Montenegro respaldó el fallo que habilitó la exploración petrolera en Mar del Plata
El jefe comunal aseguró que acompañará el desarrollo de la exploración petrolera "si significa trabajo y se minimizan los riesgos".
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Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocara la medida cautelar que impedía la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa bonaerense, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, aseguró que acompañará el desarrollo de la industria, sólo “si significa trabajo y se minimizan los riesgos”.
Durante la ceremonia de Bendición de las Aguas, acto que suele dar inicio a la temporada de verano en Mar del Plata, Montenegro indicó que la decisión judicial permitió que “esté la información necesaria y exista un control de lo que se realiza”, en relación con la exploración petrolera en el distrito balneario.
El Gobierno permitió la aprobación de la exploración petrolera en Mar del Plata
Al referirse a la proyección de la industria en Mar del Plata a raíz de la explotación petrolera, Montenegro sostuvo: “Uno siempre piensa en la generación de empleo; pero creo que la primera parte, de exploración, no va a generar un boom“. “Pensando en que cualquier actividad tiene riesgo, pero siempre que signifique trabajo, y con cuidado, minimizando lo más posible esos riesgos, lo vamos a acompañar”, subrayó.
Montenegro indicó que ahora hay más información relacionada a las actividades de explotación petrolera en las costas de Mar del Plata. “La Cámara de Apelaciones fue muy clara en plantear que debe haber un control y que el fallo se puede retrotraer si hay alguna situación que pueda generar un daño a la naturaleza”, remarcó.
Manifestaciones de organizaciones ambientalistas en Mar del Plata
Anteriormente, el jefe comunal de Mar del Plata había afirmado que la cuestión no pasa por “estar a favor o en contra” de la exploración petrolera, sino sobre “necesitar la información clara para ver cómo puede llegar a afectar a los marplatenses”.
Es preciso mencionar que, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó el pasado lunes la medida cautelar que frenaba la explotación petrolera, por lo que la Justicia autorizó la continuidad de las actividades de prospección sísmica.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro
En sus fundamentos, la Justicia marplatense consideró que, tanto el Gobierno nacional, como la empresa Equinor, cumplieron con los requisitos necesarios, por lo que revocó parcialmente la medida dictada meses atrás por el juez Santiago Martín, el cual se oponía al avance de la exploración petrolera.
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La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
Lo que ante la comunidad educativa de la ORT formalmente se anunció como una disertación institucional sobre “Ética e inteligencia artificial”, mutó de manera vertiginosa en una bajada de línea doctrinaria e ideológica. Durante más de cuarenta minutos frente a alumnos de cuarto y quinto año, el Presidente desplazó cualquier debate sobre tecnología o innovación pedagógica para volcarse de lleno a presentar el epílogo de su libro, bajo la tesis de que el libre-mercado está inscripto en la estructura bíblica y en los Diez Mandamientos.
En un auditorio con presencia restringida de adultos y sin acceso a la prensa, la alocución asumió un tono teológico e intransigente. “El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecer”, aseveró el mandatario ante los estudiantes. El encuadre no admitió matices ni matices analíticos: la prosperidad material fue presentada como la consecuencia directa de la obediencia espiritual, mientras que toda alternativa o disidencia fue calificada bajo términos de estigmatización religiosa.
El punto más álgido del discurso se alcanzó al abordar las corrientes del pensamiento económico y político opuestas al programa de gobierno. Lejos de ofrecer una crítica técnica, el Presidente acudió a escritos juveniles de Karl Marx y a las tesis del pastor Richard Wurmbrand para lanzar una acusación dogmática en un ámbito laico: “Marx era satanista”. A partir de esa premisa, concluyó que el marxismo representa un “programa satánico” cuyo resultado inexorable es “el infierno en la Tierra”, planteando a los adolescentes un dilema binario donde la elección no es política ni democrática, sino un alineamiento absoluto entre el bien y el mal.
La charla era anunciada con temática exclusivamente sobre “ética e inteligencia artificial”.
