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A raíz de los incendios que consumen Corrientes y demás provincias del litoral, usuarios de las redes cuestionan (con razón) tanto el rol del Ministerio de Ambiente como a su representante nacional, Juan Cabandié.
Desde Twitter, la divertida e ingeniosa cuenta conocida como Traductor (un usuario dedicado a “traducir” los delirantes postulados del economista ultra K, Sergio Chouza) publicó sobre un bochornoso cargo en el Ministerio de Ambiente ocupado por Antonela Busconi, una “Asesora de Género”.
La indignación de los usuarios de la red social del pajarito tiene sentido: Mientras millones de argentinos donan dinero y otro cientos de miles combaten al fuego en línea directa, mencionado ministerio despilfarra su cartera financiando programas como el de “Ambiente y Género”, donde abundan cargos como el Busconi.
“Le pregunté a la funcionaria Antonela Busconi (Asesora en género en Secretaría de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) cómo se combate el fuego en Corrientes con perspectiva de genero pero no respondió, ELIMINÓ su cuenta de Twitter y su Linkedin“, posteó el usuario en cuestión.
La funcionaria desapareció de las redes tras los posteos. En diferentes sitios gubernamentales pueden leerse algunos de sus estudios y disertaciones académicas, tales como “COVID-19 y el cambio climático: una reflexión desde la justicia climática y la igualdad de géneros en la región” cuyo objetivo es “reflexionar, desde una perspectiva de género y feminista, acerca del vínculo entre COVID-19 y los efectos del cambio climático”.
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Aníbal Ibarra vuelve a estar bajo la luz —aunque tenue— de la política nacional. Quien fuera destituido en 2006 tras el juicio político por su responsabilidad institucional en la tragedia de Cromañón, hoy ocupa un cargo como asesor en el Senado de la Nación, precisamente en el despacho del legislador oficialista Oscar Parrilli.
Sin anuncio oficial ni presentación pública, el nombre de Ibarra volvió a figurar en los registros del Estado en los que el ahora “asesor” percibe un sueldo bruto de $1.124.000 mensuales. No es el único con ese salario en el Senado, pero su caso genera una atención especial por su pasado: la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, dejó 194 muertos y expuso gravísimas fallas en los controles estatales. El entonces jefe de Gobierno porteño fue acusado de “ineptitud e inacción”.
En marzo de 2006, la Legislatura de la Ciudad votó su destitución por 10 votos contra 4. Ibarra siempre sostuvo que fue víctima de una operación política. Pero para los familiares de las víctimas, su responsabilidad política es innegable.
Su regreso silencioso al Estado, en un momento de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, genera polémicas. El Senado continúa con la contratación de asesores con sueldos de seis cifras.
El propio Ibarra, en junio de 2024, había reaparecido en redes sociales para criticar al Gobierno por no distribuir alimentos retenidos en depósitos y por presuntos pactos con legisladores a cambio de embajadas. “Compran votos con cargos, no con ideas”, lanzó en aquel momento. Ahora, es su nombramiento lo que genera sospechas de “viejas prácticas”.
La Cámara Alta es foco de críticas desde que, en enero de 2025, se conoció que los senadores pasarán a cobrar un sueldo bruto de $9,5 millones mensuales. La polémica estalló justo cuando el Ejecutivo nacional endurecía su discurso contra “la casta”, lo que generó tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El senador Parrilli, con quien Ibarra mantiene una relación política desde hace años, no emitió declaraciones sobre su incorporación. Tampoco lo hizo el bloque de Unión por la Patria. El silencio, en este caso, parece una estrategia para evitar echar más leña al fuego a una polémica que crece sola.
La tarde del miércoles explotó en el Parque Mitre de Recoleta. Manuel Adorni —candidato a legislador porteño— y el presidente Javier Milei encabezaron el cierre de campaña de La Libertad Avanza.
Sin embargo, un sospechoso suceso de episodios molestó la jornada cuando supuestos militantes pagos reclamaron el dinero supuestamente prometido para llenar el Parque. Jóvenes llegados en micros desde el Conurbano aseguraron que viajaron “bajo el compromiso de cobrar $25.000” y que, una vez allí, les ofrecieron menos.
Una mujer que se presentó como Danila y dijo ser oriunda de Lanús afirmó ante los medios que “no les querían abonar lo acordado” y que les retuvieron el DNI. Otro de los asistentes gritó: “¡Nos quieren dar 20 lucas! ¡Nos vinimos acá por 25!”. La confusión escaló cuando un tercer participante protestó: “Dijeron que nos iban a pagar $10 000 y ahora quieren pagarnos $20 000”, sin advertir que se quejaba por una cifra superior a la inicial.
Los testimonios apuntaron a un reclutamiento organizado por Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei, quien habría delegado la tarea en Ramón “Nene” Vera. Ambos, de pasado kirchnerista, quedaron bajo la lupa luego de que fuentes libertarias confesaran al periodista Lautaro Maislin: “Estoy sorprendido con el papelón de Pareja pagándole a gente. Nosotros siempre llevamos a gente genuina y este se manda esta cagada. Es Pareja queriendo subirse el precio de que lleva gente”.
Desde el círculo de Pareja rechazaron las acusaciones: “Hay que preguntarle a la gente que dice eso, si no es la prueba imposible, nadie de nosotros hace eso, hay que cambiar las cosas y esto es parte de lo que hay que cambiar”.
En redes, militantes orgánicos de LLA diferenciaron a los “infiltrados” de los seguidores que creen sin cobrar un peso.
