26 diciembre, 2024

Nueve datos que demuestran que estamos a un paso de convertirnos en Venezuela

Lamentablemente, la Argentina está metida en una trampa de estancamiento y decadencia...
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*Por: Pablo Dócimo

Cuando quienes sostenemos desde hace muchos años que el kirchnerismo pretendía -y pretende- instalar en Argentina el mismo régimen chavista que destruyó a Venezuela, no lo decíamos -y seguimos diciendo- de manera metafórica, sino literalmente.

En esta nueva etapa kirchnerista todas las alarmas se encendieron con el intento de expropiar Vicentin que, lamentablemente, fue el primer paso que no es el único y mucho menos será el último.

Le propongo entonces, estimado lector, hacer un repaso de algunos hechos que confirman que estamos a un paso de convertirnos en Venezuela.

1. CRISTINA APAGÓ LOS MICRÓFONOS DEL SENADO

Debido a que el juez Fabián Lorenzini frenó la expropiación de Vicentín, el 24 de junio, mientras en el Senado se trataba de aprobar la creación de una comisión bicameral para investigar, precisamente, si hubo irregularidades en los préstamos del Banco Nación a la empresa, como el oficialismo no tenía los dos tercios para aprobar la creación de dicha comisión, al mejor estilo dictadura Cristina Kirchner apagó los micrófonos. Nada más que agregar.

2. ARGENTINA NO CREE QUE EN VENEZUELA HAYA UNA DICTADURA

El 26 de junio, la Organización de Estados Americanos aprobó la resolución en la que se condena “el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana”.

Con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes, el Consejo Permanente de la OEA decidió rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática”.

Como no podía ser de otra manera, el gobierno argentino, siempre del lado equivocado, está entre los siete países que se abstuvieron, junto a México, Grenada, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago y Belice.

3. ALBERTO CONFIESA PÚBLICAMENTE QUE EXTRAÑA A CHÁVEZ Y A OTROS LÍDERES POPULISTAS

Existe un axioma jurídico que reza: “A confesión de parte, relevo de prueba”, que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.

Por lo tanto, solo con las declaraciones de Alberto Fernández al día siguiente de la votación en la OEA, en un encuentro virtual organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, podemos afirmar que vamos rumbo a convertirnos en Venezuela.

Fernández le confesó al expresidente de Brasil Lula Da Silva: “No te quiero mentir, yo no lo tengo a Néstor, a Lugo a Evo, a Correa, a Lagos, a Chávez; a duras penas somos dos los que queremos cambiar al mundo: uno está en México, que es Andrés Manuel López Obrador y el otro soy yo”, y agregó: “No sabés cómo extrañamos que vos nos seas el presidente de Brasil. Otra sería la posibilidad de que podamos trabajar”, por lo que podemos confirmar, según sus propias palabras, su anhelo es instaurar el chavismo no solo en Argentina, sino en la región.

Evidentemente, excepto Mujica, Alberto se siente mucho más cómodo y amigo de todos los presidentes denunciados por corrupción, cosa que no es nada casual.

4. EL ERP SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ PARA COMBATIR LA PANDEMIA

Tres sobrevivientes de la Compañía “Monte Ramón Rosa Jiménez” le ofrecieron al gobierno “toda su colaboración” para vencer al “enemigo viral” a través de una carta dirigida al ministro de Defensa Agustín Rossi.

Se trata de Ángel Gutiérrez, Mario Paz y Martín Jaime, tres “capitanes” de la organización terrorista.

En el texto, los guerrilleros plantearon que “hoy nuestro único enemigo es viral” y que, por ello, “no puede haber otro combate que el de enfrentar (organizados) codo a codo una aproximación entre argentinos que nos viene siendo esquiva en el largo historial de los desencuentros”.

5. COMITÉ DE EXPERTOS

Como si la confusión que tiene el gobierno para controlar la grave situación en la que estamos inmersos no fuese lo suficientemente grande, no tuvieron mejor idea que crear un “comité de filósofos, abogados y médicos para analizar la cuarentena”.

Se llamará “Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19” (CEDHCOVID19) y se dedicará a debatir sobre la privacidad y libertad de los argentinos en pandemia.

Una de sus integrantes será nada menos que Marcela Beatriz Firmenich, médica experta en bioética y hermana de Mario Firmenich, fundador de Montoneros.

Marcela Beatriz Firmenich

En relación a este tema, Sandra Pitta, la científica e investigadora del Conicet que se cruzó con Alberto Fernández en campaña publicó en su cuenta de Twitter:

“Aviso antes de que sea tarde. Conozco a varios de este Comité, y más que de ética son de ética estalinista. Los van a usar para perseguir disidentes. No, no exagero. Y lamento que Diana Cohen Agrest se preste a esta payasada. Ya sé que trabaja en el Instituto de Ginés, pero le pediría más coherencia. Q no sea cómplice de esta gente. Ven como de a poco van cooptando personas? Lo hicieron con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Lo hicieron con la ciencia. Siguen. No se dejen cooptar por perversos”.