Ataques a la prensa y clima en el auditorio
La tensión en la sede de Almagro no sólo se vivió en el plano conceptual, sino en la propia dinámica desplegada dentro del colegio. Ante las muestras de rechazo y abucheos que surgieron en el recinto hacia los medios de comunicación presentes, el Presidente alentó a los estudiantes a intensificar las arengas contra el periodismoen un espacio educativo, celebrando la reacción. Este clima convivió con un inédito operativo de seguridad y hermetismo que incluyó calles cortadas, perros antibombas y restricciones de circulación dentro del propio edificio escolar.
La respuesta del estudiantado expuso una profunda polarización interna. Mientras en el exterior y los pasillos varios alumnos realizaron intervenciones con consignas en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas para marcar distancia de la línea oficial, otros sectores optaron por amontonarse en los pasillos para saludarlo y fotografiarse con Milei.
— El Presidente en el estrado de la ORT.
Esa última escena fue rápidamente festejada por voceros del periodismo alineado con el Poder Ejecutivo. Comunicadores como Eduardo Feinmann justificaron el episodio compartiendo imágenes de los adolescentes e indicando que estaban “con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente”, rebajando la discusión sobre el adoctrinamiento y la bajada de línea a la mera fascinación juvenil por una figura pública, una benevolencia que dista de las duras críticas que ese mismo sector suele ensayar cuando los actos políticos en escuelas pertenecen a otros signos ideológicos.
El padre de un alumno de ORT me manda imágenes de los chicos con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente. pic.twitter.com/XUsuBlM3wf
Feinmann justificando que los alumnos “libremente” deciden sacarse fotos con la celebridad.
La grieta en la colectividad
La exposición en el colegio desencadenó una fuerte ola de pronunciamientos críticos dentro de la comunidad judía, donde diversos referentes y organizaciones cuestionaron el rol de la dirigencia institucional.
Desde Meretz Argentina —una corriente judía de izquierda— emitieron un duro comunicado en el que denunciaron que los alumnos fueron expuestos a un discurso “surreal, violento, fuertemente partidario y totalmente inapropiado ante una escuela”, remarcando que la introducción de referencias al judaísmo ortodoxo atenta directamente contra el carácter laico e integral de la ORT. Asimismo, la agrupación apuntó a la conducción comunitaria al señalar que “la DAIA incumple su misión de representar el pluralismo de la comunidad judía y de velar por la defensa de los derechos humanos si se convierte en una agencia de prensa de la Casa Rosada”.
Condenamos el discurso de Javier Milei en la Escuela ORT (1/2) pic.twitter.com/Khs9ov3CgZ
El comunicado de Meretz.
En esa misma línea de rechazo, las críticas hacia la complacencia de las autoridades institucionales se extendieron a voces de fuerte repercusión pública. El científico y divulgador Ernesto Resnik fue contundente al calificar lo sucedido como una “vergüenza”, dirigiendo sus cuestionamientos tanto a la gestión del establecimiento como a la conducción de la entidad representativa: “Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos”. Estas reacciones dejaron en evidencia una profunda ruptura entre las cúpulas dirigentes y amplios sectores de la colectividad que rechazan la instrumentalización de la fe.
Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos.
La crítica del científico Ernesto Resnik
Exalumno denuncia la doble vara
El testimonio del economista, investigador y exalumno Nicolás Dvoskin expuso de manera cruda la histórica doble vara de las autoridades del colegio respecto a la política.
Dvoskin, quien fue abanderado y representó a la institución en certámenes nacionales e internacionales de física, ajedrez y modelos ONU, rememoró los episodios de censura que vivió durante su paso por la secundaria: “Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin trabajo. Pedíamos que nos habiliten un aula un mediodía a la semana y un pedacito de cartelera. Nos sacaron cagando diciendo que no querían meter a la política en la escuela”.
