PREOCUPA LA SALUD DE ALBERTO: En medio de un discurso, empezó a tartamudear y se olvidó lo que tenía que decir
El Presidente se hizo presente en la fría Bariloche, pero se olvidó para qué: "Prometo convertir a Bariloche en la capital nacional de la… de la...", luego cometió un furcio y lo ocultó con una broma.
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El presidente Alberto Fernández estuvo presente en la inauguración del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Sin embargo, al tener el turno de la palabra, comenzó a dejarse expuesto sobre sus presuntos problemas al hablar.
Detrás de las características ojeras y el semblante decaído, el jefe de Estado no lograba hilar oraciones y no tardó en tartamudear. Luego, expresó y, posteriormente, pidió auxilio a sus funcionarios: “Ayer (martes) estaba reunido con la Comisión esta… ¿Cómo se llama?”.
Según quería referir, era sobre su reunión con las autoridades del Bureau Internacional de Exposiciones (BIE) en Casa Rosada. Pero no todo ello no quedó ahí, buscó dar explicaciones entre tartamudeos acompañados de olvidos y muletillas como “este” y “eh”.
Si bien ello no estuvo a la altura del recordado furcio al “confundir” la revista mensual kirchnerista La Garganta Poderosa con el film pornográfico Garganta profunda. Después, volvió a quedarse sin palabras al intentar prometer “convertir a Bariloche en la capital nacional de la…” de la…”. Y lo volvieron a ayudar sus funcionarios para que complete la frase, pero sin salir victorioso cometió un furcio: “¡De la ciencia y técnica!”.
El presidente Alberto Fernández cometió un furcio en pleno acto en Casa Rosada, al confundir el nombre de la revista de cultura villera Garganta Poderosa con Garganta Profunda, el apodo elocuente del espía del FBI que filtró todos los secretos del caso Watergate.
En medio de querer hacer foco en la economicidad a través de la innovación tecnológica y el ecologismo, el presidente Alberto Fernández se olvidó de también ahorrar en palabras y, luego de hablar demasiado, terminó preocupando por su estado de salud con tartamudeos y facetas previas al Alzheimer.
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La concejal Noelia Oxley denunció a Carlos Romo por promover “ataques” en redes para que renuncie a su banca. “Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo.
Arde la interna libertaria en San Miguel, donde el bloque de Milei se fracturó en las últimas horas en medio de acusaciones de ataques en redes y presiones para empujar renuncias, a la par de advertencias ante posibles “accidentes”.
En el foco de la polémica está el armado que a nivel local coordina Agustín Romo, diputado y director de comunicación digital durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei.
El concejal Carlos Romo, padre del legislador bonaerense, informó su alejamiento del bloque que integraba con su par Noelia Oxley, quien se refirió en plena sesión al tema y acusó a los “descarrilados soldaditos” de Romo de asediarla buscando su renuncia a la banca.
“Si los bajos ataques continúan, ya todos saben quien los organiza y a quiénes hago responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrirme”, dijo Oxley luego de marcar: “El grupo de ‘trabajo’ de Carlos Romo es el autor de los ataques que sufrí y actualmente sigo sufriendo en redes sociales”.
La concejal detalló la difusión de información falsa y cadenas de mensajes de WhatsApp contra su persona que comenzaron en diciembre del año pasado y que -aseguró- aumentaron luego de pedirle a Romo que cesaran con esas maniobras.
“Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo Oxley, que acusó a Romo padre de perseguir “intereses personales y nepotistas”.
Tanto en San Miguel como en el armado provincial de La Libertad Avanza, diferentes fuentes aseguran que los Romo buscan armar una estructura política que haga viable el deseo de Agustín de suceder a Jaime Méndez en la intendencia de San Miguel.
Cabe recordar que el escándalo de los sobresueldos en Capital Humano tocó al diputado provincial Agustín Romo como parte de “La Banda del Opus Dei”, que tuvo fuerte injerencia en las contrataciones del ministerio de Pettovello.
El diputado nacional y flamante presidente de la asamblea partidaria del Pro, Martín Yeza, criticó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificándola de “desagradecida con Mauricio Macri” y con el partido.
El exintendente de Pinamar también acusó al grupo cercano a Bullrich de haber “larretizado” la interna partidaria.
Yeza recordó un acto reciente donde el excandidato presidencial, el intendente de Tres de FebreroDiego Valenzuela y su esposa, la senadora bonaerense Daniela Reich, propusieron una fusión con referentes libertarios sin consultar al partido. “No hace falta ser así de despectivo, de desagradecido”, criticó.
El diputado también destacó que, en 2015, Bullrich no tenía antecedentes en seguridad, pero Macri confió en ella para liderar el Ministerio de Seguridad, destacando su apoyo en crisis como el caso de Santiago Maldonado y el incidente de Chocobar. “Mauricio la bancó”, afirmó.
