PILAR | Procesaron y embargaron al exintendente, Nicolás Ducoté
La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del exintendente. Además, ratificó un embargo por $100 millones.
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El exintendente de Pilar por el PRO, Nicolás Ducoté, fue procesado por el delito de administración infiel en prejuicio de la administración pública por irregularidades en tres planes por los que el municipio recibió fondos de Nación, cuyas obras nunca fueron ejecutadas.
El procesamiento del burócrata fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín (jueces: Alberto Lugones, Marcos Moran y Néstor Barral), durante la tarde de hoy. Ahora, la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio oral.
Los tres convenios mencionados fueron firmados en el año 2016. Y constituyen el acceso de vecinos a microcréditos para mejorar de viviendas y acceso a agua potable, cloacas, gas y electricidad; la urbanización del barrio Monterrey; y la instalación de una planta de tratamiento cloacal.
Los magistrados concluyeron que José Nicolás Ducoté y los demás imputados (Juan Pablo Martignone, Federico Iván Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Sandra Edith Sosa, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Norberto Fabián Giulianelli, Sergio Miguel Russo, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede) “efectuaron sus aportes para lograr la desviación de recursos girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (entonces a cargo de Rogelio Frigerio) a la Municipalidad de Pilar en favor de terceros y en perjuicio de la Administración Pública Nacional“.
Ducoté junto a Frigerio
Agregaron que “Esas maniobras se llevaron a cabo mediante cuantiosas aplicaciones de recursos y la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas millonarias de dinero por las cuales ni el Estado ni la sociedad se vieron beneficiados“.
Asimismo, la Cámara notó irregularidades en las empresas a las que se le adjudicaron la realización de las obras y Además, ratificó un embargo de $100 millones sobre los bienes del exintendente cambiemita.
“En concreto, la intervención de Nicolás José Ducoté, en su carácter de intendente de la Municipalidad de Pilar, aflora del trámite atinente al pedido y la posterior recepción de los fondos, del proceso licitatorio, de las deficiencias relativas a la ejecución de las obras y de la posterior rendición de cuentas. De modo que, para comenzar, no sólo incumplió con el plazo de 30 días -contados a partir de la fecha de recepción del primer desembolso para iniciar las obras-, sino que además, no devolvió de manera inmediata los fondos, conforme se estipulaba en la cláusula sexta del convenio específico para esa misma circunstancia”, especificaron.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
El fiscal general Carlos Martín Amad solicitó al juez federal subrogante Fernando Carbajal el procesamiento sin prisión preventiva del exgobernador de Chaco Jorge Milton Capitanich, de la exfuncionaria Marta Elena Soneira y de un grupo de empresarios vinculados a las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL.
La causa se originó en una denuncia de Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización, quien al asumir el cargo detectó irregularidades en expedientes administrativos vinculados a la entrega de tierras fiscales. El análisis de esa denuncia demandó casi dos años de trabajo a la fiscalía.
Los delitos imputados al exgobernador K
A Capitanich se le imputaron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos de origen delictivo agravado por haber sido cometido con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, todos en calidad de autor y en concurso real.
A Soneira se le imputaron, en forma separada, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo con las mismas agravantes, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, todos en calidad de autora. La fiscalía caracterizó el conjunto de esos hechos como una defraudación al erario provincial mediante sucesivos actos de corrupción realizados por un grupo de personas con injerencia en el poder, organizadas para insertar al mercado legal un gran patrimonio que hoy no pueden justificar.
LA TRAMA | Tierras para los socios del esposo de la ministra
Según el escrito fiscal, Soneira y Capitanich actuaron “en forma organizada y sostenida en el tiempo, valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban”, y dispusieron de tierras fiscales de la provincia. Las adjudicaciones se canalizaron a través de trámites administrativos que, según la fiscalía, tenían apariencia legal pero ocultaban intereses económicos ilegítimos, y sus beneficiarios fueron personas que integraban empresas en las que el esposo de Soneira, Mauricio Cian, era socio gerente.