Javier Milei entre los adolescentes. Sin tropiezos, Santiago Oría capta el momento con su videocámara
El exalumno detalló cómo esa supuesta vocación de neutralidad era utilizada para silenciar las voces críticas de los estudiantes mientras la conducción se beneficiaba de sus logros académicos: “Llegaron a llamarme de rectorado para pedirme que baje el tono porque decía cosas que a la escuela no le gustaban.Se colgaban de mis premios en nombre de la escuela pero me pedían que me calle”. La situación llegó a su punto límite en la entrega de diplomas de su promoción, el 10 de diciembre de 2003, al cumplirse 20 años del retorno de la democracia en Argentina. Luego de pedir autorización para hablar en el acto, la dirección le exigió presentar el texto con anticipación: “Hablaba de la importancia de la educación y de la democracia. Me respondieron que igual no querían que hablaran alumnos y no querían meter cuestiones políticas”.
Esa rigidez para clausurar el debate plural entre los propios estudiantes contrasta frontalmente con la alfombra roja desplegada para la visita del Poder Ejecutivo. “Hoy ORT recibe a un presidente que en un auditorio lleno de estudiantes a los que no se les preguntó si querían escucharlo afirmar que hay que abuchear a los periodistas, que el capitalismo responde al plan de Dios y es maravilloso”, cuestionó Dvoskin, rematando con una definición certera sobre la hipocresía institucional: “Si te preocupa que un alumno de 17 años hable de democracia pero no que un presidente de 55 baje línea religiosa, macartista y promotora de la violencia, tu problema no es con la política. Tu problema es político. Con todo respeto y como ex alumno, ex abanderado, ex representante de la escuela en diversos ámbitos, váyanse a cagar”.
Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin…
El descargo del exalumno y exabanderado de la ORT.
Antisemitismo y paradoja populista
La estrategia de utilizar símbolos y preceptos religiosos para sacralizar las medidas de gobierno genera una seria preocupación en diversos análisis sociales e instituciones comunitarias. Al vincular de manera directa la fe judía con las políticas de ajuste y la desregulación económica, la retórica oficial desplaza la discusión secular hacia el plano del dogma. Esta apropiación constante no fomenta la tolerancia ni la integración; por el contrario, arriesga encender prejuicios y canalizar el malestar social a través de un peligroso antisemitismo reactivo, responsabilizando a toda la colectividad por las decisiones del Poder Ejecutivo.
A esta instrumentalización se suma una notable paradoja conceptual en el corazón del relato oficial. Pese a que el Presidente insiste en rechazar el populismo argumentando que no se le gana “haciendo más populismo”, la praxis de su discurso apela a las herramientas clásicas del populismo de derecha.La división binaria entre el bien y el mal, la estigmatización de la prensa desde un estrado escolar y la descalificación del adversario negándole entidad moral revelan una narrativa maniquea que dista de la deliberación democrática, transformando un espacio educativo en un escenario de polarización.
“Si quieren ABUCHEAR más fuerte a los periodistas, se los voy a festejar”Milei alentando a chicos de SECUNDARIA a abuchear a los periodistas kjjj y dónde están los caraduras que decían “CON LOS CHICOS NO” y “adoctrinamiento” pic.twitter.com/G9meDP1UFZ
El paso de Javier Milei por la escuela ORT no sólo dejó al descubierto la fragilidad de las proclamas de neutralidad institucional, sino que expuso la fractura abierta en una comunidad que se debate entre la complacencia dirigencial y el repudio al adoctrinamiento. Al convertir un aula en un estrado teológico para legitimar su programa político y estigmatizar el disenso, el mandatario terminó tensionando los propios cimientos laicos y plurales de la institución.
El episodio queda así registrado como un claro indicador de época: la paradoja de un discurso que combate al colectivismo recurriendo a los dogmas del fanatismo, en un escenario donde la educación y la fe corren el riesgo de quedar reducidas a simples herramientas de propaganda.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.
“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.
El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.
— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut
“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.
La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.
Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.
Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.
Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.
— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew
Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.
Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida.Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.
Un grupo de personas fue imputado por la Fiscalía tucumana tras ingresar de forma coordinada a varios predios rurales de Concepción, destruir cañaverales en producción y comenzar a ocupar tierras dividiéndolas en parcelas y levantando casillas precarias. aún después del recrudecimiento de las “tomas ilegales” en la provincia.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, y el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien formuló los cargos en la audiencia.