Yeza señaló que, en 2020, Bullrich fue elegida titular del PRO “sin asamblea ni votación” debido a la confianza interna. Sin embargo, criticó su falta de gratitud y enfatizó que su enfoque político no funcionó. También mencionó que los liderazgos de Bullrich y Rodríguez Larreta durante la última elección causaron perjuicios al partido.
En esa línea, el ex intendente de Pinamar reconoció las figuras emergentes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) como ejemplos de renovación dentro del partido. También hizo un llamado a una renovación generacional en la política, destacando la necesidad de nuevas ideas.
Sobre el futuro de Mauricio Macri, Yeza afirmó que el expresidente está enfocado en “formar nuevos cuadros” y expresó su deseo de que Macri no se vea obligado a postularse nuevamente. “Si tiene que volver, es que hicimos mal las cosas”, enfatizó.
Mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se encuentra inmersa en una fuerte disputa de poder con Karina Milei, sufre una fuerte baja en su entorno más cercano, ya que renunció su jefe de Gabinete, Federico Barttfeld.
El diplomático fue reasignado por el Gobierno como Embajador en Portugal, por lo que tuvo que oficializar su renuncia para poder tomar el cargo afuera del país. El cambio se da en medio de una fuerte pelea que la Canciller mantiene con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el propio Presidente, por sus cuestionados viajes al exterior, que paga el Estado.
La salida de la mano derecha de Mondino responde a un fuerte conflicto de intereses dentro del terreno diplomático, que no atraviesa su mejor momento, tras las críticas de Javier Milei contra su par de Brasil, Lula da Silva, que elevaron la tensión entre naciones y que la titular de la diplomacia argentina no supo manejar.
Además, la tibia respuesta de la funcionaria sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia y el enojo del presidente de ese país, Luis Arce para con el mandatario libertario por acusarlo de un “auto golpe”, elevaron la tirantez entre la cordobesa y la Casa Rosada.
Por ahora, la Canciller parece sostenerse en su cargo, a pesar de la nula relación con los hermanos presidenciales, y fue confirmado que viajará el próximo sábado a Paraguay, para participar de la cumbre del Mercosur, a la que Milei no quiere asistir para no cruzarse con Lula, tras acusarlo de “corrupto” y “comunista”.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
Los cinco gobernadores del PRO, buscan tener una agenda diferente a la del presidente del partido, Mauricio Macri, en cuanto a su relación con el presidente Javier Milei. Para los mandatarios provinciales, la clave es mantener un buen diálogo con el gobierno nacional para no poner en riesgo la gestión en cada distrito.
En las últimas conversaciones que mantuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) concidieron en la necesidad de mantener un equilibrio entre el presidente del PRO y el vínculo con el gobierno nacional. Hay quienes temen que la motosierra de Milei afecte, aún más, el envío de fondos a las provincial.
“PRIMERO LA GESTIÓN” EXCLAMAN LOS GOBERNADORES PRO
Los mandatarios provinciales no quieren que se repita la lógica que imperó en el PRO en los últimos seis meses con el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Macri. “Nosotros tenemos que gestionar, junto a Patricia porque es ministra. Ninguno se va a pelear con ella”, afirmó un mandatario provincial del macrismo.
“No queremos integrar el gobierno nacional, nos interesa gestionar nuestras provincias y que nos envíen los recursos que corresponden por ley. Si nos traspasan competencias, queremos el dinero. Nada más”, agregó otro gobernador del PRO.
Los mandatarios provinciales saben que, tras la sanción de la ley ómnibus y el paquete fiscal, se abre un nuevo período en la relación entre la Casa Rosada y las provincias aliadas. De hecho, la semana pasada Frigerio se reunió con el ministro de Economía, Toto Caputo, para a dialogar sobre las transferencias de obra pública y recursos de Nación a provincias.
EL GRAN DILEMA DE LOS GOBERNADORES
En la nueva era del PRO, los gobernadores coinciden en alinearse detrás de Macri y dar por terminada la guerra con Patricia Bullrich, quien insiste en una fusión entre el partido amarillo y La Liberta Avanza de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, quieren evitar la interferencia del expresidente en la relación que supieron construir con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Toto Caputo.
“Necesitamos saber si el gobierno quiene mantener una relación como la que tuvimos con el tratamiento de la ley ómnibus y si nos ven como aliados. Tenemos que mejorar la gestión y ordenar nuestras cuentas. Sobre todo con la vista puesta hacia adelante”, consideró otro gobernador del PRO.
Macri tiene como prioridad recuperar la identidad del partido, llevarlo nuevamente a ser competitivo y extender el poder territorial del espacio. En los planes del exmandatario no está enfrentarse a los gobernadores y quiere que sean parte del modelo de conducción que busca construir.
La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.
La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.
“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.
La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.
A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.
Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.
En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.
