05 febrero, 2025

Patoterismo K: Dos camarógrafos de C5N golpearon al seguridad de Mauricio Macri

Los trabajadores del canal oficialista golpearon con sus cámaras al seguridad del expresidente y lo arrojaron al piso. A pesar de los videos probatorios donde se los ve golpear al seguridad de Macri, los camarógrafos dicen ser las víctimas.
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“La custodia de Macri agredió al equipo de C5N“, fue lo que denunció el canal K este lunes por la noche. Sin embargo, los videos que grabaron otros medios prueban que la situación fue al revés, el equipo de C5N golpeó y arrojó al piso al seguridad del expresidente Mauricio Macri.

El equipo móvil, con un periodista y su camarógrafo, estaban cubriendo la salida de la sede del búnker de La Libertad Avanza donde este lunes se reunió el exjefe de Estado con el candidato a presidente libertario Javier Milei. Fue al concluir la reunión que Macri salió junto a sus dos custodios con la intención de subir a su camioneta e irse, pero allí, dos camarógrafos de C5N golpearon con sus equipos de trabajo a uno de ellos hasta tirarlo al piso y hacerlo sangrar.

croata on Twitter: “El graph dice que el custodio de Macri golpeó al equipo de C5N. El video demuestra que es completamente al revés. pic.twitter.com/Njbm5MuEkI / Twitter”

El graph dice que el custodio de Macri golpeó al equipo de C5N. El video demuestra que es completamente al revés. pic.twitter.com/Njbm5MuEkI

En paralelo, C5N informó que el hecho fue completamente al revés. “Los custodios del expresidente agredieron no sólo al equipo de C5N sino a otros colegas que estaban trabajando. Nosotros simplemente estábamos moviéndonos de un lado al otro, con una distracción que ellos habían querido poner que ellos habían puesto para que nosotros no pudiéramos tener la imagen de Macri saliendo del hotel”, relató Nicolás Munafó, el notero presente.

https://twitter.com/C5N/status/1724193258941698545?s=20

“Estábamos corriendo cuando un custodio de Mauricio Macri, que nos había preguntado antes o sea que ya sabía que éramos trabajadores de prensa, nos empieza a agarrar y a gritar: ‘Cómo lo vas a correr así?'”. “Luego me agarró y me tiró contra la camioneta y salió. Además, otro custodio de Macri agredió a colegas camarógrafos“, agregó.

La hilarante situación quedó probada en los videos y en las redes los usuarios se burlaron del medio oficialista, incluso la diputada electa por La Libertad Avanza Diana Mondino tildó al equipo de C5N de “patéticos”.

https://twitter.com/DianaMondino/status/1724241820475883679?s=20

Redacción

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El círculo rojo respaldó al Gobierno por el éxito de las reformas pero reclamó “más diálogo”

El lunes 13 se llevó a cabo la primera reunión de la “Mesa del Diálogo Argentino 2025” en Punta del Este, en la residencia del abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Andrés Prieto Fasano, quien impulsó la iniciativa junto al Padre Guillermo Marcó. Empresarios de distintos ámbitos participaron en un espacio multisectorial que buscó “profundizar la cultura del diálogo” y “avanzar en propuestas concretas que favorezcan el crecimiento y la inclusión social en todo el territorio”.

Los asistentes destacaron los resultados del primer año de gestión del presidente Javier Milei, especialmente en cuanto a la obtención de superávit fiscal y la baja de la inflación, pero manifestaron preocupación por el desempleo y los reclamos salariales. Aun así, reconocieron los logros oficiales y remarcaron la necesidad de abrir instancias de diálogo de cara a las elecciones de medio término. Uno de los industriales presentes afirmó que “el Ejecutivo puede tener un buen test electoral y continuar con las reformas necesarias”.

Los participantes resaltaron “la importancia de la inteligencia artificial en todos los procesos de comunicación de esta época” y coincidieron en que estas herramientas pueden “incentivar el diálogo”. Al mismo tiempo, subrayaron que el encuentro estuvo inspirado en la metodología del Instituto del Diálogo Interreligioso, creado por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires, para promover la cooperación y la construcción de consensos. Según explicaron en un comunicado de prensa, “esta primera mesa del Diálogo Argentino 2025 marca el inicio de una serie de encuentros que buscarán sumar más voces y perspectivas”.

“La jornada buscó impulsar una cultura de entendimiento mutuo que oriente a la Argentina hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y con mayores oportunidades para todos. Los participantes coincidieron en la importancia de trascender las diferencias sectoriales y construir consensos para enfrentar los desafíos que atraviesa el país”, agregaron los empresarios. Además, en la reunión se proyectaron futuras instancias de conversación con otros sectores, incluidos sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales, bajo la premisa de que “se deberán activar mesas de diálogo, en donde tendrán que estar sentados todos los sectores”.

