Nueve datos que demuestran que estamos a un paso de convertirnos en Venezuela

Lamentablemente, la Argentina está metida en una trampa de estancamiento y decadencia...
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10 Years Experiences

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*Por: Pablo Dócimo

Cuando quienes sostenemos desde hace muchos años que el kirchnerismo pretendía -y pretende- instalar en Argentina el mismo régimen chavista que destruyó a Venezuela, no lo decíamos -y seguimos diciendo- de manera metafórica, sino literalmente.

En esta nueva etapa kirchnerista todas las alarmas se encendieron con el intento de expropiar Vicentin que, lamentablemente, fue el primer paso que no es el único y mucho menos será el último.

Le propongo entonces, estimado lector, hacer un repaso de algunos hechos que confirman que estamos a un paso de convertirnos en Venezuela.

1. CRISTINA APAGÓ LOS MICRÓFONOS DEL SENADO

Debido a que el juez Fabián Lorenzini frenó la expropiación de Vicentín, el 24 de junio, mientras en el Senado se trataba de aprobar la creación de una comisión bicameral para investigar, precisamente, si hubo irregularidades en los préstamos del Banco Nación a la empresa, como el oficialismo no tenía los dos tercios para aprobar la creación de dicha comisión, al mejor estilo dictadura Cristina Kirchner apagó los micrófonos. Nada más que agregar.

2. ARGENTINA NO CREE QUE EN VENEZUELA HAYA UNA DICTADURA

El 26 de junio, la Organización de Estados Americanos aprobó la resolución en la que se condena “el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana”.

Con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes, el Consejo Permanente de la OEA decidió rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática”.

Como no podía ser de otra manera, el gobierno argentino, siempre del lado equivocado, está entre los siete países que se abstuvieron, junto a México, Grenada, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago y Belice.

3. ALBERTO CONFIESA PÚBLICAMENTE QUE EXTRAÑA A CHÁVEZ Y A OTROS LÍDERES POPULISTAS

Existe un axioma jurídico que reza: “A confesión de parte, relevo de prueba”, que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.

Por lo tanto, solo con las declaraciones de Alberto Fernández al día siguiente de la votación en la OEA, en un encuentro virtual organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, podemos afirmar que vamos rumbo a convertirnos en Venezuela.

Fernández le confesó al expresidente de Brasil Lula Da Silva: “No te quiero mentir, yo no lo tengo a Néstor, a Lugo a Evo, a Correa, a Lagos, a Chávez; a duras penas somos dos los que queremos cambiar al mundo: uno está en México, que es Andrés Manuel López Obrador y el otro soy yo”, y agregó: “No sabés cómo extrañamos que vos nos seas el presidente de Brasil. Otra sería la posibilidad de que podamos trabajar”, por lo que podemos confirmar, según sus propias palabras, su anhelo es instaurar el chavismo no solo en Argentina, sino en la región.

Evidentemente, excepto Mujica, Alberto se siente mucho más cómodo y amigo de todos los presidentes denunciados por corrupción, cosa que no es nada casual.

4. EL ERP SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ PARA COMBATIR LA PANDEMIA

Tres sobrevivientes de la Compañía “Monte Ramón Rosa Jiménez” le ofrecieron al gobierno “toda su colaboración” para vencer al “enemigo viral” a través de una carta dirigida al ministro de Defensa Agustín Rossi.

Se trata de Ángel Gutiérrez, Mario Paz y Martín Jaime, tres “capitanes” de la organización terrorista.

En el texto, los guerrilleros plantearon que “hoy nuestro único enemigo es viral” y que, por ello, “no puede haber otro combate que el de enfrentar (organizados) codo a codo una aproximación entre argentinos que nos viene siendo esquiva en el largo historial de los desencuentros”.

5. COMITÉ DE EXPERTOS

Como si la confusión que tiene el gobierno para controlar la grave situación en la que estamos inmersos no fuese lo suficientemente grande, no tuvieron mejor idea que crear un “comité de filósofos, abogados y médicos para analizar la cuarentena”.