6. SE DEROGÓ EL DECRETO QUE INCORPORABA AL EJÉRCITO AL CONTROL DEL NARCONTRÁFICO

Mediante el decreto 571, el gobierno decidió derogar la reforma de las Fuerzas Armadas que había puesto en marcha el gobierno de Mauricio Macri, que permitía su incorporación a tareas de seguridad interior, con apoyo logístico, principalmente en las fronteras para controlar narcotráfico y terrorismo, y resolvió adoptar las reglamentaciones que regían durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que limitan la actuación del Ejército solo ante agresiones extranjeras.

Lo único que explica esto, es que el kirchnerismo pretende volver a flexibilizar las fronteras como fue durante los gobiernos de Cristina para facilitar la tarea a narcos como en Venezuela, donde la droga es una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno.

7. EL QUE DEPOSITÓ BOMBAS RECIBIRÁ DÓLARES

El BCRA habilitó a nietos apropiados y otros beneficiarios de las leyes reparatorias que viven en el exterior a que accedan a la reparación sin tasas impositivas ni gravámenes de ningún tipo, algo previsto en las leyes reparatorias.

En las redes sociales, alguien creó un meme con la tristemente célebre frase de Eduardo Duhalde: “El que depositó dólares recibirá dólares” transformándola en “El que depositó bombas recibirá dólares”.

Y el punto en cuestión es, ¿por qué esa persona debe tener más privilegios que un ciudadano común? Creo que no es necesario agregar nada más.

8. PORTAZO VIRTUAL EN LA CUMBRE DEL MERCOSUR

En el encuentro celebrado el jueves 2 de julio de forma virtual por primera vez como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en el que se reunieron los primeros mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela -estados parte- y Colombia, Bolivia y Chile -estados asociados-, durante la ponencia de la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, las pantallas de la delegación de la delegación Argentina se apagaron, obviamente, en una clara muestra de disconformidad con la presidenta interina boliviana.

Intervención del presidente Alberto Fernández en la 56° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Intervención del presidente Alberto Fernández en la 56° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Eso es el equivalente a pararse e irse en una reunión presencial del Mercosur, algo que demuestra claramente de qué lado está el gobierno argentino.

9. DEL CIBERPATRULLAJE A LA PERSECUCIÓN AL PERIODISMO

Si existe algo que grafique perfectamente a los gobiernos dictatoriales, populistas y totalitarios es la expropiación y apropiación de los medios de difusión y persecución al periodismo independiente.

El 2 de junio, el Gobierno reglamentó un procedimiento para instrumentar el llamado “ciberpatrullaje”.

Algo así como un “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas” que es el nombre que el Ministerio de Seguridad le dio a la resolución 144/20, firmada por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Supuestamente, el protocolo tendrá vigencia durante el plazo de la emergencia pública. Dicho de otra forma, se aplicará un monitoreo a las redes sociales con el fin de “supuestamente” desbaratar información falsa o maliciosa y a “los ataques informáticos a infraestructura crítica, en especial a hospitales y a centros de salud”.

Sin embargo, el punto crítico está en el artículo 3, donde dice que también se aplicará a los “delitos relativos a los que hace referencia el decreto 260/2020”, que establece la ampliación de la emergencia sanitaria y el establecimiento del aislamiento preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena. Y justamente en ese decreto están las penalidades por romperlo.

Antes de sancionar el decreto, la Ministra de Seguridad, en una teleconferencia con diputados admitió que las fuerzas a su cargo realizan ciberpatrullaje en redes sociales para “detectar el humor social”.

Claramente, el “ciberpatrullaje”, digno de países como Corea del Norte, es el comienzo a la persecución ideológica en esta nueva etapa, pero no para el kirchnerismo. No debemos olvidar el “qué te pasa Clarín, estás nervioso” de Néstor Kirchner y la financiación millonaria a medios afines durante 12 años de gobierno K.

Ahora, se pretende perseguir a periodistas por el solo hecho de acceder a escuchas telefónicas, y pretenden cometer el disparate y aberración de convertir a un periodista como integrante de una asociación ilícita por difundir información.

En una entrevista realizada por la agencia de noticias oficial Télam, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acusó a los periodistas Jorge Lanata y Luis Majul como “operadores”, y consideró que, a su juicio, ambos hacen “periodismo de guerra”, y agregó: “ellos fueron parte del entramado montado para perseguir opositores” durante la administración Macri.

