Pudo solucionarlo”, afirmaron fuentes oficiales.

El episodio también puso de relieve la frágil dinámica entre las principales figuras del gobierno: A pesar de que tanto en público como en privado se adoptó la postura de que los comentarios de Villarruel fueron “desafortunados”, las tensiones internas persisten. Diana Mondino, la canciller, no participó en la reunión con Nadal —una decisión que algunos interpretan como una muestra de la falta de cohesión dentro del equipo de gobierno—.

La vicepresidenta, quien no tiene despacho en la Casa Rosada y opera desde el Senado, ha mantenido una relación distante con otros miembros clave del gobierno. Su cercanía con el ex presidente Mauricio Macri también generó suspicacias.

Redacción

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Río Negro: la Corte Suprema anuló la transferencia de tierras del Ejército a la comunidad mapuche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.

El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.

El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.

La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.

En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.

En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.

Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.

El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.

La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.

El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar.


*FUENTE: Agencias

Redacción

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