A través del Instituto de Colonización y con las firmas de Soneira como ministra y de Capitanich como gobernador, se adjudicaron cuatro inmuebles rurales del Departamento Almirante Brown a Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, los tres socios de Cian en Grupo Pampa Agro SRL y en Pampa Semillas SRL. Storti recibió la fracción norte de la parcela 95, Circunscripción V, Zona D, con una superficie aproximada de 1.250 hectáreas; Bessone recibió la fracción sur de esa misma parcela, también de 1.250 hectáreas. Pochón fue adjudicatario de dos predios adicionales en el mismo departamento.
El fiscal señaló que las notas de solicitud presentadas por Storti y Bessone eran “prácticamente calcadas” y tenían hasta los mismos errores de ortografía. Ambos afirmaron no poseer tierras propias y contar con diez empleados, pero la fiscalía verificó que Storti tuvo una sola empleada hasta marzo de 2021 y ningún personal en relación de dependencia durante 2022 y 2023. En el caso de Bessone, tampoco registró personal en relación de dependencia en los años 2021, 2022 y 2023. Además, Bessone declaró en sus propias declaraciones juradas ser titular de inmuebles, lo que lo inhabilitaba como adjudicatario de tierras fiscales, ya que para acceder a ellas no se debe ser propietario de bien alguno, requisito que la fiscalía calificó de “sine qua non”.
Los cargos simultáneos e incompatibles de Soneira
Amad destacó que Soneira ocupó al mismo tiempo los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y de secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, puestos incompatibles dada la exclusividad laboral que se exige en el desempeño de cada función.La Fiscalía de Asuntos Administrativos de la provincia estableció esa incompatibilidad mediante resolución. En 2022, Soneira asumió además el cargo de ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible.
En su descargo, Soneira sostuvo que ejerció la presidencia del Instituto de Colonización de manera temporal y ad honorem. El fiscal rechazó ese argumento: “El hecho de que lo haya hecho ad honorem o en forma provisoria no la exime de la responsabilidad que su ejercicio le atribuía”. Amad subrayó que mientras estuvo a cargo en forma temporal, Soneira suscribió adjudicaciones de tierras fiscales, entre ellas las de Storti y Bessone, a la postre socios gerenciales en las empresas de su cónyuge.
La fiscalía también señaló que Soneira no pudo invocar desconocimiento sobre la identidad de los beneficiarios, “en tanto que eran los mismísimos socios de su esposo”. Como muestra de ese conocimiento, Amad recordó que el 23 de diciembre de 2021 la propia Soneira firmó un permiso de ocupación a favor de Bessone —socio de su esposo— mientras se desempeñaba como máxima autoridad del Instituto de Colonización.
Desmontes, OTBN y beneficios en servicios públicos
La fiscalía imputó también a Soneira haber puesto al sector rural de Pampa del Infierno, en el Departamento Almirante Brown, en categoría verde dentro del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), lo que habilitaría la posibilidad de explotación rural, desmontes y ejecución de proyectos con fondos nacionales en la zona donde precisamente operan las empresas del esposo de la exministra y sus socios empresariales.
A finales de 2022, Capitanich aprobó por decreto la actualización del OTBN en un proceso que la Fundación Vida Silvestre Argentina cuestionó por no respetar las normas establecidas para ese tipo de procedimiento. Según el escrito fiscal, esas decisiones ignoraron los consensos técnicos sobre los criterios de sustentabilidad exigidos por la ley, elaborados durante el proceso coordinado hasta mediados de 2022. La ONG había demandado previamente a la provincia por omitir esa actualización, lo que había derivado en una prohibición judicial de aprobar planes de cambio de uso del suelo y permisos de desmonte.
– El fiscal general Carlos Martín Amad
Además, mediante decretos y convenios del Poder Ejecutivo provincial, las firmas vinculadas a Cian obtuvieron beneficios económicos que incluyeron reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y ventajas en servicios públicos como SAMEEP y SECHEEP, entre otros.
El rol de Capitanich: “no podía desconocer”
En su descargo, Capitanich sostuvo que la firma de los decretos de adjudicación era una obligación legal y que “no es responsabilidad del gobernador controlar cada intervención de cada área”.