El periodista Manuel Jove añadió otra pieza al rompecabezas desde X: “Ante testimonios de participantes del acto que aseguraron que les prometieron plata para ir, desde LLA lo desmintieron rotundamente. La pregunta será entonces por qué había filas de gente con remeras violetas cuando terminó el acto. ¿Era para cobrar o solo para tomar lista?”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. “Dignidad es no robar”, subrayó durante un acto en la planta de Itasa, en el Parque Industrial de Paraná, donde presentó la primera inversión aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
“Anoche escuchaba a una ex presidenta decir que la cárcel daba dignidad”, inició Frigerio ante operarios y empresarios. Señaló las máquinas que lo rodeaban y afirmó: “Esto es lo que da dignidad. Dignidad es esforzarse todos los días, es apostar por el país como lo hacen nuestros empresarios, invirtiendo, endeudándose, apostando por generar más empleo de calidad”. Remató: “Dignidad es no robar, es esforzarse y levantarse cada mañana para que, con el fruto de ese esfuerzo, se pueda llevar el plato de comida a la casa”.
DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR.Hoy dimos un paso muy importante: ITASA, empresa líder en la fundición de acero, ubicada en Paraná, fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) con una inversión de 4 millones de dólares,… pic.twitter.com/heGOK2aMYF
El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la resolución de la Cámara de Casación y dispuso: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos…”.
Además, confirmó el decomiso de $84.000 millones. El TOF 2 deberá definir ahora las condiciones de detención; por su edad, la ex mandataria podría acceder al arresto domiciliario y no podrá competir en las próximas elecciones. Desde 1983 solo dos ex presidentes quedaron condenados: Carlos Menem y ahora Cristina Kirchner.
Tras conocerse la sentencia, Frigerio publicó en la red social X: “DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR”. En el mismo mensaje destacó que Itasa adhirió al RINI con una inversión de cuatro millones de dólares y precisó que 17 empresas tramitaron su incorporación al programa.
Durante el acto, el mandatario indicó que esos 17 proyectos totalizaron $ 21.000 millones y defendió la medida: “Es la primera de muchas por venir”. Añadió que la provincia atravesó “la caída de recursos más fuerte que se recuerde”, pero aseguró que “la crisis ya no recayó sobre las espaldas del sector privado”. Subrayó que su gestión priorizó “la transparencia y la administración eficaz de cada peso” y describió como “un cambio cultural que espero que haya llegado para quedarse” la articulación con los empresarios para “generar riqueza produciendo para la Argentina, produciendo para el corazón energético que es Vaca Muerta”.
Frigerio concluyó que el trabajo es “el norte que guía nuestras decisiones de gobierno” y vinculó la iniciativa a la “dignidad” que, según expresó, “no es ir a la cárcel, sino trabajar”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.
Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.
El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.
Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.
En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.
El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.
Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.
El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.
– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos
Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.
Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
La campaña de la izquierda en su totalidad ya no sorprende a nadie. La estrategia repite la fórmula de siempre: populismo, clientelismo y manipulación de los sectores más vulnerables. Esta vez, el escándalo surgió a partir de una escena grotesca: punteros políticos usaron a ciudadanos bolivianos para hacer proselitismo en barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro Marra, dirigente liberal y candidato a legislador por la UCeDé, no se contuvo y lanzó una acusación explosiva: “Llenaron las villas de inmigrantes ilegales para mantenerse en el poder”.
El mensaje apareció en su cuenta de X, acompañado por imágenes que mostraron a militantes de agrupaciones de izquierda en su eterno y arcaico reparto de volantes en asentamientos y villas, mientras alentaban a comunidades extranjeras a sumarse a la campaña. Marra, con su estilo frontal y directo, disparó:
“Mientras los argentinos se rompen el lomo para llegar a fin de mes, la izquierda usa a los extranjeros ilegales como maquinaria electoral. Les regalaron viviendas, planes y documentos para que les devuelvan favores en las urnas”.
La denuncia no es nueva, pero sí cada vez más al hueso. El ex candidato a jefe de Gobierno desde hace tiempo levanta la voz de alerta sobre el sistema de prebendas y asistencialismo sostenido con fondos públicos en las villas de CABA. En esta oportunidad, sumó una nueva cuestión: la migración masiva e irregular, que afecta el acceso a la salud, la vivienda, la educación y la seguridad.
“Esto no es xenofobia, es sentido común”, afirmó en declaraciones radiales. “La Argentina debe elegir: o defiende la ciudadanía o se convierte en una villa miseria multicultural gobernada por punteros”.
Desde el oficialismo respondieron con tibieza. Algunos dirigentes intentaron calificarlo de “discriminador”, otros lo acusaron de “facho”. Pero en las redes sociales, el respaldo a Marra se multiplicó. Muchos usuarios compartieron testimonios desde el conurbano y otras zonas críticas, donde hospitales colapsan y los servicios públicos ya no dan abasto, mientras los beneficios sociales parecen orientarse hacia quienes ni siquiera cuentan con documentación legal.
El debate “¿campaña o clientelismo?” incomoda pero ya no se puede hacer la vista gorda. ¿Un extranjero sin residencia debe recibir más ayuda estatal que un argentino que aportó toda su vida? ¿El Estado puede permitir que partidos políticos operen impunemente en villas a cambio de votos?
Marra fue claro: “No es casual que aparezcan más bolivianos en las campañas que en las embajadas. Esto no es integración, es uso político de la pobreza importada”.
Desde el kirchnerismo reina el silencio. Vanina Biasi recorre sonriente los barrios como si nada ocurriera. Detrás del discurso inclusivo, se oculta una maquinaria que no integra: administra la pobreza para convertirla en poder electoral.
El oficialismo no reunió los 24 senadores necesarios para abrir la sesión. La ausencia de la massista Sofía Vanelli truncó la estrategia y la oposición celebró la caída del debate.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
