Peligran las instituciones fundamentales… el kirchnerismo vino por todo

Recordemos, nuestro Himno Nacional repite 3 veces la palabra libertad. Que no sea solo una palabra, que tenga significado. De nosotros depende.
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10 Years Experiences

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*Por: Malú Kikuchi

El planeta ha sido atacado por un minúsculo virus que solo se puede ver a través de un microscopio electrónico y que sin embargo, ha trastornado a más de 7.500 millones de habitantes. El covid-19 no tiene fronteras, no distingue razas, nacionalidades, edades ni sexos, ataca por igual a todos.

Ante este enemigo invisible, contra el cual todavía no se conoce el remedio y se testean vacunas, la pandemia se expande. Este hecho hace que gobiernos con tradición populista (Aristóteles diría demagógicos), aprovechan esta situación ideal para atacar instituciones y libertades.

En nuestra maltrecha Argentina, con un ejecutivo que no cree en los planes, la pandemia y su derivado, la cuarentena, han sido un salvavidas para manejarse políticamente. Hoy la cuarentena más larga del mundo (150 días), sigue siendo cuarentena pero se llama “distanciamiento social”.

El virus ataca, el encierro obligatorio ya no se respeta porque todo tiene un límite, y eso cuestiona la autoridad del ejecutivo. Mientras, la economía colapsa y la inseguridad se expande tanto como el covid-19 y con mayor violencia. En ese momento se presenta una brutal reforma judicial.

Una reforma basada en el derecho penal, aconsejada por penalistas y con el único fin de conseguir la impunidad de la familia Kirchner, Cristina, sus dos hijos, su sobrina Romina Mercado y sus socios y amigos. El proyecto es inadmisible. La República se basa en 3 poderes independientes que se controlan entre sí.

El mundo se pregunta si sobrevivirán las democracias una vez que la pandemia sea historia. La pregunta es de imposible respuesta. La futurología es una ciencia muy inexacta. Pero si las democracias liberales han de sobrevivir, necesitaran la lucha inclaudicable de los ciudadanos.

Si en vez de habitantes, todos nosotros nos convertimos con firmeza en ciudadanos conscientes de nuestros derechos y garantías constitucionales, el ejecutivo deberá dar marcha atrás. Es imposible no escuchar la voluntad del pueblo, “voz populi, vox Dei”.

Hay que decir no a la reforma judicial.

Dentro de esa reforma de impunidad para la vicepresidente de la Nación, su traje hecho a mediada, el senador Oscar Parrilli intenta agregarle un artículo que cercene la libertad de expresión. La justicia y la prensa independiente son los baluartes de la libertad de los ciudadanos.

El ejecutivo al amparo de la pandemia, teniendo a las personas aterrorizadas encerradas en sus casas, aprovecha la oportunidad para pagar sus deudas. Es obvio que el Presidente debe pagar el precio de sus votos prestados por CFK, limpiando el prontuario de su vicepresidente.

Por eso, más allá de la esperanza de la vacuna en un horizonte no tan lejano y el orgullo de poder fabricarla en el país, más allá del “distanciamiento social”, leer cuarentena, nos toca a nosotros, los ciudadanos, salir a la calle el lunes 17 de agosto, el día de San Martín.

San Martín luchó por la libertad. Solo con instituciones fuertes se puede limitar a un gobierno populista. Solo con instituciones fuertes se puede vivir en libertad. La justicia y la prensa independiente dependen de nosotros. Esas instituciones son fundamentales para la ciudadanía.

Pero la libertad se consigue, se defiende cuando la atacan, se lucha por ella. Nadie la regala, y menos que nadie un gobierno populista que necesita un rebaño de mansas ovejas para gobernar sin leyes, con impunidad y sin ovejas que lo molesten. No somos ovejas, somos gente.

Recordemos, nuestro Himno Nacional repite 3 veces la palabra libertad. Que no sea solo una palabra, que tenga significado. De nosotros depende.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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