Se llamará “Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19” (CEDHCOVID19) y se dedicará a debatir sobre la privacidad y libertad de los argentinos en pandemia.

Una de sus integrantes será nada menos que Marcela Beatriz Firmenich, médica experta en bioética y hermana de Mario Firmenich, fundador de Montoneros.

Marcela Beatriz Firmenich

En relación a este tema, Sandra Pitta, la científica e investigadora del Conicet que se cruzó con Alberto Fernández en campaña publicó en su cuenta de Twitter:

“Aviso antes de que sea tarde. Conozco a varios de este Comité, y más que de ética son de ética estalinista. Los van a usar para perseguir disidentes. No, no exagero. Y lamento que Diana Cohen Agrest se preste a esta payasada. Ya sé que trabaja en el Instituto de Ginés, pero le pediría más coherencia. Q no sea cómplice de esta gente. Ven como de a poco van cooptando personas? Lo hicieron con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Lo hicieron con la ciencia. Siguen. No se dejen cooptar por perversos”.

6. SE DEROGÓ EL DECRETO QUE INCORPORABA AL EJÉRCITO AL CONTROL DEL NARCONTRÁFICO

Mediante el decreto 571, el gobierno decidió derogar la reforma de las Fuerzas Armadas que había puesto en marcha el gobierno de Mauricio Macri, que permitía su incorporación a tareas de seguridad interior, con apoyo logístico, principalmente en las fronteras para controlar narcotráfico y terrorismo, y resolvió adoptar las reglamentaciones que regían durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que limitan la actuación del Ejército solo ante agresiones extranjeras.

Lo único que explica esto, es que el kirchnerismo pretende volver a flexibilizar las fronteras como fue durante los gobiernos de Cristina para facilitar la tarea a narcos como en Venezuela, donde la droga es una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno.

7. EL QUE DEPOSITÓ BOMBAS RECIBIRÁ DÓLARES

El BCRA habilitó a nietos apropiados y otros beneficiarios de las leyes reparatorias que viven en el exterior a que accedan a la reparación sin tasas impositivas ni gravámenes de ningún tipo, algo previsto en las leyes reparatorias.

En las redes sociales, alguien creó un meme con la tristemente célebre frase de Eduardo Duhalde: “El que depositó dólares recibirá dólares” transformándola en “El que depositó bombas recibirá dólares”.

Y el punto en cuestión es, ¿por qué esa persona debe tener más privilegios que un ciudadano común? Creo que no es necesario agregar nada más.

8. PORTAZO VIRTUAL EN LA CUMBRE DEL MERCOSUR

En el encuentro celebrado el jueves 2 de julio de forma virtual por primera vez como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en el que se reunieron los primeros mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela -estados parte- y Colombia, Bolivia y Chile -estados asociados-, durante la ponencia de la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, las pantallas de la delegación de la delegación Argentina se apagaron, obviamente, en una clara muestra de disconformidad con la presidenta interina boliviana.

Intervención del presidente Alberto Fernández en la 56° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Intervención del presidente Alberto Fernández en la 56° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Eso es el equivalente a pararse e irse en una reunión presencial del Mercosur, algo que demuestra claramente de qué lado está el gobierno argentino.

9. DEL CIBERPATRULLAJE A LA PERSECUCIÓN AL PERIODISMO

Si existe algo que grafique perfectamente a los gobiernos dictatoriales, populistas y totalitarios es la expropiación y apropiación de los medios de difusión y persecución al periodismo independiente.

El 2 de junio, el Gobierno reglamentó un procedimiento para instrumentar el llamado “ciberpatrullaje”.

