La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionó tan solo dos veces en lo que va del año. Está paralizada hace prácticamente cinco meses. No votó ni una ley en los últimos 150 días.
Cada uno de los 92 diputados bonaerenses le cuesta al Estado 53 millones de pesos (en promedio) sobre un total de $4900 millones aprobados en el presupuesto para 2019.
La productividad tiene demorados cientos de proyectos. Hay debates de envergadura que esperan, como la reforma del Código Procesal Penal, cuyo objetivo declarado es empoderar a las víctimas.
El proyecto redactado por impulso del Poder Ejecutivo podría perder estado parlamentario en marzo. Difícilmente se debata luego del recambio legislativo, cuando el cuerpo se apresure a votar el presupuesto y la Ley Impositiva.
El cuerpo dejó de sesionar con regularidad tras la denuncia que involucró a su presidente, Manuel Mosca, acusado de abuso sexual. Y definitivamente dejó de sesionar el 9 de mayo, a la espera de los próximos comicios. “Hace ya tanto tiempo que no hay sesión; no recordamos cuándo fue la última”, dijeron en uno de los despachos de la Secretaría Legislativa.
Los diarios de sesiones solo registran dos encuentros para sesionar en este año: uno en mayo y otro en marzo, además de la Asamblea Legislativa.
La Cámara baja se reunió el 21 de marzo pasado para conmemorar el Golpe del Estado del 24 de marzo de 1976 -en un acto simbólico en el que no se debatieron proyectos- y antes sesionó el 7 de marzo.
El presidente del cuerpo, Manuel Mosca fue denunciado por abuso sexual en abril ante la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la última sesión Mosca pidió una licencia por 60 días. El 14 de mayo se presentó una segunda denuncia en su contra.
Mientras la conducta de Mosca se dirime en la justicia, su licencia caducó hace dos meses. Así y todo, la actividad legislativa no se retomó.