Presidencia destinará más de 250 millones de pesos para asistir las tareas de Cerruti
Se trata de un servicio de seguimiento de intereses del Presidente que facilitarán la labor de la Secretaría de Comunicación y Prensa a cargo de la portavoz Gabriela Cerruti.
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En tiempo de descuento y la ilusión de la reelección, Alberto Fernández dio inicio a su campaña. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Mandatario dio un fuerte discurso con tono electoral donde apuntó contra la gestión anterior, la Corte Suprema y la Justicia, en un claro guiño a la Vicepresidente con quien volvió a mostrarse en público este miércoles.
Obviando las disputas internas por quién se quedará con el sillón de Rivadavia el 10 de diciembre y empapelando los alrededores del Congreso con su cara, el Presidente ya inició la campaña. Para ello, este lunes la Secretaría deComunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación a cargo de la vocera del Jefe de Estado, Gabriela Cerruti, solicitó el servicio de “seguimiento de la actividad presidencial o de interés presidencial en todo el territorio nacional”.
Esta contratación facilitará las tareas de la portavoz que incluye la realización de los contenidos de las redes sociales del Presidente; separar la información “que se brinda sobre la gestión del gobierno a los medios de comunicación” a nivel nacional; “intervenir en la realización de Cadenas Nacionales y Actos Oficiales” y elaborar “la síntesis de prensa”, según detalla Resolución adjunta a la compra.
Por este servicio que, en resumen, proveerá de los temas en tendencia para las redes de Fernández y realizará un seguimiento de cómo repercute lo realizado -por el plazo de seis meses-, serán debitados de las arcas del Estado y otorgados a la empresa beneficiaria (LA CORTE S.A.) una suma de $257.807.874,00.
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.
El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.
El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.
Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.
En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.
La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.
Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.
La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.
A horas del cierre de listas, la alianza Nuevos Aires —conformada por el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública— oficializó su desembarco en La Plata y presentó candidatos a diputados provinciales por la Octava Sección y a concejales en el distrito. El abogado penalista y excandidato a intendente Marcelo Peña encabezará la nómina legislativa, en un armado que reúne a sectores libertarios “blue”, referencias del PRO y una pata radical.
El espacio es impulsado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Fabián Luayza (bloque Unión Renovación y Fe), y por Gustavo Cuervo. También se incorporó la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez. En las últimas horas se sumaron a la estructura dos dirigentes del PRO: Adriana Cáceres, concejal de Pilar, y Alejandro Trotta, referente en Lomas de Zamora. La jugada consolida a los libertarios que en 2023 integraron La Libertad Avanza pero ahora buscan construir identidad propia con un acuerdo amplio.
Lista de diputados provinciales por la Octava Sección Marcelo Adrián Peña Karina Edith Vanoni Mariano Andrés Erzi Ivana del Pilar Nieva Ricardo Raúl Zic Claudia Karina Pavón
Lista de candidatos a concejales en La Plata Agustín Nahuel Schmidt Karen Elizabeth Shaarp Pedro Fernando Serino Julieta Vanina Cazzulo Luis Adrián Arrúa Verónica Soledad Haag Jorge Martín Gómez Irma Elena Aued Lucas Damián Chaulet Estefanía Denisse Morales Ubaldo Ariel Barrios Mendora Manuela Julieta Terán Aguilar
El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó como una “estrategia de daño fiscal” la ofensiva parlamentaria de bloques opositores, principalmente Unión por la Patria, orientada a declarar la emergencia en pediatría y a reforzar el presupuesto de las universidades nacionales. Según el legislador, estas iniciativas apuntaron a “golpear y desestabilizar al Gobierno a través de la economía” porque comprometen partidas que el Poder Ejecutivo no previó en la Ley de Presupuesto.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Finocchiaro argumentó que el kirchnerismo “atrae temas nobles” que despiertan consenso social —la salud de la niñez y la educación superior— para instalar una tensión fiscal que erosione la gobernabilidad. “Hace unos cuantos meses que decidieron esta táctica”, señaló, y comparó la maniobra con la campaña electoral de 2011: “Con la misma habilidad de Cristina disfrazada de viuda negra, buscan un impacto político por la vía presupuestaria”.
El debate se estructuró en dos frentes. Por un lado, las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, basados en exposiciones de directivos que describieron carencias en guardias, insumos y tratamientos complejos. Por otro, la Comisión de Educación, que preside Finocchiaro, analizó proyectos para adecuar el financiamiento universitario y reconocer el reclamo salarial de los docentes.
Finocchiaro, profesor universitario de formación, admitió que “el financiamiento universitario es un tema que hay que atender”, pero advirtió que incorporar la negociación colectiva al texto legislativo “traslada una paritaria al Congreso” y con ello se “lesiona la autonomía de las partes”, contraviniendo el artículo 14 bis de la Constitución y los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. A su juicio, “el Legislativo no puede suplantar a la mesa paritaria entre empleador y trabajadores”.
Ritondo destacó que la coalición responde a los aprendizajes de errores cometidos en elecciones anteriores, especialmente las del año 2023, enfatizando la necesidad de unidad en la oposición. Según explicó, el PRO tomó esta decisión por “responsabilidad” más que por “conveniencia”, llamando a la ciudadanía a fiscalizar activamente los comicios.“Entendimos algo que la gente nos repite en cada encuentro: vayan juntos. Basta de dividir el cambio. Basta de especulaciones”, afirmó.
Por su parte, Karina Milei defendió el acuerdo con un discurso combativo contra el kirchnerismo, afirmando que la elección presenta solo dos opciones: “Esto es kirchnerismo o libertad”. Durante la presentación formal, efectuada simbólicamente en el Día de la Independencia, Sebastián Pareja, representante territorial de LLA, enfatizó que esta alianza marca el fin definitivo de la era kirchnerista en Buenos Aires.