Algo así como un “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas” que es el nombre que el Ministerio de Seguridad le dio a la resolución 144/20, firmada por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Supuestamente, el protocolo tendrá vigencia durante el plazo de la emergencia pública. Dicho de otra forma, se aplicará un monitoreo a las redes sociales con el fin de “supuestamente” desbaratar información falsa o maliciosa y a “los ataques informáticos a infraestructura crítica, en especial a hospitales y a centros de salud”.

Sin embargo, el punto crítico está en el artículo 3, donde dice que también se aplicará a los “delitos relativos a los que hace referencia el decreto 260/2020”, que establece la ampliación de la emergencia sanitaria y el establecimiento del aislamiento preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena. Y justamente en ese decreto están las penalidades por romperlo.

Antes de sancionar el decreto, la Ministra de Seguridad, en una teleconferencia con diputados admitió que las fuerzas a su cargo realizan ciberpatrullaje en redes sociales para “detectar el humor social”.

Claramente, el “ciberpatrullaje”, digno de países como Corea del Norte, es el comienzo a la persecución ideológica en esta nueva etapa, pero no para el kirchnerismo. No debemos olvidar el “qué te pasa Clarín, estás nervioso” de Néstor Kirchner y la financiación millonaria a medios afines durante 12 años de gobierno K.

Ahora, se pretende perseguir a periodistas por el solo hecho de acceder a escuchas telefónicas, y pretenden cometer el disparate y aberración de convertir a un periodista como integrante de una asociación ilícita por difundir información.

En una entrevista realizada por la agencia de noticias oficial Télam, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acusó a los periodistas Jorge Lanata y Luis Majul como “operadores”, y consideró que, a su juicio, ambos hacen “periodismo de guerra”, y agregó: “ellos fueron parte del entramado montado para perseguir opositores” durante la administración Macri.

“Lanata es al periodismo lo que (Alfredo) Astiz fue a los derechos humanos”, afirmó Parrilli en alusión al represor condenado por delitos de lesa humanidad, y consideró que Lanata “le vendió el alma al diablo hace muchos años y se vistió de periodista para hacer espionaje y llenarse de plata”.

Sobre Luis Majul, el legislador sostuvo que se trata de “un instrumento nefasto” en el engranaje del espionaje ilegal y declaró que para el esclarecimiento de los hechos es necesario “saber quién le dio documentación”. “Majul es un personaje nefasto, pequeño, lo que yo quiero saber es quien le dio la documentación, él fue un instrumento, fue utilizado”, sostuvo.

Finalmente, Parrilli señaló también a la Corte Suprema de Justicia como responsable de la difusión de escuchas ilegales y en ese sentido aseguró que el juez Ricardo Lorenzetti “tiene que dar explicaciones”.

CONCLUSIONES

Todo lo aquí expuesto son datos extraídos de la realidad. Son hechos reales y concretos, especialmente las declaraciones de Alberto Fernández en las que afirma públicamente que extraña a Chávez, por lo que ese solo ejemplo sería más que suficiente para confirmar que pretenden convertirnos en Venezuela.

Evidentemente, el rol del Estado para el kirchnerismo tiene que ser creciente. Así fue Chávez, quien entre otras cosas aprendió casi todo de la gobernación de Santa Cruz antes de que el kirchnerismo fuera gobierno.

Hoy, un tercio de la población avala a quienes nos gobiernan, que tienen una gran voluntad de poder y una visión política, social y económica como los gobiernos de Irán y Venezuela de cómo tiene que ser la Argentina.

Los proyectos iniciales del presupuesto para 2021 planean y aspiran a aumentar el rol del Estado. Esta es una heterodoxia keynesiana activista del Estado que cree que con más inversión pública vamos a acelerar la salida de todos nuestros males.