“El problema que vemos es que la crisis de representación no es solo empresarial”, advirtió uno de los participantes, quien sostuvo que la cooperación y el intercambio de ideas se consideraron pilares fundamentales para definir un futuro más equitativo.

Al finalizar el encuentro, los asistentes coincidieron en que “solo a través de la escucha y el trabajo conjunto se podrán desarrollar soluciones de largo plazo para la Argentina”. Entre los presentes se destacaron:

  • José Urtubey: Abogado, dirigente industrial, cofundador de Grupo Tapebicuá y director de Celulosa Argentina S.A.
  • Bogos Ekserciyan: Presidente de la Unión Industrial de La Rioja y dueño de Ritex.
  • Daniel Hadad: Abogado, periodista y empresario de medios. Fundador de Infobae, C5N, Radio 10, Radio Mega y Radio Amadeus.
  • Vicente Scavone: Empresario farmacéutico de Laboratorios Lasca (Paraguay).
  • Tomi Karagozian: Dirigente industrial y CEO de TN Platex (industria textil).
  • Viviana Zocco: Fundadora y CEO de Ticmas (tecnología educativa).
  • Jennifer Jones: Ingeniera y abogada, parte del equipo Prieto Fasano Abogados.
  • Jacques Patrick Supervielle: Presidente Joven de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y director del Grupo Banco Supervielle.
  • Mirta Fasano: Abogada y arquitecta, profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Sebastián Krongold: Dirigente agropecuario, referente de la producción en Corrientes.
  • Astrid Domínguez Wilson Smith: Empresaria paraguaya en los rubros gastronómico, deportivo y de real estate.
  • Lidia Fasano: Ex jueza y profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Andrés Prieto Fasano: Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, anfitrión de la reunión y promotor de las Mesas del Diálogo.

Prieto Fasano explicó: “La Mesa del Diálogo Argentino es un espacio donde todas las voces son escuchadas y valoradas. Aquí, líderes de diversos ámbitos comparten sus perspectivas y conocimientos, buscando soluciones que beneficien a todos los argentinos. Es un ejercicio de democracia participativa y un compromiso con el futuro de nuestra nación”.

Los empresarios remarcaron que planeaban continuar con estos encuentros de manera periódica para “tender puentes” y analizar la evolución del escenario económico-social de cara a 2025. Con ese propósito, confiaron en que la participación activa de todos los sectores resultaría vital para fortalecer el tejido social y económico argentino, además de asegurar que el diálogo siga abierto para abordar los desafíos que atraviesa el país.

Redacción

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Tras detectar irregularidades, el Gobierno eliminó un programa de subsidios a comunidades indígenas

El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.

El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.

La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.

Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.

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Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.

En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.

La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.

Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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Eugenio Casielles criticó la prórroga del Fondo Nacional de Turismo y apuntó contra Scioli

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.

En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.

El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.

Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.

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Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.

Redacción

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De Ángeli advierte que “el kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado”

Alfredo De Angeli, quien asumió como jefe del PRO en el Senado el 29 de enero de 2025, afirmó que “habrá una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), aunque la definición dependerá de las realidades locales, sin un acuerdo nacional unificado. Destacó que el PRO es el partido “más cercano ideológicamente” al oficialismo, pero rechazó cualquier sumisión automática hacia este. Hizo hincapié que apoyarán los proyectos de Milei solo si benefician a los argentinos, dejando claro que la postura será evaluada “en tanto y en cuanto” sea favorable “distrito por distrito”.

Además, cuestionó que el Senado actúe como mero validador de iniciativas del Ejecutivo, exigiendo diálogo previo para evitar que el kirchnerismo logre cuórum propio si lograra contar con la cantidad de senadores necesarios para que el Senado apruebe iniciativas sin la necesidad de apoyo o aliados de otros sectores.

“Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”, expresó.

Señaló que su posición responde a una postura desligada de Ariel Lijo, rectificando que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada” y “no lo vamos a acompañar” en su nominación como Juez de la Corte Suprema.

De Ángeli recalcó su preocupación por la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha señalado que “no es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel”, pero que “ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos”, pero que la posibilidad de que obstaculicen el Senado, “es algo que lo tienen que entender”.

“Si no tenes 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado”. Según detalló, si la oposición consigue asegurar ese número de escaños, podría paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo. “El kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora”,

“Ellos con solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice, nosotros desde el PRO pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, refiriéndose a la ayuda que recibió LLA en todo lo que va de su gestión.

Redacción

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Renunció Claudia Rucci, funcionaria cercana a Victoria Villarruel

Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.

La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”

En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.

La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.

En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.

Redacción

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