También argumentó que no es el gobernador quien decide discrecionalmente a quién entregar tierras, sino que existe un procedimiento administrativo con múltiples oficinas que intervienen en cada etapa verificando el cumplimiento de la normativa vigente. El fiscal rechazó ambos planteos.
“Discrepo humildemente con el ex gobernador, en tanto y en cuanto resulta cuanto menos inocente pensar que quien es el encargado de gestionar el gobierno de la provincia no se tome los mínimos recaudos de verificar a quiénes se entregan tierras públicas”, escribió Amad, y agregó: “Estas tierras se entregaron de manera discrecional, a los socios del esposo de su ministro Soneira, lo cual nunca fue explicado acabadamente”.
Respecto de la firma de los decretos, el fiscal fue categórico: “Ni el gobernador Capitanich ni la ministro Soneira podían desconocer que dichas empresas pertenecían a las personas a quienes les estaban adjudicando las tierras en cuestión, y por si esto fuera poco, el imputado Capitanich admitió haber firmado los decretos”.
Amad sostuvo que la intervención del gobernador era determinante para que la maniobra se concretara, “pues es quien en definitiva emite el decreto adjudicatorio final de dichas tierras, con el alcance y valor jurídico que posee la suscripción de ese decreto”. Y sentenció: “La ministro Soneira, esposa de Cian, les entrega a los socios de su marido tierras en manifiesta ilegalidad y arbitrariedad, y el gobernador a sabiendas firma el decreto de adjudicación y pretende que ese acto ilegal sea bajo un mandato constitucional”.
Para ilustrar la persistencia histórica de ese tipo de maniobras, el fiscal citó al jurista Carlos Nino, quien describió la desvirtuación de la Ley de Enfiteusis de 1826 como un caso paradigmático del favoritismo en la distribución de tierras públicas. “La situación descripta por el Maestro Nino hace ya varias décadas se subsume perfectamente ‘mutatis mutandi’ en lo que ha pasado en esta causa, después de doscientos años”, indicó Amad. La causa también presenta similitudes, según el fiscal, con el expediente caratulado “López, Ramón Alberto y otros s/Inf. art. 303 inc. 2 a, Asociación Ilícita y Defraudación contra la administración pública”, actualmente en juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Los otros imputados y las resoluciones solicitadas
Junto a Capitanich y Soneira, el fiscal solicitó el procesamiento de Mauricio Cian, Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro Nicolás Bessone por fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado.
Respecto de Sheina M. Waicman y Darío Osvaldo Giménez, Amad solicitó que se dicte la falta de mérito, una figura procesal que no define su situación de manera definitiva sino que indica que, por el momento, no existen elementos suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos. En el extremo opuesto, el fiscal pidió el sobreseimiento total y definitivo de Diego Soneira y Federico Gabriel Soneira, con la declaración de que la formación de la causa en nada afecta al buen nombre y honor del que hubieren gozado.
Será el juez federal subrogante Fernando Carbajal quien deberá resolver si dicta los procesamientos solicitados en un expediente que continúa en etapa de instrucción.
La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014.
Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.
Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado.
Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.
– Gustavo Barrera
Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.
La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces.
El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.
La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando.“Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.
Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.
– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026
El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.
El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total.
La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.
La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio.
Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimientocomunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores.
Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente.
REPUDIOS
El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.
El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto.
La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.
Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.
La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.
Un megaoperativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y el municipio de General Pueyrredón desmanteló “La Saladita de la Bristol”, una feria informal que funcionó durante más de 25 años sobre la Rambla de Playa Bristol en Mar del Plata.
“Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, celebró el operativo en sus redes sociales el senador provincial y exintendente Guillermo Montenegro, quien impulsó la denuncia original.
El procedimiento implicó el allanamiento de seis puntos de la ciudad, el secuestro de más de 8.000 productos valuados en 500 millones de pesos, y la demolición en la madrugada de más de 170 puestos con topadoras y maquinaria pesada.