Sin embargo, persisten importantes conflictos internos. Algunos intendentes del PRO, especialmente cercanos a Jorge Macri y Daniel Angelici, cuestionan las condiciones impuestas por LLA. Un punto crítico es la distribución desigual de espacios: el PRO recibiría únicamente el 20% de las listas de legisladores provinciales, equivalente a seis lugares.
En Vicente López, la negociación entre Soledad Martínez (PRO) y LuisPalomino (LLA) enfrenta desafíos mayores debido a las exigencias libertarias, que incluyen obtener más del 50% de la lista de concejales y el control sobre cargos municipales clave, como el Defensor del Pueblo.
En Puan, Diego Reyes rechazó categóricamente las condiciones de LLA y considera alternativas políticas como aliarse con el peronismo no kirchnerista o la UCR. En Pergamino, Javier Martínez también evalúa opciones fuera del acuerdo, como una alianza con los hermanos Passaglia, líderes del espacio “Hechos”.
Asimismo, dirigentes del PRO como Ritondo y Diego Santilli sospechan que Jorge Macri podría estar incentivando la resistencia interna en algunos municipios. Esta tensión interna también llevó a algunos intendentes del PRO a considerar competir con boletas cortas, es decir, presentarse sin alianza.
Sobre el rol del expresidente Mauricio Macri, Ritondo afirmó contar con su respaldo, aunque fuentes internas señalaron que Macri desconfiaba inicialmente de LLA, recomendando una directriz genérica: “Hagan el mejor acuerdo posible”.
La coalición electoral se inscribirá formalmente bajo el nombre Frente La Libertad Avanza, adoptando los colores y símbolos de LLA, excluyendo el tradicional amarillo del PRO. Este último punto también generó malestar en ciertos sectores del PRO, evidenciando la fragilidad subyacente del acuerdo. Todos estos conflictos y detalles deberán resolverse antes del cierre definitivo de listas previsto para el próximo 19 de julio.
Mercado Libre anunció que cerró su oficina de 1.800 m² en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. En su comunicado explicó que abonó $770 millones al mes en tasas municipales, una alícuota consolidada del 2,11% en Córdoba aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres del inmueble.
“Ante el impacto generado por las tasas municipales en la Ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local”, expresó la compañía, y aseguró que “se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”.
El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país”. Añadió que las tasas cordobesas “obligaron a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.
La empresa comparó la presión fiscal cordobesa con la de otras ciudades: en Rafaela paga aproximadamente el 10 % de lo que abona en Córdoba (alrededor de un décimo), en Santa Fe un tercio, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tributa tasas municipales. Además de CABA y Córdoba, mantiene oficinas en San Luis, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, y tres centros logísticos de última milla en territorio cordobés.
Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología y Producto, aclaró: “No hacemos política. Hacemos negocios y decidimos gastar de la mejor manera posible, con eficiencia”. Confirmó que el equipo tecnológico siguió trabajando desde Córdoba para todo el país y que la compañía planeó incorporar 150 empleados más en la provincia este año.
El 1 de julio Mercado Libre anunció un esquema de comisiones diferenciales según la carga tributaria de cada provincia. Desde mañana, los usuarios cordobeses pagarán entre 12,46% y 17,14% por operaciones en Mercado Libre y Mercado Pago, por encima del promedio nacional, debido al impacto de Ingresos Brutos.
La firma recordó que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, distintas entidades financieras cerraron 180 sucursales por la presión impositiva municipal; dentro de ese total el Banco Nación clausuró 60. También señaló que el Ejecutivo nacional impulsa una reforma tributaria con competencia fiscal entre provincias y la unificación de IVA e Ingresos Brutos.
Durante 2023 Mercado Libre superó los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios fintech mensuales activos. Facturó US$ 20.777 millones, un 37,5% más que en 2022, y obtuvo una ganancia neta de US$ 1.911 millones. En mayo, Marcos Galperin comunicó que dejará la dirección ejecutiva el 1 de enero de 2026; lo sucederá Ariel Szarfesteijn.
La compañía destacó que la medida en Córdoba no implicó despidos y que evaluó instalar nuevas locaciones en ciudades del interior de la provincia. Asimismo, informó a sus accionistas que analizaba mudar su domicilio societario en Estados Unidos de Delaware a Texas para optimizar su carga fiscal.
“El populismo peronista kirchnerista está atrincherado en la Provincia de Buenos Aires. Debemos hacerle frente y arrancarlos de raíz para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la gente”, expresó Guillermo Montenegro tras la confirmación del acuerdo electoral.
El intendente destacó que la alianza surge desde un compromiso conjunto basado en “el respeto por el trabajo privado, la protección de los vecinos a través de las fuerzas de seguridad, y la defensa de la propiedad privada”.
El acuerdo electoral entre el PRO y LLA fue formalizado simbólicamente en el Día de la Independencia, con la presencia de importantes referentes políticos de ambos espacios, incluyendo a Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, DiegoSantilli, Martín Menem y Karina Milei. Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, señaló previamente que esta alianza representaba un paso necesario y valiente, motivado por la responsabilidad de consolidar la unidad para vencer al populismo.
Una asambleísta formalizó su denuncia tras ser agredida por “Chanchi” Riquelme en Nashville. El expediente ya tiene derivaciones civiles en la Argentina y profundiza la crisis institucional que rodea a la gestión Riquelme.
Bajar los aranceles a los bienes de capital es de las cosas más importante que podemos hacer para estimular el crecimiento de la economía y de los salarios reales. Viva la motosierra! VLLC! https://t.co/hzCxUpr1Ts
