¡No es una guerra!

Es tiempo de despertar y de ponerle límites al poder. Es tiempo de demandar y no de someterse. No más, nunca más...
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10 Years Experiences

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*Por: Rogelio López Guillemain

El gobierno y los medios de comunicación repiten una y otra vez, que estamos en guerra contra un enemigo oculto, contra un virus que invade nuestro espacio personal de convivencia, los lugares de trabajo, de esparcimiento, de sociabilización. Este virus y las medidas de contención dictadas por el gobierno, nos ponen en retirada, nos están sitiando y nos han llevado a buscar refugio en nuestros hogares.

Todo este lenguaje bélico no es accidental. La idea implantada de: “tiempos desesperados requieren medidas desesperadas” (¿Almirante Nelson?) es la justificación necesaria para “manotearle” los derechos individuales a los argentinos (a vos, a mí, a todos).

Del mismo modo en el que un general presiona a sus soldados hasta el límite, pero sin superarlo; el gobierno va “tanteando” hasta donde puede avanzar sobre nuestras libertades. Un claro ejemplo fue el “globo de ensayo” sobre la estatización de la salud privada, aunque en este caso no fuimos “los de a pie” los que reaccionamos, sino fueron los lugartenientes del gobierno, los sindicalistas pusieron el grito en el cielo, temerosos de perder el manejo de las obras sociales, “la gallina de los huevos de oro”.

Hoy los argentinos no pueden determinar los precios a los que quieren vender sus productos, incluso ni siquiera pueden decidir cómo acomodarlos en las góndolas. Tampoco pueden adecuar a la pandemia los modos de producción de sus fábricas o comercios, ni organizar el trabajo de su personal. No podemos salir de nuestras casas y la Policía del Pensamiento realiza “ciber-patrullaje” sobre nuestras publicaciones en las redes (cuidado con seguir el consejo del cybersexo, salvo que seas exhibicionista).

El Congreso no trabaja, la Justicia no trabaja, la oposición (Cambiemos e izquierda) han desaparecido y el Ejecutivo gobierna con DNUs a su voluntad sin ningún tipo de límite ni control. Dice la RAE que una dictadura es un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Esta definición se ajusta bastante a nuestro hoy.

En la Antigua Roma, los dictadores eran nombrados para resolver crisis extremas y su ejercicio no podía superar los 6 meses. Paradójicamente uno de los motivos de nombramiento, fue el “clavi figendi causa”, un importante rito religioso que consistía en clavar un clavo en la pared del templo de Júpiter Óptimo Máximo como protección contra la peste. Vaya coincidencia.

Lo que si no coincide con nuestros políticos actuales, es el espíritu de los dictadores romanos originales. Tal fue el caso de Cincinato, quien estaba arando sus tierras cuando el Senado Romano lo nombró dictador para que derrotara a los volscos y los ecuos. Lo cierto es que en tan sólo 2 semanas Cincinato cumplió su misión, renunció a su cargo y regresó a sus tierras a seguir arando, a pesar de que tenía “el derecho” de ser dictador por 6 meses.

Cincinato fue siempre considerado como ejemplo de ciudadano virtuoso, algo demasiado alejado de la caterva de gobernantes que padecemos.

Hay un aspecto de todo este tema bélico en el que quiero hacer hincapié. Este machacar continuo del estado de guerra actual contra el virus, ha convertido al personal de salud y de seguridad, en los soldados que están en el frente de batalla. Los llaman héroes y resaltan su valor, su entrega desinteresada y abnegada, y enaltecen su coraje al poner en riesgo sus vidas para defender a los argentinos.

Esto de ser nombrados héroes no es nada bueno, si releemos la historia sabremos cómo termina. Termina como terminaron los soldados que volvieron de Vietnam, o los que volvieron de nuestras Malvinas: olvidados en un rincón, rechazados por sus compatriotas y recibiendo limosnas

¿Exagero?, no creo. ¿Acaso ya no ha habido varios casos de argentinos que quieren desterrar a su vecino médico del edificio?, ¿no es cierto que las autoridades hacen oídos sordos a los reclamos por elementos de protección básicos por parte del personal que está en el frente de batalla?, ¿alguien desconoce que estos héroes, defensores de nuestra salud cobran una miseria?

Esta fue, es y será la triste realidad. Los médicos, enfermeros, el personal de seguridad y los docentes, seguirán cobrando menos que un chofer de colectivo, que el servicio técnico de un electrodoméstico o que un asesor de un legislador. Las personas y sobre todo los políticos, pronto olvidarán los sacrificios y los riesgos que asumieron estos profesionales, quienes sólo volverán a ser noticia cuando reaparezcan los juicios de mala praxis o las denuncias de gatillo fácil. A propósito, ¿no les llama la atención la ausencia de acusaciones contra los médicos y los policías en los últimos meses?

Todo esto es preocupante y muy penoso. Pero lo verdaderamente dramático, más allá de lo económico, son las libertades que vamos a perder en esta cuarentena. Cuando los gobernantes muerden un “cacho” de poder son como los bulldogs, no lo sueltan más y nuestros políticos han avanzado sobre nuestras libertades sin que opongamos resistencia.

Por todo ello, es tiempo de despertar y de ponerle límites al poder. Es tiempo de demandar y no de someterse. Es tiempo de recuperar nuestra soberanía personal de manos de quienes se abusan del atributo que les hemos delegado (no regalado). Exijamos respeto, exijamos que el estado (sobre todo los políticos) haga un verdadero ajuste de sus gastos y dejen de asfixiar con impuestos a los que producen.

La pobreza, el hambre y el frio se acercan, y sólo con el trabajo y la producción del sector privado podremos salir adelante. Basta de esclavitud impositiva, dejemos de ser el factor de ajuste de sus despilfarros. No más, nunca más.


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Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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