“Lanata es al periodismo lo que (Alfredo) Astiz fue a los derechos humanos”, afirmó Parrilli en alusión al represor condenado por delitos de lesa humanidad, y consideró que Lanata “le vendió el alma al diablo hace muchos años y se vistió de periodista para hacer espionaje y llenarse de plata”.

Sobre Luis Majul, el legislador sostuvo que se trata de “un instrumento nefasto” en el engranaje del espionaje ilegal y declaró que para el esclarecimiento de los hechos es necesario “saber quién le dio documentación”. “Majul es un personaje nefasto, pequeño, lo que yo quiero saber es quien le dio la documentación, él fue un instrumento, fue utilizado”, sostuvo.

Finalmente, Parrilli señaló también a la Corte Suprema de Justicia como responsable de la difusión de escuchas ilegales y en ese sentido aseguró que el juez Ricardo Lorenzetti “tiene que dar explicaciones”.

CONCLUSIONES

Todo lo aquí expuesto son datos extraídos de la realidad. Son hechos reales y concretos, especialmente las declaraciones de Alberto Fernández en las que afirma públicamente que extraña a Chávez, por lo que ese solo ejemplo sería más que suficiente para confirmar que pretenden convertirnos en Venezuela.

Evidentemente, el rol del Estado para el kirchnerismo tiene que ser creciente. Así fue Chávez, quien entre otras cosas aprendió casi todo de la gobernación de Santa Cruz antes de que el kirchnerismo fuera gobierno.

Hoy, un tercio de la población avala a quienes nos gobiernan, que tienen una gran voluntad de poder y una visión política, social y económica como los gobiernos de Irán y Venezuela de cómo tiene que ser la Argentina.

Los proyectos iniciales del presupuesto para 2021 planean y aspiran a aumentar el rol del Estado. Esta es una heterodoxia keynesiana activista del Estado que cree que con más inversión pública vamos a acelerar la salida de todos nuestros males.

Lamentablemente, la Argentina está metida en una trampa de estancamiento y decadencia, de la que solo se sale copiando los modelos exitosos del mundo, y no cometiendo los mismos errores que llevaron a Venezuela a la triste realidad que vive desde que asumió Hugo Chávez.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Diputada de Kicillof presentó un proyecto de ley para homenajear al inodoro

En medio de una agitada discusión legislativa por el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada bonaerense Viviana Guzzo, perteneciente a Unión por la Patria, presentó un proyecto que causó sorpresa y polémica: declarar al inodoro como “un lugar para la paz”. Pese a su afán por instalar la curiosa temática en la agenda, la propuesta no fue debatida ni aprobada sobre tablas, en un contexto marcado por demandas sociales urgentes y necesidades básicas insatisfechas.

La iniciativa de Guzzo se apoya en el Día Mundial del Retrete, establecido cada 19 de noviembre por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el proyecto, se buscaba “declarar de interés legislativo el lema ‘El retrete es un lugar para la paz’ en el marco del Día Mundial del Retrete (inodoro) 2024 establecido cada 19 de noviembre por la ONU”. La diputada oriunda de Los Toldos —Partido de General Viamonte— argumentó que “el saneamiento es un derecho humano” y que la falta de acceso a un inodoro adecuado y seguro “minimiza la capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.

La legisladora sostuvo que “todo el mundo debería tener acceso a un retrete seguro, higiénico y privado que esté conectado a un sistema de saneamiento gestionado de forma segura para eliminar adecuadamente los desechos”. En el texto presentado, además, se advirtió que los sistemas inadecuados, dañados o rotos “pueden provocar contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.

Guzzo también enfatizó en la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la falta de saneamiento: “La falta de servicios de saneamiento, agua e higiene gestionados de forma segura hace más vulnerables a las mujeres y las niñas, en particular, a los abusos, los ataques y la mala salud, lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.

inodoro

La diputada, al fundamentar su propuesta, consideró que el “Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales”. En este sentido, mencionó el Plan Federal Sanitario “Mi Baño”, lanzado en 2023, que buscaba erradicar letrinas y mejorar las condiciones de saneamiento para las poblaciones más vulnerables.

La iniciativa describía tres líneas de acción para el Día Mundial del Inodoro 2024:  

  • “El inodoro es un lugar para la paz”: Según el proyecto, este espacio esencial “debería ser seguro y no suponer un riesgo”, y se señaló que el saneamiento mundial “corre peligro a causa de los conflictos, el cambio climático, los desastres y la falta de cuidado”.  
  • “El inodoro es un lugar de protección”: Al aislar los desechos, el saneamiento adecuado resulta “crucial para la salud pública y ambiental”, evitando así la proliferación de enfermedades mortales.  
  • “El inodoro es un lugar para el progreso”: Un adecuado servicio sanitario protege la dignidad y transforma vidas, especialmente la de mujeres y niñas. “Más inversión y una mejor gestión del saneamiento son claves para un mundo más justo y pacífico”, puntualizó la diputada.