El operativo dejó entre 200 a 300 familias sin su fuente de trabajo, abrió un debate político y judicial sobre los límites del procedimiento, y generó posiciones encontradas en la sociedad marplatense.
“La Saladita” era el nombre con el que los marplatenses y turistas conocían al paseo de compras informal instalado en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y la Peatonal San Martín, frente a la popular Playa Bristol. El lugar funcionó durante más de dos décadas como un mercado a cielo abierto donde se vendía principalmente ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y productos electrónicos a precios muy por debajo de los comercios formales.
La feria no surgió como un negocio ilícito desde el comienzo, sino como una respuesta social a la desocupación. A fines de los años 90’s, en plena crisis del menemismo, el Concejo Deliberante habilitó en 1999 —durante la gestión del intendente radical Elio Aprile— un espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización era limitada en el tiempo y buscaba contener una emergencia laboral que desbordaba las capacidades del Estado.
Lo que comenzó con artesanías y productos sencillos fue mutando con los años hacia un paseo cada vez más nutrido, donde la indumentaria que imitaba marcas internacionales fue ganando terreno. Los permisos municipales —siempre transitorios— se extendieron entre 2003 y 2009 sin un marco normativo claro, y desde 2010 en adelante la feria funcionó directamente sin respaldo legal.
El operativo y su procedimiento
El proceso judicial que desembocó en el operativo comenzó formalmente en noviembre de 2025, cuando el municipio presentó una denuncia ante la Justicia Federal basada en informes elaborados por varias áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, Obras Sanitarias y la Subsecretaría de Inspección General.
La denuncia sostenía que la feria representaba “un riesgo cierto y serio en la seguridad y la salubridad pública”, además de señalar posibles delitos de violación a la Ley de Marcas y problemas de contaminación.
La causa quedó a cargo del juez federal Santiago Inchausti del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Mar del Plata, y de la Fiscalía Federal N° 2 conducida por Santiago Eyherabide. Tras 15 meses de investigación que incluyeron medidas de prueba durante 2024 y 2025, el magistrado ordenó el allanamiento.
“Orden sí, pero no a costa de destruir el trabajo de la gente”, pronunció sobre el hecho Mariana Berbeglia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes (SUTFRA).
Cerca de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina se desplegaron simultáneamente en seis puntos distintos de Mar del Plata. El operativo incluyó el predio principal de la feria y también tres locales vinculados al Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), además de domicilios particulares. El titular del sindicato, Walter Rivero, estuvo detenido durante algunas horas y fue luego liberado.
Los agentes identificaron a 91 personas entre propietarios, empleados y cuatro miembros del sindicato.Durante el procedimiento se incautaron 400 bultos con mercadería en infracción —ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y electrónicos—. Al menos 80 de los 100 puestos activos en ese momento ofrecían productos con logotipos de marcas internacionales en violación a la Ley 22.362
Además de la mercadería, se secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera por más de 12 millones, y elementos informáticos como computadoras y teléfonos. La Justicia detectó que el SIVARA utilizaba transferencias y alias bancarios para mover importantes sumas de dinero, y registró en una sola transacción un movimiento de 15.123.288 pesos para el pago de un canon.
Una vez concluido el allanamiento, durante la noche y la madrugada, el municipio desplegó maquinaria pesada y procedió a la demolición total de los puestos. El trabajo incluyó topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios, y personal de la Patrulla Municipal e Infantería. Al amanecer, la Rambla de la Bristol mostraba solo chapas, maderas esparcidas y huellas de maquinaria donde durante décadas había funcionado la feria.
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata también respaldó el procedimiento, argumentando que la feria representaba una forma de competencia desleal que perjudicaba a los comerciantes formales que pagan impuestos y respetan las normas.
El rol entre la organización y la ilegalidad
Detrás del crecimiento de la feria operó durante años el SIVARA. La referencia histórica del gremio en la Bristol fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero organizó —y también capitalizó— la actividad, en articulación con la estructura nacional del gremio. Bajo su conducción, el espacio fue mutando desde una salida colectiva hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio.