Según la hipótesis fiscal, el operativo de ocupación no fue un hecho espontáneo sino una acción organizada con etapas claramente diferenciadas. Primero, entre el 13 y el 17 de julio, un grupo ingresó de manera coordinada a distintos predios ubicados en un amplio sector de Concepción, acompañado por otras personas que la investigación todavía no logró identificar. Luego, ya dentro de las fincas, procedieron a destruir los cañaverales con machetes y palas, causando daños significativos sobre plantaciones de caña de azúcar que se encontraban en plena producción.
El paso siguiente resulta clave para entender la intención detrás del hecho, ya que una vez despejados los sectores, los ocupantes comenzaron a marcar y dividir las parcelas usando palos, estacas, alambres y cintas, y a levantar casillas y construcciones precarias. Para los investigadores, este patrón —despejar, delimitar y construir— no es propio de una ocupación transitoria, sino que evidencia la intención de consolidarse permanentemente en el terreno, un elemento central para la calificación penal del delito de usurpación.
Un dato que la propia Fiscalía destaca es que la escala y altura de las plantaciones de caña jugaron a favor de los ocupantes. La extensión y densidad del cultivo dificultaba el control visual de las fincas por parte de los cuidadores, lo que permitió que el ingreso masivo pasara relativamente inadvertido hasta que el daño ya estaba hecho. Esto es relevante en términos investigativos, porque explica por qué la usurpación pudo avanzar en varias etapas (ingreso, destrucción de cultivo, loteo, construcción) antes de ser detectada y denunciada.
El sector comprometido está delimitado por Vicente López y Planes al este, Campos de las Carreras al oeste, la Acequia Los Méndez al sur y calle Las Palmeras al norte, lo que da una idea de la escala territorial del hecho. No se trata de una sola finca, sino de un sector amplio con varios predios afectados simultáneamente.
Este caso se tramita en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que es una de las dependencias que Tucumán fue reforzando en los últimos años frente al aumento de conflictos por tierras. Vale la pena contextualizar esto, siendo que la provincia también creó, desde la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone, una unidad especial para recuperar tierras fiscales usurpadas, identificando unas 10 zonas críticas (como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier) y habilitando canales de denuncia confidencial para detectar loteos irregulares. Esto muestra que la usurpación de tierras —tanto privadas como fiscales— es un fenómeno con múltiples focos en la provincia, no un hecho aislado.
“Hemos detectado que el patrimonio provincial, en términos de tierras fiscales, ha sido muy vulnerado. Hace mucho tiempo que el Estado perdió la posesión e incluso, en algunos casos, el título de propiedad de muchas tierras fiscales”, afirmó Pedicone.
Hay antecedentes recientes similares que ilustran el patrón de “loteo irregular” en la provincia que administra el gobernador justicialista Osvaldo Jaldo. En El Cadillal se condenó a un expolicía federal por usurpar un terreno fiscal y ocuparlo entre 2023 y 2025, y existe una causa activa por el llamado “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga a un grupo que habría creado una inmobiliaria para vender tierras fiscales con documentación falsificada. El común denominador en estos casos es la ocupación organizada por varias personas, con intención de fraccionar y “vender” o consolidar posesión sobre tierra que no les pertenece.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027, una iniciativa que fija gastos por $2.743.395 millones y un déficit financiero de $137.955 millones. Dentro de ese esquema, el Estado provincial reservó $298.631 millones —casi $300.000 millones— a los llamados “gastos figurativos”, movimientos de fondos que la administración pública realiza dentro de sí misma.
Los gastos figurativos son las transferencias que una repartición del Estado envía a otra dentro del mismo sector público: figuran como gasto en el organismo que gira los recursos y como “contribución figurativa” en el que los recibe. El proyecto lo deja a la vista, porque frente a los $298.631 millones de gastos figurativos previó un monto idéntico de contribuciones figurativas, su contrapartida de financiamiento. Las dos puntas se compensan al consolidar las cuentas y no incrementan el gasto total de la provincia. La mayor parte, unos $293.232 millones, corresponde a la Administración Central, y se reparte entre $287.475 millones para transacciones corrientes y $11.155 millones para transacciones de capital.