Lamentablemente, la Argentina está metida en una trampa de estancamiento y decadencia, de la que solo se sale copiando los modelos exitosos del mundo, y no cometiendo los mismos errores que llevaron a Venezuela a la triste realidad que vive desde que asumió Hugo Chávez.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Ritondo celebró la victoria de la alianza LLA+PRO y habló del “simbolismo” de ganar en suelo bonaerense

Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

Tras la salida de siete diputados, Ritondo reorganiza el bloque PRO y refuerza su liderazgo

El diputado Diego Santilli, fortalecido por su victoria en la provincia de Buenos Aires, planteó su objetivo de mantener la alianza con el Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae, aseguró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza debe “consolidarse y preservarse”, no solo para acompañar la gestión de Javier Milei, sino también para garantizar estabilidad política en el Congreso.

Pérdida de bancas y movimientos internos

Con el recambio legislativo, el PRO pasará de tener 35 a 25 diputados. Este retroceso no solo implica una pérdida numérica, sino también un cambio en la correlación de fuerzas internas. Uno de los casos más resonantes es el de Damián Arabia, expulsado del partido por su cercanía con los libertarios, quien evalúa sumarse a La Libertad Avanza o formar un interbloque afín al oficialismo.

“Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, confió el legislador cercano a Patricia Bullrich. Su salida expone las tensiones que atraviesa la fuerza fundada por Mauricio Macri y acelera los debates sobre el rumbo político del espacio.

Bullrich, entre el respaldo electoral y la interna macrista

La ministra de Seguridad fue una de las figuras más votadas en los comicios del domingo y se posiciona como posible candidata a gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en su entorno reconocen malestar con Mauricio y Jorge Macri por lo que consideró una falta de apoyo en la campaña porteña.

En privado, Bullrich calificó de “maldad” la decisión del expresidente de respaldar solo a Fernando De Andreis, quien resultó electo diputado y es uno de los dirigentes más cercanos al fundador del PRO. En el macrismo consideran que De Andreis será una pieza central en la etapa de reorganización interna.

Reconfiguración del bloque y alineamientos

La conducción de Ritondo y Santilli buscará mantener la alianza parlamentaria con los libertarios, a la vez que reorganiza el bloque propio. Desde ese sector reconocen que “el frente formalizó un trabajo que ya venía ocurriendo desde diciembre de 2023, con el PRO colaborando con el Gobierno desde el primer día”.

Entre los diputados que mantienen esa línea se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, todos reelegidos. La estrategia es sostener un bloque con identidad propia, pero funcional a los proyectos de Milei en materia económica y de reforma institucional.

El rol de Macri y el diálogo con Milei

El expresidente retomó el contacto con el jefe de Estado tras las elecciones. Según trascendió, conversaron sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea presentar el 15 de diciembre. Dirigentes del PRO, como Sergio Capozzi, Diana Fernández Molero y Finocchiaro, participan en la redacción técnica de esos proyectos dentro del llamado Consejo de Mayo.

En paralelo, el entorno de Macri busca consolidar un proceso de renovación interna, con De Andreis como figura emergente y un mensaje dirigido al propio Jorge Macri: “Recuperar los valores originales del PRO y adaptarse a los tiempos actuales”.

El reacomodamiento no solo definirá el futuro del bloque, sino también la relación del macrismo con el poder libertario. En un Congreso fragmentado, el PRO podría convertirse en el aliado indispensable para el oficialismo, o en un actor autónomo que busque reposicionarse de cara a 2027.

LA MATANZA | El PRO retiró sus fiscales tras denunciar irregularidades de un puntero de Pareja

A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.

El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.

La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.

– Luis “El Negro” Ontiveros

Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.

Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.

En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.

La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.

También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.

Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.

Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.

Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.

Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.

El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial de 61% 

El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.

En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)

La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños. Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.

La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.

En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit

De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre. 

El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT

El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyT ocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.

El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.

En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.

Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.

El nuevo Código Penal de Milei castiga los insultos con hasta 12 años de cárcel

*Por Augusto Grinner

El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.

Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.

Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista

La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.

El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.

Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor

La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.

Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.

La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.

Censura a gente común, a periodistas y a empleadores

El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.

A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.

El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.

HUMOR por Argüelles​

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