A pesar de los argumentos presentados, la propuesta no logró avanzar en la Legislatura. Este resultado se atribuye tanto a la falta de consenso como a la sensación de desconexión entre las prioridades reales de la ciudadanía y las temáticas planteadas por ciertos legisladores. La propuesta, vista por muchos como trivial en un contexto de crisis económica y social, también generó un debate sobre el uso del tiempo legislativo para cuestiones percibidas como menos relevantes.

Por otro lado, Guzzo intentó justificar su iniciativa destacando el papel central que tiene el acceso al saneamiento en los derechos humanos y en la lucha contra las desigualdades. “El acceso al saneamiento es fundamental para garantizar la dignidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. En especial, las mujeres y niñas que son las más afectadas por la falta de servicios higiénicos seguros”, afirmó la diputada en declaraciones posteriores a la presentación del proyecto.

Cabe destacar que este no es un caso aislado en la trayectoria legislativa de Guzzo. La diputada también estuvo involucrada en otros proyectos que han generado opiniones divididas, como el intento de declarar al cantante Carlos “Indio” Solari como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. Aunque la iniciativa logró cierta tracción en un principio, finalmente perdió estado parlamentario, dejando en evidencia los desafíos de lograr consenso en temas que no siempre son prioritarios para la agenda política.

Redacción

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Kicillof propone que Buenos Aires controle Aerolíneas frente a una eventual privatización y busca respaldo de gobernadores K

Axel Kicillof volvió a protagonizar un controvertido anuncio, esta vez relacionado con Aerolíneas Argentinas. Durante una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense, el mandatario dejó en clara su postura: si el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de la aerolínea estatal, Buenos Aires está dispuesta a asumir su control.

“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo y la conectividad. La Provincia sí la quiere”, expresó, acompañado por representantes sindicales y antiguos directivos de la compañía. El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre los sectores que abogan por el ajuste fiscal y quienes defienden el modelo estatal.

Kicillof detalló que la cabecera genera ingresos de más de 2.600 millones de dólares anuales y sostiene 81.000 empleos directos e indirectos, resaltando su impacto en el turismo y las economías regionales. Además, calificó la posible privatización como “un intento de vaciamiento” que la Provincia no permitirá.

“Si el gobierno nacional quiere liquidarla, que sepa que la Provincia la va a sostener. No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. La patria no se vende”, sentenció, en un claro desafío a la administración de Milei.

El gobernador también anunció un plan para convocar a otros mandatarios provinciales y sectores estratégicos con el objetivo de construir una “estrategia colaborativa” que impida la privatización. Los gremios aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, respaldaron su postura, alertando sobre el impacto social y laboral que podría una eventual venta.

La propuesta de Kicillof, sin embargo, genera interrogantes. Los especialistas advierten que un traspaso de este tipo requeriría la aprobación del Congreso Nacional y exigiría enormes recursos para garantizar la operatividad de la aerolínea, la cual depende de subsidios multimillonarios.

Pese a esto, el gobernador no escatimó en elogios hacia Aerolíneas Argentinas, calificándola como “una pieza clave en el rompecabezas de la Argentina federal” y sugiriendo que la compañía es “de las mejores del mundo”. Según afirmó, la Provincia ya está “explorando todos los caminos posibles” para asumir el control si la Nación decide desprenderse de ella.

Redacción

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Los puertos siguen administrados por los K: déficit, corrupción y “casta” que resiste a los cambios de Milei  

A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.  

– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni

El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.  

– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo

Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.  

– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa

Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.  

– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones

Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.  

– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales

Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.  

– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco

El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.  

– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones

La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.

– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio

El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.  

*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias

Redacción

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Frigerio intervino el IOSPER por irregularidades y pérdidas mensuales de $2.000 millones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.

Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.

El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.

Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.

Intervencion-del-Iosper

Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.

En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.

“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.

La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.

– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre

La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior, de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.

El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.

– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos

Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.

Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.

Redacción

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Villarruel pidió una sesión navideña para bajar las dietas (de casi $10 millones) a los senadores pero hasta los libertarios se oponen

Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.

El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.

El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.

Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.

Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.

Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.

Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.

La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.

De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.

En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.

Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.


*Fuente: La Política OnLine

Redacción

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Más peleas en el gobierno | Bullrich salió a destrozar a Villarruel: “Oportunismo político”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.

En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.

Patricia Bullrich on X (formerly Twitter): “Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH / X”

Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH

El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.

El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.

El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.


*Fuente: Agencias

Redacción

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