El resultado financiero negativo de $137.955 millones prácticamente triplica el desequilibrio calculado para 2026, estimado en $49.192 millones, un salto del 180,4%. El cálculo oficial previó recursos por $2.605.439 millones frente a erogaciones por $2.743.395 millones, una brecha equivalente al 5% del gasto total. A eso se suma un resultado económico negativo de $54.651 millones, porque los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir las obligaciones ordinarias del Estado. La administración justificó el rojo en la rigidez del gasto público —salarios, servicios esenciales y transferencias concentran el grueso de las erogaciones— y en la quita de partidas y programas que la Nación financiaba con anterioridad.
En qué crece y en qué se recorta el gasto
El gasto global trepó a $2,74 billones, contra los $2,28 billones contemplados para 2026, una expansión nominal del 20,2%. Las partidas de personal crecieron 20% interanual y los bienes de consumo e insumos, 18,75%. Los servicios no personales y operativos, en cambio, se redujeron 8,89%. En conjunto, el gasto operativo registró un incremento del 12,84%. En la distribución por finalidad, los Servicios Sociales quedaron como el principal destino de los fondos: concentran el 63,11% del presupuesto total, la porción ligada a la atención directa de las necesidades de la población.
El programa macroeconómico del Ejecutivo tomó como referencia una inflación interanual del 21,5% a diciembre de 2027, un crecimiento del Producto Bruto del 3,2% y un dólar oficial de $2.017. La pauta salarial fijó como techo la masa de haberes de diciembre de 2026 con un incremento vegetativo del 4%, sin ajustes automáticos por la suba de precios.
En materia de empleo público, el texto autoriza 18.400 cargos entre la administración general y el sistema educativo: 11.450 puestos de planta permanente y no permanente, 700 autoridades superiores y 6.950 cargos docentes, además de un cupo de 1.008.000 horas cátedra. El proyecto suspendió para 2027 la cobertura de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2026 y de las que se generen durante el ejercicio, con la salvedad de que el Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones para servicios prioritarios.
En paralelo, creó un régimen de retiro voluntario para el personal permanente con al menos diez años de antigüedad, con un cupo del 5% de los cargos y la eliminación definitiva de las vacantes liberadas. Quedaron afuera del régimen los médicos, los policías y los agentes penitenciarios. El documento asignó $38.351,8 millones al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), con un tope de 2.050 beneficiarios, y fijó 266 beneficiarios para la Pensión de Guerra de los veteranos de Malvinas.
El proyecto reordena la carga tributaria sobre los sectores productivo y financiero. Desde el 1 de enero de 2027, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) suspenderá las bonificaciones de hasta el 15% que beneficiaban a los contribuyentes cumplidores en Ingresos Brutos, de modo que el sector comercial deberá tributar el 100% de la alícuota general; la Agencia reintegrará además un 4,20% de la recaudación incremental a la Tesorería provincial. En los yacimientos de hidrocarburos, en cambio, el gravamen de Ingresos Brutos bajará del 3% al 1,5%. Las actividades de apoyo a la pesca pasarán del 0,75% al 5% conjunto y los servicios agropecuarios pagarán una alícuota consolidada del 5%.
El esquema destina un 7% de la recaudación total de Ingresos Brutos al Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social antes del reparto hacia los municipios, lo que reduce los recursos coparticipables locales. En Sellos, la modificación eliminó la alícuota para los contratos de vivienda única y familiar y aplicó una tasa del 15 por mil a los alquileres comerciales.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Murió a los 82 años. Firmó su propia alta para volver al aire, condujo en silla de ruedas y dejó dos valijas hechas para viajar al Mundial. La despedida de Crónica al periodista que le enseñó a preguntar.
La Fiscalía santafesina acusó a Mariano Ríos Artacho de liderar un esquema destinado a retirar fondos de causas penales mediante prestanombres y reposiciones temporales para evitar que los faltantes fueran detectados.
Se trata de Ángel Rossi, cardenal desde 2023 y elector en el cónclave que eligió a León XIV. El arzobispo también ironizó sobre los millones que el Gobierno dice haber sacado de la pobreza.