Tras la muerte de Lencina en 2022, la conducción del SIVARA en Mar del Plata pasó por varias manos hasta que, a fines de 2025, Rivero asumió como principal referente local. La investigación judicial posterior revelaría que el sindicato gestionaba la feria recaudando sumas millonarias a cambio de permisos informales de operación. Un feriante relató que pagaba 3 millones de pesos en enero, montos similares en febrero y 2 millones en marzo y abril, siempre “en negro, sin recibo, sin comprobante”.
Los trabajadores de la feria y sus representantes presentaron una visión radicalmente diferente. El SIVARA calificó la demolición de los puestos de ilegal, argumentando que el municipio avanzó con maquinaria pesada “sin ningún tipo de orden judicial” —ya que la única medida autorizada por la Justicia era el allanamiento, no la demolición del predio.
El sindicato también acusó al Ejecutivo municipal de ejecutar una “campaña de publicidad política de mano dura” y señaló que la feria funcionaba con el conocimiento y el aval de las autoridades durante casi 20 años.
El gremio denunció que el operativo dejó a casi 300 familias marplatenses sin su fuente de trabajo, y anunció presentaciones penales y acciones legales a través del estudio jurídico Robbio-Bernat & Asociados. Los feriantes convocaron marchas frente al municipio con la consigna “Nos dejaron en la calle”.
Tras el desalojo, decenas de feriantes comenzaron a reinstalarse en las inmediaciones de Plaza Rocha, en el corazón del centro de Mar del Plata, generando una nueva tensión por el uso del espacio público.
Con el terreno liberado, el municipio estaría en posición de avanzar con la licitación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Paseo de Compras Bristol”, un proyecto que Montenegro había enviado al Concejo Deliberante en 2021 y que fue aprobado en 2022 pero quedó paralizado por los conflictos con los feriantes. Según trascendidos, ya asoman interesados —capitales locales y foráneos— en la concesión del espacio.
La causa federal sigue abierta. La Justicia investiga la estructura organizada para la comercialización ilegal, el papel del SIVARA en la recaudación de cobros informales y la posible evasión fiscal. Los abogados de los feriantes presentaron presentaciones legales cuestionando la legalidad del desalojo y exigiendo la devolución de la mercadería incautada.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.
El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.
El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores,invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.
En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.
A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.
Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.
Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.
La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.
En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión.
La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.
En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.
Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”.
De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto.
La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.
Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores.
En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.
La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.
El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.
La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.
Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.
Ayer, el mandatario provincial Ignacio Torres reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales (popularmente conocida como “Ley Antimafia”) tras el asesinato de una persona que iba a declarar como testigo en una causa judicial que involucra a las familias Vera y Nieves, dos de los grupos con mayor historial delictivo en Comodoro Rivadavia.
“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, señaló.
Torres rechazó cualquier postergación procesal y subrayó que la provincia ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar: “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.
El hecho que motivó el reclamo del gobernador ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro Rivadavia. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, crimen que habría sido cometido por Agustín Vera. La otra víctima registraba antecedentes propios: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones de manera conjunta para avanzar en la investigación y sanción de los hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el mandatario.
La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización criminal y no solo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones. Chubut adhirió a la ley tras su sanción, a principios de 2025.
Detrás de los ataques opera una filial del Estado Islámico que ya acumuló 1.749 víctimas en 2025 y busca erradicar la presencia cristiana en la región. Amnistía Internacional denunció crímenes de guerra y de lesa humanidad, y responsabilizó al “desinterés de la política internacional” por la escalada.
El legislador del PRO reveló que el propio oficialismo le había ofrecido ese lugar, pero, a último momento, Karina Milei lo dejó en manos de su armador bonaerense. Detrás del cortocircuito asoma la pulseada de la hermana presidencial con Santiago Caputo.
Sin hablar todavía de candidaturas, la vicepresidenta empieza a ordenar una construcción propia en territorio bonaerense, con base en Junín, conversaciones con concejales y el respaldo de dirigentes que quedaron heridos por el manejo de las listas libertarias.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
